CUANDO EL PODER CAMBIA DE DESPACHO: TRES DÉCADAS DE LOBBIES, PUERTAS GIRATORIAS Y LEYES QUE NUNCA LLEGABAN

EQUIPO NIXOR PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     La palabra lobby puede sonar sofisticada, pero la actividad es muy sencilla de entender. Una empresa sabe que el Gobierno prepara una norma que puede costarle millones. Contrata entonces abogados, economistas, especialistas en “asuntos públicos” y, en ocasiones, antiguos responsables políticos. Estos localizan al director general, asesor, diputado o funcionario que participa en la redacción de la ley proyectada, solicitan reuniones, entregan informes, sugieren modificaciones y tratan de convencer a quienes tomarán finalmente la decisión.

   Quienes se sitúan en el lado de los defensores de la práctica del lobbysmo, puntualizan que en sí misma esta no constituye un delito. Y agregan en su defensa: un sindicato, por ejemplo, que reclama modificar una reforma laboral, o una organización ecologista que intenta impedir una recalificación del suelo, o una Asociación de enfermos que exige financiar un medicamento, también pretenden influir sobre los poderes públicos.  La comparación es evidentemente tramposa. La cuestión es que  problema comienza al hacer una pregunta elemental: ¿todos tienen la misma capacidad para ejercer esa influencia? Evidentemente, no.

   Una Asociación vecinal puede escribir una carta a un ministerio. Una multinacional, en cambio, puede contratar a una consultora que emplea antiguos ministros, Secretarios de Estado y personas que conocen diretamente  a quienes ocupan los despachos donde se toman las decisiones. Un trabajo previo sobre el fenómeno describe precisamente esa desigualdad: mientras algunas organizaciones sobreviven con el trabajo voluntario de unos pocos, otras disponen muchos millones, de abogados, de técnicos o de antiguos altos cargos.

   Y es ahí, justamente, donde se encuentra el corazón del asunto. Formalmente, todos pueden intentar influir. Pero materialmente, unos llegan hasta la puerta del poder y otros conocen hasta el número privado de quien está detrás de ella.

 UNA REGULACIÓN QUE LLEVA MÁS DE TREINTA AÑOS LLEGANDO

  La historia sobre este tema resulta casi cómica si no fuera políticamente tan reveladora. Durante el debate constitucional ya se propuso que las comisiones parlamentarias pudieran recibir públicamente a grupos de intereses y que existiera un sistema de control y registro. Pero la propuesta no prosperó.

   En 1990, después del escándalo protagonizado por Juan Guerra, - el hermano de Alfonso Guerra- el Congreso volvió sobre el asunto. Se aprobaron iniciativas para perseguir el tráfico de influencias, establecer incompatibilidades y regular los despachos dedicados a gestionar intereses. La propuesta sobre estos últimos procedía del PP. Todos parecían entonces convencidos de que había que actuar.

    Pero una cosa era votar que convenía regularlos y otra muy diferente era regularlos realmente.

   En 1993 el CDS volvió a intentarlo. Propuso registros públicos en Congreso, Senado y Gobierno. La propuesta terminó rebajada por una enmienda socialista: en vez de obligar al Ejecutivo a legislar, se le pedía básicamente que estudiara "la conveniencia de hacerlo". Hasta IU mostró entonces reservas con el asunto, aunque por una razón diferente: temía que legalizar el oficio significara institucionalizar a los “conseguidores” profesionales.

     Pasaron gobiernos socialdemócratas. Llegaron los de Aznar. Volvió el PSOE. Llegó Rajoy. Y el lobbysmo siguió funcionando.

   La Ley de Transparencia de 2013 tampoco resolvió la cuestión. En 2015 apareció otra propuesta para crear un registro obligatorio en el Congreso y establecer una “huella legislativa” que permitiera conocer la intervención de los grupos de interés en las normas. Tampoco culminó.

  Ya con Pedro Sánchez, la historia volvió a repetirse. En 2025 llegó otro proyecto, esta vez con registro obligatorio, código de conducta y mecanismos para conocer las relaciones entre grupos de interés y responsables públicos. El Congreso inició además la reforma de su propio Reglamento. El PP admitía que la cuestión debería regularse, pero se abstuvo alegando que el PSOE carecía de legitimidad moral para promoverla.

   El resultado fue otro atasco. Hasta este 25 de agosto de 2026.

   Ante el bloqueo parlamentario, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que crea un Registro Estatal de Grupos de Interés público y obligatorio, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las reuniones deberán hacerse públicas y las normas incorporarán una “huella” que permita conocer qué influencias se ejercieron durante su elaboración. El registro identificará además a quienes hayan desempeñado cargos públicos durante los cinco años anteriores.

  Treinta y seis años después de que el Congreso reclamara regular aquellos “despachos de intereses”, España continúa intentando cerrar la puerta. Quizá porque mientras tanto esa puerta se convirtió en giratoria.

DEL CONSEJO DE MINISTROS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

    Aquí aparece la parte más incómoda. El valor de un antiguo ministro para determinadas empresas no reside solamente en lo que estudió treinta años atrás. Casi cualquier exministro posee algo bastante más difícil de comprar:

- conoce la Administración desde dentro,

- sabe cómo se toma una decisión.

- y ha compartido gobiernos, reuniones y teléfonos con personas situadas en los niveles superiores del Estado.

   Ese conocimiento político acumulado con un salario público puede adquirir después un considerable valor privado.

   Los ejemplos atraviesan al bipartidismo. Pedro Solbes terminó relacionado profesionalmente con Enel-Endesa y Barclays; Elena Salgado fue contratada por Chilectra, filial de Endesa; Soraya Sáenz de Santamaría pasó a Cuatrecasas y posteriormente al consejo de Cepsa, hoy Moeve. José Blanco fundó Acento Public Affairs y Alfonso Alonso, exministro del PP, presidió la firma. Trinidad Jiménez pasó a ocuparse de asuntos públicos en Telefónica y Rafael Catalá se incorporó a Kreab.

   No todos esos empleos convierten automáticamente a sus protagonistas en lobistas. Pero muestran algo mucho más importante: el mercado concede un alto "valor económico" a la experiencia y a las relaciones acumuladas durante el tiempo en el que estuvieron en el ejercicio del poder público.

    La consultora "Acento" ofrece una fotografía especialmente gráfica. Una consultora fundada por un exministro psocialista y presidida por un exministro ppopular consiguió reunir bajo un mismo techo profesional a personas procedentes de partidos que ante los ciudadanos se han presentado siempre como personal e ideológicamente irreconciliables.  Como puede constatarse en las lides del mercado de las influencias, algunas fronteras partidistas resultan sorprendentemente permeables.

  MONTORO, RODRÍGUEZ ZAPATERO, PLUS ULTRA Y LA DELGADA LÍNEA ROJA

   El caso Montoro mostró hasta qué punto puede resultar difícil distinguir entre representación legítima de intereses y posibles conductas delictivas. El antiguo ministro de Hacienda está siendo investigado junto con otras personas por presuntos delitos, entre los que figuran cohecho y tráfico de influencias.

   La investigación analiza si Equipo Económico, despacho que Montoro había fundado, habría utilizado sus conexiones con Hacienda para conseguir modificaciones normativas favorables a determinadas empresas. Son hechos sometidos a investigación judicial, todavía no una sentencia firme.

   En el otro lado del cuadrilátero, nos encontramos con el caso "Plus Ultra" que ha terminado colocando al PSOE ante un problema semejante.

  La investigación judicial examina la posible participación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en gestiones relacionadas con el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea. Zapatero sostiene enfaticamente que realizó consultoría legítima y niega haber utilizado su influencia para favorecer a la compañía. El juez, sin embargo, mantuvo su condición de investigado después de su declaración al considerar que seguían existiendo importantes elementos que debían esclarecerse.

    Precisamente estos casos han llevado a los propios profesionales del lobby a reclamar urgentemente una ley que separe sus borrosas actividades del tráfico de influencias.

CUANDO LA PUERTA GIRATORIA LLEGÓ TAMBIÉN A LA IZQUIERDA

    Pero el fenómeno tampoco quedó confinado en el PP y al PSOE. En febrero de 2024 se anunció la incorporación del exministro de Consumo y antiguo coordinador de IU Alberto Garzón a Acento Public Affairs. La paradoja era evidente: un antiguo dirigente que había criticado las puertas giratorias al acabar su periplo político iba a trabajar para una consultora especializada precisamente en asuntos públicos junto a antiguos cargos socialistas y populares.

   La reacción política fue tan fuerte en las bases de la organización en la que había militado, que Garzón se vio obligado a renunciar al puesto apenas un día después de anunciarse su incorporación. Él negó por sus ancestros que aquello constituyera una puerta giratoria y sostuvo que su tarea habría consistido fundamentalmente en elaborar análisis.

   Canarias Semanal convirtió aquel episodio en objeto de varios artículos precisamente porque permitía observar que la profesionalización del acceso al poder había terminado atravesando también a sectores de la izquierda institucional que con anterioridad se habían dedicado a denunciar este tipo de prácticas opacas.

¿PARA QUÉ SIRVE REALMENTE UN LOBISTA?

   La defensa habitual de los profesionales del lobbysmo sostiene que estos grupos de interés proporcionan información especializada a los legisladores. Y, mirandolo desde una perspectiva interesada, no deja de ser cierto. Un diputado no puede dominar la energía nuclear, fiscalidad bancaria, inteligencia artificial, patentes farmacéuticas y telecomunicaciones al mismo tiempo. Pero precisamente ahí donde reside el problema.

   Quien proporciona la información puede seleccionar también qué información proporciona. Y quien dispone de suficientes recursos puede entregar estudios, informes jurídicos y hasta propuestas de enmiendas prácticamente terminadas.

    El lobby aparece así como expresión de una desigualdad anterior. En una sociedad dividida entre quienes poseen grandes recursos económicos y quienes solamente disponen de su trabajo, la capacidad de convertir dinero en influencia política tampoco puede repartirse equitativamente. El empresario que arriesga millones con una nueva regulación puede pagar profesionales para modificarla. El trabajador afectado por aquella decisión difícilmente podrá contratar a un exministro para llamar al Secretario de Estado.

  Por eso la transparencia es necesaria, pero insuficiente. Saber quién es el que entra por la puerta no elimina la desigualdad existente entre quienes pueden entrar todos los días y quienes permanecen fuera.

    Después de treinta años de proyectos, promesas, registros frustrados, escándalos y abracadabrantes puertas giratorias, quizá la cuestión fundamental no sea únicamente dónde termina el lobby y dónde comienza el tráfico de influencias.

   Hay otra pregunta anterior y bastante más incómoda: ¿por qué narices hemos aceptado como una profesión normal que determinados intereses puedan comprar una capacidad de acceso al poder político de la que la inmensa mayoría de la población carece? Y, sobre todo, cuando alguien cobra por influir sobre quienes elaboran nuestras leyes, ¿para qué sirve realmente su trabajo y a quién sirve?

Fuentes  

- Congreso de los Diputados sobre la regulación de los grupos de interés;

- Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés;

- Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2026 sobre el nuevo registro estatal;

- Antecedentes parlamentarios de 1993 sobre regulación de los grupos de presión; 

- Artículos de Canarias Semanal sobre Acento, PP, PSOE y antiguos cargos políticos, el intento de incorporación de Alberto Garzón a Acento y las puertas giratorias y el mercado de los contactos políticos