EL CAMPO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: ADAPTARSE YA NO ES SUFICIENTE

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  En un editorial publicado por la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), bajo el título «Adaptación, mitigación… y soluciones», la organización agraria aborda las consecuencias que el cambio climático está teniendo sobre la agricultura y la ganadería y reclama respuestas que combinen adaptación, mitigación y actuación política. El texto parte de una constatación fundamental: los fenómenos que están afectando al campo no pueden interpretarse simplemente como una sucesión de episodios meteorológicos excepcionales, sino como manifestaciones de una transformación climática prolongada cuyos efectos empiezan a condicionar directamente las posibilidades de mantener determinadas actividades productivas.

  Según sostiene UPA en este editorial, los récords de temperatura, las sequías cada vez más prolongadas en territorios tradicionalmente húmedos, los incendios forestales de una intensidad desconocida y las lluvias torrenciales forman parte de una tendencia observada durante décadas. Frente a quienes continúan negando la existencia o gravedad del cambio climático, el texto recuerda que las advertencias científicas sobre este proceso no son recientes y que sus consecuencias resultan cada vez más visibles.

AGRICULTORES Y GANADEROS, EN LA PRIMERA LÍNEA

  La cuestión adquiere unas características particulares cuando se contempla desde la agricultura y la ganadería. Aunque prácticamente todas las actividades económicas y sociales terminan sufriendo las alteraciones del clima, quienes trabajan directamente con la tierra, los cultivos y los animales se encuentran, según la organización agraria, en una auténtica primera línea de impacto.

  Para agricultores y ganaderos, el clima no constituye simplemente una cuestión ambiental sobre la que discutir. Determina las posibilidades materiales de desarrollar su actividad. Una alteración de las temperaturas puede modificar el momento adecuado para sembrar o cosechar. Una sucesión de jornadas excepcionalmente cálidas puede perjudicar la floración o maduración de determinados cultivos. Una sequía prolongada puede reducir la producción de pastos y obligar a incrementar la compra de alimentación para el ganado. Y la reducción de las reservas de agua puede llegar a poner en cuestión la continuidad misma de algunas explotaciones.

  Esta diferencia entre observar el cambio climático y padecerlo directamente constituye una de las ideas centrales del editorial. Para buena parte de la población, una ola de calor puede significar incomodidad, un mayor consumo eléctrico o preocupación ante las noticias. Para quienes trabajan en el campo, esa misma ola de calor puede convertirse en pérdida de producción, incremento de costes, deterioro de las condiciones laborales e incluso riesgo para la salud.

ADAPTARSE A UN CLIMA QUE YA ESTÁ CAMBIANDO

  De acuerdo con lo expresado por UPA, el sector agrario lleva décadas intentando responder a esta situación. Muchas de esas respuestas se producen sin grandes anuncios y mediante decisiones concretas adoptadas diariamente en las explotaciones. Cambiar variedades, modificar fechas de siembra, ajustar los calendarios de producción, transformar sistemas de riego o reorganizar determinadas actividades son formas prácticas de adaptación a unas condiciones ambientales que ya no se corresponden necesariamente con las existentes unas décadas atrás.

  Precisamente por ello, la adaptación constituye la primera de las respuestas que plantea el editorial. Adaptarse significa asumir que determinadas transformaciones climáticas ya están produciéndose y que la agricultura y la ganadería tendrán que desenvolverse dentro de esas nuevas condiciones. No implica aceptar pasivamente sus consecuencias, sino modificar las formas de producir para reducir los daños.

  UPA menciona, en este sentido, la necesidad de escoger adecuadamente semillas y plantones y de diseñar calendarios productivos capaces de reducir la exposición de los cultivos a episodios prolongados de temperaturas extremas. El razonamiento resulta especialmente importante porque muestra que el cambio climático obliga a revisar conocimientos y prácticas que durante generaciones pudieron considerarse relativamente estables.

  La agricultura se ha organizado históricamente alrededor de determinados ritmos estacionales. El agricultor necesita disponer de cierta capacidad para anticipar cuándo llegarán las lluvias, cuándo desaparecerán las heladas o en qué periodo se producirán las temperaturas necesarias para cada fase del cultivo. Cuando esas referencias se vuelven menos previsibles, aumenta también la incertidumbre económica de las explotaciones.

LA ADAPTACIÓN TIENE LÍMITES

  Pero la adaptación posee límites evidentes. Un agricultor puede cambiar una variedad o adelantar una siembra, pero difícilmente puede resolver individualmente una sequía estructural, garantizar la disponibilidad futura de agua o detener el incremento general de las temperaturas.

  Es precisamente en este punto donde aparece la segunda gran cuestión planteada por el editorial: la mitigación.

  Mientras la adaptación intenta reducir los daños provocados por los cambios que ya están ocurriendo, la mitigación busca actuar sobre las causas y limitar la intensidad futura del calentamiento. Esta distinción resulta esencial para comprender el problema. Adaptarse sin mitigar equivaldría a intentar acomodarse indefinidamente a unas condiciones que podrían continuar deteriorándose.

  Es en este terreno donde UPA sitúa expresamente la responsabilidad de las administraciones públicas, desde Naciones Unidas hasta los gobiernos estatales y territoriales. La magnitud del fenómeno supera la capacidad de respuesta de individuos y sectores económicos considerados aisladamente. Las decisiones relacionadas con energía, transporte, gestión del agua, planificación territorial, prevención de incendios, política agraria o protección laboral requieren actuaciones colectivas y recursos que dependen en gran medida de las instituciones públicas.

CUANDO EL PROBLEMA CLIMÁTICO SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA POLÍTICO

  El editorial introduce así una dimensión política que resulta imposible separar del debate climático. Reconocer científicamente la existencia del calentamiento global constituye solamente el punto de partida. La cuestión decisiva consiste en determinar qué medidas se adoptan, quién asume sus costes, qué actividades económicas deben transformarse, qué recursos públicos se destinan a esa transformación y cómo se protege a quienes dependen de sectores particularmente expuestos.

  UPA advierte, asimismo, contra el negacionismo climático, al que caracteriza como una posición destructiva. La advertencia tiene especial relevancia porque la negación de un problema no elimina sus consecuencias materiales. Una explotación agraria no deja de sufrir una sequía porque se cuestione políticamente el cambio climático, de la misma manera que una cosecha no recupera su rendimiento porque se rechacen las conclusiones de la comunidad científica.

  Existe además otro elemento que merece especial atención: las condiciones laborales. El aumento de las temperaturas no afecta únicamente a plantas y animales. También modifica las condiciones en las que agricultores, ganaderos y trabajadores agrícolas realizan sus tareas. Trabajar durante horas bajo temperaturas extremas incrementa los riesgos físicos y obliga a reconsiderar horarios, descansos y formas de organización laboral. La adaptación al cambio climático, por tanto, no puede limitarse exclusivamente a conservar los niveles de producción. También debe proteger la salud de las personas.

¿QUIÉN DEBE PAGAR LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO?

  Según plantea el editorial, la responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las administraciones. UPA considera necesaria una presión social capaz de convertir la respuesta climática en un compromiso político difícil de eludir. Se trata de una cuestión importante porque las grandes transformaciones económicas rara vez se producen únicamente mediante decisiones técnicas. Requieren prioridades políticas, inversiones y regulación.

  Aquí aparece probablemente uno de los debates que deberían desarrollarse a partir del planteamiento de UPA. Si agricultores y ganaderos se encuentran entre quienes reciben directamente los primeros impactos del cambio climático, las políticas de transición ecológica deberían evitar trasladar sobre ellos una parte desproporcionada del coste de las transformaciones necesarias. No resultaría coherente exigir al pequeño agricultor inversiones que no puede asumir mientras otros sectores con una capacidad económica y una responsabilidad ambiental considerablemente mayores mantienen intactas sus condiciones de funcionamiento.

  La adaptación climática de la agricultura requiere, por ello, algo más que recomendaciones individuales. Necesita inversión pública, investigación agronómica, sistemas adecuados de seguros, infraestructuras hidráulicas compatibles con los recursos disponibles, asesoramiento técnico, prevención frente a fenómenos extremos y políticas capaces de garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.

  La cuestión de fondo es que difícilmente puede existir una agricultura ambientalmente sostenible si quienes producen los alimentos se encuentran sometidos permanentemente a una situación de precariedad económica. Cuando una explotación apenas consigue cubrir costes, su capacidad para invertir en nuevas tecnologías, cambiar sistemas productivos o afrontar las inversiones necesarias para adaptarse disminuye considerablemente.

  Por ello, el debate climático y el debate sobre el futuro de la agricultura están estrechamente relacionados. No basta con preguntarse cómo producir con temperaturas superiores o con menos agua. También hay que preguntarse quién podrá seguir produciendo, en qué condiciones económicas y bajo qué modelo de organización del sistema alimentario.

NI CATASTROFISMO NI RESIGNACIÓN

   El editorial de UPA concluye rechazando dos actitudes aparentemente opuestas pero igualmente paralizantes: el catastrofismo y la resignación. La primera puede transmitir la idea de que cualquier actuación resulta inútil porque el desastre sería inevitable; la segunda conduce a aceptar pasivamente los cambios. Frente a ambas posiciones, la organización defiende la necesidad de actuar inmediatamente.

  La advertencia adquiere una dimensión especialmente concreta cuando procede del sector agrario. El cambio climático suele presentarse mediante cifras globales de temperatura, emisiones o concentraciones atmosféricas. Pero detrás de esos indicadores existen consecuencias materiales: cosechas que disminuyen, cultivos que deben desplazarse, agua que escasea, ganado que dispone de menos pastos y personas que trabajan bajo temperaturas cada vez más difíciles de soportar.

  La cuestión planteada por UPA podría resumirse, por tanto, en una pregunta que trasciende al propio sector agrario: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a transformar nuestras prioridades económicas y políticas para enfrentarnos a un fenómeno cuyos efectos ya forman parte de la vida cotidiana?

  Adaptarse es imprescindible porque el cambio ya está ocurriendo. Mitigar es igualmente necesario porque existen límites más allá de los cuales la adaptación puede resultar insuficiente. Y convertir ambas necesidades en soluciones concretas exige decisiones políticas que inevitablemente deberán determinar cómo se distribuyen los esfuerzos y también quién paga los costes de esa transformación.