LA FACTURA OCULTA DEL REARME ESPAÑOL: HASTA 66.000 MILLONES EN UN SOLO AÑO
¿Qué hay detrás del baile de cifras que sitúa el gasto militar español entre 23.333 y 66.078 millones?
España ha entrado silenciosamente en el mayor ciclo de rearme de su historia reciente. Mientras el Gobierno proclama haber alcanzado el 2% del PIB exigido por la OTAN, miles de millones se reparten entre Defensa, Industria, créditos empresariales y compromisos que llegarán hasta 2037. Según lo que se cuente —y lo que se deje fuera—, la factura de 2025 oscila entre 23.333 y más de 66.000 millones. ¿Cuánto está gastando realmente el Estado y quién se beneficia de este formidable trasvase de dinero público?
Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El gasto militar español alcanzó en 2025 niveles desconocidos durante las últimas décadas. La cifra exacta depende, sin embargo, de qué partidas se incluyan en el cálculo: 23.333 millones de euros según la ejecución de los programas presupuestarios directamente vinculados con la defensa; 33.123 millones conforme al criterio comunicado por el Gobierno a la OTAN; 39.476 millones de acuerdo con el Centre Delàs, y más de 66.000 millones en la estimación mucho más amplia del Grup Antimilitarista Tortuga. Las cantidades no son intercambiables, pero todas apuntan en la misma dirección: España ha entrado en una fase de rearme acelerado, sostenido mediante modificaciones presupuestarias, créditos industriales y gastos distribuidos entre distintos ministerios.
Un incremento del 46,5% en un solo año
La primera aproximación procede de la ejecución real de las cuentas de la Administración General del Estado. Según el informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, a partir de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, durante 2025 se ejecutaron 23.333 millones de euros en programas de defensa y apoyo a su industria.
La cifra supera en 7.411 millones la de 2024, lo que representa un incremento interanual del 46,5%. El crecimiento resulta todavía más llamativo si se amplía la perspectiva: en 2018 se habían ejecutado 9.469 millones y en 2016, 7.365 millones. En menos de una década, por tanto, el gasto contabilizado mediante este criterio se ha más que triplicado.
El aumento se produjo, además, con unos Presupuestos Generales prorrogados que inicialmente consignaban 14.306 millones. A lo largo del ejercicio se añadieron 9.602 millones mediante modificaciones presupuestarias, elevando el crédito disponible hasta 23.908 millones. Finalmente se gastó el 97,6% de esa cantidad. El dato revela hasta qué punto la cifra aprobada al comienzo del año ha dejado de servir para conocer el desembolso militar efectivo.
Defensa no gasta solo desde Defensa
Una de las claves para entender las distintas estimaciones es que una parte considerable del dinero no aparece bajo el rótulo del Ministerio de Defensa. De los 23.333 millones ejecutados, 17.789 millones fueron gestionados directamente por ese departamento, mientras que otros 5.544 millones se canalizaron a través del Ministerio de Industria.
Este último capítulo aumentó un 292,4% en un año. Su función principal es financiar los grandes programas de modernización y conceder préstamos y apoyos públicos a empresas aeronáuticas, navales y tecnológicas. Entre las compañías más beneficiadas aparecen Indra, Airbus y Navantia, todas ellas participadas, en mayor o menor medida, por el Estado.
Las inversiones destinadas a modernizar las Fuerzas Armadas sumaron 9.203 millones; el gasto en personal alcanzó los 6.241 millones, y los activos financieros —fundamentalmente préstamos al sector industrial— ascendieron a 5.558 millones. La investigación y desarrollo relacionada con la defensa llegó, por su parte, a 6.002 millones, diecisiete veces más que en 2018.
El rearme español es, por tanto, también una política industrial: el Estado asume una parte sustancial de la financiación y del riesgo necesario para sostener a las empresas fabricantes de armamento y sistemas militares.
Del 1,4% al 2% del PIB en pocos meses
En abril de 2025, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones adicionales. Su objetivo declarado era elevar en un solo ejercicio el gasto computable desde el 1,4% hasta el 2% del PIB, adelantando varios años el compromiso adquirido con la OTAN.
El Ejecutivo situó así la inversión total en seguridad y defensa en 33.123 millones de euros. De los nuevos recursos, 3.260 millones se reservaron para telecomunicaciones cifradas, satélites, radares, ciberseguridad, inteligencia artificial y computación cuántica; unos 1.750 millones, para capacidades militares de doble uso en emergencias, y otra parte sustancial para nuevos equipos y sistemas de disuasión. Según el Gobierno, alrededor del 87% de la inversión beneficiaría a empresas y trabajadores españoles. La Moncloa presentó el plan como un instrumento simultáneo de seguridad y reindustrialización.
La OTAN consideró que España había alcanzado por primera vez el 2% del PIB. La cifra, no obstante, incorporaba conceptos más amplios que los contabilizados en la ejecución presupuestaria estricta: ciberseguridad, infraestructuras, tecnologías duales y otros gastos repartidos entre diferentes organismos.
Cuando el cálculo se acerca a los 40.000 millones
El Centre Delàs de Estudios por la Paz eleva el gasto militar español de 2025 hasta los 39.476 millones, un 35% más que el año anterior y el equivalente al 2,42% del PIB. Su metodología incorpora partidas que, aun estando vinculadas con las Fuerzas Armadas, no siempre aparecen integradas en la cifra oficial: organismos militares, operaciones en el exterior, investigación, créditos industriales, aportaciones a organizaciones internacionales y parte de los intereses de la deuda atribuibles a anteriores programas armamentísticos. El estudio del Centre Delàs sostiene que el cálculo gubernamental infravalora el esfuerzo militar efectivo.
No se trata de una diferencia menor. Entre los 23.333 millones efectivamente ejecutados en determinados programas y los 39.476 estimados por Delàs existe una distancia superior a 16.000 millones. Esa brecha muestra que la discusión no se limita a cuánto se gasta, sino también a qué decide llamar “gasto militar” cada institución.
Los 66.000 millones: el perímetro más amplio
El Grup Antimilitarista Tortuga ofrece un cálculo todavía más extenso: 66.078 millones de gasto estrictamente militar durante 2025, equivalentes al 3,92% del PIB y a 1.345 euros por habitante. Si añade lo que denomina “control social” —policía, instituciones penitenciarias y otros aparatos coercitivos—, el total asciende a 79.211 millones, 1.612 euros por persona.
Esta estimación parte de una concepción política y contable mucho más amplia que la empleada por el Gobierno, la OTAN o el SIPRI. Por ello no puede compararse directamente con los 23.333 millones ejecutados. Su utilidad reside en señalar gastos indirectos, plurianuales, financieros o dispersos que habitualmente permanecen fuera del debate público. En 2021, aplicando una metodología semejante, Tortuga había estimado 28.000 millones estrictamente militares y 36.902 millones al sumar el control social. Cuatro años después, su cálculo militar se ha más que duplicado.
Una decisión sobre las prioridades del Estado
El Ejecutivo sostiene que el rearme puede financiarse sin recortar el Estado del bienestar, gracias al crecimiento económico, la reasignación de fondos europeos y la movilización de créditos. Sin embargo, incluso si no implica una reducción presupuestaria inmediata de la sanidad o la educación, todo incremento permanente del gasto militar tiene un coste de oportunidad: los recursos, la capacidad de endeudamiento y la inversión pública destinados a armamento dejan de estar disponibles para vivienda, servicios públicos o transición ecológica.
España no constituye una excepción. El gasto militar de los países de la Unión Europea alcanzó aproximadamente 381.000 millones en 2025, el 2,1% de su PIB, según la Agencia Europea de Defensa. Pero el caso español destaca por la velocidad de la transformación.
Más allá de la disputa entre las diferentes metodologías, el hecho decisivo es incontestable: el gasto militar crece mucho más deprisa que el conjunto del presupuesto público, se desplaza hacia la industria armamentística y se ejecuta mediante ampliaciones que dificultan su control parlamentario. La pregunta ya no es si España se está rearmando, sino cuánto terminará costando ese proceso y qué necesidades sociales quedarán relegadas para sostenerlo.
La factura no termina en 2025
El desembolso realizado durante 2025 constituye solo una parte del coste total. Los grandes sistemas de armamento no se pagan en un único ejercicio, sino mediante compromisos plurianuales que condicionan los presupuestos durante décadas. Un Gobierno puede aprobar hoy la adquisición de blindados, fragatas, cazas o sistemas de artillería y trasladar buena parte de la factura a ejercicios futuros.
Durante 2025, el Ejecutivo dio luz verde a 31 Programas Especiales de Modernización que abarcan los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y cibernético. Entre ellos figuran nuevos vehículos de combate, helicópteros, radares, sistemas de comunicaciones, artillería autopropulsada, satélites de observación y la participación española en proyectos europeos de armamento. El Ministerio de Defensa reconoció que estos programas incluían desde vehículos sobre cadenas y sistemas de movilidad táctica hasta la modernización de la artillería y el futuro carro de combate europeo. La relación fue presentada oficialmente por Defensa en julio de 2025.
Las autorizaciones aprobadas permiten movilizar cerca de 34.000 millones de euros hasta 2037. Una parte de ese dinero será adelantada por el Ministerio de Industria en forma de préstamos a interés muy reducido o nulo a las empresas adjudicatarias. Una vez desarrollado y entregado el material, Defensa debe abonar el contrato a las compañías, que posteriormente devuelven los créditos recibidos de Industria. El mecanismo permite impulsar grandes programas sin reflejar desde el primer momento toda su dimensión en el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa.
Esta fórmula ya produjo en el pasado importantes desviaciones presupuestarias y renegociaciones de pagos. También explica por qué la factura militar continuará creciendo aunque en los próximos años se frenara la aprobación de nuevos proyectos: el Estado deberá hacer frente a contratos que ya están firmados o comprometidos.
Un negocio concentrado en pocas compañías
La expansión presupuestaria está transformando la industria militar española y concentrando una proporción creciente del dinero público en un reducido grupo empresarial.
Un estudio de BBVA Research, basado en el análisis de más de 26.000 acuerdos del Consejo de Ministros desde 2013, concluye que las quince mayores empresas absorben el 43% del importe contratado. Indra, Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Escribano y los consorcios creados alrededor de los nuevos programas aparecen entre las principales beneficiarias. La contratación se concentra también territorialmente en Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias. BBVA Research constata esa elevada concentración empresarial y geográfica.
Los contratos alcanzaron una intensidad extraordinaria durante el segundo semestre de 2025. Solo en diciembre se aprobaron compromisos por más de 2.000 millones de euros. El gasto anual medio derivado de las adjudicaciones con vigencia hasta 2035 se situó en torno a 4.750 millones, seis veces por encima de la media de los años anteriores.
El efecto puede observarse ya en las cuentas de las compañías. Indra cerró 2025 con un beneficio neto de 436 millones de euros, un 57% más, y duplicó su cartera de pedidos hasta superar los 16.000 millones. El impulso público no se limita, pues, a comprar armamento: está reorganizando el tejido productivo alrededor de una demanda garantizada por el Estado.
El Gobierno defiende que esta política crea empleo cualificado, reduce la dependencia tecnológica exterior y fortalece sectores como la aeronáutica, la electrónica, la inteligencia artificial o las telecomunicaciones. El problema es que la industria armamentística depende en gran medida de decisiones políticas, contratos públicos y financiación estatal. Sus beneficios se privatizan, mientras que buena parte del riesgo tecnológico y financiero queda socializado.
La opacidad como parte del mecanismo
La distribución de las partidas entre Defensa, Industria, Interior, Exteriores y otros departamentos dificulta que la ciudadanía pueda conocer el volumen total del gasto. A ello se suman los créditos extraordinarios, las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, las operaciones militares en el extranjero y los pagos aplazados de los grandes programas.
Esta fragmentación no es un detalle técnico. Cuando el presupuesto inicial pasa de 14.306 millones a una ejecución efectiva de 23.333 millones, la diferencia alcanza más de 9.000 millones. En la práctica, una parte fundamental del rearme se decide después de la aprobación parlamentaria de las cuentas generales.
El Plan Industrial y Tecnológico de 2025 fue puesto en marcha, además, sin que el Gobierno presentara unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Los recursos se obtuvieron mediante reasignaciones, fondos europeos, ahorros presupuestarios y transferencias entre ministerios. El Ejecutivo sostuvo que podía actuar de ese modo sin recortar políticas sociales, pero el procedimiento redujo la capacidad del Parlamento para debatir en conjunto las prioridades económicas.
Del objetivo del 2% a la presión del 5%
El 2% del PIB, presentado durante años como la meta final de la política militar española, dejó de serlo prácticamente en el mismo momento en que se alcanzó. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los miembros de la OTAN acordaron elevar el esfuerzo total en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB en 2035.
El compromiso se divide en dos bloques: al menos un 3,5% para gasto militar directo y hasta un 1,5% adicional para infraestructuras estratégicas, ciberseguridad, preparación civil, innovación y protección de redes. La declaración oficial de la cumbre establece también la presentación de planes nacionales anuales.
España rechazó asumir mecánicamente ese porcentaje. Pedro Sánchez aseguró que el país podría cumplir las capacidades militares exigidas por la Alianza manteniéndose cerca del 2,1% del PIB. Según los cálculos expuestos por el presidente, alcanzar el 5% obligaría a movilizar unos 350.000 millones adicionales durante la década, una cantidad incompatible con el mantenimiento de las actuales políticas sociales sin elevar impuestos o aumentar sustancialmente la deuda. La Moncloa defendió públicamente esa posición diferenciada.
Sin embargo, la presión no ha desaparecido. La OTAN exige planes anuales de incremento y vincula el esfuerzo presupuestario al cumplimiento de objetivos concretos de capacidades. Aunque España sostenga que no necesita llegar al 5%, deberá demostrar periódicamente que aporta las unidades, equipos, reservas, infraestructuras y sistemas requeridos por la Alianza.
Una transformación con vocación de permanencia
El salto producido en 2025 no parece, por tanto, un gasto excepcional provocado por una coyuntura pasajera. La multiplicación de los programas plurianuales, el crecimiento de las empresas armamentísticas, la financiación industrial y los compromisos asumidos dentro de la OTAN están construyendo una estructura difícil de revertir.
Una vez abiertas nuevas fábricas, suscritos contratos hasta 2037 y configurados miles de empleos alrededor de la producción militar, cualquier reducción futura podrá presentarse como una amenaza para la industria y el empleo. El rearme crea así sus propios intereses económicos y políticos, capaces de reclamar que el flujo de dinero público no se interrumpa.
La discusión sobre el gasto militar español no puede reducirse, por ello, a determinar cuál de las cifras —23.333, 33.123, 39.476 o 66.078 millones— describe mejor la realidad. La cuestión fundamental es que todas expresan diferentes capas de una misma transformación: el Estado está situando la preparación militar y el sostenimiento de su industria armamentística entre sus prioridades económicas centrales. Y lo está haciendo mediante decisiones cuyos costes se extenderán mucho más allá de la legislatura en la que fueron adoptadas.
Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El gasto militar español alcanzó en 2025 niveles desconocidos durante las últimas décadas. La cifra exacta depende, sin embargo, de qué partidas se incluyan en el cálculo: 23.333 millones de euros según la ejecución de los programas presupuestarios directamente vinculados con la defensa; 33.123 millones conforme al criterio comunicado por el Gobierno a la OTAN; 39.476 millones de acuerdo con el Centre Delàs, y más de 66.000 millones en la estimación mucho más amplia del Grup Antimilitarista Tortuga. Las cantidades no son intercambiables, pero todas apuntan en la misma dirección: España ha entrado en una fase de rearme acelerado, sostenido mediante modificaciones presupuestarias, créditos industriales y gastos distribuidos entre distintos ministerios.
Un incremento del 46,5% en un solo año
La primera aproximación procede de la ejecución real de las cuentas de la Administración General del Estado. Según el informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, a partir de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, durante 2025 se ejecutaron 23.333 millones de euros en programas de defensa y apoyo a su industria.
La cifra supera en 7.411 millones la de 2024, lo que representa un incremento interanual del 46,5%. El crecimiento resulta todavía más llamativo si se amplía la perspectiva: en 2018 se habían ejecutado 9.469 millones y en 2016, 7.365 millones. En menos de una década, por tanto, el gasto contabilizado mediante este criterio se ha más que triplicado.
El aumento se produjo, además, con unos Presupuestos Generales prorrogados que inicialmente consignaban 14.306 millones. A lo largo del ejercicio se añadieron 9.602 millones mediante modificaciones presupuestarias, elevando el crédito disponible hasta 23.908 millones. Finalmente se gastó el 97,6% de esa cantidad. El dato revela hasta qué punto la cifra aprobada al comienzo del año ha dejado de servir para conocer el desembolso militar efectivo.
Defensa no gasta solo desde Defensa
Una de las claves para entender las distintas estimaciones es que una parte considerable del dinero no aparece bajo el rótulo del Ministerio de Defensa. De los 23.333 millones ejecutados, 17.789 millones fueron gestionados directamente por ese departamento, mientras que otros 5.544 millones se canalizaron a través del Ministerio de Industria.
Este último capítulo aumentó un 292,4% en un año. Su función principal es financiar los grandes programas de modernización y conceder préstamos y apoyos públicos a empresas aeronáuticas, navales y tecnológicas. Entre las compañías más beneficiadas aparecen Indra, Airbus y Navantia, todas ellas participadas, en mayor o menor medida, por el Estado.
Las inversiones destinadas a modernizar las Fuerzas Armadas sumaron 9.203 millones; el gasto en personal alcanzó los 6.241 millones, y los activos financieros —fundamentalmente préstamos al sector industrial— ascendieron a 5.558 millones. La investigación y desarrollo relacionada con la defensa llegó, por su parte, a 6.002 millones, diecisiete veces más que en 2018.
El rearme español es, por tanto, también una política industrial: el Estado asume una parte sustancial de la financiación y del riesgo necesario para sostener a las empresas fabricantes de armamento y sistemas militares.
Del 1,4% al 2% del PIB en pocos meses
En abril de 2025, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones adicionales. Su objetivo declarado era elevar en un solo ejercicio el gasto computable desde el 1,4% hasta el 2% del PIB, adelantando varios años el compromiso adquirido con la OTAN.
El Ejecutivo situó así la inversión total en seguridad y defensa en 33.123 millones de euros. De los nuevos recursos, 3.260 millones se reservaron para telecomunicaciones cifradas, satélites, radares, ciberseguridad, inteligencia artificial y computación cuántica; unos 1.750 millones, para capacidades militares de doble uso en emergencias, y otra parte sustancial para nuevos equipos y sistemas de disuasión. Según el Gobierno, alrededor del 87% de la inversión beneficiaría a empresas y trabajadores españoles. La Moncloa presentó el plan como un instrumento simultáneo de seguridad y reindustrialización.
La OTAN consideró que España había alcanzado por primera vez el 2% del PIB. La cifra, no obstante, incorporaba conceptos más amplios que los contabilizados en la ejecución presupuestaria estricta: ciberseguridad, infraestructuras, tecnologías duales y otros gastos repartidos entre diferentes organismos.
Cuando el cálculo se acerca a los 40.000 millones
El Centre Delàs de Estudios por la Paz eleva el gasto militar español de 2025 hasta los 39.476 millones, un 35% más que el año anterior y el equivalente al 2,42% del PIB. Su metodología incorpora partidas que, aun estando vinculadas con las Fuerzas Armadas, no siempre aparecen integradas en la cifra oficial: organismos militares, operaciones en el exterior, investigación, créditos industriales, aportaciones a organizaciones internacionales y parte de los intereses de la deuda atribuibles a anteriores programas armamentísticos. El estudio del Centre Delàs sostiene que el cálculo gubernamental infravalora el esfuerzo militar efectivo.
No se trata de una diferencia menor. Entre los 23.333 millones efectivamente ejecutados en determinados programas y los 39.476 estimados por Delàs existe una distancia superior a 16.000 millones. Esa brecha muestra que la discusión no se limita a cuánto se gasta, sino también a qué decide llamar “gasto militar” cada institución.
Los 66.000 millones: el perímetro más amplio
El Grup Antimilitarista Tortuga ofrece un cálculo todavía más extenso: 66.078 millones de gasto estrictamente militar durante 2025, equivalentes al 3,92% del PIB y a 1.345 euros por habitante. Si añade lo que denomina “control social” —policía, instituciones penitenciarias y otros aparatos coercitivos—, el total asciende a 79.211 millones, 1.612 euros por persona.
Esta estimación parte de una concepción política y contable mucho más amplia que la empleada por el Gobierno, la OTAN o el SIPRI. Por ello no puede compararse directamente con los 23.333 millones ejecutados. Su utilidad reside en señalar gastos indirectos, plurianuales, financieros o dispersos que habitualmente permanecen fuera del debate público. En 2021, aplicando una metodología semejante, Tortuga había estimado 28.000 millones estrictamente militares y 36.902 millones al sumar el control social. Cuatro años después, su cálculo militar se ha más que duplicado.
Una decisión sobre las prioridades del Estado
El Ejecutivo sostiene que el rearme puede financiarse sin recortar el Estado del bienestar, gracias al crecimiento económico, la reasignación de fondos europeos y la movilización de créditos. Sin embargo, incluso si no implica una reducción presupuestaria inmediata de la sanidad o la educación, todo incremento permanente del gasto militar tiene un coste de oportunidad: los recursos, la capacidad de endeudamiento y la inversión pública destinados a armamento dejan de estar disponibles para vivienda, servicios públicos o transición ecológica.
España no constituye una excepción. El gasto militar de los países de la Unión Europea alcanzó aproximadamente 381.000 millones en 2025, el 2,1% de su PIB, según la Agencia Europea de Defensa. Pero el caso español destaca por la velocidad de la transformación.
Más allá de la disputa entre las diferentes metodologías, el hecho decisivo es incontestable: el gasto militar crece mucho más deprisa que el conjunto del presupuesto público, se desplaza hacia la industria armamentística y se ejecuta mediante ampliaciones que dificultan su control parlamentario. La pregunta ya no es si España se está rearmando, sino cuánto terminará costando ese proceso y qué necesidades sociales quedarán relegadas para sostenerlo.
La factura no termina en 2025
El desembolso realizado durante 2025 constituye solo una parte del coste total. Los grandes sistemas de armamento no se pagan en un único ejercicio, sino mediante compromisos plurianuales que condicionan los presupuestos durante décadas. Un Gobierno puede aprobar hoy la adquisición de blindados, fragatas, cazas o sistemas de artillería y trasladar buena parte de la factura a ejercicios futuros.
Durante 2025, el Ejecutivo dio luz verde a 31 Programas Especiales de Modernización que abarcan los ámbitos terrestre, naval, aéreo, espacial y cibernético. Entre ellos figuran nuevos vehículos de combate, helicópteros, radares, sistemas de comunicaciones, artillería autopropulsada, satélites de observación y la participación española en proyectos europeos de armamento. El Ministerio de Defensa reconoció que estos programas incluían desde vehículos sobre cadenas y sistemas de movilidad táctica hasta la modernización de la artillería y el futuro carro de combate europeo. La relación fue presentada oficialmente por Defensa en julio de 2025.
Las autorizaciones aprobadas permiten movilizar cerca de 34.000 millones de euros hasta 2037. Una parte de ese dinero será adelantada por el Ministerio de Industria en forma de préstamos a interés muy reducido o nulo a las empresas adjudicatarias. Una vez desarrollado y entregado el material, Defensa debe abonar el contrato a las compañías, que posteriormente devuelven los créditos recibidos de Industria. El mecanismo permite impulsar grandes programas sin reflejar desde el primer momento toda su dimensión en el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa.
Esta fórmula ya produjo en el pasado importantes desviaciones presupuestarias y renegociaciones de pagos. También explica por qué la factura militar continuará creciendo aunque en los próximos años se frenara la aprobación de nuevos proyectos: el Estado deberá hacer frente a contratos que ya están firmados o comprometidos.
Un negocio concentrado en pocas compañías
La expansión presupuestaria está transformando la industria militar española y concentrando una proporción creciente del dinero público en un reducido grupo empresarial.
Un estudio de BBVA Research, basado en el análisis de más de 26.000 acuerdos del Consejo de Ministros desde 2013, concluye que las quince mayores empresas absorben el 43% del importe contratado. Indra, Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas, Escribano y los consorcios creados alrededor de los nuevos programas aparecen entre las principales beneficiarias. La contratación se concentra también territorialmente en Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias. BBVA Research constata esa elevada concentración empresarial y geográfica.
Los contratos alcanzaron una intensidad extraordinaria durante el segundo semestre de 2025. Solo en diciembre se aprobaron compromisos por más de 2.000 millones de euros. El gasto anual medio derivado de las adjudicaciones con vigencia hasta 2035 se situó en torno a 4.750 millones, seis veces por encima de la media de los años anteriores.
El efecto puede observarse ya en las cuentas de las compañías. Indra cerró 2025 con un beneficio neto de 436 millones de euros, un 57% más, y duplicó su cartera de pedidos hasta superar los 16.000 millones. El impulso público no se limita, pues, a comprar armamento: está reorganizando el tejido productivo alrededor de una demanda garantizada por el Estado.
El Gobierno defiende que esta política crea empleo cualificado, reduce la dependencia tecnológica exterior y fortalece sectores como la aeronáutica, la electrónica, la inteligencia artificial o las telecomunicaciones. El problema es que la industria armamentística depende en gran medida de decisiones políticas, contratos públicos y financiación estatal. Sus beneficios se privatizan, mientras que buena parte del riesgo tecnológico y financiero queda socializado.
La opacidad como parte del mecanismo
La distribución de las partidas entre Defensa, Industria, Interior, Exteriores y otros departamentos dificulta que la ciudadanía pueda conocer el volumen total del gasto. A ello se suman los créditos extraordinarios, las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, las operaciones militares en el extranjero y los pagos aplazados de los grandes programas.
Esta fragmentación no es un detalle técnico. Cuando el presupuesto inicial pasa de 14.306 millones a una ejecución efectiva de 23.333 millones, la diferencia alcanza más de 9.000 millones. En la práctica, una parte fundamental del rearme se decide después de la aprobación parlamentaria de las cuentas generales.
El Plan Industrial y Tecnológico de 2025 fue puesto en marcha, además, sin que el Gobierno presentara unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Los recursos se obtuvieron mediante reasignaciones, fondos europeos, ahorros presupuestarios y transferencias entre ministerios. El Ejecutivo sostuvo que podía actuar de ese modo sin recortar políticas sociales, pero el procedimiento redujo la capacidad del Parlamento para debatir en conjunto las prioridades económicas.
Del objetivo del 2% a la presión del 5%
El 2% del PIB, presentado durante años como la meta final de la política militar española, dejó de serlo prácticamente en el mismo momento en que se alcanzó. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, los miembros de la OTAN acordaron elevar el esfuerzo total en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB en 2035.
El compromiso se divide en dos bloques: al menos un 3,5% para gasto militar directo y hasta un 1,5% adicional para infraestructuras estratégicas, ciberseguridad, preparación civil, innovación y protección de redes. La declaración oficial de la cumbre establece también la presentación de planes nacionales anuales.
España rechazó asumir mecánicamente ese porcentaje. Pedro Sánchez aseguró que el país podría cumplir las capacidades militares exigidas por la Alianza manteniéndose cerca del 2,1% del PIB. Según los cálculos expuestos por el presidente, alcanzar el 5% obligaría a movilizar unos 350.000 millones adicionales durante la década, una cantidad incompatible con el mantenimiento de las actuales políticas sociales sin elevar impuestos o aumentar sustancialmente la deuda. La Moncloa defendió públicamente esa posición diferenciada.
Sin embargo, la presión no ha desaparecido. La OTAN exige planes anuales de incremento y vincula el esfuerzo presupuestario al cumplimiento de objetivos concretos de capacidades. Aunque España sostenga que no necesita llegar al 5%, deberá demostrar periódicamente que aporta las unidades, equipos, reservas, infraestructuras y sistemas requeridos por la Alianza.
Una transformación con vocación de permanencia
El salto producido en 2025 no parece, por tanto, un gasto excepcional provocado por una coyuntura pasajera. La multiplicación de los programas plurianuales, el crecimiento de las empresas armamentísticas, la financiación industrial y los compromisos asumidos dentro de la OTAN están construyendo una estructura difícil de revertir.
Una vez abiertas nuevas fábricas, suscritos contratos hasta 2037 y configurados miles de empleos alrededor de la producción militar, cualquier reducción futura podrá presentarse como una amenaza para la industria y el empleo. El rearme crea así sus propios intereses económicos y políticos, capaces de reclamar que el flujo de dinero público no se interrumpa.
La discusión sobre el gasto militar español no puede reducirse, por ello, a determinar cuál de las cifras —23.333, 33.123, 39.476 o 66.078 millones— describe mejor la realidad. La cuestión fundamental es que todas expresan diferentes capas de una misma transformación: el Estado está situando la preparación militar y el sostenimiento de su industria armamentística entre sus prioridades económicas centrales. Y lo está haciendo mediante decisiones cuyos costes se extenderán mucho más allá de la legislatura en la que fueron adoptadas.
Churruca | Lunes, 24 de Agosto de 2026 a las 00:42:44 horas
Por la radio en una entrevista estuve escuchando que un militar se quejaba que en la frontera de Ceuta estaban patrullando con blindados BMR de hace 40 años.
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