CHILE: LA REFORMA CONSTITUCIONAL CONTRA LA PROTESTA SOCIAL QUE SE DEBATE EN EL CONGRESO

Por GUSTAVO BURGOS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La urgencia con que el gobierno de José Antonio Kast procura dotar al Estado chileno de un nuevo armazón constitucional represivo no puede explicarse por la delincuencia, el narcotráfico ni por ninguna de las otras invocaciones con las que La Moneda pretende justificarlo. La reforma constitucional sobre seguridad forma parte de una operación política mucho más profunda: preparar preventivamente al Estado para contener y eventualmente aplastar la resistencia social que necesariamente habrá de provocar el formidable ataque contra las condiciones de vida de los trabajadores que constituye el programa económico del Gobierno. Contratos por hora, polifuncionalidad, anualización de jornadas que podrían alcanzar las 52 horas, modificación del régimen de indemnizaciones y debilitamiento de las organizaciones sindicales forman parte de una ofensiva que pretende transferir al trabajo los costos de la crisis y reconstruir las condiciones de acumulación del capital.

   Esta urgencia tiene además una explicación política inmediata. Kast gobierna con una capacidad parlamentaria considerable, pero sobre una base social mucho menos sólida de lo que pretende exhibir. A comienzos de agosto su aprobación rondaba el 35%, mientras la desaprobación llegaba al 59%, en un escenario marcado por un desempleo de 9,4% y un creciente pesimismo económico. La paradoja es evidente: mientras la oposición integrada al régimen ha demostrado una incapacidad casi absoluta para enfrentar políticamente el programa gubernamental, las primeras expresiones de resistencia han comenzado a surgir desde abajo y, en buena medida, por fuera de las direcciones políticas que durante años administraron el movimiento popular.

  No estamos hablando todavía de un movimiento generalizado ni de una situación prerrevolucionaria. Precisamente por eso resulta significativa la anticipación represiva del Gobierno.Las expresiones de resistencia se han venido acumulando en los últimos dos meses. Miles de estudiantes y profesores marcharon el 3 de junio contra los recortes y la megarreforma, en la primera movilización masiva contra Kast, enfrentándose desde el comienzo de la marcha a un importante despliegue policial. El 9 de julio, alrededor de tres mil trabajadores portuarios paralizaron faenas desde Iquique hasta Magallanes denunciando como antisindicales decisiones del Ejecutivo sobre las pensiones de gracia del sector. Días después, trabajadores públicos agrupados en la ANEF se manifestaron contra la megarreforma tanto en Santiago como frente al Congreso en Valparaíso. Son movimientos todavía parciales, desiguales y políticamente fragmentarios. Pero justamente por eso tienen importancia: expresan una tendencia elemental de resistencia que nace de los propios sectores atacados y que puede desarrollarse independientemente del inmovilismo de las organizaciones políticas tradicionales.

   La reforma constitucional debe ser leída en este contexto. Kast propone consagrar constitucionalmente la seguridad como deber primordial del Estado, ampliar el régimen de excepcionalidad y dotar al Ejecutivo de nuevas herramientas frente a territorios definidos como afectados por graves alteraciones de la seguridad. La llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contiene más de treinta iniciativas y se presenta deliberadamente bajo la doctrina gubernamental de que “la mano ha cambiado”. El punto políticamente decisivo no reside en discutir si existe o no crimen organizado. Naturalmente el orden capitalista produce crimen organizado en todo el mundo cuyo origen es la extrema e inaudita concentración del poder económico. Consiste en advertir que, bajo esa legitimación, se construye una estructura estatal susceptible de restringir reuniones, desplazamientos y otras libertades, ampliando las capacidades extraordinarias del Ejecutivo y de los aparatos coercitivos.

   Chile no constituye una anomalía. La iniciativa de Kast debe ser situada dentro de una tendencia internacional hacia la conformación de regímenes contrainsurgentes bajo formas democrático-burguesas. No asistimos necesariamente al reemplazo inmediato de parlamentos por juntas militares, ni a la abolición de las elecciones, ni a una reedición mecánica de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta. El fenómeno contemporáneo resulta precisamente más complejo. Las instituciones representativas pueden conservarse, pueden seguir funcionando los congresos, celebrándose elecciones y actuando los tribunales mientras, paralelamente, el Ejecutivo acumula facultades extraordinarias, se normalizan los estados de excepción, se militarizan determinados territorios, se amplían las categorías penales asociadas al terrorismo y al crimen organizado y se fortalece la capacidad estatal de vigilancia, control y represión.

   Es decir, la contrainsurgencia contemporánea no necesita necesariamente abolir la democracia burguesa: puede desarrollarse en su interior. La cuestión resulta perfectamente comprensible bastando con apreciar la situación de los los trabajadores inmigrantes cazados por el ICE en EEUU. Para quien quiera ver la realidad resulta evidente que —contra lo que dicen los reformistas, identitarios y progresistas— el Estado no constituye un árbitro situado por encima de las clases sociales. Su núcleo material está compuesto por aquellos destacamentos especiales de hombres armados, cárceles, tribunales y burocracias que garantizan finalmente la reproducción de las relaciones sociales existentes. La democracia burguesa constituye una determinada forma política de esa dominación, extraordinariamente útil mientras las contradicciones sociales pueden procesarse mediante elecciones, parlamentos, negociaciones sindicales y mecanismos institucionales. Pero cuando la profundidad del ataque económico amenaza con producir resistencias que excedan esos mecanismos, la propia burguesía comienza a reclamar el fortalecimiento de los elementos coercitivos del Estado.

   Esto explica la articulación entre la megarreforma económica, la reforma laboral y la reforma constitucional de seguridad. Considerarlas proyectos independientes constituye un error político. Son piezas de un mismo plan político. La precarización necesita disciplina; la transferencia de riqueza hacia el capital necesita autoridad; el debilitamiento de los trabajadores necesita un Estado capaz de contener las consecuencias sociales de esa operación.

   Pero esta orientación no elimina las contradicciones dentro de la propia burguesía. Por el contrario, las hace visibles. Y la entrevista concedida por Guillermo Ramírez a La Tercera resulta extraordinariamente reveladora precisamente porque muestra la naturaleza del debate que atraviesa a la derecha. La objeción de la UDI no consiste fundamentalmente en que Kast esté fortaleciendo demasiado el aparato represivo. Ramírez acepta la necesidad de nuevas herramientas de seguridad e incluso el nuevo estado de excepción. Su preocupación se dirige hacia otra cuestión: introducir en la Constitución excepciones demasiado específicas podría terminar debilitando la arquitectura jurídica general que protege las relaciones de propiedad.

  La argumentación resulta notable porque Ramírez lleva espontáneamente la discusión hacia la reforma agraria y hacia las garantías constitucionales de la propiedad. Su temor consiste en que una técnica constitucional utilizada hoy por la derecha pueda ser utilizada mañana por una mayoría de izquierda para establecer excepciones sobre otras garantías; pone incluso como ejemplo hipotético una nacionalización de los fondos previsionales.

  Es una confesión política de enorme valor. La UDI dice, en definitiva: fortalezcamos el aparato estatal, pero tengamos cuidado de no deteriorar las fortificaciones jurídicas de la propiedad privada. Kast, en cambio, considera que las necesidades inmediatas y urgentes de disciplinamiento social justifican introducir mecanismos excepcionales directamente en la arquitectura constitucional. No existe aquí un enfrentamiento entre democracia y autoritarismo, sino un debate interburgués acerca de cuáles son los mejores instrumentos jurídicos para preservar el orden social.

   Esta divergencia expresa dos tradiciones de la propia derecha chilena. El republicanismo de Kast tiende hacia una concentración bonapartista de la autoridad estatal, apoyada en la apelación permanente a la emergencia, el orden y la seguridad. La UDI tradicional, formada precisamente en la administración institucional del régimen heredado de la dictadura y perfeccionado durante la transición, comprende el enorme valor que poseen las mediaciones jurídicas para la estabilidad del dominio burgués. Una quiere ampliar rápidamente la capacidad excepcional del Ejecutivo; la otra teme que, en esa operación, se flexibilicen principios constitucionales cuya rigidez ha servido históricamente como garantía del capital.

   La vergonzosa oposición progresista ocupa el otro extremo del mismo debate institucional. El Frente Amplio ha cuestionado la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar problemas de seguridad y reclama que ésta sea abordada como una política de Estado. El Partido Socialista concentra parte importante de sus reparos en la técnica legislativa, la oportunidad y la coherencia institucional de las modificaciones. El Partido Comunista ha ido algo más lejos al advertir sobre el peligro de que la lucha contra el crimen organizado termine confundiendo terrorismo con protesta social. Pero ninguno de estos partidos plantea una ruptura con el fortalecimiento del Estado encargado de ejecutar la ofensiva económica contra los trabajadores.

  La trayectoria seguida frente a la megarreforma económica resulta ilustrativa. PS, FA y PC concentraron buena parte de su estrategia en reuniones parlamentarias, negociaciones y requerimientos ante el Tribunal Constitucional. En junio, representantes de estos partidos se reunieron con constitucionalistas para estudiar la impugnación jurídica del proyecto; posteriormente la oposición presentó requerimientos ante el TC contra aspectos tributarios y ambientales de la megarreforma. La oposición institucional al ataque más importante contra los trabajadores desde el retorno a la democracia fue conducida así hacia el mismo aparato institucional encargado de garantizar su tramitación.

  Esta impotencia no es accidental. FA, PS y PC parten del supuesto de que el Estado puede ser preservado y administrado de otra manera. Por eso contraponen al programa de Kast una mejor institucionalidad, mayores controles, proporcionalidad represiva, diálogo democrático o políticas de seguridad respetuosas de derechos. La diferencia con Kast puede ser políticamente importante para las libertades democráticas inmediatas, pero no modifica el problema estratégico: todos permanecen dentro del horizonte del Estado burgués y de la defensa del orden social que éste garantiza.

  La experiencia del gobierno de Boric resulta en este punto decisiva. El fortalecimiento del aparato represivo, la legislación de seguridad y la normalización de la excepcionalidad no comenzaron el 11 de marzo de 2026. Kast recibe un aparato estatal fortalecido durante el período precedente y procura llevar esa evolución hasta sus últimas consecuencias. La derecha transforma en doctrina aquello que el progresismo contribuyó previamente a convertir en práctica institucional.

  Por eso resulta superficial describir el proceso simplemente como un avance del “autoritarismo”. La categoría puede describir determinados rasgos políticos, pero no explica su contenido social. Lo que está tomando forma es algo más preciso: un régimen preventivamente contrainsurgente destinado a garantizar las condiciones políticas de una ofensiva capitalista de gran escala. Preventivamente, porque todavía no existe una insurgencia. Y justamente allí reside el punto.

   La burguesía no construye sus dispositivos represivos después de que estalla la rebelión. Procura construirlos antes. La experiencia de octubre de 2019 constituye necesariamente parte de la memoria histórica de la clase dominante chilena. Durante algunas semanas quedó demostrado que una movilización inicialmente espontánea podía extenderse nacionalmente, desbordar organizaciones políticas y sindicales, poner en crisis al Gobierno y obligar a todas las fuerzas del régimen a celebrar apresuradamente el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. La conclusión que la burguesía extrajo de aquella experiencia no fue que debía confiar menos en el Estado, sino exactamente la contraria. El programa de Kast pretende cerrar anticipadamente esa posibilidad.

 Pero existe una contradicción que ninguna reforma constitucional puede resolver. Cuanto más profundo sea el ataque contra los trabajadores, mayor será la necesidad de disciplinarlos; pero cuanto mayor sea ese ataque, mayores serán también las condiciones objetivas para su resistencia. Las marchas estudiantiles, la paralización portuaria y las movilizaciones de trabajadores públicos no constituyen todavía una respuesta política general al Gobierno. Son, sin embargo, señales de que debajo de la aparente tranquilidad institucional existe un proceso social que puede desarrollarse por caminos inesperados.

  La ausencia de una verdadera oposición dentro del régimen aumenta esta posibilidad. Mientras parlamentarios progresistas esperan fallos del Tribunal Constitucional, negocian indicaciones o discuten la correcta técnica constitucional de las reformas, el antagonismo social comienza inevitablemente a buscar otras formas de expresión. De allí que la tarea política central no sea defender la Constitución vigente contra la Constitución que quiere Kast. Tampoco regresar nostálgicamente al fracasado proceso constituyente ni imaginar una nueva Convención capaz de resolver mediante mejores normas jurídicas aquello que constituye una relación material entre las clases.

  La única Constitución verdaderamente existente es la correlación de fuerzas entre las clases sociales. Las constituciones escritas cristalizan relaciones de fuerza previamente establecidas. No las crean. La Constitución de 1980 fue posible porque antes existieron el golpe militar, la destrucción de las organizaciones obreras, los campos de concentración, los asesinatos, el exilio y una derrota histórica de la clase trabajadora. La institucionalidad posterior pudo modificarse porque esa relación de fuerzas fue cambiando, aunque nunca hasta el punto de producir una ruptura con el régimen social establecido.

  Esta es una vieja lección que el constitucionalismo progresista ha invertido sistemáticamente. No son las constituciones las que hacen las revoluciones. Son las revoluciones las que hacen las constituciones.

  La cuestión decisiva para los trabajadores no consiste entonces en encontrar una fórmula constitucional superior a la de Kast, sino en modificar la relación de fuerzas que hace posible su ofensiva. Organizar cada resistencia, extender cada huelga, vincular las luchas estudiantiles con las obreras, superar el aislamiento sectorial, construir organismos independientes de las burocracias y levantar una dirección política de los trabajadores capaz de disputar el poder.

  Porque frente al Estado contrainsurgente que la burguesía prepara preventivamente, la respuesta histórica de los explotados no puede ser otra arquitectura jurídica para administrar el mismo Estado. Tiene que ser la construcción de su propia fuerza social y política. Primero cambia la correlación de fuerzas. Primero las masas irrumpen en la historia. Primero se conquista el poder. Después se escriben las constituciones.