CANARIOS PAGAN UN 28% MÁS POR LA GASOLINA: UN MERCADO BAJO SOSPECHA

Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Llenar el depósito se ha convertido en un gasto cada vez más pesado para las familias canarias. En apenas un año, el coste de repostar ha aumentado alrededor de un 28%, mientras que el diésel, utilizado masivamente tanto por particulares como por el transporte profesional, se ha encarecido todavía más. Pero detrás de esta escalada existe una pregunta que cada vez resulta más difícil de evitar: si el petróleo puede bajar en los mercados internacionales, ¿por qué esas bajadas tardan tanto en aparecer en las gasolineras?

  Los últimos datos disponibles muestran la dimensión del problema. El gasóleo A costaba en Canarias una media de 1,533 euros por litro durante la semana del 3 al 9 de agosto, un 34,94% más que un año antes. La gasolina 95 alcanzaba los 1,450 euros, un 26,19% más. Las diferencias son todavía mayores en las denominadas islas verdes: el diésel superaba los 1,75 euros en La Gomera y La Palma y se situaba en 1,743 euros en El Hierro.

  No estamos, por tanto, ante una pequeña oscilación coyuntural. El combustible vuelve a convertirse en una vía por la que el aumento del coste de la energía se traslada a prácticamente toda la economía.

Una guerra que sigue pesando sobre el precio del petróleo

  Una parte importante de esta subida tiene su origen fuera de Canarias. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán alteró profundamente el mercado mundial del petróleo desde comienzos de este año, especialmente por las enormes dificultades para el tráfico energético a través del estrecho de Ormuz.

  Por esa vía circulaban normalmente cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados, aproximadamente una quinta parte del consumo mundial. La fuerte reducción de ese tráfico ha provocado lo que la Agencia Internacional de la Energía califica como la mayor interrupción de suministro de la historia del mercado petrolero.

  La consecuencia fue inmediata: menos oferta disponible, mayores costes de transporte y seguros, incertidumbre y una enorme volatilidad. El petróleo superó los 100 dólares por barril en determinados momentos y algunos productos refinados, especialmente el diésel, sufrieron subidas todavía mayores.

  El precio que pagamos en una gasolinera no es simplemente el precio del barril dividido entre un determinado número de litros. Entre ambos existen refinerías, grandes comercializadores, transporte, almacenamiento, distribuidores, impuestos y márgenes empresariales. Por eso una subida del petróleo puede explicar parte del encarecimiento, pero no explica automáticamente cuánto sube el combustible ni, sobre todo, por qué las reducciones posteriores no se trasladan con la misma rapidez.

Subir en dos días, bajar en casi dos semanas

  Aquí aparece uno de los datos más importantes conocidos hasta ahora.

  Los informes encargados por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias han detectado una “asimetría estructural” en la forma en que las variaciones internacionales llegan al surtidor.

  Cuando el petróleo sube, las estaciones trasladan ese encarecimiento al consumidor en apenas 48 o 72 horas. Cuando baja, en cambio, la reducción puede tardar entre 10 y 13 días, y además puede reflejar solamente una parte del descenso.

  Es el fenómeno conocido como “efecto cohete y pluma”: los precios ascienden como un cohete y descienden lentamente como una pluma.

  La cuestión es especialmente relevante porque desmonta la idea de que el precio del surtidor reproduce mecánicamente los movimientos internacionales. Si así fuera, cabría esperar una transmisión aproximadamente semejante en ambas direcciones. Pero los propios análisis oficiales canarios han encontrado una diferencia considerable entre la rapidez de las subidas y la lentitud de las bajadas.

  Esa diferencia beneficia objetivamente a quien vende el combustible y perjudica a quien necesita comprarlo.

Un mercado en pocas manos

  A esto se añade otro elemento fundamental. Cuatro enseñas concentran el 76,7% de toda la red de estaciones de servicio de Canarias, mientras que los operadores independientes tienen una presencia mucho menor.

  Esto no significa que pueda afirmarse sin pruebas que exista una concertación ilegal de precios. Pero una concentración tan elevada obliga a preguntarse hasta qué punto funciona realmente la competencia que, teóricamente, debería empujar los precios hacia abajo.

  Precisamente por ello el Gobierno de Canarias inició una campaña de inspección sobre 78 estaciones de servicio de todo el Archipiélago. Se está requiriendo documentación para analizar sus políticas de precios y determinar si las diferencias observadas responden simplemente al funcionamiento ordinario del mercado o si existen prácticas que requieran otras actuaciones. Los resultados pueden acabar en el Servicio de Defensa de la Competencia y, si aparecen indicios suficientes, abrir la puerta a procedimientos sancionadores.

  Aquí se encuentra una de las cuestiones de fondo. En un mercado muy concentrado, el consumidor posee muy poco poder. Quien necesita el coche para desplazarse al trabajo, quien transporta mercancías o quien trabaja como autónomo no puede decidir simplemente dejar de comprar combustible hasta que baje su precio.

Las grandes empresas, en cambio, sí tienen capacidad para repercutir rápidamente los incrementos de sus costes y proteger sus márgenes.

  Ante esta situación, el Gobierno central ha recurrido nuevamente a las rebajas fiscales.

  El Real Decreto-ley 18/2026 estableció inicialmente una reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. Pero incluyó una cláusula de salvaguarda: si el IPC interanual de gasolina o gasóleo superaba el 15% en julio, la rebaja de septiembre aumentaría hasta los 20 céntimos por litro.

   La medida aliviará la factura inmediata de millones de consumidores, pero no resuelve el problema de fondo. Cuando el Estado rebaja impuestos para impedir que la subida llegue íntegramente al consumidor, una parte de la crisis pasa a financiarse con menores ingresos públicos.

   Es decir: se socializa una parte del coste mientras permanece prácticamente intacta la estructura empresarial mediante la cual se forman los precios.

   En Canarias existen además bonificaciones específicas para determinadas islas no capitalinas, precisamente porque sus habitantes soportan históricamente precios superiores debido a sus particulares condiciones de abastecimiento y comercialización.

El petróleo explica mucho, pero no  todo

   La guerra contra Irán, las restricciones en Ormuz y las tensiones internacionales ayudan a entender por qué los carburantes se han encarecido tanto. Pero no deberían convertirse en una explicación que cierre cualquier discusión.

  Porque una cosa es explicar por qué aumenta el coste internacional de la energía y otra muy distinta explicar cómo ese aumento termina repartido entre empresas, consumidores y Estado.

  Los datos conocidos en Canarias plantean una pregunta incómoda: ¿por qué una subida internacional puede repercutirse en dos o tres días mientras una bajada necesita casi dos semanas para llegar solo parcialmente al surtidor?

   Las familias siguen pagando una factura cada vez mayor no solo cuando repostan. El combustible forma parte del coste del transporte de alimentos, mercancías y servicios. Cuando aumenta, una parte de esa subida termina trasladándose al precio de prácticamente todo lo que consumimos.

  Por eso el debate no debería reducirse a esperar que termine la próxima crisis internacional. El verdadero problema también está en quién controla la energía, cómo se forman los precios y quién tiene capacidad para protegerse cuando llegan las crisis.

  Porque cuando el petróleo sube, el trabajador paga rápidamente. Cuando baja, descubrir cuándo y cuánto de esa rebaja llega finalmente a su bolsillo resulta bastante más complicado.