CON EL ALTA EN EL BOLSILLO Y ATRAPADOS EN EL HOSPITAL: PACIENTES SIN SALIDA EN CANARIAS
Canarias afronta una crisis sociosanitaria que se extiende al conjunto del Estado
Canarias arrastra una grave falta de recursos sociosanitarios que mantiene a personas con el alta médica en los hospitales por no tener adónde ir. Un problema que desborda la sanidad, golpea a las familias y revela una crisis de los cuidados que afecta al conjunto del Estado.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En los hospitales de Canarias se produce desde hace años una situación tan absurda como reveladora: cientos de personas continúan ingresadas después de recibir el alta médica. No necesitan permanecer en un hospital, pero tampoco pueden marcharse. Son, principalmente, personas mayores, dependientes, enfermos crónicos o pacientes que necesitan cuidados continuados y no disponen de una plaza sociosanitaria ni de una alternativa adecuada en sus hogares.
La última gran denuncia pública llegó en diciembre de 2025. Asamblea 7 Islas cifró ante el Parlamento de Canarias en alrededor de 1.000 las personas con perfil sociosanitario que permanecían en camas hospitalarias, aproximadamente la mitad en centros públicos y la otra mitad en centros privados concertados. No existen datos públicos posteriores que permitan afirmar que esa cifra continúe siendo exactamente la misma en agosto de 2026. Pero el problema sigue existiendo y ha sido reconocido por el propio Gobierno autonómico.
La Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias 2026-2030, aprobada en marzo, admite que la falta de alternativas para quienes reciben el alta provoca hospitalizaciones prolongadas, sobrecarga al Servicio Canario de la Salud y dificulta disponer de camas para nuevos pacientes.
Por tanto, no estamos ante una simple denuncia sindical. Estamos ante una deficiencia estructural reconocida oficialmente.
El problema no son los pacientes: faltan alternativas
Conviene aclarar algo que con frecuencia se presenta al revés: estas personas no están bloqueando los hospitales. Son ellas quienes están bloqueadas dentro de ellos.
Una persona puede no necesitar atención hospitalaria y, sin embargo, ser incapaz de vivir sola. Puede necesitar ayuda para comer, asearse, levantarse o tomar medicamentos; sufrir deterioro cognitivo o requerir rehabilitación y vigilancia. Y su familia puede no existir o carecer de tiempo, dinero y condiciones materiales para asumir unos cuidados que en ocasiones son necesarios las 24 horas.
Cuando faltan residencias accesibles, centros de cuidados intermedios, plazas de rehabilitación o una atención domiciliaria suficientemente intensa, el hospital termina desempeñando una función para la que no fue concebido.
Las consecuencias afectan después a todo el sistema. Si una cama permanece ocupada después del alta, no puede utilizarla otro paciente procedente de Urgencias. Si las plantas están saturadas, Urgencias tampoco puede evacuar pacientes con rapidez. Y la falta de camas puede terminar afectando también a ingresos programados y actividad quirúrgica.
La crisis hospitalaria y la crisis de la dependencia no son, por tanto, dos problemas independientes.
El Gobierno anuncia una nueva estrategia
La situación ha cambiado respecto a años anteriores y sería incorrecto ignorarlo. El Gobierno canario aprobó en 2026 una estrategia sociosanitaria hasta 2030 con 66 acciones y una planificación económica superior a 1.326 millones de euros.
Entre sus objetivos figuran desarrollar cuidados intermedios, mejorar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, reforzar la atención domiciliaria y facilitar la transición de los pacientes desde el hospital hacia recursos más adecuados.
También han mejorado algunos indicadores de dependencia. Según el ISTAC, en junio de 2026 Canarias contabilizaba 86.500 solicitudes y 84.811 resoluciones de grado. El tiempo medio hasta la resolución de la prestación había descendido de 521 días un año antes a 314 días.
Es un avance importante, pero diez meses continúan siendo una espera enorme para una persona dependiente. Además, reconocer administrativamente un derecho no significa necesariamente que exista la plaza, el trabajador o el servicio necesario para hacerlo efectivo.
Y existe otra contradicción. La nueva estrategia contempla la colaboración público-privada, atribuye un papel relevante al sector empresarial e incluso plantea instrumentos para favorecer su participación en el mercado sociosanitario.
La cuestión fundamental es entonces quién proporcionará los cuidados y con qué objetivo. Porque financiar servicios con dinero público no significa necesariamente construir servicios públicos. Cuando los cuidados se convierten en negocio aparece inevitablemente una tensión entre dos intereses: satisfacer las necesidades de las personas y obtener rentabilidad.
No es solo Canarias: el problema afecta a todo el Estado
Canarias presenta carencias particularmente graves, pero forma parte de un problema estatal mucho mayor.
A comienzos de 2026, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calculó que España necesitaba más de 50.000 plazas residenciales adicionales para responder a la demanda existente de personas con dependencia severa y grandes dependientes.
La paradoja es que existen también plazas privadas vacías. El problema es dónde están y, fundamentalmente, quién puede pagarlas. Según los datos difundidos entonces, España disponía de más de 412.000 plazas residenciales, pero solo alrededor del 71% de las ocupadas contaba con alguna modalidad de financiación pública.
Una plaza disponible que una familia trabajadora no puede pagar no constituye una solución social.
La alternativa de mantener a las personas en sus hogares tampoco funciona sin recursos suficientes. Los datos correspondientes a 2024 situaban la atención domiciliaria de las personas mayores atendidas en una media de apenas 23,8 horas mensuales. Para alguien con gran dependencia, menos de una hora diaria resulta claramente insuficiente.
Por eso el problema termina llegando a los hospitales: cuando fallan la dependencia, las residencias, los cuidados intermedios y la ayuda domiciliaria, la sanidad acaba absorbiendo sus consecuencias.
La familia, el recurso invisible del sistema
Existe además un enorme trabajo que apenas aparece en las estadísticas. Durante décadas, buena parte de los cuidados ha recaído gratuitamente sobre las familias y, dentro de ellas, fundamentalmente sobre las mujeres.
Pero una hija que trabaja ocho horas no puede atender permanentemente a un padre con demencia. Una pensionista de 75 años difícilmente puede movilizar varias veces al día a su marido dependiente. Y una familia trabajadora no siempre puede pagar miles de euros mensuales por una residencia o contratar cuidados privados.
Aquí aparece el carácter profundamente social y de clase del problema. Quien dispone de recursos compra cuidados en el mercado. Quien no los tiene depende de unos servicios públicos insuficientes o del sacrificio familiar.
¿Quién debe cuidar?
Las personas con alta médica que permanecen en los hospitales son solo la manifestación más visible de una contradicción mucho mayor. Nuestra sociedad envejece y necesita cada vez más cuidados, pero seguimos considerando esos cuidados un gasto que debe contenerse, una responsabilidad privada de las familias o un mercado del que obtener beneficios.
La solución no consiste simplemente en sacar pacientes de los hospitales. Hay que construir una verdadera red pública de cuidados: residencias públicas, centros de día, unidades sociosanitarias intermedias, rehabilitación, atención domiciliaria suficiente y plantillas estables con condiciones laborales dignas.
Porque detrás de cada cama hospitalaria ocupada después de un alta no existe un problema de “eficiencia”. Existe una persona que necesita cuidados y una pregunta que el sistema todavía no sabe responder adecuadamente:
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En los hospitales de Canarias se produce desde hace años una situación tan absurda como reveladora: cientos de personas continúan ingresadas después de recibir el alta médica. No necesitan permanecer en un hospital, pero tampoco pueden marcharse. Son, principalmente, personas mayores, dependientes, enfermos crónicos o pacientes que necesitan cuidados continuados y no disponen de una plaza sociosanitaria ni de una alternativa adecuada en sus hogares.
La última gran denuncia pública llegó en diciembre de 2025. Asamblea 7 Islas cifró ante el Parlamento de Canarias en alrededor de 1.000 las personas con perfil sociosanitario que permanecían en camas hospitalarias, aproximadamente la mitad en centros públicos y la otra mitad en centros privados concertados. No existen datos públicos posteriores que permitan afirmar que esa cifra continúe siendo exactamente la misma en agosto de 2026. Pero el problema sigue existiendo y ha sido reconocido por el propio Gobierno autonómico.
La Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias 2026-2030, aprobada en marzo, admite que la falta de alternativas para quienes reciben el alta provoca hospitalizaciones prolongadas, sobrecarga al Servicio Canario de la Salud y dificulta disponer de camas para nuevos pacientes.
Por tanto, no estamos ante una simple denuncia sindical. Estamos ante una deficiencia estructural reconocida oficialmente.
El problema no son los pacientes: faltan alternativas
Conviene aclarar algo que con frecuencia se presenta al revés: estas personas no están bloqueando los hospitales. Son ellas quienes están bloqueadas dentro de ellos.
Una persona puede no necesitar atención hospitalaria y, sin embargo, ser incapaz de vivir sola. Puede necesitar ayuda para comer, asearse, levantarse o tomar medicamentos; sufrir deterioro cognitivo o requerir rehabilitación y vigilancia. Y su familia puede no existir o carecer de tiempo, dinero y condiciones materiales para asumir unos cuidados que en ocasiones son necesarios las 24 horas.
Cuando faltan residencias accesibles, centros de cuidados intermedios, plazas de rehabilitación o una atención domiciliaria suficientemente intensa, el hospital termina desempeñando una función para la que no fue concebido.
Las consecuencias afectan después a todo el sistema. Si una cama permanece ocupada después del alta, no puede utilizarla otro paciente procedente de Urgencias. Si las plantas están saturadas, Urgencias tampoco puede evacuar pacientes con rapidez. Y la falta de camas puede terminar afectando también a ingresos programados y actividad quirúrgica.
La crisis hospitalaria y la crisis de la dependencia no son, por tanto, dos problemas independientes.
El Gobierno anuncia una nueva estrategia
La situación ha cambiado respecto a años anteriores y sería incorrecto ignorarlo. El Gobierno canario aprobó en 2026 una estrategia sociosanitaria hasta 2030 con 66 acciones y una planificación económica superior a 1.326 millones de euros.
Entre sus objetivos figuran desarrollar cuidados intermedios, mejorar la coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales, reforzar la atención domiciliaria y facilitar la transición de los pacientes desde el hospital hacia recursos más adecuados.
También han mejorado algunos indicadores de dependencia. Según el ISTAC, en junio de 2026 Canarias contabilizaba 86.500 solicitudes y 84.811 resoluciones de grado. El tiempo medio hasta la resolución de la prestación había descendido de 521 días un año antes a 314 días.
Es un avance importante, pero diez meses continúan siendo una espera enorme para una persona dependiente. Además, reconocer administrativamente un derecho no significa necesariamente que exista la plaza, el trabajador o el servicio necesario para hacerlo efectivo.
Y existe otra contradicción. La nueva estrategia contempla la colaboración público-privada, atribuye un papel relevante al sector empresarial e incluso plantea instrumentos para favorecer su participación en el mercado sociosanitario.
La cuestión fundamental es entonces quién proporcionará los cuidados y con qué objetivo. Porque financiar servicios con dinero público no significa necesariamente construir servicios públicos. Cuando los cuidados se convierten en negocio aparece inevitablemente una tensión entre dos intereses: satisfacer las necesidades de las personas y obtener rentabilidad.
No es solo Canarias: el problema afecta a todo el Estado
Canarias presenta carencias particularmente graves, pero forma parte de un problema estatal mucho mayor.
A comienzos de 2026, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calculó que España necesitaba más de 50.000 plazas residenciales adicionales para responder a la demanda existente de personas con dependencia severa y grandes dependientes.
La paradoja es que existen también plazas privadas vacías. El problema es dónde están y, fundamentalmente, quién puede pagarlas. Según los datos difundidos entonces, España disponía de más de 412.000 plazas residenciales, pero solo alrededor del 71% de las ocupadas contaba con alguna modalidad de financiación pública.
Una plaza disponible que una familia trabajadora no puede pagar no constituye una solución social.
La alternativa de mantener a las personas en sus hogares tampoco funciona sin recursos suficientes. Los datos correspondientes a 2024 situaban la atención domiciliaria de las personas mayores atendidas en una media de apenas 23,8 horas mensuales. Para alguien con gran dependencia, menos de una hora diaria resulta claramente insuficiente.
Por eso el problema termina llegando a los hospitales: cuando fallan la dependencia, las residencias, los cuidados intermedios y la ayuda domiciliaria, la sanidad acaba absorbiendo sus consecuencias.
La familia, el recurso invisible del sistema
Existe además un enorme trabajo que apenas aparece en las estadísticas. Durante décadas, buena parte de los cuidados ha recaído gratuitamente sobre las familias y, dentro de ellas, fundamentalmente sobre las mujeres.
Pero una hija que trabaja ocho horas no puede atender permanentemente a un padre con demencia. Una pensionista de 75 años difícilmente puede movilizar varias veces al día a su marido dependiente. Y una familia trabajadora no siempre puede pagar miles de euros mensuales por una residencia o contratar cuidados privados.
Aquí aparece el carácter profundamente social y de clase del problema. Quien dispone de recursos compra cuidados en el mercado. Quien no los tiene depende de unos servicios públicos insuficientes o del sacrificio familiar.
¿Quién debe cuidar?
Las personas con alta médica que permanecen en los hospitales son solo la manifestación más visible de una contradicción mucho mayor. Nuestra sociedad envejece y necesita cada vez más cuidados, pero seguimos considerando esos cuidados un gasto que debe contenerse, una responsabilidad privada de las familias o un mercado del que obtener beneficios.
La solución no consiste simplemente en sacar pacientes de los hospitales. Hay que construir una verdadera red pública de cuidados: residencias públicas, centros de día, unidades sociosanitarias intermedias, rehabilitación, atención domiciliaria suficiente y plantillas estables con condiciones laborales dignas.
Porque detrás de cada cama hospitalaria ocupada después de un alta no existe un problema de “eficiencia”. Existe una persona que necesita cuidados y una pregunta que el sistema todavía no sabe responder adecuadamente:
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