GRAN CANARIA: 174 MILLONES DE DINERO PÚBLICO PARA UN CLUB PRIVADO Y EL NEGOCIO DEL FÚTBOL
Organizaciones sociales, sindicales y políticas rechazan el "despilfarro de recursos públicos"
La reforma del Estadio de Gran Canaria costará casi 235 millones, de los que 174 saldrán de las arcas públicas. Mientras la UD Las Palmas aspira a explotar el recinto, la isla acumula miles de pacientes en espera, falta de vivienda pública y centenares de plazas sociosanitarias pendientes de financiación.
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
![[Img #93674]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2026/5587_carlitos.jpg)
El Cabildo de Gran Canaria ha sacado nuevamente a licitación la reforma integral del Estadio de Gran Canaria, después de que el primer concurso, presupuestado en 174,7 millones de euros, quedara desierto, y ha elevado su presupuesto hasta casi 235 millones de euros. La decisión, adoptada con la vista puesta en el Mundial de Fútbol de 2030, ha provocado el rechazo de más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que reclaman la anulación del proyecto por considerarlo un despilfarro de recursos públicos en plena crisis social.
En apenas año y medio, el proyecto ha pasado de una estimación inicial de 101,2 millones a más del doble. La obra servirá para ampliar el aforo de 32.418 a 44.020 espectadores, construir una nueva cubierta, modernizar las instalaciones y cumplir las exigencias de la FIFA para el Mundial de 2030.
Las organizaciones sindicales, sociales y políticas que reclaman la retirada de la licitación denuncian que la operación constituye un “despilfarro” incompatible con la emergencia habitacional y con las carencias que arrastran la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero el problema no reside solamente en el tamaño de la factura. La cuestión decisiva es quién asume el coste, quién explotará posteriormente la instalación y hacia qué necesidades sociales se orientan las prioridades presupuestarias.
NO TODO SERÁ DINERO PÚBLICO, PERO CASI TRES CUARTAS PARTES SÍ
De los 235 millones de euros licitados para esta obra, 134 millones serán del Cabildo de Gran Canaria, 25 millones del Gobierno canario, 15 millones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que los restantes 60 millones están comprometidos por la Unión Deportiva Las Palmas.
Ello implica que alrededor de 174 millones —el 74% del coste— saldrán de las arcas públicas, mientras que la sociedad anónima deportiva que se convertirá en el beneficiario de la obra aportaría aproximadamente una cuarta parte. El Cabildo negocia también una posible participación del Estado, que, de materializarse, aumentaría todavía más el porcentaje de financiación pública o aliviaría la contribución insular.
La aportación de la UD Las Palmas, además, aparece por ahora recogida en un protocolo de carácter programático, no en un contrato definitivo. El propio club ha explicado que esos 60 millones acercan la posibilidad de gestionar el complejo después del Mundial. Lo que existe, por tanto, es una inversión privada condicionada a la expectativa de participar en la futura explotación de una infraestructura construida mayoritariamente con recursos públicos.
La distinción resulta importante. No estamos ante una empresa que levanta su estadio con su capital, asume el riesgo y responde de sus pérdidas. La Administración financiará la mayor parte de la transformación de un recinto público para adaptarlo principalmente a las necesidades del fútbol profesional y después negociará su cogestión con la empresa que lo utiliza.
LA FACTURA CRECE, PERO EL RIESGO SIGUE SIENDO PÚBLICO
La primera licitación quedó desierta porque las constructoras consideraron insuficiente el presupuesto. Según explicó la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, el precio se encontraba aproximadamente un 40% por debajo del coste de mercado. La respuesta institucional ha sido elevar la cantidad en 60 millones, un 34,5%.
Este incremento permite formular una pregunta elemental: si vuelven a producirse sobrecostes, modificaciones de obra o nuevas exigencias técnicas, ¿quién pondrá el dinero adicional? La experiencia de las grandes infraestructuras vinculadas a acontecimientos internacionales aconseja no confundir el precio de licitación con la factura definitiva.
También faltan por conocerse las condiciones concretas de la futura explotación. La UD Las Palmas es una sociedad anónima deportiva presidida y controlada por Miguel Ángel Ramírez. Posee un indudable arraigo popular, pero jurídicamente es una empresa privada. La identificación sentimental de miles de aficionados con el equipo no convierte en públicos sus ingresos por entradas, palcos, restauración, publicidad, conciertos, derechos comerciales o alquileres.
Antes de comprometer la obra deberían publicarse las condiciones esenciales del futuro convenio: duración de la concesión, canon que pagaría el club, distribución de ingresos, mantenimiento, acceso de otras disciplinas deportivas, celebración de actos públicos y consecuencias de un eventual incumplimiento de los 60 millones prometidos. Sin esas respuestas, la llamada “cogestión” puede terminar significando que las administraciones asumen la inversión y el riesgo mientras la sociedad privada obtiene la parte más rentable de la explotación.
DEL ESTADIO OLÍMPICO A UNA INSTALACIÓN PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL
Los colectivos que rechazan este proyecto recuerdan que el Estadio de Gran Canaria fue concebido como una instalación olímpica abierta a diferentes disciplinas. La reforma, sin embargo, lo transforma progresivamente en un recinto especializado en fútbol profesional y grandes acontecimientos.
El deporte popular no necesita prioritariamente cubiertas monumentales, zonas comerciales o palcos adaptados a la FIFA. Necesita campos municipales conservados, piscinas accesibles, instalaciones en los barrios, monitores, ayudas para familias sin recursos y programas deportivos públicos. Una fracción del presupuesto que se dedicará a esta obras permitiría mejorar decenas de recintos utilizados diariamente por escolares, clubes modestos, mayores y deportistas aficionados.
El Mundial opera, así como, un acelerador político. Permite presentar como urgente una inversión que en otras circunstancias tendría dificultades para situarse por delante de necesidades mucho más graves. Las exigencias de la FIFA adquieren capacidad para organizar el gasto público mientras las demandas de pacientes, dependientes, familias sin vivienda o comunidades educativas pueden esperar durante años.
LO QUE PODRÍA HACERSE CON 174 MILLONES PÚBLICOS
Aunque los recursos dedicados a este proyecto no podrían trasladarse automáticamente a otras partidas, un análisis comparativo de lo que podría hacerse con lo s174 millones de euros públicos comprometidos permite medir la magnitud de la decisión.
En materia de vivienda, el convenio de 2025 entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Consorcio insular prevé invertir 58 millones para construir 472 viviendas públicas en Gran Canaria. El coste medio aproximado es de 123.000 euros por vivienda. Manteniendo esa referencia, los 174 millones públicos destinados al estadio equivaldrían a unas 1.400 viviendas protegidas: casi tres veces toda aquella promoción insular.
La comparación resulta especialmente relevante cuando Las Palmas de Gran Canaria registra precios de compra cercanos a 2.840 euros por metro cuadrado y un crecimiento interanual del 14,8%. La vivienda pública no solucionaría por sí sola la especulación inmobiliaria, el alquiler vacacional ni la acumulación de inmuebles vacíos, pero permitiría crear un parque estable de alquiler social capaz de sacar a miles de personas de la dependencia del mercado privado.
En sanidad, los datos oficiales de diciembre de 2025 registraban 32.131 pacientes en espera quirúrgica en Canarias. Solo los hospitales públicos de Gran Canaria acumulaban alrededor de 13.800: 4.088 en el Doctor Negrín, 1.064 en el Materno-Infantil y 8.641 en el Insular. A ello se añadieron posteriormente las consultas, operaciones y pruebas suspendidas durante la huelga médica. Una inversión extraordinaria de 174 millones podría financiar durante varios años más plantillas, quirófanos de tarde, equipos diagnósticos, atención primaria y servicios de salud mental. No eliminaría automáticamente las listas —también hacen falta profesionales disponibles y planificación—, pero desmonta la idea de que no existen recursos para reforzar el sistema.
En dependencia, el propio Cabildo denunció que la insuficiencia de financiación autonómica ponía en peligro 428 nuevas plazas para mayores y personas con discapacidad, la apertura de centros en Tamaraceite y La Paterna y 131.000 horas de atención domiciliaria. El incremento reclamado para actualizar convenios y desarrollar esas prestaciones ascendía a unos 51 millones. La aportación pública al estadio multiplica por más de tres esa cantidad.
En educación, la desproporción resulta todavía más significativa. El Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias 2024-2035 contempla alrededor de 235 millones para actuar durante once años en el conjunto del archipiélago: prácticamente lo mismo que costará una sola reforma deportiva. En marzo de 2026, la borrasca Therese causó goteras, inundaciones y desprendimientos en 50 centros canarios, 24 de ellos en Gran Canaria. Los daños educativos se valoraron en más de diez millones. Con los 174 millones públicos podrían repararse edificios envejecidos, adaptar aulas al calor, retirar instalaciones provisionales y reforzar la orientación y la atención psicológica ante los centenares de casos graves de salud mental detectados entre el alumnado.
UN MUNDIAL AL SERVICIO DE INTERESES MUY CONCRETOS
Los colectivos que se oponen al sostenimiento de este proyecto con fondos públicos también rechazan que el Mundial sirva para legitimar a la monarquía marroquí, potencia ocupante del Sáhara Occidental. Las instituciones canarias proclaman su solidaridad con el pueblo saharaui mientras participan en un acontecimiento organizado conjuntamente con Marruecos y movilizan centenares de millones para satisfacer las condiciones del torneo.
Sin embargo, el núcleo material de la controversia permanece en Gran Canaria: el uso del Mundial para justificar una infraestructura cuyo coste será mayoritariamente socializado y cuya explotación futura beneficiará a una sociedad privada controlada por un empresario multimillonario que, durante muchos años, ya ha sido favorecido con la concesión de numerosos contratos por las más diversas administraciones del Estado.
Fuentes consultadas
RTVC: financiación de la reforma del Estadio de Gran Canaria
UD Las Palmas: compromiso de aportar 60 millones y expectativa de gestión
Canarias Ahora: comunicado de los colectivos contrarios a la licitación
Servicio Canario de la Salud: listas de espera a 31 de diciembre de 2025
BOC: convenio para cinco promociones de vivienda pública en Gran Canaria
RTVC: 428 plazas de dependencia y 131.000 horas de atención domiciliaria
Gobierno de Canarias: adaptación climática de los centros educativos
Cadena SER: daños en 50 centros educativos, 24 de ellos en Gran Canaria
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Cabildo de Gran Canaria ha sacado nuevamente a licitación la reforma integral del Estadio de Gran Canaria, después de que el primer concurso, presupuestado en 174,7 millones de euros, quedara desierto, y ha elevado su presupuesto hasta casi 235 millones de euros. La decisión, adoptada con la vista puesta en el Mundial de Fútbol de 2030, ha provocado el rechazo de más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que reclaman la anulación del proyecto por considerarlo un despilfarro de recursos públicos en plena crisis social.
En apenas año y medio, el proyecto ha pasado de una estimación inicial de 101,2 millones a más del doble. La obra servirá para ampliar el aforo de 32.418 a 44.020 espectadores, construir una nueva cubierta, modernizar las instalaciones y cumplir las exigencias de la FIFA para el Mundial de 2030.
Las organizaciones sindicales, sociales y políticas que reclaman la retirada de la licitación denuncian que la operación constituye un “despilfarro” incompatible con la emergencia habitacional y con las carencias que arrastran la sanidad, la educación y los servicios sociales. Pero el problema no reside solamente en el tamaño de la factura. La cuestión decisiva es quién asume el coste, quién explotará posteriormente la instalación y hacia qué necesidades sociales se orientan las prioridades presupuestarias.
NO TODO SERÁ DINERO PÚBLICO, PERO CASI TRES CUARTAS PARTES SÍ
De los 235 millones de euros licitados para esta obra, 134 millones serán del Cabildo de Gran Canaria, 25 millones del Gobierno canario, 15 millones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que los restantes 60 millones están comprometidos por la Unión Deportiva Las Palmas.
Ello implica que alrededor de 174 millones —el 74% del coste— saldrán de las arcas públicas, mientras que la sociedad anónima deportiva que se convertirá en el beneficiario de la obra aportaría aproximadamente una cuarta parte. El Cabildo negocia también una posible participación del Estado, que, de materializarse, aumentaría todavía más el porcentaje de financiación pública o aliviaría la contribución insular.
La aportación de la UD Las Palmas, además, aparece por ahora recogida en un protocolo de carácter programático, no en un contrato definitivo. El propio club ha explicado que esos 60 millones acercan la posibilidad de gestionar el complejo después del Mundial. Lo que existe, por tanto, es una inversión privada condicionada a la expectativa de participar en la futura explotación de una infraestructura construida mayoritariamente con recursos públicos.
La distinción resulta importante. No estamos ante una empresa que levanta su estadio con su capital, asume el riesgo y responde de sus pérdidas. La Administración financiará la mayor parte de la transformación de un recinto público para adaptarlo principalmente a las necesidades del fútbol profesional y después negociará su cogestión con la empresa que lo utiliza.
LA FACTURA CRECE, PERO EL RIESGO SIGUE SIENDO PÚBLICO
La primera licitación quedó desierta porque las constructoras consideraron insuficiente el presupuesto. Según explicó la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, el precio se encontraba aproximadamente un 40% por debajo del coste de mercado. La respuesta institucional ha sido elevar la cantidad en 60 millones, un 34,5%.
Este incremento permite formular una pregunta elemental: si vuelven a producirse sobrecostes, modificaciones de obra o nuevas exigencias técnicas, ¿quién pondrá el dinero adicional? La experiencia de las grandes infraestructuras vinculadas a acontecimientos internacionales aconseja no confundir el precio de licitación con la factura definitiva.
También faltan por conocerse las condiciones concretas de la futura explotación. La UD Las Palmas es una sociedad anónima deportiva presidida y controlada por Miguel Ángel Ramírez. Posee un indudable arraigo popular, pero jurídicamente es una empresa privada. La identificación sentimental de miles de aficionados con el equipo no convierte en públicos sus ingresos por entradas, palcos, restauración, publicidad, conciertos, derechos comerciales o alquileres.
Antes de comprometer la obra deberían publicarse las condiciones esenciales del futuro convenio: duración de la concesión, canon que pagaría el club, distribución de ingresos, mantenimiento, acceso de otras disciplinas deportivas, celebración de actos públicos y consecuencias de un eventual incumplimiento de los 60 millones prometidos. Sin esas respuestas, la llamada “cogestión” puede terminar significando que las administraciones asumen la inversión y el riesgo mientras la sociedad privada obtiene la parte más rentable de la explotación.
DEL ESTADIO OLÍMPICO A UNA INSTALACIÓN PARA EL FÚTBOL PROFESIONAL
Los colectivos que rechazan este proyecto recuerdan que el Estadio de Gran Canaria fue concebido como una instalación olímpica abierta a diferentes disciplinas. La reforma, sin embargo, lo transforma progresivamente en un recinto especializado en fútbol profesional y grandes acontecimientos.
El deporte popular no necesita prioritariamente cubiertas monumentales, zonas comerciales o palcos adaptados a la FIFA. Necesita campos municipales conservados, piscinas accesibles, instalaciones en los barrios, monitores, ayudas para familias sin recursos y programas deportivos públicos. Una fracción del presupuesto que se dedicará a esta obras permitiría mejorar decenas de recintos utilizados diariamente por escolares, clubes modestos, mayores y deportistas aficionados.
El Mundial opera, así como, un acelerador político. Permite presentar como urgente una inversión que en otras circunstancias tendría dificultades para situarse por delante de necesidades mucho más graves. Las exigencias de la FIFA adquieren capacidad para organizar el gasto público mientras las demandas de pacientes, dependientes, familias sin vivienda o comunidades educativas pueden esperar durante años.
LO QUE PODRÍA HACERSE CON 174 MILLONES PÚBLICOS
Aunque los recursos dedicados a este proyecto no podrían trasladarse automáticamente a otras partidas, un análisis comparativo de lo que podría hacerse con lo s174 millones de euros públicos comprometidos permite medir la magnitud de la decisión.
En materia de vivienda, el convenio de 2025 entre el Instituto Canario de la Vivienda y el Consorcio insular prevé invertir 58 millones para construir 472 viviendas públicas en Gran Canaria. El coste medio aproximado es de 123.000 euros por vivienda. Manteniendo esa referencia, los 174 millones públicos destinados al estadio equivaldrían a unas 1.400 viviendas protegidas: casi tres veces toda aquella promoción insular.
La comparación resulta especialmente relevante cuando Las Palmas de Gran Canaria registra precios de compra cercanos a 2.840 euros por metro cuadrado y un crecimiento interanual del 14,8%. La vivienda pública no solucionaría por sí sola la especulación inmobiliaria, el alquiler vacacional ni la acumulación de inmuebles vacíos, pero permitiría crear un parque estable de alquiler social capaz de sacar a miles de personas de la dependencia del mercado privado.
En sanidad, los datos oficiales de diciembre de 2025 registraban 32.131 pacientes en espera quirúrgica en Canarias. Solo los hospitales públicos de Gran Canaria acumulaban alrededor de 13.800: 4.088 en el Doctor Negrín, 1.064 en el Materno-Infantil y 8.641 en el Insular. A ello se añadieron posteriormente las consultas, operaciones y pruebas suspendidas durante la huelga médica. Una inversión extraordinaria de 174 millones podría financiar durante varios años más plantillas, quirófanos de tarde, equipos diagnósticos, atención primaria y servicios de salud mental. No eliminaría automáticamente las listas —también hacen falta profesionales disponibles y planificación—, pero desmonta la idea de que no existen recursos para reforzar el sistema.
En dependencia, el propio Cabildo denunció que la insuficiencia de financiación autonómica ponía en peligro 428 nuevas plazas para mayores y personas con discapacidad, la apertura de centros en Tamaraceite y La Paterna y 131.000 horas de atención domiciliaria. El incremento reclamado para actualizar convenios y desarrollar esas prestaciones ascendía a unos 51 millones. La aportación pública al estadio multiplica por más de tres esa cantidad.
En educación, la desproporción resulta todavía más significativa. El Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias 2024-2035 contempla alrededor de 235 millones para actuar durante once años en el conjunto del archipiélago: prácticamente lo mismo que costará una sola reforma deportiva. En marzo de 2026, la borrasca Therese causó goteras, inundaciones y desprendimientos en 50 centros canarios, 24 de ellos en Gran Canaria. Los daños educativos se valoraron en más de diez millones. Con los 174 millones públicos podrían repararse edificios envejecidos, adaptar aulas al calor, retirar instalaciones provisionales y reforzar la orientación y la atención psicológica ante los centenares de casos graves de salud mental detectados entre el alumnado.
UN MUNDIAL AL SERVICIO DE INTERESES MUY CONCRETOS
Los colectivos que se oponen al sostenimiento de este proyecto con fondos públicos también rechazan que el Mundial sirva para legitimar a la monarquía marroquí, potencia ocupante del Sáhara Occidental. Las instituciones canarias proclaman su solidaridad con el pueblo saharaui mientras participan en un acontecimiento organizado conjuntamente con Marruecos y movilizan centenares de millones para satisfacer las condiciones del torneo.
Sin embargo, el núcleo material de la controversia permanece en Gran Canaria: el uso del Mundial para justificar una infraestructura cuyo coste será mayoritariamente socializado y cuya explotación futura beneficiará a una sociedad privada controlada por un empresario multimillonario que, durante muchos años, ya ha sido favorecido con la concesión de numerosos contratos por las más diversas administraciones del Estado.
Fuentes consultadas
RTVC: financiación de la reforma del Estadio de Gran Canaria
UD Las Palmas: compromiso de aportar 60 millones y expectativa de gestión
Canarias Ahora: comunicado de los colectivos contrarios a la licitación
Servicio Canario de la Salud: listas de espera a 31 de diciembre de 2025
BOC: convenio para cinco promociones de vivienda pública en Gran Canaria
RTVC: 428 plazas de dependencia y 131.000 horas de atención domiciliaria
Gobierno de Canarias: adaptación climática de los centros educativos
Cadena SER: daños en 50 centros educativos, 24 de ellos en Gran Canaria
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