LA SANIDAD PÚBLICA PAGA, LA PRIVADA FACTURA: ¿QUIÉN CONTROLA EL DINERO QUE SALE DEL SCS?

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha reclamado que se haga pública toda la información relativa al dinero que el Servicio Canario de la Salud destina a empresas y centros sanitarios privados. El sindicato exige conocer quién recibe esos fondos, cuánto cobra cada empresa, qué servicios presta y qué resultados asistenciales se obtienen a cambio.

   Según denuncia Intersindical, el Gobierno autonómico continúa abonando gastos sanitarios mediante procedimientos de nulidad, es decir, actuaciones que no habrían seguido previamente los controles ordinarios establecidos para la contratación pública. El sindicato sostiene que esta situación afecta a una parte muy significativa de los conciertos y derivaciones realizados hacia la sanidad privada y señala que la Audiencia de Cuentas de Canarias también ha advertido sobre el empleo de este tipo de procedimientos.

Saber quién cobra, cuánto y por qué

  “Es imprescindible que se conozca públicamente y con absoluta transparencia a qué empresas llegan estos fondos, qué servicios se contratan, cuánto se paga por ellos y qué resultados se obtienen”, afirma Intersindical Canaria.

   El sindicato reclama además que se realice una comparación elemental: calcular cuánto costaría prestar esos mismos servicios aumentando los recursos y la capacidad asistencial de la sanidad pública.

  La denuncia se produce en un contexto en el que la contratación sanitaria con empresas privadas se ha convertido en una parte creciente del sistema sanitario. La propia legislación canaria permite al Servicio Canario de la Salud concertar asistencia con centros privados, y una Orden de la Consejería de Sanidad publicada en junio de 2024 regula precisamente las tarifas máximas aplicables a estos conciertos y establece un amplio catálogo de prestaciones susceptibles de ser contratadas externamente.

  El propio Servicio Canario de la Salud mantiene publicada una relación de contratos y conciertos sanitarios vigentes. En ella aparecen distintos grupos y centros privados que reciben pacientes derivados desde el sistema público para hospitalización, pruebas, tratamientos u otras prestaciones asistenciales.

 El debate planteado por Intersindical Canaria, por tanto, no se limita a la existencia legal de conciertos con empresas privadas. Lo que cuestiona el sindicato es el creciente trasvase de recursos públicos hacia operadores privados mientras continúan existiendo importantes carencias dentro de la propia red pública.

Una práctica excepcional que se repite

  La Audiencia de Cuentas de Canarias aporta elementos que ayudan a dimensionar el problema. En su fiscalización de la Cuenta General correspondiente a 2023 señalaba que el Servicio Canario de la Salud había tramitado mediante declaraciones de nulidad expedientes por un importe de 547,3 millones de euros, frente a 454,3 millones en el ejercicio anterior.

  El órgano fiscalizador advertía además de que no se había cumplido el objetivo de reducir tanto la contratación menor como los expedientes tramitados mediante esta fórmula.

  La utilización repetida de procedimientos concebidos como excepcionales permite plantear una cuestión de fondo: cuándo una situación inicialmente extraordinaria deja de ser una excepción y pasa a convertirse en una forma habitual de funcionamiento administrativo.

  A ello se añade otro antecedente especialmente relevante. La Audiencia de Cuentas realizó una fiscalización específica sobre las prestaciones sanitarias concertadas por el Servicio Canario de la Salud. Aunque el estudio examinaba los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2015, sus conclusiones mostraban problemas estructurales relacionados con el control de los conciertos privados. La fiscalización analizaba precisamente la evolución de las prestaciones concertadas y la existencia de mecanismos adecuados para controlar esa actividad.

Las listas de espera siguen marcando el debate

  El asunto adquiere todavía mayor importancia cuando se observa la situación de las listas de espera. Al finalizar 2024 había en Canarias 32.948 personas incluidas en la lista de espera quirúrgica estructural. De ellas, 7.252 llevaban esperando una intervención más de seis meses. La demora media del conjunto del sistema era de 122 días, aunque en hospitales como el Universitario de Canarias superaba los 162 días.

  Las derivaciones hacia centros privados suelen presentarse precisamente como una manera de aliviar estas listas de espera. Pero ahí aparece una de las preguntas centrales formuladas por Intersindical Canaria: si una cantidad creciente de dinero público se utiliza para contratar actividad sanitaria privada, resulta necesario conocer con detalle qué resultados concretos proporciona ese gasto y compararlos con los que podrían obtenerse destinando esos mismos recursos al aumento de la capacidad pública.

  No es una cuestión exclusivamente contable. Detrás de cada derivación existe una decisión sobre dónde se invierte el dinero disponible. Una administración puede utilizar recursos públicos para comprar temporalmente operaciones, camas hospitalarias, pruebas diagnósticas o consultas a empresas privadas. Pero también puede emplearlos para ampliar plantillas, abrir quirófanos durante más horas, adquirir equipamiento, reforzar la atención primaria o aumentar la capacidad de diagnóstico de sus propios centros.

Comprar servicios o reforzar la capacidad pública

  Intersindical Canaria sostiene que los recursos destinados a garantizar el derecho a la salud deberían utilizarse prioritariamente para mejorar infraestructuras públicas, adquirir equipamiento y crear puestos de trabajo estructurales que permitan aumentar tanto el personal sanitario como el no sanitario.

  Para la organización sindical, la reducción de las listas de espera requiere fundamentalmente una financiación suficiente y plantillas estables. Desde esa perspectiva, las derivaciones continuadas hacia empresas privadas no solucionarían el problema de fondo, porque permiten comprar determinada actividad asistencial pero no aumentan necesariamente la capacidad permanente del sistema público.

  Existe además una diferencia económica fundamental entre ambas opciones. Cuando la Administración financia directamente instalaciones, equipos y trabajadores públicos, esos recursos permanecen dentro de una estructura colectiva destinada a prestar servicios a toda la población. Cuando compra la prestación a una empresa, una parte del dinero público se convierte necesariamente en facturación empresarial y entra en una estructura económica cuya reproducción depende de mantener clientes, contratos y actividad.

  De ahí que el crecimiento de los conciertos pueda producir una relación contradictoria: cuanto mayores sean las carencias del sistema público, mayor será la necesidad inmediata de recurrir a proveedores privados; y cuanto más dinero se destine de forma permanente a comprar servicios fuera de la red pública, más difícil puede resultar desarrollar dentro de ella toda la capacidad necesaria.

La transparencia como cuestión política

  Por eso la transparencia reclamada por Intersindical Canaria resulta especialmente relevante. No basta con conocer el volumen global del gasto. Para poder juzgar políticamente la utilización de los recursos públicos sería necesario disponer de información comprensible sobre las empresas beneficiarias, las cantidades percibidas, las prestaciones realizadas, su coste por paciente y los resultados asistenciales conseguidos.

  El Servicio Canario de la Salud dispone incluso de un Servicio Central de Inspección y Conciertos al que corresponde evaluar y controlar los conciertos y contratos sanitarios. La cuestión planteada ahora por Intersindical Canaria es que esa información llegue también a la ciudadanía con suficiente detalle.

  Porque detrás de esta discusión existe una pregunta mucho más sencilla: si cientos de millones de euros procedentes de los impuestos terminan financiando servicios sanitarios externos, los ciudadanos deberían poder saber exactamente dónde termina cada parte significativa de ese dinero y qué obtiene a cambio la sanidad pública.

Qué modelo sanitario se está construyendo

  Intersindical Canaria responsabiliza especialmente a las políticas desarrolladas por Coalición Canaria y el Partido Popular y sostiene que determinados responsables políticos continúan considerando las concesiones y las derivaciones hacia la sanidad privada como una oportunidad de negocio.

  Más allá de esa valoración política, los datos existentes muestran que Canarias mantiene una importante estructura de conciertos sanitarios y que los procedimientos administrativos empleados para gestionar parte del gasto sanitario han provocado advertencias de los órganos fiscalizadores. Por eso la petición de conocer quién cobra, cuánto cobra, qué presta y con qué resultados plantea un debate que difícilmente puede reducirse a una cuestión técnica.

  Se trata, en última instancia, de decidir qué sistema sanitario se quiere construir y hacia dónde deben dirigirse prioritariamente los recursos colectivos: hacia el fortalecimiento de una capacidad sanitaria pública propia o hacia una dependencia cada vez mayor de empresas privadas para resolver las insuficiencias creadas en es misma red pública por su progresiva descapitalización.