Por MIGUEL HERNÁNDEZ BENÁRDEZ  PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.- 

   La sanidad no es un negocio cualquiera. Cuando una persona entra en un hospital lo hace porque necesita ayuda, no porque quiera convertirse en un cliente. Por eso conviene hacerse una pregunta sencilla:

     ¿Queremos un sistema que ponga en el centro a los pacientes o uno que priorice los intereses económicos de los accionistas?

   En España existe desde hace años un debate sobre el papel que deben tener la sanidad pública y la gestión privada de determinados servicios.

   Muchas personas consideran que determinadas reformas, entre ellas la Ley 15/1997, abrieron la puerta a una mayor participación de empresas privadas en la gestión sanitaria. Quienes critican esa evolución temen que, poco a poco, el interés económico termine teniendo más peso que el derecho a la salud.

 La Sanidad pública no es un gasto inútil. Es una inversión que garantiza que cualquier persona, con independencia de su renta, pueda ser atendida cuando enferma. Ese principio de igualdad es uno de los pilares del Estado del bienestar y ha permitido que millones de ciudadanos reciban atención médica sin que su situación económica determine el acceso a un tratamiento.

   Basta mirar cómo funcionan otros sistemas sanitarios para comprender la importancia de proteger el nuestro. En países como Estados Unidos, muchas personas afrontan costes médicos muy elevados y la cobertura sanitaria depende en gran medida del seguro del que dispongan. Esa realidad puede provocar que algunas personas retrasen o incluso renuncien a determinados tratamientos por motivos económicos, con consecuencias graves para su salud.

   Por eso merece la pena preguntarse qué modelo queremos para el futuro. ¿Uno en el que la prioridad sea garantizar el derecho a la atención sanitaria o uno en el que los beneficios empresariales tengan cada vez más peso?

   La defensa de la Sanidad pública no corresponde únicamente a los profesionales sanitarios. También es responsabilidad de la ciudadanía. Informarse, participar en el debate público y exigir a los responsables políticos que fortalezcan la atención sanitaria son formas legítimas de contribuir a preservar un servicio que beneficia a toda la sociedad.

    La diferencia, en el fondo, es sencilla: poner en el centro a las personas o poner en el centro el beneficio económico. Cada ciudadano tendrá su propia opinión sobre cómo debe organizarse el sistema sanitario, pero es importante que esa decisión se tome con información, reflexión y participación.

    Porque la salud no debería depender del dinero que una persona tenga en su cuenta corriente. Debería ser un derecho que la sociedad proteja y fortalezca para las generaciones presentes y futuras.