EL SUR GLOBAL PLANTA CARA A LA DICTADURA DE LA DEUDA
El CADTM reclama la cancelación de las deudas ilegítimas
La VIII Asamblea Mundial del CADTM concluyó en Benín con un llamamiento a desafiar el poder de los acreedores. Sus delegados sostienen que la deuda se ha convertido en un instrumento de sometimiento económico y político de los pueblos.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La VIII Asamblea Mundial del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) concluyó el 3 de agosto en Cotonú, Benín, después de cuatro jornadas iniciadas el 31 de julio. Reunió a representantes de África, Asia, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, Europa y América del Norte, y se celebró inmediatamente antes del Foro Social Mundial de 2026, convocado en la misma ciudad del 4 al 8 de agosto. Ambas citas convirtieron a Cotonú en punto de encuentro de organizaciones sociales llegadas para discutir alternativas frente al endeudamiento, el saqueo de recursos y las políticas neoliberales.
La asamblea actualizó la orientación del CADTM ante el nuevo ciclo de endeudamiento de Estados y familias. La red sostiene que una deuda pública no puede considerarse legítima si fue contraída contra los intereses de la población, financia regímenes represivos o somete los presupuestos a los acreedores. Al término de las sesiones, los delegados aprobaron una declaración que vincula el problema financiero con la austeridad, la crisis ecológica, la militarización y la dominación imperialista.
UNA CRISIS QUE NO PAGAN QUIENES LA PROVOCAN
El diagnóstico aprobado en Cotonú señala que el mundo atraviesa una crisis de deuda cada vez más grave, agudizada por una sucesión de conmociones externas. El CADTM menciona la pandemia, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la energía, y las fuertes subidas de los tipos de interés aplicadas desde 2022 por los bancos centrales de los países desarrollados. A estos factores añade las repercusiones de la guerra contra Irán y de la inestabilidad en el estrecho de Ormuz sobre el transporte, los fertilizantes y los precios energéticos.
La organización denuncia que los países del Sur están pagando crisis generadas en el centro del sistema mundial, mientras sus élites colaboran con unas políticas que descargan el coste sobre las clases populares.
La declaración del CADTM sostiene que el Marco Común del G20 y los programas del Fondo Monetario Internacional no han resuelto el problema: las reducciones concedidas han sido limitadas, muchos vencimientos únicamente se han aplazado y las reestructuraciones han protegido principalmente a los acreedores privados y multilaterales. Los Estados vuelven después a pagar, pero con nuevas condiciones que implican recortes, privatizaciones y pérdida de soberanía presupuestaria.
SUSPENSIÓN DE PAGOS Y AUDITORÍAS CIUDADANAS
Frente a este mecanismo, la asamblea reclamó la cancelación inmediata e incondicional de las deudas que puedan calificarse como ilegítimas, ilegales, odiosas o insostenibles, ya sean públicas o privadas, internas o externas. También instó a los gobiernos del Sur a suspender unilateralmente los pagos y realizar auditorías con participación de organizaciones sociales, trabajadores y sectores populares. El objetivo sería determinar qué préstamos beneficiaron realmente a la población, cuáles fueron contratados en condiciones abusivas y qué responsabilidades corresponden a gobernantes, bancos e instituciones internacionales.
El CADTM extendió esta impugnación al endeudamiento privado de millones de hogares: microcréditos abusivos, préstamos digitales, deuda campesina y estudiantil y créditos para cubrir necesidades básicas. En su interpretación, la llamada inclusión financiera encubre con frecuencia intereses depredadores, pérdida de tierras y dependencia respecto de bancos y plataformas.
La declaración evita, además, presentar como alternativa automática a los prestamistas agrupados en torno a los BRICS. La asamblea afirma que su Nuevo Banco de Desarrollo y varios de esos gobiernos reproducen políticas neoliberales y relaciones de dependencia semejantes a las de las instituciones dominadas por Occidente. Por ello propone evaluar a todos los acreedores con el mismo criterio, sin responsabilizar exclusivamente a uno para absolver a los demás.
DEUDA ECOLÓGICA, IMPUESTOS Y RECURSOS PÚBLICOS
Otro de los acuerdos relaciona el endeudamiento con la emergencia climática. Los países que sufren ciclones, inundaciones o sequías deben pedir nuevos préstamos para reconstruir territorios que apenas contribuyeron al calentamiento global. El CADTM rechaza que la financiación climática adopte la forma de mercados de carbono, canjes de deuda o bonos que generen nuevas obligaciones. En su lugar, exige subvenciones sin condiciones y reparaciones por la deuda ecológica acumulada por las potencias industrializadas y sus empresas.
La asamblea defendió igualmente una fiscalidad fuertemente progresiva sobre los grandes patrimonios, los beneficios empresariales, las finanzas y las industrias extractivas, junto con la eliminación de los paraísos fiscales y la recuperación de los flujos ilícitos. Esta vía permitiría financiar servicios públicos sin recurrir continuamente a préstamos y sin cargar el peso tributario sobre el consumo popular mediante impuestos indirectos. A ello sumó la propiedad pública y la gestión democrática de los recursos estratégicos, la soberanía alimentaria y el rechazo del acaparamiento de tierras, agua, bosques, pesquerías y minerales.
CONTRA LA GUERRA Y LOS ACUERDOS DE SAQUEO
Los delegados denunciaron el crecimiento de los presupuestos militares y la contratación de nuevas deudas para comprar armamento mientras se reducen fondos destinados a sanidad, educación, vivienda y protección ambiental. La declaración reclama que esos recursos sean reorientados hacia servicios públicos y necesidades sociales. También pide derogar los tratados de libre comercio, inversión y asociación económica que otorgan a las multinacionales mayores derechos sobre sectores estratégicos y consolidan la dependencia tecnológica, alimentaria y financiera.
En el terreno internacional, el documento emitido por el CADTM expresa solidaridad con Palestina, Haití, Cuba, Venezuela, la República Democrática del Congo y Sudán; condena la intervención extranjera, el bloqueo y el saqueo de recursos, y rechaza tanto las agresiones encabezadas por Estados Unidos como la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, alerta sobre el auge de la extrema derecha y sostiene que determinados sectores del gran capital recurren al autoritarismo, el racismo y la persecución de migrantes para desmantelar derechos y dividir a las clases trabajadoras.
La VIII Asamblea cerró sus trabajos con el compromiso de fortalecer la educación popular sobre la deuda, impulsar auditorías ciudadanas y coordinar las luchas sindicales, campesinas, ecologistas, antifascistas y antiimperialistas. Su conclusión central es que la deuda no constituye una cuestión meramente contable: funciona como un instrumento político que decide quién controla los presupuestos, los recursos y el producto del trabajo social.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La VIII Asamblea Mundial del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM) concluyó el 3 de agosto en Cotonú, Benín, después de cuatro jornadas iniciadas el 31 de julio. Reunió a representantes de África, Asia, América Latina y el Caribe, Oriente Medio, Europa y América del Norte, y se celebró inmediatamente antes del Foro Social Mundial de 2026, convocado en la misma ciudad del 4 al 8 de agosto. Ambas citas convirtieron a Cotonú en punto de encuentro de organizaciones sociales llegadas para discutir alternativas frente al endeudamiento, el saqueo de recursos y las políticas neoliberales.
La asamblea actualizó la orientación del CADTM ante el nuevo ciclo de endeudamiento de Estados y familias. La red sostiene que una deuda pública no puede considerarse legítima si fue contraída contra los intereses de la población, financia regímenes represivos o somete los presupuestos a los acreedores. Al término de las sesiones, los delegados aprobaron una declaración que vincula el problema financiero con la austeridad, la crisis ecológica, la militarización y la dominación imperialista.
UNA CRISIS QUE NO PAGAN QUIENES LA PROVOCAN
El diagnóstico aprobado en Cotonú señala que el mundo atraviesa una crisis de deuda cada vez más grave, agudizada por una sucesión de conmociones externas. El CADTM menciona la pandemia, la guerra de Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la energía, y las fuertes subidas de los tipos de interés aplicadas desde 2022 por los bancos centrales de los países desarrollados. A estos factores añade las repercusiones de la guerra contra Irán y de la inestabilidad en el estrecho de Ormuz sobre el transporte, los fertilizantes y los precios energéticos.
La organización denuncia que los países del Sur están pagando crisis generadas en el centro del sistema mundial, mientras sus élites colaboran con unas políticas que descargan el coste sobre las clases populares.
La declaración del CADTM sostiene que el Marco Común del G20 y los programas del Fondo Monetario Internacional no han resuelto el problema: las reducciones concedidas han sido limitadas, muchos vencimientos únicamente se han aplazado y las reestructuraciones han protegido principalmente a los acreedores privados y multilaterales. Los Estados vuelven después a pagar, pero con nuevas condiciones que implican recortes, privatizaciones y pérdida de soberanía presupuestaria.
SUSPENSIÓN DE PAGOS Y AUDITORÍAS CIUDADANAS
Frente a este mecanismo, la asamblea reclamó la cancelación inmediata e incondicional de las deudas que puedan calificarse como ilegítimas, ilegales, odiosas o insostenibles, ya sean públicas o privadas, internas o externas. También instó a los gobiernos del Sur a suspender unilateralmente los pagos y realizar auditorías con participación de organizaciones sociales, trabajadores y sectores populares. El objetivo sería determinar qué préstamos beneficiaron realmente a la población, cuáles fueron contratados en condiciones abusivas y qué responsabilidades corresponden a gobernantes, bancos e instituciones internacionales.
El CADTM extendió esta impugnación al endeudamiento privado de millones de hogares: microcréditos abusivos, préstamos digitales, deuda campesina y estudiantil y créditos para cubrir necesidades básicas. En su interpretación, la llamada inclusión financiera encubre con frecuencia intereses depredadores, pérdida de tierras y dependencia respecto de bancos y plataformas.
La declaración evita, además, presentar como alternativa automática a los prestamistas agrupados en torno a los BRICS. La asamblea afirma que su Nuevo Banco de Desarrollo y varios de esos gobiernos reproducen políticas neoliberales y relaciones de dependencia semejantes a las de las instituciones dominadas por Occidente. Por ello propone evaluar a todos los acreedores con el mismo criterio, sin responsabilizar exclusivamente a uno para absolver a los demás.
DEUDA ECOLÓGICA, IMPUESTOS Y RECURSOS PÚBLICOS
Otro de los acuerdos relaciona el endeudamiento con la emergencia climática. Los países que sufren ciclones, inundaciones o sequías deben pedir nuevos préstamos para reconstruir territorios que apenas contribuyeron al calentamiento global. El CADTM rechaza que la financiación climática adopte la forma de mercados de carbono, canjes de deuda o bonos que generen nuevas obligaciones. En su lugar, exige subvenciones sin condiciones y reparaciones por la deuda ecológica acumulada por las potencias industrializadas y sus empresas.
La asamblea defendió igualmente una fiscalidad fuertemente progresiva sobre los grandes patrimonios, los beneficios empresariales, las finanzas y las industrias extractivas, junto con la eliminación de los paraísos fiscales y la recuperación de los flujos ilícitos. Esta vía permitiría financiar servicios públicos sin recurrir continuamente a préstamos y sin cargar el peso tributario sobre el consumo popular mediante impuestos indirectos. A ello sumó la propiedad pública y la gestión democrática de los recursos estratégicos, la soberanía alimentaria y el rechazo del acaparamiento de tierras, agua, bosques, pesquerías y minerales.
CONTRA LA GUERRA Y LOS ACUERDOS DE SAQUEO
Los delegados denunciaron el crecimiento de los presupuestos militares y la contratación de nuevas deudas para comprar armamento mientras se reducen fondos destinados a sanidad, educación, vivienda y protección ambiental. La declaración reclama que esos recursos sean reorientados hacia servicios públicos y necesidades sociales. También pide derogar los tratados de libre comercio, inversión y asociación económica que otorgan a las multinacionales mayores derechos sobre sectores estratégicos y consolidan la dependencia tecnológica, alimentaria y financiera.
En el terreno internacional, el documento emitido por el CADTM expresa solidaridad con Palestina, Haití, Cuba, Venezuela, la República Democrática del Congo y Sudán; condena la intervención extranjera, el bloqueo y el saqueo de recursos, y rechaza tanto las agresiones encabezadas por Estados Unidos como la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, alerta sobre el auge de la extrema derecha y sostiene que determinados sectores del gran capital recurren al autoritarismo, el racismo y la persecución de migrantes para desmantelar derechos y dividir a las clases trabajadoras.
La VIII Asamblea cerró sus trabajos con el compromiso de fortalecer la educación popular sobre la deuda, impulsar auditorías ciudadanas y coordinar las luchas sindicales, campesinas, ecologistas, antifascistas y antiimperialistas. Su conclusión central es que la deuda no constituye una cuestión meramente contable: funciona como un instrumento político que decide quién controla los presupuestos, los recursos y el producto del trabajo social.
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