CUANDO EL DESAHUCIO SE PRIVATIZA Y LA INTIMIDACIÓN SUSTITUYE A LA JUSTICIA
¿Se puede seguir admitiendo la actividad de las empresas de "desokupación"?
El activista social Javier Marrero reclama la ilegalización de las empresas de "desokupación" al considerar que ejercen una "justicia" paralela mediante prácticas de intimidación. Defiende que cualquier recuperación de una vivienda debe resolverse exclusivamente por la vía judicial y con plenas garantías para todas las partes.
![[Img #93568]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2026/8030_marrero.jpg)
En un artículo publicado con bajo el título «¿Ilegalización de las llamadas empresas de “desokupación”?», el activista social grancanario Javier Marrero plantea la necesidad de cuestionar la existencia de las compañías privadas que intervienen en conflictos relacionados con la vivienda, utilizando métodos que incluyen "acoso, vigilancia, amenazas, coacciones y desgaste psicológico". El autor sostiene que la recuperación de un inmueble debe realizarse exclusivamente mediante los tribunales y con todas las garantías previstas por la ley.
UNA JUSTICIA PARALELA AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD
Las empresas de “desokupación” presentan habitualmente su actividad como un servicio de mediación entre propietarios y ocupantes. Sin embargo, Marrero denuncia la utilización de procedimientos destinados a forzar el abandono de una vivienda sin esperar una resolución judicial.
"La mera existencia de un contrato entre el propietario y una empresa privada no concede a esta última competencias policiales ni judiciales"- apunta el autor.
Marrero recuerda, asimismo, qe no todas las personas señaladas como “okupas” se encuentran en la misma situación. Bajo esa denominación se mezclan realidades muy diferentes: desde la entrada en una vivienda vacía sin autorización hasta familias que accedieron legalmente mediante un contrato de alquiler, pero dejaron de pagar después de perder el empleo, enfermar o sufrir una reducción de ingresos. Esta confusión favorece un relato en el que cualquier persona que no pueda afrontar la renta aparece convertida automáticamente en delincuente.
El problema se agrava cuando la defensa de la propiedad se utiliza para justificar procedimientos que vulneran otros derechos.
"Un propietario -afirma Marrero - puede reclamar legítimamente la recuperación de su inmueble, pero esa reclamación debe resolverse ante un juez. Si se acepta que una empresa privada presione a una familia hasta obligarla a marcharse, se está admitiendo que quien dispone de recursos económicos puede contratar una forma de justicia paralela".
EL MIEDO COMO MÉTODO DE DESALOJO
Marrero llama la atención sobre la indefensión de las personas vulnerables. Quienes soportan visitas continuas, llamadas, vigilancia o presiones sobre sus familiares pueden sentir demasiado temor para denunciar. Por ello, propone que la Fiscalía actúe de oficio cuando existan indicios de amenazas, coacciones o acoso.
El autor señala, asimismo, que estas prácticas suelen intensificarse durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con la reducción de la actividad judicial.
"También merece atención - advierte Marrero - la figura del “desokupa de traje y corbata”.
La presión no siempre adopta formas abiertamente intimidatorias. Puede aparecer bajo la apariencia de una mediación amistosa, ejercida por agencias inmobiliarias o intermediarios que intentan convencer al inquilino de que abandonar su hogar constituye la única salida posible. El método es menos visible, pero puede perseguir el mismo resultado: vaciar rápidamente una vivienda para venderla o volver a alquilarla a un precio superior".
PROHIBIR LOS MÉTODOS, PROTEGER A LAS PERSONAS
La propuesta de ilegalizar estas empresas exige - añade el autor - "una formulación jurídica rigurosa".
"No basta con prohibir una denominación comercial que podría ser sustituida al día siguiente por otra. Lo decisivo es impedir que cualquier empresa, agencia o intermediario asuma funciones reservadas a los tribunales y obtenga beneficios mediante la intimidación".
"La iniciativa - propone Marrero - debería acompañarse de oficinas públicas de defensa de los inquilinos, asistencia jurídica accesible y mecanismos rápidos de protección. También resulta razonable la recomendación de Marrero de documentar las presiones, avisar a la policía, informar al vecindario y solicitar apoyo a sindicatos de inquilinos y plataformas por el derecho a la vivienda.
"La vivienda -concluye el activista social - no puede quedar reducida a una confrontación entre propietarios y personas empobrecidas. Mientras los alquileres continúen creciendo por encima de los salarios y no exista un parque público suficiente, estos conflictos seguirán multiplicándose. La respuesta democrática no consiste en privatizar los desalojos, sino en garantizar que nadie pueda colocarse por encima de la ley y que la defensa de la propiedad nunca sirva para legitimar el miedo".
En un artículo publicado con bajo el título «¿Ilegalización de las llamadas empresas de “desokupación”?», el activista social grancanario Javier Marrero plantea la necesidad de cuestionar la existencia de las compañías privadas que intervienen en conflictos relacionados con la vivienda, utilizando métodos que incluyen "acoso, vigilancia, amenazas, coacciones y desgaste psicológico". El autor sostiene que la recuperación de un inmueble debe realizarse exclusivamente mediante los tribunales y con todas las garantías previstas por la ley.
UNA JUSTICIA PARALELA AL SERVICIO DE LA PROPIEDAD
Las empresas de “desokupación” presentan habitualmente su actividad como un servicio de mediación entre propietarios y ocupantes. Sin embargo, Marrero denuncia la utilización de procedimientos destinados a forzar el abandono de una vivienda sin esperar una resolución judicial.
"La mera existencia de un contrato entre el propietario y una empresa privada no concede a esta última competencias policiales ni judiciales"- apunta el autor.
Marrero recuerda, asimismo, qe no todas las personas señaladas como “okupas” se encuentran en la misma situación. Bajo esa denominación se mezclan realidades muy diferentes: desde la entrada en una vivienda vacía sin autorización hasta familias que accedieron legalmente mediante un contrato de alquiler, pero dejaron de pagar después de perder el empleo, enfermar o sufrir una reducción de ingresos. Esta confusión favorece un relato en el que cualquier persona que no pueda afrontar la renta aparece convertida automáticamente en delincuente.
El problema se agrava cuando la defensa de la propiedad se utiliza para justificar procedimientos que vulneran otros derechos.
"Un propietario -afirma Marrero - puede reclamar legítimamente la recuperación de su inmueble, pero esa reclamación debe resolverse ante un juez. Si se acepta que una empresa privada presione a una familia hasta obligarla a marcharse, se está admitiendo que quien dispone de recursos económicos puede contratar una forma de justicia paralela".
EL MIEDO COMO MÉTODO DE DESALOJO
Marrero llama la atención sobre la indefensión de las personas vulnerables. Quienes soportan visitas continuas, llamadas, vigilancia o presiones sobre sus familiares pueden sentir demasiado temor para denunciar. Por ello, propone que la Fiscalía actúe de oficio cuando existan indicios de amenazas, coacciones o acoso.
El autor señala, asimismo, que estas prácticas suelen intensificarse durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con la reducción de la actividad judicial.
"También merece atención - advierte Marrero - la figura del “desokupa de traje y corbata”.
La presión no siempre adopta formas abiertamente intimidatorias. Puede aparecer bajo la apariencia de una mediación amistosa, ejercida por agencias inmobiliarias o intermediarios que intentan convencer al inquilino de que abandonar su hogar constituye la única salida posible. El método es menos visible, pero puede perseguir el mismo resultado: vaciar rápidamente una vivienda para venderla o volver a alquilarla a un precio superior".
PROHIBIR LOS MÉTODOS, PROTEGER A LAS PERSONAS
La propuesta de ilegalizar estas empresas exige - añade el autor - "una formulación jurídica rigurosa".
"No basta con prohibir una denominación comercial que podría ser sustituida al día siguiente por otra. Lo decisivo es impedir que cualquier empresa, agencia o intermediario asuma funciones reservadas a los tribunales y obtenga beneficios mediante la intimidación".
"La iniciativa - propone Marrero - debería acompañarse de oficinas públicas de defensa de los inquilinos, asistencia jurídica accesible y mecanismos rápidos de protección. También resulta razonable la recomendación de Marrero de documentar las presiones, avisar a la policía, informar al vecindario y solicitar apoyo a sindicatos de inquilinos y plataformas por el derecho a la vivienda.
"La vivienda -concluye el activista social - no puede quedar reducida a una confrontación entre propietarios y personas empobrecidas. Mientras los alquileres continúen creciendo por encima de los salarios y no exista un parque público suficiente, estos conflictos seguirán multiplicándose. La respuesta democrática no consiste en privatizar los desalojos, sino en garantizar que nadie pueda colocarse por encima de la ley y que la defensa de la propiedad nunca sirva para legitimar el miedo".
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