CANARIAS EN VENTA: TRES DE CADA DIEZ VIVIENDAS YA SON COMPRADAS POR EXTRANJEROS
El capital exterior gana peso en el mercado inmobiliario del archipiélago
Casi tres de cada diez viviendas vendidas en Canarias ya son adquiridas por extranjeros, mientras los precios y alquileres se disparan y los salarios continúan entre los más bajos del Estado. La desigual capacidad adquisitiva está expulsando a numerosos residentes de sus propios municipios.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Casi tres de cada diez viviendas vendidas en las Islas durante el segundo trimestre de 2026 fueron adquiridas por ciudadanos extranjeros. Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el porcentaje alcanzó el 32,25% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 26,55% en la de Las Palmas. El fenómeno, por tanto, afecta al conjunto del Archipiélago y coloca a Canarias entre las comunidades españolas con mayor presencia de compradores foráneos.
Las estadísticas incluyen tanto a residentes como a no residentes y entre los compradores se encuentran trabajadores establecidos en las Islas. La dimensión alcanzada, sin embargo, obliga a preguntarse por sus efectos en un territorio limitado, con escaso parque público y una población cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de los de numerosos compradores procedentes del exterior.
EL PRECIO DE LA VIVIENDA CRECE MUCHO MÁS QUE LOS INGRESOS
Durante el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda libre en Canarias aumentó un 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La vivienda usada se encareció un 10,9% y la nueva alrededor de un 12%, según el Índice de Precios de Vivienda del INE.
La subida se produce, además, sobre una estructura salarial particularmente débil. La Encuesta Anual de Estructura Salarial sitúa el salario medio bruto canario de 2024 en 25.120 euros anuales, el segundo más bajo del Estado y más de 4.400 euros inferior al promedio español.
La diferencia de capacidad adquisitiva condiciona el resultado del mercado. Una familia que depende de dos salarios canarios no compite en igualdad de condiciones con un comprador que ha acumulado patrimonio en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica o los países nórdicos. Tampoco con quien vende una propiedad en alguna de las grandes ciudades europeas y traslada ese capital a Canarias.
El mercado no concede prioridad a quien trabaja, ha nacido o reside permanentemente en las Islas. La vivienda termina en manos de quien puede ofrecer más dinero y asumir mayores precios.
ALQUILERES DE MÁS DE 1.200 EUROS
La presión también se refleja en el alquiler. En julio de 2026, el precio anunciado alcanzó una media de 15,5 euros mensuales por metro cuadrado, un 6,3% más que un año antes, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Una vivienda de 80 metros cuadrados se ofrecería, aplicando esa media, por unos 1.240 euros mensuales.
Las consecuencias resultan especialmente graves para los jóvenes. El Observatorio de Emancipación situó el alquiler mediano en Canarias en 1.128 euros mensuales y calculó que solo el 14,1% de la juventud canaria había conseguido emanciparse. El alquiler superaba en un 19,1% el salario mediano de una persona joven.
La expulsión económica no requiere necesariamente un desahucio. Se produce cuando alguien no puede independizarse, debe abandonar su municipio, emplea la mitad de sus ingresos en una habitación o se ve obligado a vivir a decenas de kilómetros de su trabajo. Municipios turísticos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura necesitan camareras de piso, cocineros, limpiadoras, dependientes, profesores y sanitarios, pero ofrecen cada vez menos viviendas asequibles para esos mismos trabajadores.
CASI 40.000 VIVIENDAS OFERTADAS A LOS TURISTAS
A la compra extranjera se suma la utilización turística de una parte considerable del parque residencial. El Instituto Canario de Estadística contabilizó en julio de 2026 un total de 39.678 viviendas vacacionales activas en plataformas, con una capacidad cercana a las 177.000 plazas.
Aunque la oferta se ha reducido respecto al año anterior, sigue concentrada en las cuatro islas turísticas principales. Tenerife reúne alrededor del 41%; Gran Canaria, el 23%; Lanzarote, el 15%, y Fuerteventura, el 14%. Entre las cuatro absorben más del 90% de las viviendas vacacionales ofertadas.
El registro administrativo presenta incluso cifras superiores, porque incluye propiedades autorizadas que pueden no estar siendo comercializadas en ese momento. Esta diferencia demuestra la opacidad existente sobre el uso efectivo de decenas de miles de inmuebles.
Responsabilizar genéricamente a “los extranjeros” ocultaría las causas materiales del problema. Un ciudadano nacido fuera que reside y trabaja en Canarias también sufre los bajos salarios y el encarecimiento inmobiliario. Al mismo tiempo, propietarios y sociedades de capital canario participan activamente en la especulación, el alquiler vacacional y la acumulación de viviendas.
El conflicto fundamental no enfrenta nacionalidades, sino necesidades sociales y capacidades económicas. De un lado se encuentra la población que necesita una casa para vivir; de otro, quienes pueden utilizarla como inversión, segunda residencia, alojamiento turístico o refugio patrimonial.
La compra exterior no explica por sí sola el encarecimiento, pero añade demanda con elevada capacidad adquisitiva a un mercado caracterizado por la escasez de vivienda asequible. Su incidencia resulta mayor en las islas y municipios turísticos, donde coincide con el alquiler vacacional, las segundas residencias y la presión demográfica.
UNA POLÍTICA QUE HA CONFIADO LA VIVIENDA AL MERCADO
Las administraciones canarias han promovido durante años el Archipiélago como lugar para invertir, comprar propiedades, teletrabajar o disfrutar de la jubilación. Paralelamente, la construcción de vivienda pública ha sido absolutamente insuficiente y numerosas promociones protegidas terminaron incorporándose al mercado privado.
Limitar esta dinámica exige distinguir entre residencia habitual e inversión. Entre las posibles medidas figuran gravar las segundas residencias, aumentar los impuestos sobre viviendas vacías y grandes propietarios, restringir la compra especulativa por sociedades, reservar promociones para residentes efectivos y ampliar un parque público que no pueda privatizarse.
Canarias no carece de viviendas. Carece de viviendas accesibles para quienes viven de los salarios que se pagan en las Islas. Mientras el acceso continúe dependiendo exclusivamente del poder adquisitivo, una parte creciente de la población podrá trabajar en Canarias, pero no podrá permitirse vivir en ella.
Fuentes:
Consejo de la Juventud de Canarias e Idealista
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Casi tres de cada diez viviendas vendidas en las Islas durante el segundo trimestre de 2026 fueron adquiridas por ciudadanos extranjeros. Según la Estadística Registral Inmobiliaria, el porcentaje alcanzó el 32,25% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el 26,55% en la de Las Palmas. El fenómeno, por tanto, afecta al conjunto del Archipiélago y coloca a Canarias entre las comunidades españolas con mayor presencia de compradores foráneos.
Las estadísticas incluyen tanto a residentes como a no residentes y entre los compradores se encuentran trabajadores establecidos en las Islas. La dimensión alcanzada, sin embargo, obliga a preguntarse por sus efectos en un territorio limitado, con escaso parque público y una población cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de los de numerosos compradores procedentes del exterior.
EL PRECIO DE LA VIVIENDA CRECE MUCHO MÁS QUE LOS INGRESOS
Durante el primer trimestre de 2026, el precio de la vivienda libre en Canarias aumentó un 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La vivienda usada se encareció un 10,9% y la nueva alrededor de un 12%, según el Índice de Precios de Vivienda del INE.
La subida se produce, además, sobre una estructura salarial particularmente débil. La Encuesta Anual de Estructura Salarial sitúa el salario medio bruto canario de 2024 en 25.120 euros anuales, el segundo más bajo del Estado y más de 4.400 euros inferior al promedio español.
La diferencia de capacidad adquisitiva condiciona el resultado del mercado. Una familia que depende de dos salarios canarios no compite en igualdad de condiciones con un comprador que ha acumulado patrimonio en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica o los países nórdicos. Tampoco con quien vende una propiedad en alguna de las grandes ciudades europeas y traslada ese capital a Canarias.
El mercado no concede prioridad a quien trabaja, ha nacido o reside permanentemente en las Islas. La vivienda termina en manos de quien puede ofrecer más dinero y asumir mayores precios.
ALQUILERES DE MÁS DE 1.200 EUROS
La presión también se refleja en el alquiler. En julio de 2026, el precio anunciado alcanzó una media de 15,5 euros mensuales por metro cuadrado, un 6,3% más que un año antes, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Una vivienda de 80 metros cuadrados se ofrecería, aplicando esa media, por unos 1.240 euros mensuales.
Las consecuencias resultan especialmente graves para los jóvenes. El Observatorio de Emancipación situó el alquiler mediano en Canarias en 1.128 euros mensuales y calculó que solo el 14,1% de la juventud canaria había conseguido emanciparse. El alquiler superaba en un 19,1% el salario mediano de una persona joven.
La expulsión económica no requiere necesariamente un desahucio. Se produce cuando alguien no puede independizarse, debe abandonar su municipio, emplea la mitad de sus ingresos en una habitación o se ve obligado a vivir a decenas de kilómetros de su trabajo. Municipios turísticos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura necesitan camareras de piso, cocineros, limpiadoras, dependientes, profesores y sanitarios, pero ofrecen cada vez menos viviendas asequibles para esos mismos trabajadores.
CASI 40.000 VIVIENDAS OFERTADAS A LOS TURISTAS
A la compra extranjera se suma la utilización turística de una parte considerable del parque residencial. El Instituto Canario de Estadística contabilizó en julio de 2026 un total de 39.678 viviendas vacacionales activas en plataformas, con una capacidad cercana a las 177.000 plazas.
Aunque la oferta se ha reducido respecto al año anterior, sigue concentrada en las cuatro islas turísticas principales. Tenerife reúne alrededor del 41%; Gran Canaria, el 23%; Lanzarote, el 15%, y Fuerteventura, el 14%. Entre las cuatro absorben más del 90% de las viviendas vacacionales ofertadas.
El registro administrativo presenta incluso cifras superiores, porque incluye propiedades autorizadas que pueden no estar siendo comercializadas en ese momento. Esta diferencia demuestra la opacidad existente sobre el uso efectivo de decenas de miles de inmuebles.
Responsabilizar genéricamente a “los extranjeros” ocultaría las causas materiales del problema. Un ciudadano nacido fuera que reside y trabaja en Canarias también sufre los bajos salarios y el encarecimiento inmobiliario. Al mismo tiempo, propietarios y sociedades de capital canario participan activamente en la especulación, el alquiler vacacional y la acumulación de viviendas.
El conflicto fundamental no enfrenta nacionalidades, sino necesidades sociales y capacidades económicas. De un lado se encuentra la población que necesita una casa para vivir; de otro, quienes pueden utilizarla como inversión, segunda residencia, alojamiento turístico o refugio patrimonial.
La compra exterior no explica por sí sola el encarecimiento, pero añade demanda con elevada capacidad adquisitiva a un mercado caracterizado por la escasez de vivienda asequible. Su incidencia resulta mayor en las islas y municipios turísticos, donde coincide con el alquiler vacacional, las segundas residencias y la presión demográfica.
UNA POLÍTICA QUE HA CONFIADO LA VIVIENDA AL MERCADO
Las administraciones canarias han promovido durante años el Archipiélago como lugar para invertir, comprar propiedades, teletrabajar o disfrutar de la jubilación. Paralelamente, la construcción de vivienda pública ha sido absolutamente insuficiente y numerosas promociones protegidas terminaron incorporándose al mercado privado.
Limitar esta dinámica exige distinguir entre residencia habitual e inversión. Entre las posibles medidas figuran gravar las segundas residencias, aumentar los impuestos sobre viviendas vacías y grandes propietarios, restringir la compra especulativa por sociedades, reservar promociones para residentes efectivos y ampliar un parque público que no pueda privatizarse.
Canarias no carece de viviendas. Carece de viviendas accesibles para quienes viven de los salarios que se pagan en las Islas. Mientras el acceso continúe dependiendo exclusivamente del poder adquisitivo, una parte creciente de la población podrá trabajar en Canarias, pero no podrá permitirse vivir en ella.
Fuentes:
Consejo de la Juventud de Canarias e Idealista
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