REDACCIÓN CS

    Según la organización "Europa Laica", la Iglesia católica posee en España 3.161 bienes declarados de interés cultural.

   Catedrales, basílicas, monasterios y santuarios levantados durante siglos mediante el trabajo colectivo, las aportaciones populares y, frecuentemente, recursos públicos forman hoy parte de un enorme patrimonio administrado por diócesis, cabildos y fundaciones religiosas.

    Millones de personas visitan cada año esos monumentos, no necesariamente movidas por la fe, sino atraídas por su valor histórico y artístico. Solo los doce templos y catedrales más concurridos superaron los 23 millones de visitantes en dos años. La Iglesia ha convertido así una parte sustancial del patrimonio cultural del país en una formidable fuente de ingresos.

   Lo sorprendente no es que cobre por organizar las visitas, sino que resulte prácticamente imposible conocer cuánto recauda en conjunto, cómo tributa y qué destino final reciben los beneficios.

Cientos de millones detrás de los altares

    Las cifras conocidas permiten aproximarse a la magnitud del negocio. La fundación que gestiona la Sagrada Familia ingresó 134,5 millones de euros en 2025, procedentes casi totalmente de sus visitantes. El Cabildo de Sevilla recaudó alrededor de 26 millones y el de Córdoba declaró 22,1 millones, de los cuales 20,9 millones correspondieron al turismo.

    "Europa Laica" estima que las visitas a solo 42 grandes monumentos religiosos pueden generar más de 300 millones de euros anuales. La cifra no puede determinarse con exactitud porque la Conferencia Episcopal asegura no disponer de información agregada y remite a cada diócesis, cabildo o fundación. Muchas de estas instituciones no publican cuentas suficientemente detalladas ni responden cuando se les solicita información.

   La fragmentación administrativa funciona como una barrera perfecta: cada organismo gestiona su parcela, nadie ofrece una visión global y la Conferencia Episcopal se declara incapaz de explicar el volumen económico del patrimonio que exhibe orgullosamente en su memoria anual.

Superávits envueltos en misterio

   Las cuentas disponibles presentan otro elemento revelador: la repetición de importantes excedentes denominados eufemísticamente “capacidad de financiación”. En 2024, el Cabildo de Sevilla declaró 9,5 millones de diferencia entre ingresos y gastos. Toledo registró 4,3 millones y Córdoba cerró 2025 con otros 3,9 millones.

   En opinion de Europa Laica, el superávit conjunto de las diócesis alcanzó en 2024 los 133,1 millones de euros. Sin embargo, no se explica con claridad si ese dinero termina en inversiones financieras, fondos de reserva, transferencias internas o nuevas adquisiciones patrimoniales.

   La Iglesia argumenta que conservar sus edificios resulta costoso. Es cierto. Pero los gastos de restauración no eliminan la obligación de ofrecer cuentas completas, especialmente cuando una parte de esas intervenciones recibe financiación de las administraciones públicas.

Entradas convertidas en “donativos”

   A la opacidad se suma una cuestión fiscal. Determinados cobros por acceder a monumentos son presentados como donativos, pese a que no tienen nada de voluntarios: quien no paga, no entra. Esta fórmula permite disfrutar de exenciones que no tendría una actividad turística convencional.

    Se produce así una competencia profundamente desigual. Un museo, una empresa cultural o cualquier negocio turístico debe declarar sus ingresos y cumplir sus obligaciones tributarias. Las instituciones eclesiásticas, en cambio, explotan comercialmente monumentos de enorme interés público bajo un régimen excepcional derivado de unos privilegios históricos que ningún Gobierno se ha atrevido a suprimir.

Un patrimonio apropiado y rentabilizado

    La situación resulta todavía más escandalosa cuando se trata de bienes inmatriculados por la propia Iglesia mediante un procedimiento que le permitió actuar prácticamente como notaria de sí misma. Entre ellos figuran la Mezquita de Córdoba y la Catedral de Sevilla, cuya titularidad eclesiástica cuestionan organizaciones dedicadas a recuperar el patrimonio colectivo.

    La cuestión de fondo no es religiosa. Cada ciudadano posee derecho a profesar la fe que elija. Lo intolerable es que una organización privada acumule patrimonio, cobre por acceder a él, disfrute de exenciones fiscales y se niegue a rendir cuentas con la transparencia exigible.

Una estafa sostenida desde el poder

    Este privilegio no sobreviviría sin la colaboración activa del Estado. Gobiernos de distintos colores han conservado los acuerdos con el Vaticano, las ventajas tributarias y una financiación pública que contradice cualquier pretensión de aconfesionalidad.

     La Iglesia administra un gigantesco negocio cultural mientras el Estado contempla, subvenciona y calla. No estamos, por tanto, ante una anomalía administrativa, sino ante un sistema consciente de privilegios. La opacidad eclesiástica tiene un responsable imprescindible: el poder político que la permite.