Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un vídeo compartido en su canal de YouTube, el exteniente del Ejército de Tierra y escritor Luis Gonzalo Segura ha acusado al Gobierno español del PSOE y Sumar  de presentar como un "gran avance" una reforma legal que, a su juicio, no resolverá la desprotección real que padecen quienes denuncian casos de corrupción.

   Segura fue expulsado de las Fuerzas Armadas en junio de 2015, después de trece años de servicio, tras denunciar públicamente la existencia de corrupción, abusos, acosos y privilegios dentro del Ejército. Sus declaraciones, entrevistas y la publicación de la novela Un paso al frente le costaron varios arrestos, cerca de cinco meses de privación de libertad y, finalmente, la pérdida de su carrera militar.

  La nueva denuncia del exteniente se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara, el pasado martes 28 de julio, un anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, que promete reforzar la protección laboral de quienes comuniquen casos de corrupción u otras infracciones graves cometidas en empresas y administraciones públicas. Luis Gonzalo Segura segura sostiene, sin embargo, que la medida constituye una “mascarada” porque el Ejecutivo anuncia nuevas garantías mientras "continúa ignorando a las personas que ya han sufrido represalias por denunciar".

Una reforma que todavía no es ley

  El anteproyecto pretende modificar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores para declarar expresamente nulo cualquier despido motivado por la denuncia de irregularidades. La nulidad, a diferencia del despido improcedente, obligaría a la empresa a readmitir al trabajador y abonarle los salarios dejados de percibir.

  La reforma también protegería a quienes se encuentren en periodo de prueba y a familiares o personas próximas al denunciante que trabajen en la misma empresa. Además del despido, quedarían prohibidas otras represalias, como la degradación profesional, el traslado forzoso, la reducción salarial o el cambio injustificado de funciones. La protección alcanzaría tanto a quienes recurran a los canales oficiales como a quienes realicen una revelación pública, incluida la difusión de información a través de la prensa, siempre que cumplan las condiciones establecidas legalmente.

  La propuesta amplía en el terreno laboral las garantías recogidas en la Ley 2/2023, aprobada para incorporar al ordenamiento español la directiva europea sobre protección de informantes. Sin embargo, el texto aprobado por el Consejo de Ministros es todavía un anteproyecto: deberá recibir los informes correspondientes, regresar al Ejecutivo como proyecto de ley y superar posteriormente su tramitación en el Congreso y el Senado. Por tanto, las nuevas garantías anunciadas aún no están vigentes.

  Gonzalo Segura no cuestiona que declarar nulos estos despidos pueda representar una mejora formal. Su crítica se dirige a la distancia que - según afirma - existe entre las leyes anunciadas y las condiciones materiales en las que quedan quienes se enfrentan a instituciones, empresas, partidos o sindicatos con muchos más recursos económicos, políticos y jurídicos.

“Pasé de ser denunciado por Cospedal a serlo por Margarita Robles”

   Para explicar esa contradicción, Segura recurre a su propia experiencia. Según relata, la llegada del PSOE al Gobierno no modificó sustancialmente la persecución que padeció por atreverse a denunciar la corrupción en el Ejército.

   “Yo pasé de ser denunciado por María Dolores de Cospedal a ser denunciado por Margarita Robles” -recuerda.

   La referencia resume su relación con las dos últimas responsables de Defensa. Bajo los gobiernos del Partido Popular sufrió los expedientes disciplinarios que acabaron con su expulsión. Con Margarita Robles al frente del Ministerio volvió a afrontar acciones judiciales por sus manifestaciones públicas. En 2021 fue absuelto de una acusación de injurias graves promovida por la ministra del PSOE tras unas declaraciones sobre las Fuerzas Armadas.

  Segura reprocha también a numerosos medios identificados como "progresistas" que dejaran de interesarse por los denunciantes cuando cambió el partido en el Gobierno. 

  "Algunas denuncias que recibían atención durante la etapa del PP comenzaron a ser silenciadas cuando podían incomodar al Ejecutivo del PSOE y a sus socios".

  "El problema -explica Gonzalo Segura- no desapareció: simplemente dejó de ocupar espacio en la agenda mediática".

El caso de Ana Garrido

  Uno de los casos utilizados por Luis Gonzalo Segura para ilustrar el "abandono" en el que -según afirman - se encuentran los denunciantes de corrupción, es el de Ana Garrido, exempleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y testigo decisiva para destapar la rama madrileña de la trama Gürtel. Después de comunicar las irregularidades que observó en el consistorio, Garrido sufrió un prolongado acoso laboral. En 2017, el Tribunal Supremo confirmó la condena contra el Ayuntamiento por aquel hostigamiento.

  Su victoria judicial no reparó, sin embargo, las consecuencias personales y económicas. Durante años tuvo serias dificultades para trabajar y llegó a vender pertenencias y abandonar temporalmente su vivienda para poder sobrevivir.

   Segura recuerda que, hace aproximadamente dos años, Garrido atravesaba nuevamente una situación límite, solicitaba ayuda a Cáritas y se encontraba “al borde del suicidio”.

  Ante esa situación, asegura haber intentado en dos ocasiones que Yolanda Díaz recibiera a un grupo de denunciantes para buscar soluciones desde el Ministerio de Trabajo, recibiendo por toda respuesta una notificación de que "la ministra tenía una agenda muy complicada".

  Segura menciona, asimismo, también a Roberto Macías, antiguo trabajador de UGT Andalucía que entregó documentación relacionada con el uso de facturas presuntamente falsas para justificar subvenciones públicas. Macías terminó condenado a un año de prisión por revelación de secretos, mientras que durante años tuvo que afrontar graves dificultades laborales.

Una autoridad con medios insuficientes

El Estado español cuenta desde septiembre de 2025 con la Autoridad Independiente de Protección del Informante, organismo creado por la Ley 2/2023 para recibir comunicaciones, preservar la confidencialidad y actuar frente a posibles represalias. Durante sus primeros meses recibió centenares de informaciones, la mayoría relacionadas con el sector público.

  Luis Gonzalo Segura sostiene, no obstante, que la institución comenzó a funcionar con poco personal, escasos recursos y una capacidad insuficiente para atender las necesidades económicas, laborales y psicológicas de los afectados. Su crítica apunta a una limitación fundamental: abrir un canal de denuncias o reconocer jurídicamente la condición de informante no garantiza por sí solo que una persona pueda resistir años de pleitos, desempleo, aislamiento y desgaste emocional.

  “No nos han recibido”, insiste el exteniente, que acusa al Gobierno de acordarse de los denunciantes solamente cuando necesita presentar una medida pública, pero no cuando estos solicitan ayuda concreta. 

 Su conclusión es contundente. Mientras denunciar la corrupción pueda destruir la vida profesional, económica y personal de quien se atreve a hacerlo, las leyes resultarán insuficientes. Sin protección efectiva, acompañamiento jurídico, recursos materiales y medidas rápidas contra las represalias, las instituciones transmiten una advertencia mucho más poderosa que cualquier campaña oficial: quien revele lo que otros pretenden ocultar tendrá que asumir casi en solitario las consecuencias.