MANO DURA CONTRA LAS VIVIENDAS PRECARIAS, VÍA LIBRE AL NEGOCIO PRIVADO
Doble vara clasista para medir las irregularidades en el territorio
El Ayuntamiento de Arona, en la isla de Tenerife, precintó 17 construcciones precarias y, casi simultáneamente, tramita la instalación de un negocio privado en una zona protegida del paseo marítimo. Varios colectivos denuncian una doble vara de medir.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal.org, La Gaveta 20A, la Asociación de Taxistas Asalariados de Costa Adeje (ATACA), la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) y Juan Francisco Galindo, afectado por el proyecto Cuna del Alma, han anunciado la presentación de alegaciones contra la instalación de un expositor empresarial en el paseo marítimo de Playa de Las Américas. Los denunciantes sostienen que el Ayuntamiento de Arona aplica criterios mucho más severos contra quienes carecen de vivienda que ante determinadas iniciativas privadas.
Las alegaciones fueron presentadas este miércoles, 29 de julio, ante la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Arona. Su objetivo es que ambas administraciones revisen con especial rigor la solicitud formulada por la empresa GEO-FIBER, S. L. para instalar un puesto dedicado, según el proyecto, al ecoturismo y al turismo cultural en el paseo Francisco Andrade Fumero.
El procedimiento se encuentra todavía en fase de información pública. Por tanto, la ocupación no ha sido autorizada definitivamente y las organizaciones pretenden intervenir antes de que se adopte una resolución.
Una ocupación empresarial en pleno paseo marítimo
Los colectivos recuerdan que el emplazamiento elegido se encuentra en una zona sometida a las limitaciones propias de la legislación de Costas. Destacan, además, que este tramo del paseo marítimo presenta actualmente una configuración abierta y diáfana, sin casetas ni instalaciones comerciales semejantes que obstaculicen el tránsito o alteren las vistas.
Por esta razón, solicitan que se examine detenidamente la compatibilidad del expositor con el uso público del litoral. También reclaman que se explique por qué una actividad presentada como vinculada al ecoturismo y al turismo cultural necesita instalarse precisamente en ese lugar, en vez de ocupar alguno de los espacios próximos situados fuera del dominio público marítimo-terrestre o de sus zonas de servidumbre.
La legislación de Costas establece condiciones especialmente restrictivas para las ocupaciones privadas del litoral. Según argumentan los denunciantes, la Administración no debería limitarse a comprobar el cumplimiento formal de determinados requisitos, sino acreditar que la instalación resulta compatible con el disfrute común del espacio y que responde verdaderamente a la finalidad utilizada para solicitar la autorización.
Las dudas sobre el supuesto proyecto de ecoturismo
Las entidades alegantes piden igualmente que se compruebe la naturaleza real de la iniciativa. Advierten de que la empresa promotora habría desarrollado hasta ahora actividades relacionadas principalmente con la construcción y la compraventa de viviendas, y no con el ecoturismo.
Ese antecedente, sostienen, obliga a descartar que la presentación ambiental del proyecto pueda ser utilizada como una fórmula para facilitar la ocupación del paseo. Los colectivos relacionan esta preocupación con lo sucedido en Cuna del Alma, macroproyecto turístico promovido en el puertito de Adeje cuya justificación ambiental ha sido cuestionada reiteradamente por asociaciones ecologistas y movimientos ciudadanos.
Los firmantes no presentan como probado que exista una operación de greenwashing, pero reclaman que la Administración investigue esa posibilidad antes de conceder la autorización. A su juicio, invocar conceptos como la sostenibilidad, el ecoturismo o la cultura no puede ser suficiente para justificar el uso empresarial de un espacio sometido a una protección especial.
También alertan sobre el precedente que podría establecerse. Si se permite una primera ocupación comercial de estas características, argumentan, otras empresas podrían solicitar después un trato semejante. La acumulación de autorizaciones terminaría modificando progresivamente la configuración de un espacio actualmente destinado al tránsito, las vistas y el disfrute colectivo.
De Los Vivitos al paseo de Las Américas
La denuncia adquiere un contenido especialmente crítico al comparar la tramitación de este proyecto empresarial con la actuación desarrollada recientemente por el Ayuntamiento de Arona en el asentamiento irregular de Los Vivitos, situado en Malpaso-Buzanada.
Según los datos recogidos en el comunicado, el consistorio desplegó allí un amplio operativo policial durante la semana anterior. Fueron inspeccionadas 64 viviendas, se identificó a 94 personas y se precintaron 17 edificaciones. Muchas de ellas eran construcciones precarias levantadas por personas sin acceso a una vivienda normalizada.
Los denunciantes entienden que el contraste entre ambas actuaciones revela una desigual aplicación de la legalidad. Mientras frente a las familias asentadas en Los Vivitos se habría recurrido inmediatamente a inspecciones, presencia policial y precintos, una empresa privada puede tramitar la instalación de una caseta con fines económicos en un espacio litoral protegido.
«Si el Ayuntamiento de Arona afirma que está recuperando el control del territorio y defendiendo el interés general, ese mismo criterio debe aplicarse a todos. No puede existir una legalidad implacable para quien no tiene recursos y otra mucho más flexible cuando aparece una iniciativa empresarial», sostiene un portavoz de los colectivos.
La comparación no pretende equiparar jurídicamente ambas situaciones, que se encuentran sometidas a procedimientos distintos, sino denunciar lo que los firmantes consideran una diferencia política en las prioridades municipales: máxima contundencia ante las construcciones utilizadas como vivienda por personas sin recursos y mayor disposición a facilitar una ocupación empresarial del espacio público.
Acceso a los expedientes y control del uso efectivo
La Gaveta 20A, ATACA, ARCAN y Juan Francisco Galindo solicitan a la Dirección General de Costas acceso al expediente completo. Reclaman, asimismo, que se justifique expresamente la necesidad de colocar el expositor en el emplazamiento elegido y se informe de si fueron estudiadas otras ubicaciones fuera del dominio público marítimo-terrestre o de su zona de servidumbre.
Al Ayuntamiento de Arona le piden también una copia íntegra del expediente municipal y que ejerza sus competencias de inspección y protección de la legalidad. Entre otras cuestiones, consideran imprescindible comprobar que cualquier licencia, autorización o título habilitante se corresponda posteriormente con el uso efectivo de la instalación.
Los denunciantes insisten en que el litoral constituye un espacio limitado y sometido a fuertes presiones económicas. Por ello, reclaman que cualquier cesión para actividades privadas sea examinada con transparencia y con un criterio al menos tan riguroso como el empleado por el Ayuntamiento frente a las construcciones precarias de quienes no pueden acceder a una vivienda.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal.org, La Gaveta 20A, la Asociación de Taxistas Asalariados de Costa Adeje (ATACA), la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) y Juan Francisco Galindo, afectado por el proyecto Cuna del Alma, han anunciado la presentación de alegaciones contra la instalación de un expositor empresarial en el paseo marítimo de Playa de Las Américas. Los denunciantes sostienen que el Ayuntamiento de Arona aplica criterios mucho más severos contra quienes carecen de vivienda que ante determinadas iniciativas privadas.
Las alegaciones fueron presentadas este miércoles, 29 de julio, ante la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Arona. Su objetivo es que ambas administraciones revisen con especial rigor la solicitud formulada por la empresa GEO-FIBER, S. L. para instalar un puesto dedicado, según el proyecto, al ecoturismo y al turismo cultural en el paseo Francisco Andrade Fumero.
El procedimiento se encuentra todavía en fase de información pública. Por tanto, la ocupación no ha sido autorizada definitivamente y las organizaciones pretenden intervenir antes de que se adopte una resolución.
Una ocupación empresarial en pleno paseo marítimo
Los colectivos recuerdan que el emplazamiento elegido se encuentra en una zona sometida a las limitaciones propias de la legislación de Costas. Destacan, además, que este tramo del paseo marítimo presenta actualmente una configuración abierta y diáfana, sin casetas ni instalaciones comerciales semejantes que obstaculicen el tránsito o alteren las vistas.
Por esta razón, solicitan que se examine detenidamente la compatibilidad del expositor con el uso público del litoral. También reclaman que se explique por qué una actividad presentada como vinculada al ecoturismo y al turismo cultural necesita instalarse precisamente en ese lugar, en vez de ocupar alguno de los espacios próximos situados fuera del dominio público marítimo-terrestre o de sus zonas de servidumbre.
La legislación de Costas establece condiciones especialmente restrictivas para las ocupaciones privadas del litoral. Según argumentan los denunciantes, la Administración no debería limitarse a comprobar el cumplimiento formal de determinados requisitos, sino acreditar que la instalación resulta compatible con el disfrute común del espacio y que responde verdaderamente a la finalidad utilizada para solicitar la autorización.
Las dudas sobre el supuesto proyecto de ecoturismo
Las entidades alegantes piden igualmente que se compruebe la naturaleza real de la iniciativa. Advierten de que la empresa promotora habría desarrollado hasta ahora actividades relacionadas principalmente con la construcción y la compraventa de viviendas, y no con el ecoturismo.
Ese antecedente, sostienen, obliga a descartar que la presentación ambiental del proyecto pueda ser utilizada como una fórmula para facilitar la ocupación del paseo. Los colectivos relacionan esta preocupación con lo sucedido en Cuna del Alma, macroproyecto turístico promovido en el puertito de Adeje cuya justificación ambiental ha sido cuestionada reiteradamente por asociaciones ecologistas y movimientos ciudadanos.
Los firmantes no presentan como probado que exista una operación de greenwashing, pero reclaman que la Administración investigue esa posibilidad antes de conceder la autorización. A su juicio, invocar conceptos como la sostenibilidad, el ecoturismo o la cultura no puede ser suficiente para justificar el uso empresarial de un espacio sometido a una protección especial.
También alertan sobre el precedente que podría establecerse. Si se permite una primera ocupación comercial de estas características, argumentan, otras empresas podrían solicitar después un trato semejante. La acumulación de autorizaciones terminaría modificando progresivamente la configuración de un espacio actualmente destinado al tránsito, las vistas y el disfrute colectivo.
De Los Vivitos al paseo de Las Américas
La denuncia adquiere un contenido especialmente crítico al comparar la tramitación de este proyecto empresarial con la actuación desarrollada recientemente por el Ayuntamiento de Arona en el asentamiento irregular de Los Vivitos, situado en Malpaso-Buzanada.
Según los datos recogidos en el comunicado, el consistorio desplegó allí un amplio operativo policial durante la semana anterior. Fueron inspeccionadas 64 viviendas, se identificó a 94 personas y se precintaron 17 edificaciones. Muchas de ellas eran construcciones precarias levantadas por personas sin acceso a una vivienda normalizada.
Los denunciantes entienden que el contraste entre ambas actuaciones revela una desigual aplicación de la legalidad. Mientras frente a las familias asentadas en Los Vivitos se habría recurrido inmediatamente a inspecciones, presencia policial y precintos, una empresa privada puede tramitar la instalación de una caseta con fines económicos en un espacio litoral protegido.
«Si el Ayuntamiento de Arona afirma que está recuperando el control del territorio y defendiendo el interés general, ese mismo criterio debe aplicarse a todos. No puede existir una legalidad implacable para quien no tiene recursos y otra mucho más flexible cuando aparece una iniciativa empresarial», sostiene un portavoz de los colectivos.
La comparación no pretende equiparar jurídicamente ambas situaciones, que se encuentran sometidas a procedimientos distintos, sino denunciar lo que los firmantes consideran una diferencia política en las prioridades municipales: máxima contundencia ante las construcciones utilizadas como vivienda por personas sin recursos y mayor disposición a facilitar una ocupación empresarial del espacio público.
Acceso a los expedientes y control del uso efectivo
La Gaveta 20A, ATACA, ARCAN y Juan Francisco Galindo solicitan a la Dirección General de Costas acceso al expediente completo. Reclaman, asimismo, que se justifique expresamente la necesidad de colocar el expositor en el emplazamiento elegido y se informe de si fueron estudiadas otras ubicaciones fuera del dominio público marítimo-terrestre o de su zona de servidumbre.
Al Ayuntamiento de Arona le piden también una copia íntegra del expediente municipal y que ejerza sus competencias de inspección y protección de la legalidad. Entre otras cuestiones, consideran imprescindible comprobar que cualquier licencia, autorización o título habilitante se corresponda posteriormente con el uso efectivo de la instalación.
Los denunciantes insisten en que el litoral constituye un espacio limitado y sometido a fuertes presiones económicas. Por ello, reclaman que cualquier cesión para actividades privadas sea examinada con transparencia y con un criterio al menos tan riguroso como el empleado por el Ayuntamiento frente a las construcciones precarias de quienes no pueden acceder a una vivienda.
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