REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

    Una tormenta no distingue entre republicanos y demócratas. No examina papeletas ni consulta encuestas.

   Arranca tejados, bloquea carreteras, interrumpe el suministro eléctrico y destruye pequeños negocios con perfecta indiferencia partidista. Pero la ayuda destinada a reparar sus consecuencias sí puede adquirir color político cuando quien administra los fondos públicos considera que el Estado le pertenece.

    El pasado 2 de julio, Donald Trump rechazó las solicitudes de declaración de desastre presentadas por Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Rhode Island. Los cuatro estados reclamaban, en conjunto, 227 millones de dólares para afrontar los daños ocasionados por la histórica ventisca de febrero. Todos habían votado mayoritariamente por Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

    Aquella misma semana, Trump aprobó ayudas para nueve estados inclinados electoralmente hacia el Partido Republicano. En sus mensajes no se limitó a anunciar la liberación de fondos: aprovechó para elogiar a gobernadores, congresistas y candidatos republicanos, convirtiendo una decisión administrativa en un acto de propaganda electoral.

Una desigualdad difícil de explicar

     La Casa Blanca niega que exista discriminación y asegura que cada solicitud es sometida a una revisión rigurosa. Sin embargo, las cifras dibujan un panorama difícil de atribuir a la casualidad.

     Según un análisis de los datos públicos de FEMA realizado por Andrew Rumbach, investigador del Urban Institute, durante el segundo mandato de Trump se aprobó cerca del 84% de las solicitudes procedentes de estados que votaron por él, frente a solo un 42% de las formuladas por aquellos que respaldaron a Harris.

    También existen diferencias en los tiempos de respuesta. Los estados gobernados por republicanos esperaron una media de 39 días para conocer la decisión presidencial. Los demócratas tuvieron que aguardar alrededor de 80.

    No estamos, por tanto, ante cuatro resoluciones aisladas. Vermont, Illinois, Maryland, Colorado, California y Washington ya habían denunciado rechazos o retrasos semejantes. En varios casos, las evaluaciones realizadas conjuntamente por las autoridades estatales y FEMA confirmaban que los daños superaban los umbrales establecidos para recibir asistencia federal.

Daños comprobados, solicitudes rechazadas

    Rhode Island constituye un ejemplo particularmente revelador. La tormenta dejó casi un metro de nieve en 24 horas, vientos de hasta 119 kilómetros por hora, decenas de miles de hogares sin electricidad, cientos de atenciones hospitalarias y dos fallecidos.

   FEMA validó daños superiores a los 19 millones de dólares: más de nueve veces el mínimo exigido para considerar una declaración de desastre. La solicitud fue denegada sin una explicación detallada.

   En Nueva Jersey, la tormenta causó doce muertes, más de 127.000 cortes eléctricos y centenares de accidentes. Los daños reconocidos alcanzaron los 84,4 millones de dólares, cuando el umbral estatal necesario para optar a las ayudas rondaba los 18,5 millones. Tampoco fue suficiente.

    Sin los fondos federales, los gastos derivados de la retirada de nieve, la reparación de infraestructuras, los servicios de emergencia y la recuperación de instalaciones públicas deberán ser asumidos por los gobiernos estatales y municipales. En última instancia, recaerán nuevamente sobre la población mediante impuestos, recortes presupuestarios o endeudamiento.

El Estado convertido en patrimonio del gobernante

     El problema sobrepasa la personalidad arbitraria de Trump. Lo que aparece detrás de estas decisiones es una transformación del poder público: el tránsito desde un Estado que, al menos formalmente, reconoce derechos generales hacia otro que distribuye protección según la obediencia política.

    El presupuesto federal deja de presentarse como patrimonio colectivo y comienza a administrarse como la caja particular del gobernante. Quien se somete recibe; quien disiente aprende cuánto puede costarle su voto.

   Esta lógica posee una larga historia. El cacique entrega recursos a cambio de adhesión; el patrón recompensa al dócil y abandona al rebelde; el poder autoritario borra deliberadamente la frontera entre administración y partido. Trump traslada esa relación al funcionamiento de un Estado federal cuyos recursos proceden también de los impuestos pagados por los ciudadanos a quienes castiga.

De ciudadanos a súbditos

    La enseñanza más inquietante de todo esto es que, cuando el acceso a la reconstrucción depende de la lealtad al gobernante, lo que comienza a desaparecer no es únicamente la imparcialidad administrativa. Desaparece también la propia noción de ciudadanía.

    En su lugar surge una población dividida entre fieles merecedores de protección y adversarios a quienes puede abandonarse bajo los escombros. El fondo público se transforma en recompensa, el auxilio en privilegio y el presidente en una especie de propietario que decide quién merece ser socorrido.

    La tormenta sigue sin preguntar a quién votó cada damnificado. El poder, sin embargo, parece haber comenzado a hacerlo.