TRUMP DESATA LA MAYOR OFENSIVA CONTRA EL DERECHO AL VOTO EN DÉCADAS
¿Existe realmente el fraude masivo que denuncia o se está utilizando el miedo para restringir el voto de millones de ciudadanos?
Las cifras oficiales y los registros judiciales chocan frontalmente con el discurso de Donald Trump sobre el voto ilegal. La batalla ya no parece librarse en las urnas, sino en la confianza de los ciudadanos. Mientras la Casa Blanca habla de una "conspiración electoral" de inmigrantes, los datos judiciales muestran un fenómeno casi inexistente. Entonces, ¿qué se está jugando realmente en Estados Unidos?
REDACCIÓN CS
En política existe una regla que rara vez falla. Cuando los hechos no sostienen un relato, se intenta que sea el relato el que sustituya a los hechos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la campaña impulsada por Donald Trump en torno al supuesto voto masivo de inmigrantes sin ciudadanía.
Desde hace meses, el presidente estadounidense sostiene que millones de extranjeros representan una amenaza para la limpieza del sistema electoral.
![[Img #93290]](https://canarias-semanal.org/upload/images/07_2026/7105_trump2.jpg)
Según Trump, el Partido Demócrata habría permitido la entrada de inmigrantes para alterar el equilibrio político del país y perpetuarse en el poder. Sobre esa idea ha construido una ofensiva política destinada a endurecer el acceso al voto y ampliar el control federal sobre unas elecciones que, históricamente, administran los propios estados. El problema es que las cifras disponibles no respaldan ese discurso.
LOS DATOS DESMONTAN EL RELATO
Según una investigación especial de la Agencia Reuters, elaborada tras analizar miles de registros judiciales federales, desde que en 1996 se creó el delito específico de voto por parte de extranjeros únicamente 129 personas han sido procesadas en todo Estados Unidos. Más de dos tercios de esos procedimientos se produjeron durante la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, en ninguno de ellos apareció ninguna organización destinada a alterar unas elecciones ni se hallaron pruebas de una conspiración política para beneficiar a demócratas o republicanos.
Según Reuters, la inmensa mayoría de los casos tenían un origen muy distinto: errores administrativos, confusión sobre la normativa electoral o personas convencidas de que podían votar legalmente. La diferencia entre el relato político y la realidad judicial resulta difícil de ignorar.
CUANDO LOS ERRORES SE CONVIERTEN EN DELITOS
Los propios expedientes judiciales muestran hasta qué punto muchos de estos procedimientos nacen de situaciones ambiguas. Según Reuters, de las 73 personas condenadas o declaradas culpables por votar siendo extranjeras, cuarenta aseguraban creer que tenían derecho a hacerlo. Treinta y dos afirmaron haber sido inscritas por error, animadas por funcionarios electorales o informadas equivocadamente de que cumplían los requisitos legales. La afiliación política conocida de los acusados tampoco apuntaba hacia ninguna conspiración: había demócratas, republicanos e independientes.
Uno de los ejemplos más significativos es el de Dora Damatta-Rodríguez, una mujer nacida en Panamá que residía legalmente en Estados Unidos desde hacía décadas. Según Reuters, se registró para votar convencida de que podía hacerlo después de que las autoridades aceptaran su inscripción. Años más tarde fue condenada, pasó trece días en prisión y finalmente fue deportada durante el segundo mandato de Trump. Su historia refleja una realidad muy distinta de la imagen de fraude organizado que presenta la Casa Blanca.
LA GRAN OFENSIVA SOBRE LOS CENSOS ELECTORALES
Pese a la escasa dimensión estadística del fenómeno, la Administración Trump ha convertido esta cuestión en uno de los ejes de su estrategia política. Según Reuters, el presidente impulsa la denominada SAVE America Act, una propuesta legislativa que exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse como votante y reforzaría los controles sobre los registros electorales. El propio Trump llegó a afirmar que esa ley garantizaría que los republicanos no perdieran una elección "durante cien años".
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha demandado a numerosos estados para obligarlos a entregar sus censos electorales completos, incluyendo datos confidenciales de millones de ciudadanos. Sin embargo, esa estrategia ha encontrado un importante obstáculo en los tribunales.
LOS JUECES FRENAN LA "NACIONALIZACIÓN" DE LAS ELECCIONES
Según Reuters, varios jueces federales han rechazado las demandas del Gobierno al considerar que el Departamento de Justicia no explicó adecuadamente por qué necesitaba acceder a esos datos ni qué norma obligaba a los estados a entregarlos.
Otros magistrados recordaron que la Constitución estadounidense atribuye a los estados la administración de las elecciones federales y que el Gobierno central no puede apropiarse de esas competencias mediante simples decisiones administrativas.
Según Reuters, especialistas en derecho electoral consideran que la verdadera finalidad de esta ofensiva consiste en ampliar la capacidad del Gobierno federal para intervenir sobre los censos y revisar quién puede votar.
LA POLÍTICA DEL MIEDO
Las advertencias no proceden únicamente de organizaciones próximas al Partido Demócrata. Según el Brennan Center for Justice, uno de los principales centros de investigación sobre derechos electorales de Estados Unidos, los sistemas utilizados para verificar la ciudadanía contienen errores e información desactualizada que podrían identificar equivocadamente como extranjeros a miles de ciudadanos naturalizados, facilitando exclusiones indebidas del censo electoral.
Mientras tanto, según Reuters, responsables electorales de ambos partidos coinciden en que el voto ilegal de extranjeros existe, pero su incidencia es tan reducida que carece de capacidad para modificar el resultado de unas elecciones.
Sin embargo, la percepción pública avanza por un camino diferente. Una encuesta de Reuters/Ipsos revela que casi la mitad de los estadounidenses cree que grandes cantidades de inmigrantes sin ciudadanía votan de forma fraudulenta.
Ahí reside probablemente el verdadero éxito de esta estrategia. No consiste en demostrar que existe un fraude masivo. Consiste en convencer a millones de personas de que podría existir. Porque, una vez instalada la sospecha, los datos dejan de importar. Y cuando la desconfianza sustituye a la evidencia, cualquier resultado electoral puede ponerse en cuestión incluso antes de abrirse las urnas.
REDACCIÓN CS
En política existe una regla que rara vez falla. Cuando los hechos no sostienen un relato, se intenta que sea el relato el que sustituya a los hechos. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la campaña impulsada por Donald Trump en torno al supuesto voto masivo de inmigrantes sin ciudadanía.
Desde hace meses, el presidente estadounidense sostiene que millones de extranjeros representan una amenaza para la limpieza del sistema electoral.
Según Trump, el Partido Demócrata habría permitido la entrada de inmigrantes para alterar el equilibrio político del país y perpetuarse en el poder. Sobre esa idea ha construido una ofensiva política destinada a endurecer el acceso al voto y ampliar el control federal sobre unas elecciones que, históricamente, administran los propios estados. El problema es que las cifras disponibles no respaldan ese discurso.
LOS DATOS DESMONTAN EL RELATO
Según una investigación especial de la Agencia Reuters, elaborada tras analizar miles de registros judiciales federales, desde que en 1996 se creó el delito específico de voto por parte de extranjeros únicamente 129 personas han sido procesadas en todo Estados Unidos. Más de dos tercios de esos procedimientos se produjeron durante la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, en ninguno de ellos apareció ninguna organización destinada a alterar unas elecciones ni se hallaron pruebas de una conspiración política para beneficiar a demócratas o republicanos.
Según Reuters, la inmensa mayoría de los casos tenían un origen muy distinto: errores administrativos, confusión sobre la normativa electoral o personas convencidas de que podían votar legalmente. La diferencia entre el relato político y la realidad judicial resulta difícil de ignorar.
CUANDO LOS ERRORES SE CONVIERTEN EN DELITOS
Los propios expedientes judiciales muestran hasta qué punto muchos de estos procedimientos nacen de situaciones ambiguas. Según Reuters, de las 73 personas condenadas o declaradas culpables por votar siendo extranjeras, cuarenta aseguraban creer que tenían derecho a hacerlo. Treinta y dos afirmaron haber sido inscritas por error, animadas por funcionarios electorales o informadas equivocadamente de que cumplían los requisitos legales. La afiliación política conocida de los acusados tampoco apuntaba hacia ninguna conspiración: había demócratas, republicanos e independientes.
Uno de los ejemplos más significativos es el de Dora Damatta-Rodríguez, una mujer nacida en Panamá que residía legalmente en Estados Unidos desde hacía décadas. Según Reuters, se registró para votar convencida de que podía hacerlo después de que las autoridades aceptaran su inscripción. Años más tarde fue condenada, pasó trece días en prisión y finalmente fue deportada durante el segundo mandato de Trump. Su historia refleja una realidad muy distinta de la imagen de fraude organizado que presenta la Casa Blanca.
LA GRAN OFENSIVA SOBRE LOS CENSOS ELECTORALES
Pese a la escasa dimensión estadística del fenómeno, la Administración Trump ha convertido esta cuestión en uno de los ejes de su estrategia política. Según Reuters, el presidente impulsa la denominada SAVE America Act, una propuesta legislativa que exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse como votante y reforzaría los controles sobre los registros electorales. El propio Trump llegó a afirmar que esa ley garantizaría que los republicanos no perdieran una elección "durante cien años".
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha demandado a numerosos estados para obligarlos a entregar sus censos electorales completos, incluyendo datos confidenciales de millones de ciudadanos. Sin embargo, esa estrategia ha encontrado un importante obstáculo en los tribunales.
LOS JUECES FRENAN LA "NACIONALIZACIÓN" DE LAS ELECCIONES
Según Reuters, varios jueces federales han rechazado las demandas del Gobierno al considerar que el Departamento de Justicia no explicó adecuadamente por qué necesitaba acceder a esos datos ni qué norma obligaba a los estados a entregarlos.
Otros magistrados recordaron que la Constitución estadounidense atribuye a los estados la administración de las elecciones federales y que el Gobierno central no puede apropiarse de esas competencias mediante simples decisiones administrativas.
Según Reuters, especialistas en derecho electoral consideran que la verdadera finalidad de esta ofensiva consiste en ampliar la capacidad del Gobierno federal para intervenir sobre los censos y revisar quién puede votar.
LA POLÍTICA DEL MIEDO
Las advertencias no proceden únicamente de organizaciones próximas al Partido Demócrata. Según el Brennan Center for Justice, uno de los principales centros de investigación sobre derechos electorales de Estados Unidos, los sistemas utilizados para verificar la ciudadanía contienen errores e información desactualizada que podrían identificar equivocadamente como extranjeros a miles de ciudadanos naturalizados, facilitando exclusiones indebidas del censo electoral.
Mientras tanto, según Reuters, responsables electorales de ambos partidos coinciden en que el voto ilegal de extranjeros existe, pero su incidencia es tan reducida que carece de capacidad para modificar el resultado de unas elecciones.
Sin embargo, la percepción pública avanza por un camino diferente. Una encuesta de Reuters/Ipsos revela que casi la mitad de los estadounidenses cree que grandes cantidades de inmigrantes sin ciudadanía votan de forma fraudulenta.
Ahí reside probablemente el verdadero éxito de esta estrategia. No consiste en demostrar que existe un fraude masivo. Consiste en convencer a millones de personas de que podría existir. Porque, una vez instalada la sospecha, los datos dejan de importar. Y cuando la desconfianza sustituye a la evidencia, cualquier resultado electoral puede ponerse en cuestión incluso antes de abrirse las urnas.
Fabricio Mortero | Martes, 21 de Julio de 2026 a las 03:05:20 horas
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