PLAYAS PARA EL TURISMO, CONTAMINACIÓN PARA LOS RESIDENTES

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Vivir rodeado de mar y no poder bañarse en él. Pocas imágenes resumen mejor la contradicción que ha comenzado a afectar de lleno a Canarias.

 El mismo océano que se exhibe en aeropuertos, ferias internacionales y campañas publicitarias empieza a convertirse, para una parte de la población isleña, en un espacio masificado, contaminado o sencillamente inaccesible.

  Detrás de la fotografía promocional —arena limpia, agua transparente y algún turista oportunamente solitario— existe otra realidad menos fotogénica: playas cerradas por bacterias fecales, redes de saneamiento desbordadas, emisarios sin autorización y residentes que renuncian al litoral para refugiarse en piscinas privadas. El mar permanece físicamente allí, en efecto, pero su disfrute deja de estar garantizado.

  No se trata solamente de una sucesión de accidentes. Lo que está emergiendo es la factura ambiental y social de un modelo económico que ha multiplicado plazas alojativas, urbanizaciones, carreteras, puertos y visitantes hasta superar los límites asumibles por los ecosistemas locales. 

BAÑARSE SIN SABER QUÉ HAY EN EL AGUA

     El último episodio se produjo en la playa Leocadio Machado, en El Médano, Tenerife. El pasado 6 de julio se prohibió el baño después de que los análisis detectaran 800 unidades formadoras de colonias de Escherichia coli por cada cien mililitros de agua.  La cifra no era ligeramente elevada. Superaba ampliamente los valores utilizados para evaluar la calidad sanitaria de las aguas costeras. Tres días después, la playa fue reabierta, aunque el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aseguró desconocer la causa concreta de la contaminación.

  Ese desconocimiento resulta tan preocupante como el propio vertido. Si no se identifica su origen, tampoco puede asegurarse que no vuelva a producirse. La gestión queda reducida entonces a un mecanismo defensivo: se analiza el agua, se detecta el problema, se coloca una bandera roja y se espera a que los niveles bacterianos disminuyan.

  Mientras llegan los resultados —un proceso que puede prolongarse durante dos o tres días— cientos de personas pueden haber entrado ya en contacto con el agua contaminada.

  La normativa europea emplea la presencia de E. coli y enterococos intestinales como indicadores de contaminación fecal. Pero las aguas residuales pueden transportar también rotavirus, hepatitis A, salmonela y otros microorganismos capaces de provocar gastroenteritis, vómitos, fiebre, afecciones respiratorias o infecciones cutáneas.

  Por eso las asociaciones ambientales reclaman algo más que cierres provisionales. Exigen controles frecuentes, información inmediata y una investigación real sobre las causas. No basta con comunicar que una playa vuelve a ser apta para el baño. La población tiene derecho a saber por qué dejó de serlo.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL, NO UNA COLECCIÓN DE INCIDENTES

   El censo actualizado de vertidos desde tierra al mar contabilizó en Canarias 403 puntos, 361 de ellos activos. De ese conjunto, 216 carecían de autorización o todavía no habían regularizado su situación. Tenerife concentraba 180 y Gran Canaria otros 115. Es decir, ambas islas reunían la mayor parte de los vertidos registrados en el Archipiélago. El propio Gobierno canario reconoció en 2025 que más de la mitad de los puntos censados seguían sin autorización.

  Las consecuencias se encuentran repartidas por toda la geografía isleña. Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, permaneció cerrada durante casi un año. La playa principal de Arrecife estuvo seis meses sin poder utilizarse. En El Confital, en Gran Canaria, los episodios de contaminación se han repetido durante años. En Telde, una crisis ambiental obligó a restringir el acceso a numerosas zonas de baño. También se han registrado cierres recientes en Playa Blanca y otros enclaves turísticos.

  Algunos vertidos desembocan, además, en áreas marinas protegidas. La paradoja resulta difícil de ocultar: se reconoce oficialmente el valor ecológico de esos ecosistemas y, al mismo tiempo, se permite que reciban aguas urbanas insuficientemente tratadas, salmueras y residuos procedentes de distintas actividades económicas.

  La gravedad del problema quedó reflejada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de diciembre de 2025. El fallo declaró que España había incumplido sus obligaciones en materia de recogida, tratamiento y control de aguas residuales urbanas. Doce de las aglomeraciones que carecían de sistemas colectores adecuados se encontraban en Tenerife, entre ellas Adeje-Arona, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, San Isidro-Litoral y Valle de La Orotava. La resolución afectaba también a numerosos núcleos de Andalucía, Euskadi, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria. La sentencia completa muestra que el incumplimiento no era ocasional, sino extendido territorialmente.

DEL MEDITERRÁNEO AL CANTÁBRICO: LA MISMA TUBERÍA

  Canarias constituye uno de los ejemplos más extremos, pero no una excepción. El informe Banderas Negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción después de examinar unos 8.000 kilómetros de costa, identificó 48 casos especialmente graves. Catorce correspondían a vertidos y deficiencias en los sistemas de saneamiento; ocho, a urbanización del litoral e invasión del dominio público, y cuatro, directamente a los efectos de la turistificación y la masificación. La organización advierte de que los casos seleccionados representan solo una parte de la degradación existente.

  En Salobreña, Granada, la playa de La Charca tuvo que cerrar en dos ocasiones durante el verano de 2025 por elevadas concentraciones de enterococos intestinales. La red de depuración no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de aguas residuales durante la temporada turística, cuando la población se multiplica. A ello se añaden urbanizaciones y viviendas que continúan sin conexión al alcantarillado.

   En la playa de Maro, en Nerja, se han denunciado vertidos procedentes de instalaciones turísticas que no están conectadas a la depuradora municipal. En Torredembarra, Tarragona, una red que mezcla aguas pluviales y residuales rebosa durante los episodios de lluvia y arrastra residuos fecales a través de la arena hasta el mar.

  En el Puerto de Pollença, Mallorca, el sistema de saneamiento envejecido no soporta la demanda del verano. Algunas tuberías deterioradas vierten directamente a la bahía, mientras centenares de fondeos dañan los fondos marinos. La contaminación no llega sola: forma parte de una acumulación de presiones producida por décadas de urbanización turística.

   En el litoral valenciano, el verano de 2025 dejó cierres en Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús, Cullera, Calpe y Benidorm por episodios de contaminación bacteriana. En varios casos se investigaron filtraciones del alcantarillado y aportes procedentes de ríos y canales. La repetición geográfica demuestra que el problema aparece allí donde el crecimiento urbano y turístico supera la capacidad de las infraestructuras.

   Es importante no deformar el diagnóstico: la mayor parte de las aguas de baño europeas obtiene una calificación buena o excelente. En 2025, aproximadamente el 88% de las zonas costeras examinadas en Europa recibió la máxima categoría. Pero esas medias anuales no eliminan los vertidos puntuales ni protegen a quien se baña durante las horas o días anteriores a una prohibición. La Agencia Europea de Medio Ambiente admite, además, que los controles habituales se concentran en dos indicadores bacterianos.

CUANDO LA PLAYA DEJA DE SER UN BIEN COMÚN

   La contaminación tiene también una dimensión de clase. Para una familia trabajadora, la playa es uno de los pocos espacios de ocio que todavía pueden disfrutarse sin pagar entrada. Cuando el baño se vuelve inseguro, cuando llegar exige horas de tráfico o cuando la arena está saturada, la alternativa suele ser un espacio privatizado: una piscina, un club, un hotel o una urbanización residencial.

  Quien dispone de dinero compra tranquilidad. Quien no lo tiene pierde una parte de su territorio. La playa continúa siendo jurídicamente pública, pero su valor de uso disminuye para la población residente. Puede existir en los mapas y, sin embargo, resultar materialmente inaccesible. La privatización no siempre necesita una valla. También puede producirse mediante la contaminación, la ocupación hotelera, los aparcamientos imposibles, la saturación o el deterioro deliberadamente tolerado.

  En Canarias esta pérdida posee, además, una dimensión cultural. El mar no es un decorado exterior, sino parte de la memoria colectiva: lugar de encuentro, descanso, pesca, juego y relación entre generaciones. Ser expulsado de él genera una forma de desposesión difícil de contabilizar en las estadísticas turísticas.

EL CAPITAL TURÍSTICO DEVORA AQUELLO QUE VENDE

   La contradicción resulta transparente. Para la población, la playa posee un valor de uso: permite bañarse, descansar, relacionarse y disfrutar de la naturaleza. Para el capital turístico posee, ante todo, un valor de cambio: es el paisaje que permite vender habitaciones, vuelos, excursiones, viviendas vacacionales y paquetes de ocio.

  El problema surge cuando la búsqueda de rentabilidad subordina el primer valor al segundo.  Los beneficios se concentran en cadenas hoteleras, fondos inmobiliarios, operadores turísticos, aerolíneas y grandes propietarios. Los costes, en cambio, se socializan. La comunidad paga las depuradoras, la gestión de residuos, las carreteras, la regeneración de playas, los dispositivos sanitarios y la restauración de los ecosistemas dañados. La empresa cobra por explotar el destino; la sociedad recibe la factura por mantenerlo habitable.

   España recibió 96,8 millones de turistas internacionales en 2025, un nuevo máximo histórico. El gasto alcanzó los 134.712 millones de euros. Ambas cifras fueron presentadas por el INE como prueba de la fortaleza económica del sector. Pero medir únicamente llegadas y gasto oculta la pregunta decisiva: ¿cuántos visitantes puede absorber cada territorio sin deteriorar las condiciones de vida de quienes lo habitan?

  El modelo necesita playas limpias, paisajes conservados y ecosistemas saludables, pero su dinámica expansiva destruye las bases naturales de las que depende. Construye más alojamientos, atrae más población flotante, incrementa el consumo de agua y energía y genera más residuos. Después descubre, sorprendido, que las tuberías, las depuradoras y el territorio tienen límites.

  No es un error externo al sistema. Es la consecuencia de una economía organizada para ampliar incesantemente la rentabilidad, aunque el espacio físico sea finito.

  La solución, por tanto, no puede limitarse a construir depuradoras mayores para recibir todavía más turistas. Sería necesaria un cambio radical que suponga el abandono de este modelo turístico de masas, una moratoria sobre nuevos desarrollos en territorios saturados, límites efectivos a las plazas turísticas y una planificación determinada por la capacidad ecológica y  no por las expectativas empresariales.

  De lo contrario, el llamado "paraíso" terminará convertido en una mercancía que sus propios habitantes solo podrán contemplar desde lejos: impreso en el anuncio de un hotel, encerrado tras el muro de una piscina o flotando, irreconocible, sobre un mar que alguna vez fue de todos.