EXIGEN AL GOBIERNO MEDIDAS URGENTES PARA FRENAR LA CRISIS DEL ALQUILER Y RECUPERAR LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS DESAHUCIOS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha expresado su exigencia al Gobierno y al Congreso de los Diputados para que el futuro paquete de medidas sobre vivienda incorpore reformas que considera imprescindibles para proteger a las personas arrendatarias y hacer frente a la crisis habitacional que atraviesa el país. La organización sindical reclama que los anuncios realizados por el Ejecutivo se traduzcan en medidas concretas y de aplicación inmediata, entre ellas la reducción de los precios de los alquileres, la regulación del fraude asociado a los alquileres de temporada y de habitaciones, la recuperación de las prórrogas obligatorias de los contratos —incluyendo aquellos que se encuentran en tácita reconducción— y el restablecimiento de la moratoria antidesahucios.

  La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha realizado estas valoraciones después de que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunciara tras la reunión del Consejo de Ministros la elaboración de un amplio texto legislativo en materia de vivienda que incluiría diversas medidas destinadas a intervenir en el mercado del alquiler.

El Sindicato de Inquilinas reclama que los anuncios se conviertan en medidas efectivas

   Según explica en el comunicado la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Carme Arcarazo, los anuncios realizados por el Ejecutivo deben ser recibidos con cautela hasta que exista un texto definitivo que pueda ser analizado y, posteriormente, aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La portavoz recuerda que durante la presente legislatura se han producido numerosos anuncios relacionados con la vivienda que finalmente no se han materializado o lo han hecho de forma muy limitada.

  La Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera además que las medidas adelantadas por el Gobierno constituyen únicamente un punto de partida y las califica como "medidas de mínimos", insistiendo en que la gravedad de la situación exige actuaciones mucho más amplias y eficaces.

  Entre las principales reivindicaciones planteadas por la organización destaca la aprobación de la denominada Ley Antiestafas Inquilina, una iniciativa legislativa elaborada por la propia Confederación de Sindicatos de Inquilinas y presentada hace dos años en el Congreso de los Diputados. Según denuncia el colectivo, esta propuesta permanece bloqueada desde entonces pese a que aborda uno de los problemas que, a su juicio, más está contribuyendo al incremento de la precariedad residencial: el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones para eludir la normativa de protección de los inquilinos.

  Carme Arcarazo sostiene que resulta fundamental que esta regulación sea aprobada sin modificaciones que desvirtúen su contenido original, al entender que constituye una herramienta esencial para combatir prácticas que, según el sindicato, están expulsando a miles de personas del mercado del alquiler estable.

  Otra de las demandas centrales de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas es la recuperación de las prórrogas obligatorias de los contratos de arrendamiento, incluyendo también aquellos que continúan mediante tácita reconducción. La organización considera que esta medida debe aplicarse de manera integral para garantizar protección a todas las personas inquilinas, con independencia del tipo de contrato que tengan suscrito.

  En este sentido, Arcarazo subraya que cualquier modificación legal debe evitar excepciones o vacíos normativos que permitan dejar fuera a parte de los arrendatarios. Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas sostienen que únicamente una regulación completa permitirá ofrecer estabilidad residencial en un contexto marcado por el incremento constante de los precios del alquiler.

   El comunicado dedica también una atención especial a la situación de los desahucios. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas denuncia que durante las últimas semanas se ha producido una intensificación de los procedimientos de lanzamiento y considera imprescindible recuperar la moratoria de desahucios que, según recuerda la organización, llegó a proteger a alrededor de 60.000 familias en situación de vulnerabilidad.

  Para el sindicato, la reactivación inmediata de esta medida constituye una obligación política ante el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda que sufren amplios sectores de la población.

Movilización social y advertencia de nuevas protestas

  La Confederación de Sindicatos de Inquilinas vincula además estas reivindicaciones con el creciente movimiento de protesta social que se ha desarrollado durante los últimos meses. En el comunicado recuerda que durante la pasada primavera decenas de miles de personas participaron en movilizaciones celebradas simultáneamente en 34 ciudades para denunciar el elevado coste de la vivienda y reclamar soluciones estructurales.

  El colectivo destaca igualmente que las protestas continúan extendiéndose por distintos territorios y recuerda que recientemente se celebraron nuevas movilizaciones en ciudades como Málaga, Cádiz y San Cristóbal, donde volvió a escucharse el lema: "Ni salarios por los suelos, ni alquileres por las nubes".

  La Confederación de Sindicatos de Inquilinas advierte de que, si las administraciones públicas no adoptan medidas estructurales capaces de afrontar el problema del acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida que afecta especialmente a las clases trabajadoras, las movilizaciones podrían intensificarse hasta desembocar en la convocatoria de una huelga general.

  Respecto a los anuncios realizados por el Ejecutivo, el comunicado recuerda que el Gobierno ha informado de su intención de aprobar un Real Decreto que incluiría medidas como la subida al 21 % del IVA para los pisos turísticos, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler y la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito.

  Asimismo, la portavoz del Gobierno anunció la preparación de medidas fiscales destinadas a favorecer la reducción del precio de los alquileres, así como actuaciones encaminadas a agilizar los procedimientos administrativos para incrementar la oferta de vivienda asequible.

  No obstante, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas considera que estas iniciativas solo serán eficaces si abordan las causas estructurales de la crisis habitacional. En el comunicado, la organización sostiene que la solución no pasa por mantener una posición neutral frente a un sistema que, según denuncia, favorece la transferencia de rentas desde las clases trabajadoras hacia una minoría rentista.

   La Confederación de Sindicatos de Inquilinas afirma que esta situación ya se produjo con la anterior Ley de Vivienda y critica que se intente conciliar intereses contrapuestos en un conflicto que, a su juicio, enfrenta directamente los intereses de quienes necesitan una vivienda para vivir con los de quienes obtienen beneficios económicos mediante el alquiler. El sindicato concluye que, mientras continúe prevaleciendo este modelo, las consecuencias seguirán recayendo sobre la mayoría social que depende del mercado del alquiler para acceder a una vivienda digna.