MALOS TRATOS Y AMENAZAS CONTRA PRESO POLÍTICO SAHARAUI DEL CAMPAMENTO DE LA DIGNIDAD
Denuncian nuevas vulneraciones de derechos contra uno de los miembros del grupo de Gdeim Izik.
La familia de Mohamed Lamine Haddi ha denunciado nuevas amenazas y malos tratos contra el preso saharaui en la cárcel marroquí de Tiflet 2. Su caso vuelve a evidenciar la situación que denuncian desde hace años los presos políticos saharauis encarcelados por Marruecos.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La situación de los presos políticos saharauis vuelve a ocupar el centro de las denuncias de organizaciones de derechos humanos tras las informaciones sobre nuevas amenazas y malos tratos sufridos por Mohamed Lamine Abidin Haddi en la prisión marroquí de Tiflet 2. Su caso no puede entenderse de forma aislada. Forma parte de una larga historia de represión vinculada al campamento de Gdeim Izik, considerado por numerosos analistas como uno de los episodios más importantes de la resistencia saharaui contemporánea.
En octubre de 2010, miles de saharauis levantaron el campamento de Gdeim Izik a unos kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Durante semanas, cerca de 20.000 personas se concentraron allí para denunciar la discriminación social, económica y política que sufría la población saharaui bajo la ocupación. Aquella movilización masiva, organizada de forma pacífica, fue desmantelada violentamente por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010. Los enfrentamientos posteriores dieron paso a una amplia campaña de detenciones que afectó a decenas de activistas saharauis.
De aquel episodio surgió el conocido grupo de Gdeim Izik, formado por activistas que fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron irregularidades en los procesos judiciales, cuestionando la validez de confesiones obtenidas bajo coacción y la ausencia de garantías propias de un juicio justo.
Uno de esos presos es Mohamed Lamine Abidin Haddi, condenado a 25 años de cárcel y recluido actualmente en la prisión de Tiflet 2, situada al este de Rabat. Según una nota difundida por la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, la familia del preso recibió información preocupante sobre nuevos abusos sufridos por su hijo.
De acuerdo con la denuncia, Haddi fue convocado el pasado 19 de junio por la dirección del centro penitenciario. Una vez allí, habría sido objeto de insultos, amenazas y malos tratos por parte de funcionarios de la prisión encabezados por un responsable de pabellón identificado como Abdelati. Según el relato transmitido por la familia, el preso fue amenazado con la retirada de derechos básicos dentro del establecimiento penitenciario.
La familia ha manifestado una profunda preocupación por la integridad física y psicológica de Mohamed Lamine Haddi y teme posibles represalias adicionales. Por ello, ha solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y de todas las instituciones capaces de ejercer presión para proteger al preso y al resto de los encarcelados saharauis.
Las denuncias sobre las condiciones de reclusión de Haddi no son nuevas. Durante los últimos años, diferentes organizaciones han alertado sobre largos periodos de aislamiento, restricciones en las comunicaciones familiares, dificultades para recibir atención médica y otras medidas que consideran incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Su situación se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la situación que viven los presos saharauis en cárceles marroquíes.
El problema, sin embargo, trasciende a un solo recluso. Diversas asociaciones saharauis y organizaciones solidarias denuncian desde hace años que numerosos activistas encarcelados por motivos políticos sufren dispersión penitenciaria, alejamiento de sus familias y condiciones especialmente duras de reclusión. Muchos de ellos cumplen largas condenas relacionadas con actividades de protesta, reivindicación política o defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
La cuestión de los presos políticos continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos del conflicto del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. Mientras Marruecos rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que las condenas responden a delitos comunes, organizaciones saharauis e importantes entidades de derechos humanos mantienen que numerosos activistas fueron procesados en procedimientos que no respetaron plenamente las garantías judiciales internacionales.
Las nuevas denuncias sobre Mohamed Lamine Haddi vuelven a poner de relieve una realidad que permanece lejos de los focos mediáticos internacionales. Más de quince años después del desmantelamiento de Gdeim Izik, las consecuencias de aquel acontecimiento siguen presentes en la vida de decenas de presos saharauis y de sus familias, que continúan reclamando justicia, respeto a los derechos humanos y una solución al conflicto que afecta al pueblo saharaui desde hace décadas.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La situación de los presos políticos saharauis vuelve a ocupar el centro de las denuncias de organizaciones de derechos humanos tras las informaciones sobre nuevas amenazas y malos tratos sufridos por Mohamed Lamine Abidin Haddi en la prisión marroquí de Tiflet 2. Su caso no puede entenderse de forma aislada. Forma parte de una larga historia de represión vinculada al campamento de Gdeim Izik, considerado por numerosos analistas como uno de los episodios más importantes de la resistencia saharaui contemporánea.
En octubre de 2010, miles de saharauis levantaron el campamento de Gdeim Izik a unos kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Durante semanas, cerca de 20.000 personas se concentraron allí para denunciar la discriminación social, económica y política que sufría la población saharaui bajo la ocupación. Aquella movilización masiva, organizada de forma pacífica, fue desmantelada violentamente por las fuerzas marroquíes el 8 de noviembre de 2010. Los enfrentamientos posteriores dieron paso a una amplia campaña de detenciones que afectó a decenas de activistas saharauis.
De aquel episodio surgió el conocido grupo de Gdeim Izik, formado por activistas que fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, denunciaron irregularidades en los procesos judiciales, cuestionando la validez de confesiones obtenidas bajo coacción y la ausencia de garantías propias de un juicio justo.
Uno de esos presos es Mohamed Lamine Abidin Haddi, condenado a 25 años de cárcel y recluido actualmente en la prisión de Tiflet 2, situada al este de Rabat. Según una nota difundida por la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, la familia del preso recibió información preocupante sobre nuevos abusos sufridos por su hijo.
De acuerdo con la denuncia, Haddi fue convocado el pasado 19 de junio por la dirección del centro penitenciario. Una vez allí, habría sido objeto de insultos, amenazas y malos tratos por parte de funcionarios de la prisión encabezados por un responsable de pabellón identificado como Abdelati. Según el relato transmitido por la familia, el preso fue amenazado con la retirada de derechos básicos dentro del establecimiento penitenciario.
La familia ha manifestado una profunda preocupación por la integridad física y psicológica de Mohamed Lamine Haddi y teme posibles represalias adicionales. Por ello, ha solicitado la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y de todas las instituciones capaces de ejercer presión para proteger al preso y al resto de los encarcelados saharauis.
Las denuncias sobre las condiciones de reclusión de Haddi no son nuevas. Durante los últimos años, diferentes organizaciones han alertado sobre largos periodos de aislamiento, restricciones en las comunicaciones familiares, dificultades para recibir atención médica y otras medidas que consideran incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Su situación se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de la situación que viven los presos saharauis en cárceles marroquíes.
El problema, sin embargo, trasciende a un solo recluso. Diversas asociaciones saharauis y organizaciones solidarias denuncian desde hace años que numerosos activistas encarcelados por motivos políticos sufren dispersión penitenciaria, alejamiento de sus familias y condiciones especialmente duras de reclusión. Muchos de ellos cumplen largas condenas relacionadas con actividades de protesta, reivindicación política o defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
La cuestión de los presos políticos continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos del conflicto del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. Mientras Marruecos rechaza la existencia de presos políticos y sostiene que las condenas responden a delitos comunes, organizaciones saharauis e importantes entidades de derechos humanos mantienen que numerosos activistas fueron procesados en procedimientos que no respetaron plenamente las garantías judiciales internacionales.
Las nuevas denuncias sobre Mohamed Lamine Haddi vuelven a poner de relieve una realidad que permanece lejos de los focos mediáticos internacionales. Más de quince años después del desmantelamiento de Gdeim Izik, las consecuencias de aquel acontecimiento siguen presentes en la vida de decenas de presos saharauis y de sus familias, que continúan reclamando justicia, respeto a los derechos humanos y una solución al conflicto que afecta al pueblo saharaui desde hace décadas.
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