MOVIMIENTO POR LA VIVIENDA SALE A LA CALLE EN CANARIAS ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS HABITACIONAL
Colectivos sociales convocan movilizaciones en Gran Canaria, La Palma y Tenerife
El encarecimiento de la vivienda, la insuficiencia del parque público y la expansión de dinámicas especulativas han convertido el acceso a un hogar en uno de los principales problemas sociales de Canarias. Ante esta situación, colectivos ciudadanos convocan movilizaciones en Gran Canaria, La Palma y Tenerife para exigir medidas urgentes y defender el derecho a la vivienda.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias atraviesa una de las peores crisis de vivienda de su historia reciente. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema cotidiano para miles de familias trabajadoras que ven cómo los alquileres aumentan sin freno, la vivienda pública resulta insuficiente y las posibilidades de permanecer en sus propios barrios se reducen cada vez más.
En este contexto, distintos colectivos sociales han convocado movilizaciones en las islas bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida", con el objetivo de convertir estas protestas en un punto de inflexión capaz de impulsar un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda.
Las manifestaciones tendrán lugar el 20 de junio en Gran Canaria, convocada por Derecho al Techo; el 26 de junio en La Palma, impulsada por colectivos ciudadanos; y el 27 de junio en Tenerife, organizada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
Una emergencia habitacional que no deja de agravarse
El propio Gobierno de Canarias reconoció oficialmente la gravedad de la situación al declarar la emergencia habitacional mediante el Decreto-ley 1/2024. Sin embargo, los datos muestran que la crisis continúa profundizándose.
Los precios de la vivienda siguen aumentando muy por encima de la capacidad adquisitiva de la población. Al mismo tiempo, Canarias mantiene algunos de los índices de pobreza y exclusión social más elevados del Estado. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), casi una cuarta parte de la población canaria se encuentra en situación de pobreza, mientras que el elevado coste de la vivienda constituye uno de los principales factores que dificultan salir de ella.
La situación se refleja también en los desahucios. Según los datos judiciales, la mayoría de los lanzamientos que se producen están vinculados a impagos del alquiler, evidenciando que el problema ya no afecta únicamente al acceso inicial a una vivienda, sino también a la posibilidad de conservarla.
Una contradicción cada vez más evidente
Uno de los aspectos más llamativos de la crisis canaria es que conviven necesidades habitacionales crecientes con un importante volumen de viviendas desocupadas.
Según el Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias existen más de 200.000 viviendas vacías, mientras decenas de miles de personas demandan una vivienda pública. El parque público residencial apenas representa una pequeña parte del total de viviendas existentes en el archipiélago, muy lejos de los porcentajes presentes en otros países europeos.
Esta realidad pone de manifiesto que el problema no puede explicarse únicamente por una supuesta escasez física de viviendas. El conflicto surge porque gran parte del parque residencial está sometido a dinámicas especulativas y orientado a la obtención de rentabilidad económica antes que a satisfacer una necesidad social básica.
La vivienda deja así de cumplir principalmente una función de uso —proporcionar un hogar— para convertirse en un activo financiero capaz de generar beneficios mediante la compraventa, el alquiler turístico o la acumulación patrimonial.
Turismo y tensión sobre el mercado residencial
Otro de los factores señalados por los colectivos sociales es el impacto del actual modelo turístico sobre el acceso a la vivienda.
El crecimiento de las viviendas vacacionales y de los alquileres temporales ha reducido la oferta disponible para residencia habitual en numerosos municipios, especialmente en las zonas turísticas y en las grandes ciudades del archipiélago.
A pesar de los intentos regulatorios desarrollados en los últimos años, el problema continúa generando preocupación social. El propio Ministerio de Vivienda ha alertado sobre la existencia de miles de viviendas turísticas irregulares que podrían destinarse al alquiler residencial.
Para amplios sectores de la población, la expansión de este tipo de alojamientos ha contribuido a incrementar los precios y a acelerar procesos de sustitución social en determinados barrios, dificultando que los residentes puedan continuar viviendo en ellos.
Las movilizaciones convocadas durante el mes de junio pretenden transformar el descontento social en una respuesta organizada. Los convocantes defienden que estas protestas deben servir para abrir un nuevo ciclo de movilización social que sitúe el derecho a la vivienda en el centro del debate político.
Propuestas frente a la crisis
Las organizaciones convocantes no se limitan a denunciar la situación actual. También plantean una batería de medidas de aplicación inmediata.
Entre ellas destacan la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, la movilización de viviendas vacías mediante medidas fiscales dirigidas a grandes propietarios, la ampliación del parque público de vivienda, la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional y la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional.
Asimismo, reclaman incorporar viviendas procedentes de la SAREB al parque público, facilitar el acceso a la vivienda social eliminando requisitos excluyentes y reforzar la intervención pública para garantizar que la vivienda cumpla una función social.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias atraviesa una de las peores crisis de vivienda de su historia reciente. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un problema cotidiano para miles de familias trabajadoras que ven cómo los alquileres aumentan sin freno, la vivienda pública resulta insuficiente y las posibilidades de permanecer en sus propios barrios se reducen cada vez más.
En este contexto, distintos colectivos sociales han convocado movilizaciones en las islas bajo el lema "La vivienda nos cuesta la vida", con el objetivo de convertir estas protestas en un punto de inflexión capaz de impulsar un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda.
Las manifestaciones tendrán lugar el 20 de junio en Gran Canaria, convocada por Derecho al Techo; el 26 de junio en La Palma, impulsada por colectivos ciudadanos; y el 27 de junio en Tenerife, organizada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife.
Una emergencia habitacional que no deja de agravarse
El propio Gobierno de Canarias reconoció oficialmente la gravedad de la situación al declarar la emergencia habitacional mediante el Decreto-ley 1/2024. Sin embargo, los datos muestran que la crisis continúa profundizándose.
Los precios de la vivienda siguen aumentando muy por encima de la capacidad adquisitiva de la población. Al mismo tiempo, Canarias mantiene algunos de los índices de pobreza y exclusión social más elevados del Estado. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), casi una cuarta parte de la población canaria se encuentra en situación de pobreza, mientras que el elevado coste de la vivienda constituye uno de los principales factores que dificultan salir de ella.
La situación se refleja también en los desahucios. Según los datos judiciales, la mayoría de los lanzamientos que se producen están vinculados a impagos del alquiler, evidenciando que el problema ya no afecta únicamente al acceso inicial a una vivienda, sino también a la posibilidad de conservarla.
Una contradicción cada vez más evidente
Uno de los aspectos más llamativos de la crisis canaria es que conviven necesidades habitacionales crecientes con un importante volumen de viviendas desocupadas.
Según el Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, en Canarias existen más de 200.000 viviendas vacías, mientras decenas de miles de personas demandan una vivienda pública. El parque público residencial apenas representa una pequeña parte del total de viviendas existentes en el archipiélago, muy lejos de los porcentajes presentes en otros países europeos.
Esta realidad pone de manifiesto que el problema no puede explicarse únicamente por una supuesta escasez física de viviendas. El conflicto surge porque gran parte del parque residencial está sometido a dinámicas especulativas y orientado a la obtención de rentabilidad económica antes que a satisfacer una necesidad social básica.
La vivienda deja así de cumplir principalmente una función de uso —proporcionar un hogar— para convertirse en un activo financiero capaz de generar beneficios mediante la compraventa, el alquiler turístico o la acumulación patrimonial.
Turismo y tensión sobre el mercado residencial
Otro de los factores señalados por los colectivos sociales es el impacto del actual modelo turístico sobre el acceso a la vivienda.
El crecimiento de las viviendas vacacionales y de los alquileres temporales ha reducido la oferta disponible para residencia habitual en numerosos municipios, especialmente en las zonas turísticas y en las grandes ciudades del archipiélago.
A pesar de los intentos regulatorios desarrollados en los últimos años, el problema continúa generando preocupación social. El propio Ministerio de Vivienda ha alertado sobre la existencia de miles de viviendas turísticas irregulares que podrían destinarse al alquiler residencial.
Para amplios sectores de la población, la expansión de este tipo de alojamientos ha contribuido a incrementar los precios y a acelerar procesos de sustitución social en determinados barrios, dificultando que los residentes puedan continuar viviendo en ellos.
Las movilizaciones convocadas durante el mes de junio pretenden transformar el descontento social en una respuesta organizada. Los convocantes defienden que estas protestas deben servir para abrir un nuevo ciclo de movilización social que sitúe el derecho a la vivienda en el centro del debate político.
Propuestas frente a la crisis
Las organizaciones convocantes no se limitan a denunciar la situación actual. También plantean una batería de medidas de aplicación inmediata.
Entre ellas destacan la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, la movilización de viviendas vacías mediante medidas fiscales dirigidas a grandes propietarios, la ampliación del parque público de vivienda, la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional y la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional.
Asimismo, reclaman incorporar viviendas procedentes de la SAREB al parque público, facilitar el acceso a la vivienda social eliminando requisitos excluyentes y reforzar la intervención pública para garantizar que la vivienda cumpla una función social.
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