STEC-IC: "EL GOBIERNO DE CANARIAS PRETENDE IMPONER LA CENSURA IDEOLÓGICA EN LAS AULAS"
"La Administración pretende decidir qué organizaciones son aceptables y cuáles deben ser excluidas"
El STEC-IC denuncia que la nueva normativa de la Consejería de Educación abre la puerta a la exclusión de organizaciones sociales y sindicales de los centros educativos. El sindicato considera que la medida puede convertirse en un mecanismo de censura ideológica contrario al pluralismo democrático en la escuela pública
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el STEC-IC ha denunciado lo que considera una "preocupante deriva autoritaria" por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tras la aprobación de la Resolución 73/2026 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos del Archipiélago.
La polémica sobre la "neutralidad institucional"
El sindicato manifiesta su "más absoluto rechazo" al contenido del apartado 3.4 de dicha resolución, al entender que introduce "criterios ambiguos que podrían utilizarse para restringir la participación de determinadas organizaciones en los centros educativos públicos".
Según denuncia el STEC-IC, la norma establece que no podrán autorizarse actividades promovidas por colectivos “caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”, una formulación que el sindicato considera incompatible con los principios de pluralismo propios de una sociedad democrática.
Para la organización sindical, el principal problema radica en la indefinición del concepto “neutralidad”.
El STEC-IC se pregunta, en este sentido, quién tendrá la capacidad de decidir qué entidades son neutrales y cuáles no lo son.
"Esta potestad - apuntan - podría quedar en manos de la propia Administración educativa, de los equipos directivos o de la inspección educativa, generando un amplio margen para interpretaciones subjetivas y decisiones discrecionales".
El sindicato sostiene que prácticamente cualquier organización social, cultural o sindical mantiene una determinada visión de la realidad y que quienes defienden esta regulación también actúan desde posiciones ideológicas concretas. Por ello, considera que la supuesta neutralidad invocada por la Consejería podría convertirse en una herramienta para excluir aquellas voces que resulten incómodas para el poder político.
La escuela pública, sostiene el STEC-IC, "debe constituir un espacio abierto al pluralismo, al pensamiento crítico y al debate democrático".
"Desde esta perspectiva -añaden - la diversidad de opiniones y la participación de organizaciones sociales forman parte del enriquecimiento de la comunidad educativa".
Según argumenta el sindicato, "el verdadero riesgo no reside en la existencia de distintas corrientes de pensamiento dentro de los centros, sino en que una administración pública asuma la capacidad de determinar cuáles de ellas pueden expresarse y cuáles deben quedar fuera".
Una medida que el sindicato considera innecesaria y restrictiva
El STEC-IC recuerda, asimismo, que el ordenamiento jurídico vigente ya dispone de mecanismos suficientes para impedir la difusión de discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia. Por esta razón, el STEC-IC considera que la incorporación de este nuevo apartado no responde a una necesidad legal real, sino a una decisión de carácter político orientada a controlar el discurso público dentro de los centros educativos.
Para el sindicato, la existencia de límites legales frente a conductas o mensajes contrarios a los derechos fundamentales hace innecesaria la creación de nuevos filtros ideológicos cuya aplicación podría resultar arbitraria. La organización considera que la redacción del apartado 3.4 genera incertidumbre y abre la puerta a interpretaciones que podrían restringir la participación de colectivos legítimos en la vida educativa de los centros.
Denuncias de marginación sindical y defensa del pluralismo
La organización sindical sostiene, igualmente, que esta situación no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica que viene desarrollándose desde hace meses en las relaciones entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales del sector. El STEC-IC denuncia que lleva más de medio año solicitando reuniones y espacios de diálogo con la Administración educativa sin obtener respuestas satisfactorias, encontrándose, según afirma, con continuas evasivas, silencios y retrasos injustificados.
Como ejemplo de esta situación, el sindicato recuerda que durante el pasado año se le impidió convocar ruedas de prensa en centros públicos de Canarias para defender sus posiciones respecto a la Formación Profesional Dual. Para el STEC-IC, este episodio constituye un precedente que refuerza sus actuales preocupaciones sobre las limitaciones a la libertad de expresión y participación dentro de los espacios educativos públicos.
El sindicato considera especialmente significativo que estas dificultades de interlocución afecten precisamente a una de las organizaciones más críticas con las políticas educativas desarrolladas tanto por el actual Ejecutivo como por gobiernos anteriores. En contraste, denuncia que otras organizaciones sindicales mantendrían una relación más fluida con la Administración educativa, una circunstancia que, a juicio del STEC-IC, cuestiona el discurso oficial sobre la pretendida neutralidad institucional.
Ante este escenario, la organización ha anunciado que no permanecerá en silencio y que continuará defendiendo una concepción de la escuela pública basada en el respeto a la pluralidad de ideas, la participación democrática y la libertad de expresión.
El STEC-IC afirma que seguirá trabajando para garantizar que organizaciones sociales, sindicales y culturales puedan desarrollar actividades en los centros educativos siempre que respeten los derechos humanos y los principios democráticos de convivencia.
El sindicato reivindica, finalmente, "una concepción amplia de la democracia".
"El verdadero sentido democrático no consiste - concluyen - en escuchar únicamente a quienes comparten las mismas posiciones, sino en garantizar que todas las voces puedan expresarse en igualdad de condiciones, independientemente de que sus planteamientos coincidan o discrepen de los de quienes ejercen el poder político.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el STEC-IC ha denunciado lo que considera una "preocupante deriva autoritaria" por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tras la aprobación de la Resolución 73/2026 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos del Archipiélago.
La polémica sobre la "neutralidad institucional"
El sindicato manifiesta su "más absoluto rechazo" al contenido del apartado 3.4 de dicha resolución, al entender que introduce "criterios ambiguos que podrían utilizarse para restringir la participación de determinadas organizaciones en los centros educativos públicos".
Según denuncia el STEC-IC, la norma establece que no podrán autorizarse actividades promovidas por colectivos “caracterizados por una determinada opción ideológica que no sea neutral”, una formulación que el sindicato considera incompatible con los principios de pluralismo propios de una sociedad democrática.
Para la organización sindical, el principal problema radica en la indefinición del concepto “neutralidad”.
El STEC-IC se pregunta, en este sentido, quién tendrá la capacidad de decidir qué entidades son neutrales y cuáles no lo son.
"Esta potestad - apuntan - podría quedar en manos de la propia Administración educativa, de los equipos directivos o de la inspección educativa, generando un amplio margen para interpretaciones subjetivas y decisiones discrecionales".
El sindicato sostiene que prácticamente cualquier organización social, cultural o sindical mantiene una determinada visión de la realidad y que quienes defienden esta regulación también actúan desde posiciones ideológicas concretas. Por ello, considera que la supuesta neutralidad invocada por la Consejería podría convertirse en una herramienta para excluir aquellas voces que resulten incómodas para el poder político.
La escuela pública, sostiene el STEC-IC, "debe constituir un espacio abierto al pluralismo, al pensamiento crítico y al debate democrático".
"Desde esta perspectiva -añaden - la diversidad de opiniones y la participación de organizaciones sociales forman parte del enriquecimiento de la comunidad educativa".
Según argumenta el sindicato, "el verdadero riesgo no reside en la existencia de distintas corrientes de pensamiento dentro de los centros, sino en que una administración pública asuma la capacidad de determinar cuáles de ellas pueden expresarse y cuáles deben quedar fuera".
Una medida que el sindicato considera innecesaria y restrictiva
El STEC-IC recuerda, asimismo, que el ordenamiento jurídico vigente ya dispone de mecanismos suficientes para impedir la difusión de discursos de odio, violencia, racismo o xenofobia. Por esta razón, el STEC-IC considera que la incorporación de este nuevo apartado no responde a una necesidad legal real, sino a una decisión de carácter político orientada a controlar el discurso público dentro de los centros educativos.
Para el sindicato, la existencia de límites legales frente a conductas o mensajes contrarios a los derechos fundamentales hace innecesaria la creación de nuevos filtros ideológicos cuya aplicación podría resultar arbitraria. La organización considera que la redacción del apartado 3.4 genera incertidumbre y abre la puerta a interpretaciones que podrían restringir la participación de colectivos legítimos en la vida educativa de los centros.
Denuncias de marginación sindical y defensa del pluralismo
La organización sindical sostiene, igualmente, que esta situación no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una dinámica que viene desarrollándose desde hace meses en las relaciones entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales del sector. El STEC-IC denuncia que lleva más de medio año solicitando reuniones y espacios de diálogo con la Administración educativa sin obtener respuestas satisfactorias, encontrándose, según afirma, con continuas evasivas, silencios y retrasos injustificados.
Como ejemplo de esta situación, el sindicato recuerda que durante el pasado año se le impidió convocar ruedas de prensa en centros públicos de Canarias para defender sus posiciones respecto a la Formación Profesional Dual. Para el STEC-IC, este episodio constituye un precedente que refuerza sus actuales preocupaciones sobre las limitaciones a la libertad de expresión y participación dentro de los espacios educativos públicos.
El sindicato considera especialmente significativo que estas dificultades de interlocución afecten precisamente a una de las organizaciones más críticas con las políticas educativas desarrolladas tanto por el actual Ejecutivo como por gobiernos anteriores. En contraste, denuncia que otras organizaciones sindicales mantendrían una relación más fluida con la Administración educativa, una circunstancia que, a juicio del STEC-IC, cuestiona el discurso oficial sobre la pretendida neutralidad institucional.
Ante este escenario, la organización ha anunciado que no permanecerá en silencio y que continuará defendiendo una concepción de la escuela pública basada en el respeto a la pluralidad de ideas, la participación democrática y la libertad de expresión.
El STEC-IC afirma que seguirá trabajando para garantizar que organizaciones sociales, sindicales y culturales puedan desarrollar actividades en los centros educativos siempre que respeten los derechos humanos y los principios democráticos de convivencia.
El sindicato reivindica, finalmente, "una concepción amplia de la democracia".
"El verdadero sentido democrático no consiste - concluyen - en escuchar únicamente a quienes comparten las mismas posiciones, sino en garantizar que todas las voces puedan expresarse en igualdad de condiciones, independientemente de que sus planteamientos coincidan o discrepen de los de quienes ejercen el poder político.
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