1.337 MILLONES MÁS PARA CANARIAS: ¿DINERO PARA CAMBIARLO TODO O PARA QUE NADA CAMBIE?
El Gobierno regional recibe y gestiona cada vez más recursos sin resolver las carencias sociales de la población
Canarias se prepara para recibir 1.337 millones más al año tras una década de presupuestos crecientes y fondos extraordinarios. Pero sanidad, educación y vivienda siguen mostrando carencias profundas. La pregunta es qué cambia realmente cuando aumenta el dinero público.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Gobierno de Canarias acaba de presentar como un éxito político el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Según sus cálculos, las Islas dispondrían de 1.337 millones de euros adicionales cada año, de los que 611 millones procederían propiamente del sistema de financiación y otros 726 millones de un nuevo Fondo de Dinamismo Económico. El Ejecutivo sostiene que estos recursos permitirán reforzar servicios fundamentales como sanidad, educación y políticas sociales. Pero, es plausible suponer que será efectivamente así?
El acuerdo político sobre el modelo debe traducirse aún en el correspondiente marco normativo y completar su tramitación. Por tanto, carecería de sentido responsabilizar al Ejecutivo de no haber mejorado ya los servicios con unos 1.337 millones que todavía no forman parte de su financiación ordinaria. Pero esa precisión no elimina la pertinencia de la pregunta política. Porque Canarias llega a esta nueva financiación después de años en los que el volumen de recursos gestionados por la Comunidad Autónoma ha crecido de manera muy importante, a los que hay que sumar transferencias estatales y miles de millones procedentes de distintos programas europeos.
Además de los presupuestos ordinarios llegaron recursos extraordinarios. Solo el programa europeo REACT-EU asignó a Canarias 630 millones de euros para afrontar las consecuencias de la pandemia y reforzar, entre otras áreas, sanidad, educación, servicios sociales y recuperación económica. A ello se añadió el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, posteriormente, la nueva programación de fondos estructurales. Para el periodo 2021-2027, Canarias cuenta con 2.786 millones procedentes de FEDER y FSE+: 1.544 millones gestionados directamente por la Comunidad Autónoma y otros 1.242 millones canalizados mediante programas estatales. Solo el programa FEDER autonómico moviliza alrededor de 1.290 millones contando cofinanciación.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuánto dinero adicional necesitaría Canarias. También es necesario preguntarse qué ha ocurrido con el dinero que ya ha administrado y por qué un aumento tan importante de los recursos públicos no ha producido una transformación equivalente de las condiciones materiales de una parte considerable de la población.
De 7.000 millones a presupuestos históricos
En 2016 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma ascendía a 7.071,89 millones de euros. Diez años después, el presupuesto canario de 2026 contiene por sí solo 12.491 millones de euros de operaciones no financieras. Las magnitudes no son estrictamente comparables —han cambiado precios, población, necesidades, estructuras presupuestarias y costes—, pero muestran una realidad indiscutible: el volumen nominal de recursos públicos gestionados por Canarias ha crecido enormemente.
Ese crecimiento también puede verse en sectores concretos.
EDUCACIÓN
En educación, el Gobierno informa de que durante 2025 se ejecutaron más de 2.358 millones de euros, con una ejecución del 99,23% del crédito definitivo. Sin embargo, Canarias sigue sin cumplir el compromiso fijado por su propia Ley Canaria de Educación, que estableció que el gasto educativo debía alcanzar al menos el 5% del PIB en 2022.
Cuatro años después, ese objetivo sigue pendiente. Sindicatos como ANPE y STEC-IC continúan denunciando falta de especialistas, ratios elevadas, retrasos en la cobertura de bajas, infraestructuras deficientes y una elevada interinidad docente.
A ello se suman unos resultados educativos que siguen siendo preocupantes. El último informe PISA vuelve a mostrar graves carencias, especialmente en lectura.
Por tanto, el problema no es simplemente cuánto crece el presupuesto, sino por qué, pese a ese aumento, el sistema público continúa sin disponer de todos los recursos que su propia legislación consideró necesarios.
SANIDAD
En sanidad, el gasto público canario alcanzó en 2024 los 4.574 millones de euros, y el presupuesto del Servicio Canario de la Salud continúa creciendo. Pero una parte importante de ese dinero no refuerza la estructura pública, sino que se destina a contratar actividad con empresas privadas.
En 2023, el Servicio Canario de la Salud gastó 224,7 millones de euros en asistencia sanitaria con medios ajenos. Además, la Audiencia de Cuentas ha cuestionado durante años el control de estos conciertos y ha detectado numerosos pagos mediante procedimientos excepcionales de nulidad.
Mientras tanto, a 30 de junio de 2026 había 34.382 personas en lista de espera quirúrgica, 6.047 de ellas durante más de seis meses.
La cuestión, por tanto, no es solo cuánto se gasta, sino qué parte de ese aumento crea capacidad pública permanente y qué parte sirve para comprar fuera los servicios que la propia sanidad pública no puede prestar por su creciente descapitalización.
VIVIENDA
La vivienda ofrece uno de los contrastes más claros entre los anuncios y los resultados.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros, prometía incrementar el parque protegido en 5.971 viviendas. Sin embargo, durante años el Gobierno ha contabilizado conjuntamente viviendas terminadas, en construcción, en proyecto, en licitación o simplemente previstas.
Esa diferencia es fundamental: una vivienda anunciada o licitada no es una vivienda en la que pueda vivir una familia.
El propio Gobierno reconocía todavía en junio de 2026 que seguía elaborando la evaluación final del plan ya concluido. Además, sus comunicaciones muestran entregas públicas de apenas unas decenas de viviendas en numerosos municipios, una escala muy reducida frente a la dimensión de la crisis habitacional.
El problema no es únicamente presupuestar ayudas o anunciar promociones, sino crear un parque público suficiente que reduzca de verdad la dependencia de las familias respecto a un mercado cada vez más caro y especulativo. Algo que ninguno de los ejecutivos autonómicos ha planteado realizar.
CRECE EL DINERO, PERSISTE LA RIQUEZA
La medida última de una política pública no es cuánto dinero administra una institución, sino qué ocurre con la mayoría de la población que dependen de ella.
En 2024, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social: cerca de 700.000 personas. Después de años de crecimiento económico, récords turísticos y presupuestos públicos crecientes, casi una de cada tres personas continúa dentro del indicador AROPE.
Canarias genera riqueza y recibe recursos públicos. Bate récords turísticos y dispone de mecanismos fiscales propios y recibe cuantiosos fondos europeos. Y, sin embargo, una parte extraordinariamente grande de la población continúa teniendo dificultades para convertir toda esa riqueza social en seguridad material. No se trata solamente, pues, de contabilizar cuánto produce una economía, sino de quién se apropia de lo producido y cómo se redistribuye posteriormente mediante salarios, impuestos y servicios públicos.
Una mejor financiación autonómica, por supuesto, puede permitir contratar personal sanitario, ampliar Atención Primaria, construir colegios, reforzar servicios sociales o levantar vivienda pública. Pero recibir más dinero no garantiza automáticamente que eso suceda.
Los presupuestos expresan relaciones de poder y prioridades políticas. Hay dinero que crea plantillas públicas y dinero que compra servicios privados; dinero que construye vivienda pública y dinero que subvenciona operaciones privadas; recursos que crean infraestructuras permanentes y recursos que desaparecen en actuaciones coyunturales.
Por eso, las preguntas que deberían acompañar al anuncio sobre los 1.337 millones de financiación extra son evidentes: ¿en qué se van a convertir? ¿Cuántos médicos y enfermeras? ¿Cuántas aulas? ¿Cuántas viviendas públicas terminadas? ¿Cuántas plazas sociosanitarias? ¿Cuánta reducción real de las listas de espera? ¿Cuántos recursos permanecerán dentro del sector público y cuánto dinero acabará alimentando contratos y conciertos privados?
Los sucesivos Ejecutivos canarios ya saben lo que significa administrar miles de millones, sin que por ello la población del Archipiélago haya dejado de estar entre las que presentan mayores índices de pobreza y exclusión social de todo el Estado.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Gobierno de Canarias acaba de presentar como un éxito político el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Según sus cálculos, las Islas dispondrían de 1.337 millones de euros adicionales cada año, de los que 611 millones procederían propiamente del sistema de financiación y otros 726 millones de un nuevo Fondo de Dinamismo Económico. El Ejecutivo sostiene que estos recursos permitirán reforzar servicios fundamentales como sanidad, educación y políticas sociales. Pero, es plausible suponer que será efectivamente así?
El acuerdo político sobre el modelo debe traducirse aún en el correspondiente marco normativo y completar su tramitación. Por tanto, carecería de sentido responsabilizar al Ejecutivo de no haber mejorado ya los servicios con unos 1.337 millones que todavía no forman parte de su financiación ordinaria. Pero esa precisión no elimina la pertinencia de la pregunta política. Porque Canarias llega a esta nueva financiación después de años en los que el volumen de recursos gestionados por la Comunidad Autónoma ha crecido de manera muy importante, a los que hay que sumar transferencias estatales y miles de millones procedentes de distintos programas europeos.
Además de los presupuestos ordinarios llegaron recursos extraordinarios. Solo el programa europeo REACT-EU asignó a Canarias 630 millones de euros para afrontar las consecuencias de la pandemia y reforzar, entre otras áreas, sanidad, educación, servicios sociales y recuperación económica. A ello se añadió el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, posteriormente, la nueva programación de fondos estructurales. Para el periodo 2021-2027, Canarias cuenta con 2.786 millones procedentes de FEDER y FSE+: 1.544 millones gestionados directamente por la Comunidad Autónoma y otros 1.242 millones canalizados mediante programas estatales. Solo el programa FEDER autonómico moviliza alrededor de 1.290 millones contando cofinanciación.
La cuestión, entonces, no es únicamente cuánto dinero adicional necesitaría Canarias. También es necesario preguntarse qué ha ocurrido con el dinero que ya ha administrado y por qué un aumento tan importante de los recursos públicos no ha producido una transformación equivalente de las condiciones materiales de una parte considerable de la población.
De 7.000 millones a presupuestos históricos
En 2016 el Presupuesto de la Comunidad Autónoma ascendía a 7.071,89 millones de euros. Diez años después, el presupuesto canario de 2026 contiene por sí solo 12.491 millones de euros de operaciones no financieras. Las magnitudes no son estrictamente comparables —han cambiado precios, población, necesidades, estructuras presupuestarias y costes—, pero muestran una realidad indiscutible: el volumen nominal de recursos públicos gestionados por Canarias ha crecido enormemente.
Ese crecimiento también puede verse en sectores concretos.
EDUCACIÓN
En educación, el Gobierno informa de que durante 2025 se ejecutaron más de 2.358 millones de euros, con una ejecución del 99,23% del crédito definitivo. Sin embargo, Canarias sigue sin cumplir el compromiso fijado por su propia Ley Canaria de Educación, que estableció que el gasto educativo debía alcanzar al menos el 5% del PIB en 2022.
Cuatro años después, ese objetivo sigue pendiente. Sindicatos como ANPE y STEC-IC continúan denunciando falta de especialistas, ratios elevadas, retrasos en la cobertura de bajas, infraestructuras deficientes y una elevada interinidad docente.
A ello se suman unos resultados educativos que siguen siendo preocupantes. El último informe PISA vuelve a mostrar graves carencias, especialmente en lectura.
Por tanto, el problema no es simplemente cuánto crece el presupuesto, sino por qué, pese a ese aumento, el sistema público continúa sin disponer de todos los recursos que su propia legislación consideró necesarios.
SANIDAD
En sanidad, el gasto público canario alcanzó en 2024 los 4.574 millones de euros, y el presupuesto del Servicio Canario de la Salud continúa creciendo. Pero una parte importante de ese dinero no refuerza la estructura pública, sino que se destina a contratar actividad con empresas privadas.
En 2023, el Servicio Canario de la Salud gastó 224,7 millones de euros en asistencia sanitaria con medios ajenos. Además, la Audiencia de Cuentas ha cuestionado durante años el control de estos conciertos y ha detectado numerosos pagos mediante procedimientos excepcionales de nulidad.
Mientras tanto, a 30 de junio de 2026 había 34.382 personas en lista de espera quirúrgica, 6.047 de ellas durante más de seis meses.
La cuestión, por tanto, no es solo cuánto se gasta, sino qué parte de ese aumento crea capacidad pública permanente y qué parte sirve para comprar fuera los servicios que la propia sanidad pública no puede prestar por su creciente descapitalización.
VIVIENDA
La vivienda ofrece uno de los contrastes más claros entre los anuncios y los resultados.
El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, dotado con 664 millones de euros, prometía incrementar el parque protegido en 5.971 viviendas. Sin embargo, durante años el Gobierno ha contabilizado conjuntamente viviendas terminadas, en construcción, en proyecto, en licitación o simplemente previstas.
Esa diferencia es fundamental: una vivienda anunciada o licitada no es una vivienda en la que pueda vivir una familia.
El propio Gobierno reconocía todavía en junio de 2026 que seguía elaborando la evaluación final del plan ya concluido. Además, sus comunicaciones muestran entregas públicas de apenas unas decenas de viviendas en numerosos municipios, una escala muy reducida frente a la dimensión de la crisis habitacional.
El problema no es únicamente presupuestar ayudas o anunciar promociones, sino crear un parque público suficiente que reduzca de verdad la dependencia de las familias respecto a un mercado cada vez más caro y especulativo. Algo que ninguno de los ejecutivos autonómicos ha planteado realizar.
CRECE EL DINERO, PERSISTE LA RIQUEZA
La medida última de una política pública no es cuánto dinero administra una institución, sino qué ocurre con la mayoría de la población que dependen de ella.
En 2024, el 31,2% de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social: cerca de 700.000 personas. Después de años de crecimiento económico, récords turísticos y presupuestos públicos crecientes, casi una de cada tres personas continúa dentro del indicador AROPE.
Canarias genera riqueza y recibe recursos públicos. Bate récords turísticos y dispone de mecanismos fiscales propios y recibe cuantiosos fondos europeos. Y, sin embargo, una parte extraordinariamente grande de la población continúa teniendo dificultades para convertir toda esa riqueza social en seguridad material. No se trata solamente, pues, de contabilizar cuánto produce una economía, sino de quién se apropia de lo producido y cómo se redistribuye posteriormente mediante salarios, impuestos y servicios públicos.
Una mejor financiación autonómica, por supuesto, puede permitir contratar personal sanitario, ampliar Atención Primaria, construir colegios, reforzar servicios sociales o levantar vivienda pública. Pero recibir más dinero no garantiza automáticamente que eso suceda.
Los presupuestos expresan relaciones de poder y prioridades políticas. Hay dinero que crea plantillas públicas y dinero que compra servicios privados; dinero que construye vivienda pública y dinero que subvenciona operaciones privadas; recursos que crean infraestructuras permanentes y recursos que desaparecen en actuaciones coyunturales.
Por eso, las preguntas que deberían acompañar al anuncio sobre los 1.337 millones de financiación extra son evidentes: ¿en qué se van a convertir? ¿Cuántos médicos y enfermeras? ¿Cuántas aulas? ¿Cuántas viviendas públicas terminadas? ¿Cuántas plazas sociosanitarias? ¿Cuánta reducción real de las listas de espera? ¿Cuántos recursos permanecerán dentro del sector público y cuánto dinero acabará alimentando contratos y conciertos privados?
Los sucesivos Ejecutivos canarios ya saben lo que significa administrar miles de millones, sin que por ello la población del Archipiélago haya dejado de estar entre las que presentan mayores índices de pobreza y exclusión social de todo el Estado.
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