EL ÚLTIMO JUEGO MALABAR DEL EJECUTIVO REFORMISTA: JUBILARSE YA NO SIGNIFICA DEJAR DE TRABAJAR
Más años trabajando bajo el discurso de la libre elección
La nueva jubilación flexible amplía las posibilidades de compatibilizar trabajo y pensión, pero también refuerza una tendencia de fondo: prolongar la vida laboral. Tras el discurso de la libertad de elección queda una pregunta decisiva: ¿quién seguirá trabajando porque quiere y quién porque su pensión no le permite dejar de hacerlo?
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
La nueva regulación de la jubilación flexible amplía las posibilidades de compatibilizar trabajo y pensión y permite, ![[Img #94051]](https://canarias-semanal.org/upload/images/08_2026/141_carlos-serna.jpg)
por primera vez en esta modalidad, que una persona ya jubilada pueda volver a trabajar como autónoma sin perder completamente su prestación.
El Gobierno presenta la reforma como una forma de ofrecer mayor libertad a quienes desean prolongar voluntariamente su actividad. Pero la cuestión de fondo es más compleja: ¿estamos ante un derecho adicional para quienes quieren seguir trabajando o ante una nueva pieza de una política destinada a retrasar progresivamente la salida del mercado laboral?
QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA JUBILACIÓN FLEXIBLE
La reforma aprobada por el Gobierno entró en vigor a finales de este mes de Agosto y afecta fundamentalmente a la jubilación flexible y a la jubilación demorada. Hasta ahora, la jubilación flexible permitía que una persona ya retirada regresara a un empleo asalariado a tiempo parcial cobrando simultáneamente una parte de su pensión. Desde ahora también podrán acogerse quienes vuelvan a desarrollar una actividad como trabajadores autónomos. En este último caso recibirán, mientras trabajan, el 25% de la pensión que tenían reconocida.
También se amplía el margen de jornada permitido para quienes regresen como asalariados. La jornada compatible podrá situarse entre el 33% y el 80% de una jornada ordinaria, frente al intervalo anterior del 25% al 75%. Si la reincorporación se produce seis meses o más después de haberse jubilado, se establecen además incentivos que elevan la proporción de pensión compatible con el salario.
En la jubilación demorada se refuerzan igualmente los estímulos económicos para quienes continúen trabajando después de alcanzar la edad ordinaria. Se mantiene el incremento del 4% de la pensión por cada año completo de demora y, en determinados supuestos, comienzan a computarse también periodos semestrales.
El objetivo que se declara es conseguir que una proporción creciente de trabajadores retrase su jubilación. Actualmente, unas 79.475 personas compatibilizan en España trabajo y pensión mediante las distintas modalidades existentes, menos del 1% del total de pensionistas.
UNA TENDENCIA QUE YA ESTÁ TRANSFORMANDO EL MERCADO LABORAL
La reforma no aparece aisladamente. Forma parte de un proceso mucho más amplio de prolongación de la vida laboral. En 2025 trabajaba ya el 53% de la población española de entre 60 y 64 años, la proporción conjunta más elevada desde 1980. Entre las mujeres, el cambio histórico ha sido especialmente pronunciado: su tasa de empleo en esas edades ha pasado aproximadamente del 10% en 1970 al 48% actual.
Este fenómeno está relacionado con la incorporación masiva de las mujeres al empleo, el aumento de la esperanza de vida y las mejores condiciones de salud, pero también con decisiones políticas muy concretas: el retraso progresivo de la edad ordinaria de jubilación y el endurecimiento de determinadas modalidades de retiro anticipado.
CCOO Y UGT: MÁS FLEXIBILIDAD, PERO SIEMPRE VOLUNTARIA
Los sindicatos institucionales CCOO y UGT, han respaldado las líneas fundamentales de esta transformación porque proceden del acuerdo alcanzado con el Gobierno y las organizaciones empresariales en julio de 2024. UGT presentó entonces el pacto como una mejora que incrementaba los incentivos de la jubilación demorada y ampliaba las posibilidades de compatibilizar trabajo y pensión.
CCOO, por su parte, ha definido ese acuerdo como un avance importante del diálogo social y defiende que permite una transición más gradual entre actividad y jubilación.
Los sindicatos mayoritarios insisten, sin embargo, en una condición: prolongar la actividad laboral debe ser una decisión voluntaria y no una obligación económica. UGT ha señalado expresamente que cualquier compatibilidad entre salario y pensión debe partir de una pensión pública suficiente y de la libre decisión del trabajador. También reconoce que el retraso de la jubilación no puede convertirse en una solución universal, porque existen profesiones en las que resulta materialmente imposible continuar trabajando a edades avanzadas.
CNT Y CGT: UNA REFORMA QUE PROLONGA LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La lectura de los sindicatos críticos con el actual modelo de concertación social es radicalmente distinta.
CGT sostiene que estas modificaciones prolongan la orientación iniciada por anteriores reformas: retrasar la jubilación y aumentar la vida laboral efectiva, presentándolo como una necesidad ligada a la sostenibilidad financiera del sistema.
CNT ha criticado directamente la nueva jubilación flexible. Para esta organización, el problema fundamental no consiste en conseguir que las personas jubiladas trabajen durante más tiempo, sino en garantizar que puedan retirarse después de décadas de trabajo con ingresos suficientes y en condiciones de salud dignas.
CNT ya había denunciado además que las reformas de jubilación activa, demorada y flexible terminan trasladando a los trabajadores la responsabilidad de sostener financieramente el sistema mediante una prolongación de su vida laboral.
LA CUESTIÓN DECISIVA: ¿ELECCIÓN O NECESIDAD?
Desde una perspectiva de clase, la clave no está en negar que algunas personas quieran seguir trabajando después de jubilarse. Si alguien desea continuar voluntariamente una actividad profesional y conservar una parte de su pensión, resulta razonable que pueda hacerlo.
El problema comienza cuando esa excepción se convierte progresivamente en modelo.
No es lo mismo prolongar voluntariamente una carrera profesional bien remunerada, desarrollada en condiciones cómodas, que verse obligado a continuar trabajando porque una pensión insuficiente no permite pagar vivienda, alimentación o energía. La libertad formal puede ocultar una necesidad material.
El discurso de la “sostenibilidad” suele concentrarse además en cuánto tiempo deben trabajar los asalariados y cuánto deben cotizar, mientras deja en segundo plano cuestiones esencialmente políticas: qué parte de la riqueza nacional debe financiar las pensiones, cuánto deben aportar las rentas empresariales y del capital, o por qué el enorme crecimiento de la productividad no se traduce en una reducción general del tiempo de trabajo.
Una política verdaderamente favorable a la clase trabajadora debería garantizar primero pensiones públicas suficientes, jubilaciones anticipadas para los trabajos penosos y una edad de retiro razonable. Solo después podría hablarse de trabajar más años como una opción auténticamente libre.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
La nueva regulación de la jubilación flexible amplía las posibilidades de compatibilizar trabajo y pensión y permite, por primera vez en esta modalidad, que una persona ya jubilada pueda volver a trabajar como autónoma sin perder completamente su prestación.
El Gobierno presenta la reforma como una forma de ofrecer mayor libertad a quienes desean prolongar voluntariamente su actividad. Pero la cuestión de fondo es más compleja: ¿estamos ante un derecho adicional para quienes quieren seguir trabajando o ante una nueva pieza de una política destinada a retrasar progresivamente la salida del mercado laboral?
QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA JUBILACIÓN FLEXIBLE
La reforma aprobada por el Gobierno entró en vigor a finales de este mes de Agosto y afecta fundamentalmente a la jubilación flexible y a la jubilación demorada. Hasta ahora, la jubilación flexible permitía que una persona ya retirada regresara a un empleo asalariado a tiempo parcial cobrando simultáneamente una parte de su pensión. Desde ahora también podrán acogerse quienes vuelvan a desarrollar una actividad como trabajadores autónomos. En este último caso recibirán, mientras trabajan, el 25% de la pensión que tenían reconocida.
También se amplía el margen de jornada permitido para quienes regresen como asalariados. La jornada compatible podrá situarse entre el 33% y el 80% de una jornada ordinaria, frente al intervalo anterior del 25% al 75%. Si la reincorporación se produce seis meses o más después de haberse jubilado, se establecen además incentivos que elevan la proporción de pensión compatible con el salario.
En la jubilación demorada se refuerzan igualmente los estímulos económicos para quienes continúen trabajando después de alcanzar la edad ordinaria. Se mantiene el incremento del 4% de la pensión por cada año completo de demora y, en determinados supuestos, comienzan a computarse también periodos semestrales.
El objetivo que se declara es conseguir que una proporción creciente de trabajadores retrase su jubilación. Actualmente, unas 79.475 personas compatibilizan en España trabajo y pensión mediante las distintas modalidades existentes, menos del 1% del total de pensionistas.
UNA TENDENCIA QUE YA ESTÁ TRANSFORMANDO EL MERCADO LABORAL
La reforma no aparece aisladamente. Forma parte de un proceso mucho más amplio de prolongación de la vida laboral. En 2025 trabajaba ya el 53% de la población española de entre 60 y 64 años, la proporción conjunta más elevada desde 1980. Entre las mujeres, el cambio histórico ha sido especialmente pronunciado: su tasa de empleo en esas edades ha pasado aproximadamente del 10% en 1970 al 48% actual.
Este fenómeno está relacionado con la incorporación masiva de las mujeres al empleo, el aumento de la esperanza de vida y las mejores condiciones de salud, pero también con decisiones políticas muy concretas: el retraso progresivo de la edad ordinaria de jubilación y el endurecimiento de determinadas modalidades de retiro anticipado.
CCOO Y UGT: MÁS FLEXIBILIDAD, PERO SIEMPRE VOLUNTARIA
Los sindicatos institucionales CCOO y UGT, han respaldado las líneas fundamentales de esta transformación porque proceden del acuerdo alcanzado con el Gobierno y las organizaciones empresariales en julio de 2024. UGT presentó entonces el pacto como una mejora que incrementaba los incentivos de la jubilación demorada y ampliaba las posibilidades de compatibilizar trabajo y pensión.
CCOO, por su parte, ha definido ese acuerdo como un avance importante del diálogo social y defiende que permite una transición más gradual entre actividad y jubilación.
Los sindicatos mayoritarios insisten, sin embargo, en una condición: prolongar la actividad laboral debe ser una decisión voluntaria y no una obligación económica. UGT ha señalado expresamente que cualquier compatibilidad entre salario y pensión debe partir de una pensión pública suficiente y de la libre decisión del trabajador. También reconoce que el retraso de la jubilación no puede convertirse en una solución universal, porque existen profesiones en las que resulta materialmente imposible continuar trabajando a edades avanzadas.
CNT Y CGT: UNA REFORMA QUE PROLONGA LA EXPLOTACIÓN LABORAL
La lectura de los sindicatos críticos con el actual modelo de concertación social es radicalmente distinta.
CGT sostiene que estas modificaciones prolongan la orientación iniciada por anteriores reformas: retrasar la jubilación y aumentar la vida laboral efectiva, presentándolo como una necesidad ligada a la sostenibilidad financiera del sistema.
CNT ha criticado directamente la nueva jubilación flexible. Para esta organización, el problema fundamental no consiste en conseguir que las personas jubiladas trabajen durante más tiempo, sino en garantizar que puedan retirarse después de décadas de trabajo con ingresos suficientes y en condiciones de salud dignas.
CNT ya había denunciado además que las reformas de jubilación activa, demorada y flexible terminan trasladando a los trabajadores la responsabilidad de sostener financieramente el sistema mediante una prolongación de su vida laboral.
LA CUESTIÓN DECISIVA: ¿ELECCIÓN O NECESIDAD?
Desde una perspectiva de clase, la clave no está en negar que algunas personas quieran seguir trabajando después de jubilarse. Si alguien desea continuar voluntariamente una actividad profesional y conservar una parte de su pensión, resulta razonable que pueda hacerlo.
El problema comienza cuando esa excepción se convierte progresivamente en modelo.
No es lo mismo prolongar voluntariamente una carrera profesional bien remunerada, desarrollada en condiciones cómodas, que verse obligado a continuar trabajando porque una pensión insuficiente no permite pagar vivienda, alimentación o energía. La libertad formal puede ocultar una necesidad material.
El discurso de la “sostenibilidad” suele concentrarse además en cuánto tiempo deben trabajar los asalariados y cuánto deben cotizar, mientras deja en segundo plano cuestiones esencialmente políticas: qué parte de la riqueza nacional debe financiar las pensiones, cuánto deben aportar las rentas empresariales y del capital, o por qué el enorme crecimiento de la productividad no se traduce en una reducción general del tiempo de trabajo.
Una política verdaderamente favorable a la clase trabajadora debería garantizar primero pensiones públicas suficientes, jubilaciones anticipadas para los trabajos penosos y una edad de retiro razonable. Solo después podría hablarse de trabajar más años como una opción auténticamente libre.
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