BOLIVIA, MEMORIA Y DIGNIDAD

Por RENÉ BEHOTEGUY CHÁVEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Cuando yo era niño, mi país Bolivia, era un país profundamente racista y colonial. No lo digo como metáfora ni como consigna: lo vi, lo viví y crecí respirando ese aire de desigualdad normalizada. Las mujeres aymaras, en general parecían condenadas a dos destinos socialmente aceptados: servir como trabajadoras del hogar o vender en el mercado. En las casas de las familias acomodadas, especialmente en la zona sur de La Paz, muchas empleadas indígenas dormían en habitaciones diminutas, sin ventanas, incluso dentro de mansiones enormes donde lo que sobraba de lujo, faltaba de humanidad.

   La división social tenía color de piel, apellido y origen. Los empresarios, altos mandos militares y jerarquías policiales eran, casi sin excepción, blancos o mestizos blanqueados socialmente. Mientras tanto, los soldados, policías rasos, obreros, campesinos y trabajadores eran mayoritariamente aymaras, quechuas o pertenecientes a otros pueblos indígenas. La estructura de clases estaba atravesada por una jerarquía étnica colonial: unos mandaban y otros obedecían; unos estudiaban para gobernar y otros parecían destinados a servir.

  En las ciudades, los hijos de las élites acudían a colegios cómodos, con tecnología, idiomas y oportunidades. En muchas comunidades rurales, las escuelas tenían piso de tierra, sin baños dignos y, a veces, sin electricidad. La desigualdad no era solo económica: era cultural, racial y simbólica. Había bolivianos de primera y bolivianos de segunda, las dos Bolivias que denunció en su momento el Mallku.

  Y, sin embargo, esa Bolivia profundamente injusta no podía durar eternamente.

  Las grandes mayorías comenzaron a movilizarse. Desde los bloqueos impulsados por Felipe Quispe y la CSUTCB, hasta la explosión social de la llamada Guerra del Gas y la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, se fue gestando un proceso histórico que no puede entenderse únicamente como protesta económica. Era también un grito de dignidad, una rebelión contra siglos de exclusión y colonialismo interno.

  La llegada de Evo Morales representó, para millones de personas, una oportunidad histórica de transformación pacífica porque, y eso se palpaba en el ambiente, la otra alternativa era una guerra civil. La nacionalización de los hidrocarburos y la nueva Constitución no fueron únicamente medidas institucionales: simbolizaron el intento de refundar el país sobre otras bases. El Estado plurinacional apareció como una apuesta por incluir, reconocer y dignificar a quienes durante generaciones habían sido invisibles.

   Con errores evidentes, contradicciones reales y defectos que no deben ocultarse, el proceso plurinacional permitió algo que para muchos parecía imposible: que indígenas, campesinos y trabajadores sintieran por primera vez que el país también les pertenecía. Que ya no eran mero paisaje, sino protagonistas de la historia.

  A mi juicio, el desafío pendiente nunca fue solo constitucional. La Constitución debía desarrollarse profundamente: en lo político, fortaleciendo el papel real de las naciones indígenas; en lo económico, impulsando una economía productiva de base comunitaria y popular que evitara tanto el extractivismo dependiente como la reproducción de élites tradicionales. Y precisamente ahí muchos sentimos que los avances quedaron incompletos.

  La crisis posterior, las divisiones internas del movimiento popular y la fragmentación del instrumento político que había articulado a sectores obreros, indígenas y campesinos dejaron un vacío político profundo. En ese contexto, muchos sectores sociales depositaron expectativas en Rodrigo Paz, particularmente por la presencia de Edman Lara, visto por parte de sectores populares como un puente posible entre distintas sensibilidades del país y como una alternativa intermedia frente a una derecha neoliberal representada por figuras como Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, y una izquierda golpeada por divisiones y exclusiones.

  Pero desde la percepción de amplios sectores populares —especialmente indígenas, obreros y campesinos— pronto comenzó a instalarse la sensación de una profunda decepción. Muchos interpretamos decisiones gubernamentales recientes como un alejamiento de las promesas hechas a quienes facilitaron ese respaldo social. Se percibe un acercamiento a sectores empresariales tradicionales, una creciente distancia respecto de organizaciones populares y una falta de escucha hacia demandas sociales que históricamente fueron centrales.

  Pero la decepción no fue solamente una sensación abstracta. Para muchos sectores sociales, comenzó a expresarse en decisiones concretas del gobierno que rompen de lleno con las expectativas de quienes lo llevaron al poder. Desde esta mirada, el gobierno se fue alineando progresivamente con sectores empresariales tradicionales, con la oligarquía terrateniente del oriente y con una agenda más cercana a los intereses de Estados Unidos que a las prioridades de las mayorías populares.

  En el plano internacional, muchos interpretamos como un giro político la restitución de relaciones con Israel y la eliminación de requisitos de visado para ciudadanos israelíes y estadounidenses, sin reciprocidad equivalente para los bolivianos. En el plano fiscal, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas fue leída por amplios sectores como una señal de privilegio hacia quienes más tienen, en un país todavía marcado por desigualdades profundas.

  Al mismo tiempo, hubo intentos de impulsar acuerdos con empresas multinacionales sin controles parlamentarios que, desde una mirada crítica, reactivaron viejos temores sobre pérdida de soberanía económica. La relación con sectores populares comenzó además a deteriorarse: el aislamiento político de Edman Lara —a quien muchos consideraban el principal puente con organizaciones sociales y barrios populares— fue interpretado como un síntoma de ruptura entre el gobierno y su base social.

   Otro punto especialmente sensible fue la política sobre combustibles. El retiro de subvenciones, acompañado por un aumento del coste de la gasolina y denuncias sociales sobre la baja calidad del combustible disponible, alimentó el malestar cotidiano de miles de trabajadores, transportistas y familias. A ello se sumó la preocupación por intentos de modificar el régimen de tierras para facilitar que pequeñas propiedades pasaran a una categoría susceptible de venta o hipoteca, algo que dada la crisis y empobrecimiento puede redundar en que muchos campesinos pierdan su tierra y esta se concentre en manos de los latifundistas como antes de la Reforma Agraria del 52.

La distancia con el movimiento obrero también se hizo evidente cuando el gobierno, dejó de escuchar demandas históricas y llegó incluso a negarse a abrir espacios de diálogo con la Central Obrera Boliviana para discutir su pliego petitorio. Para quienes habían esperado un gobierno cercano a los sectores populares, aquello fue vivido como una ruptura simbólica profunda.

   La conflictividad social actual, con movilizaciones, bloqueos y articulación de sectores campesinos, maestros, mineros y vecinos de El Alto, expresa mucho más que una disputa coyuntural. Desde esta mirada, no puede reducirse simplemente a maniobras políticas ni explicarse únicamente a través de la figura de Evo Morales. Lo que emerge es un malestar más profundo: la percepción de que las grandes mayorías populares vuelven a ser ignoradas y de que decisiones estratégicas se toman lejos de quienes sostienen el país con su trabajo.

   Más preocupante aún es el retorno de discursos y actitudes que recuerdan al viejo racismo colonial que muchos creímos superado. Cuando las demandas indígenas, campesinas u obreras son automáticamente deslegitimadas, caricaturizadas o tratadas como amenazas irracionales, resurgen fantasmas históricos que parecían haber retrocedido.

   Porque, más allá de líderes concretos o coyunturas pasajeras, hay algo que cambió para siempre en Bolivia: millones de personas que durante siglos fueron excluidas descubrieron que podían gobernar, participar, decidir y ser reconocidas. Una mayoría indígena, obrera y campesina que, con todos los problemas y contradicciones del proceso, sintió por primera vez que su voz valía tanto como la de cualquiera.

   Por eso, para muchos, la defensa de la dignidad popular no es nostalgia ni capricho ideológico. Es la convicción de que Bolivia no puede retroceder hacia un orden donde unos pocos mandan y las grandes mayorías obedecen; donde el apellido, el color de piel o el origen definan otra vez el destino de una persona. La transformación del país no vendrá de élites iluminadas ni de pactos entre poderosos, sino de sectores populares organizados, con agenda propia, capaces de profundizar una democracia social, económica y cultural verdaderamente descolonizadora.

    Yo no quiero volver a la Bolivia excluyente y racista de mi infancia. Prefiero imaginar un futuro en el que seamos iguales; un país donde ninguna niña indígena crea que nació para servir. Una Bolivia donde la dignidad no tenga apellido ni color de piel y donde y la riqueza que producen las clases trabajadoras sea para el beneficio de esas mismas clases trabajadoras.

 (*) René Behoteguy Chávez, (boliviano residente en Euskal Herria y miembro del Colectivo de Migrantes Tinkuy)