NI ESTATUS NI PRIVILEGIOS: LA SALUD COMO PROCESO COLECTIVO

Por JUSTO SOTO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En el debate sobre la organización sanitaria persiste una corriente que insiste en blindar un estatuto propio y exclusivo para la profesión médica. Defender esta segregación es negar la realidad operativa de nuestros centros: la sanidad no es una disciplina de autor, sino un proceso social y colectivo. El aislamiento profesional es un vestigio de un clasismo rancio que no tiene cabida en un sistema cuyo fin último es el bienestar común.

    Un servicio sanitario funciona como un engranaje donde la enfermería, las técnicas, el personal administrativo y los servicios generales sostienen la estructura cotidiana. Sin ellas, y sin el apoyo técnico-científico de ramas como la farmacia, la biología, la bioquímica, la física, la informática o la ingeniería, la medicina sería inoperante.

    La epidemiología crítica lo ha demostrado con claridad: la enfermedad no es un simple azar biológico, sino el reflejo de las condiciones materiales de vida. La salud depende del acceso al trabajo, la calidad de la vivienda, el entorno urbano y la posición en la estructura social. Por eso, la médica no puede actuar como un ente aislado, sino como parte de una fuerza de trabajo interdisciplinar que entiende la medicina como herramienta de transformación social.

    Superar esta herencia jerárquica exige reconocer un hecho fundamental: hoy, el 60% del colectivo médico está compuesto por mujeres. Este dato no es anecdótico. La socialización de género ha situado históricamente a las mujeres en roles de escucha, gestión de lo doméstico y contención emocional. Estas experiencias pueden favorecer estilos de liderazgo menos autoritarios y más cooperativos. Pero sería ingenuo pensar que existe una “naturaleza femenina” que garantice automáticamente una práctica horizontal. Ser mujer médica no impide reproducir privilegios ni ejercer el mando vertical. Por eso, el cambio no vendrá de esperar pasivamente que “las mujeres transformen la profesión”, sino de construir desde abajo —con mujeres y hombres dispuestos a romper la jerarquía— una práctica realmente horizontal. No está en juego el género como esencia, sino el género como experiencia social que, bien orientada, puede dar la espalda al viejo modelo de mando.

   Esta colaboración horizontal no es solo una estrategia clínica: es un antídoto contra el agotamiento y el burnout que atraviesan el sistema. La jerarquización excesiva genera soledad en la toma de decisiones, sobrecarga emocional y una presión constante que recae sobre quienes ocupan posiciones de responsabilidad formal. Las cifras son elocuentes. En España, el burnout afecta ya a 1 de cada 4 médicas, con picos del 40% en unidades críticas. En enfermería, el agotamiento crónico supera el 60% en diversos sectores. El sistema está expulsando talento por una fatiga que nace, en gran medida, de la falta de estructuras de apoyo mutuo y de la persistencia de un modelo vertical que concentra responsabilidades y diluye cuidados.

   Isaac Newton afirmaba: “Si he visto más lejos, es porque he estado sentado sobre hombros de gigantes”. En sanidad, esos gigantes son el conocimiento acumulado y el trabajo cotidiano de miles de profesionales que sostienen el sistema. El éxito clínico nunca es mérito individual: es el resultado de apoyarse en un equipo técnico y humano que hace posible cada diagnóstico, cada intervención y cada alta.

   Sostener estatutos segregados es ignorar esta realidad. Es renunciar a la evidencia de que el conocimiento compartido y el trabajo en equipo son la base de la excelencia sanitaria. Pero incluso la horizontalidad entre profesionales es insuficiente si no se rompe también el muro que separa al sistema sanitario de la ciudadanía.
 

Participación vinculante de las usuarias y usuarios
 

  Las movilizaciones de una parte del colectivo médico en defensa de un estatuto único con privilegios exclusivos suponen un retroceso profundo. Son corporativistas porque ignoran a las destinatarias del sistema y al resto de trabajadoras sanitarias. La salud no es un botín que se reparten las profesionales entre sí. Es un derecho que se construye con la comunidad, no sobre ella.
 

Por eso, cualquier propuesta de reorganización sanitaria que aspire a ser democrática debe incluir la participación vinculante de las usuarias y usuarios organizados.

Esto implica:
 

•    Consejos de salud de barrio con poder de veto sobre cambios en la cartera de servicios.
•    Asambleas de urgencias que evalúen trimestralmente la calidad percibida y propongan mejoras.
•    Comités mixtos profesionales-usuarias/os para la asignación de recursos extraordinarios.
•    Derecho a la segunda opinión comunitaria, mediante la revisión colegiada de protocolos considerados lesivos o ineficaces.
•    Intervenciones sobre determinantes sociales de la salud, codiseñadas por usuarias organizadas, ayuntamientos, cabildos y personal sanitario, financiadas con fondos de salud comunitaria y con carácter vinculante tras informe técnico.
 

   Sin estos mecanismos, la “horizontalidad” entre profesionales corre el riesgo de convertirse en una nueva tecnocracia participativa: todas deciden, excepto quienes padecen la enfermedad. El debate sobre el estatuto único médico se convierte así en una pelea interna entre asalariadas que no resuelve la crisis de confianza popular en el sistema.
 

La privatización como telón de fondo
 

   Pero ninguna transformación será suficiente si no se enfrenta también el proceso silencioso de privatización que atraviesa el sistema. La fragmentación de servicios, la externalización de áreas críticas y la derivación sistemática hacia empresas privadas no solo encarecen la atención: erosionan la cohesión de los equipos, debilitan la capacidad de planificación y convierten derechos en mercancías. Cuando la gestión se orienta al beneficio y no al cuidado, la presión recae sobre quienes sostienen el sistema público, que ven cómo se reducen plantillas, se saturan servicios y se deterioran las condiciones laborales.

   La privatización no es un fenómeno externo al debate sobre el estatuto médico: es su telón de fondo. Mientras una parte del colectivo pelea por privilegios internos, el sistema pierde músculo, recursos y legitimidad social. Defender la horizontalidad y la participación vinculante de las usuarias/os es también defender la sanidad pública frente a su desmantelamiento progresivo.
 

Conclusión
 

  La sanidad debe dejar de verse como una suma de categorías profesionales para entenderse como un derecho que se construye colectivamente. Porque el saber, cuando se encierra en un estatuto, deja de ser ciencia para convertirse en dogma; y la salud, cuando se gestiona desde el privilegio, pierde eficacia. Si no caminamos juntas, no solo no avanzamos: permitimos que la fragmentación del sistema —interna y externa— debilite la calidad de la atención y la salud mental de quienes la cuidan.

(*) Justo Soto es enfermero jubilado con 40 años de experiencia en hospitales públicos. Escribe a título personal como trabajador sanitario de base y como usuario del sistema.