EL SILENCIOSO DESMANTELAMIENTO DE LA SANIDAD PÚBLICA: UNA RESIGNACIÓN QUE PUEDE COSTARNOS LA VIDA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Durante décadas, la sanidad pública ha sido una de las mayores conquistas sociales arrancadas por la población trabajadora. No surgió por generosidad institucional ni fue un regalo de ningún gobierno. Fue el resultado de luchas colectivas y de una convicción básica: que la salud debía ser un derecho garantizado para todos, independientemente de la renta de cada persona. Hoy, sin embargo, esa conquista histórica se encuentra seriamente amenazada.

  Lo que está ocurriendo no responde a una crisis pasajera ni a errores puntuales de gestión. Estamos ante un proceso prolongado de deterioro que avanza entre recortes presupuestarios, privatizaciones, falta de inversión y precarización laboral. Y lo más preocupante es que ese retroceso se desarrolla en medio de una creciente resignación social. Mientras el sistema sanitario pierde capacidad de respuesta, demasiados ciudadanos observan la situación como si fuera algo inevitable. Pero no lo es.

RECORTES PLANIFICADOS Y NEGOCIO PRIVADO

   La crisis sanitaria actual tiene responsables concretos. Desde la recesión iniciada en 2008, la sanidad pública fue uno de los principales objetivos de las políticas de austeridad. Bajo el pretexto de controlar el gasto, se redujeron plantillas, se congelaron inversiones, se cerraron camas hospitalarias y se limitaron recursos esenciales en hospitales y centros de salud.

  Años después, muchas de esas decisiones continúan marcando el presente. Las necesidades sanitarias no han dejado de crecer: la población envejece, aumentan las enfermedades crónicas, se disparan los problemas de salud mental y cada vez más personas requieren atención continuada. Sin embargo, el sistema ha tenido que afrontar esa realidad con recursos claramente insuficientes.

  El resultado es visible en cualquier territorio del Estado: listas de espera interminables, citas médicas aplazadas durante semanas o meses, urgencias saturadas y servicios tensionados hasta el límite.

  Junto a ello ha avanzado otro fenómeno igualmente grave: la privatización progresiva de la asistencia sanitaria. Allí donde la sanidad pública se debilita, aparece el negocio privado ofreciendo soluciones a quien pueda pagarlas. Se externalizan pruebas diagnósticas, se conciertan servicios con empresas privadas, se desvían fondos públicos y se multiplica la contratación de seguros médicos.

  Así se consolida una sanidad a dos velocidades. Una lenta, deteriorada y sobrecargada para la mayoría social. Otra rápida y eficaz para quienes tienen capacidad económica suficiente. Lo que se vende como libertad de elección no es más que desigualdad organizada.

PROFESIONALES AL LÍMITE Y CENTROS DE SALUD DESBORDADOS

   Ningún sistema sanitario funciona sin trabajadores. Y quienes sostienen cada día hospitales, ambulatorios y servicios de urgencias llevan años soportando una situación cada vez más difícil. Plantillas insuficientes, contratos temporales, jornadas agotadoras, consultas masificadas, salarios que pierden poder adquisitivo y una constante falta de reconocimiento institucional forman parte del paisaje cotidiano.

  No sorprende que muchos médicos, enfermeras, fisioterapeutas o técnicos opten por marcharse al sector privado o emigrar a otros países donde encuentran mejores condiciones laborales. Cada profesional que abandona el sistema público representa años de formación perdidos y una capacidad asistencial que desaparece.

  Especialmente preocupante es la situación de la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema y una de sus piezas esenciales. Cuando un centro de salud funciona correctamente, se previenen enfermedades, se detectan patologías a tiempo y se evita el colapso hospitalario. Sin embargo, precisamente ese nivel asistencial ha sido uno de los más castigados.

  Hoy, conseguir cita con el médico de familia se ha convertido en muchos lugares en una carrera de obstáculos. Las agendas están saturadas, las consultas duran apenas unos minutos y numerosos profesionales atienden a decenas de pacientes cada jornada en condiciones incompatibles con una atención digna.

  Cuando la Atención Primaria se debilita, todo el sistema termina pagando las consecuencias. Las urgencias se llenan de casos que podrían haberse resuelto antes, aumentan los retrasos diagnósticos y empeoran enfermedades que habrían tenido solución temprana.

EL PRECIO DE LA DESMOVILIZACIÓN SOCIAL

  Sin embargo, quizá el aspecto más inquietante de esta crisis no sea únicamente sanitario, sino político y social. Nos estamos acostumbrando al deterioro. Nos acostumbramos a esperar meses por una prueba. Nos acostumbramos a no tener pediatra estable. Nos acostumbramos a ver urgencias colapsadas. Nos acostumbramos a escuchar que faltan médicos como si se tratara de una catástrofe natural e inevitable.

  Esa normalización del retroceso es la mayor victoria de quienes impulsan estas políticas. Porque cuando una sociedad deja de indignarse, los recortes continúan sin apenas resistencia.

  La desmovilización social tiene consecuencias concretas y dolorosas. Significa diagnósticos tardíos, sufrimiento evitable, enfermedades agravadas por la demora, desigualdad creciente entre quienes pueden pagar y quienes no, agotamiento profesional y pérdida progresiva de un derecho esencial. En demasiados casos significa también vidas truncadas antes de tiempo.

  Cada planta cerrada, cada plaza sin cubrir, cada consulta saturada y cada profesional que abandona el sistema deja una huella real en miles de familias trabajadoras.

  Todavía es posible revertir esta situación, pero no ocurrirá por sí sola. Ningún derecho social se conserva sin lucha. La historia demuestra que todo avance colectivo necesita organización, presión popular y voluntad de defender lo conquistado.

  Reforzar plantillas, aumentar la inversión pública, recuperar la Atención Primaria, frenar privatizaciones y dignificar las condiciones laborales no es una fantasía. Es una decisión política.

  La pregunta no es si existen recursos. La pregunta es por qué se destinan a otros fines mientras se deja deteriorar uno de los pilares básicos de cualquier sociedad decente.

  Porque cuando necesites un médico y no lo encuentres, cuando una operación llegue demasiado tarde o cuando la atención dependa de tu cuenta bancaria, quizá entonces muchos comprendan que defender la sanidad pública nunca fue una cuestión ideológica, sino una necesidad vital.

  Y para entonces puede que ya sea demasiado tarde.