LA PALMA Y LA GUERRA DEL AGUA: DESALADORAS, NEGOCIO Y DEPENDENCIA
Intereses económicos y pérdida de soberanía hídrica
En La Palma, la polémica sobre el agua trasciende lo técnico y ha abierto un debate social y económico. Según denuncia el colectivo Agua para La Palma, detrás del impulso a la desalación se estaría favoreciendo un modelo más costoso y dependiente, frente al aprovechamiento de recursos propios ya existentes
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En La Palma se está librando una batalla silenciosa que afecta al presente y al futuro de esta isla canaria: quién controla el agua, cómo se obtiene y a quién beneficia el modelo elegido. La controversia ha estallado tras las denuncias de la asociación ciudadana Agua para La Palma, que acusa al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas de abandonar una política basada en los recursos naturales propios para sustituirla por un sistema dependiente de plantas desaladoras, caras de mantener y sometidas al coste energético exterior. El debate no es técnico. Es económico, político y social. Porque cuando se decide de dónde saldrá el agua, también se decide quién pagará la factura, quién obtendrá beneficios y qué grado de autonomía conservará la isla.
UNA ISLA CON AGUA, PERO MAL GESTIONADA
La Palma no es un territorio desértico condenado a importar agua industrial. La isla dispone de importantes reservas subterráneas y de una red histórica de galerías, nacientes y fuentes que han garantizado históricamente el suministro agrícola y urbano.
El problema -sostienen desde Agua para La Palma- no sería la ausencia de recursos, sino el deterioro de las infraestructuras y una gestión ineficiente. Redes de transporte con pérdidas elevadas, instalaciones envejecidas, pozos sobreexplotados y canales insuficientemente modernizados forman parte de un modelo que arrastra décadas de abandono. Dicho de otro modo: antes de buscar agua nueva, la prioridad debería ser no perder la que ya existe.
DESALACIÓN: ¿SOLUCIÓN RÁPIDA O NEGOCIO ASEGURADO?
Las plantas desaladoras suelen presentarse como símbolo de modernidad y respuesta inmediata ante crisis hídricas. Sin embargo, también implican fuertes inversiones públicas, altos costes de mantenimiento y gran consumo energético.
En territorios insulares esto añade un factor decisivo: la dependencia exterior. Si el precio de la electricidad sube o si el combustible encarece la producción energética, el coste del agua también se dispara. Eso convierte un derecho básico en una mercancía cada vez más cara.
Por eso crecen las voces críticas que advierten de que la desalación puede ser una herramienta complementaria en casos extremos, como en las islas con escasos recursos hídricos, pero no el eje central de la política hidráulica cuando existen alternativas locales más baratas y sostenibles.
¿QUIÉN GANA CUANDO EL AGUA SE ENCARECE?
Toda infraestructura pública mueve intereses privados. Esa es una ley habitual de la economía capitalista. Grandes contratos de obra, mantenimiento técnico, compra de maquinaria, consumo energético y distribución posterior del agua generan un circuito de beneficios para empresas concretas.
Desde esa perspectiva, la discusión en La Palma no enfrenta simplemente dos tecnologías, sino dos modelos sociales. Uno apuesta por reforzar el patrimonio hidráulico común: galerías, túneles, redes públicas y aprovechamiento racional del acuífero. El otro desplaza recursos públicos hacia sistemas industrializados donde la rentabilidad empresarial tiene más peso.
Cuando una sociedad invierte millones en producir agua cara mientras deja deteriorarse el agua barata ya disponible, la pregunta es inevitable: ¿se planifica para la población o para determinados intereses económicos?
El agua no es solo un recurso natural. Es poder. Quien controla el agua condiciona la agricultura, la vivienda, el turismo y la vida cotidiana. Por eso el verdadero debate en La Palma es si la isla quiere apoyarse en sus propios recursos, modernizados y gestionados con criterios públicos, o quedar atada a un modelo industrial dependiente de energía cara y financiación constante.
La Palma se encuentra ante una decisión histórica. Puede rehabilitar su patrimonio hidráulico, reducir pérdidas, proteger sus acuíferos y fortalecer su autonomía. O puede profundizar un modelo donde cada litro de agua dependa cada vez más de inversiones costosas, energía importada y tarifas crecientes.
Cuando el agua pasa de bien común a negocio estratégico, la ciudadanía siempre termina pagando dos veces: con impuestos y con recibos.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En La Palma se está librando una batalla silenciosa que afecta al presente y al futuro de esta isla canaria: quién controla el agua, cómo se obtiene y a quién beneficia el modelo elegido. La controversia ha estallado tras las denuncias de la asociación ciudadana Agua para La Palma, que acusa al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas de abandonar una política basada en los recursos naturales propios para sustituirla por un sistema dependiente de plantas desaladoras, caras de mantener y sometidas al coste energético exterior. El debate no es técnico. Es económico, político y social. Porque cuando se decide de dónde saldrá el agua, también se decide quién pagará la factura, quién obtendrá beneficios y qué grado de autonomía conservará la isla.
UNA ISLA CON AGUA, PERO MAL GESTIONADA
La Palma no es un territorio desértico condenado a importar agua industrial. La isla dispone de importantes reservas subterráneas y de una red histórica de galerías, nacientes y fuentes que han garantizado históricamente el suministro agrícola y urbano.
El problema -sostienen desde Agua para La Palma- no sería la ausencia de recursos, sino el deterioro de las infraestructuras y una gestión ineficiente. Redes de transporte con pérdidas elevadas, instalaciones envejecidas, pozos sobreexplotados y canales insuficientemente modernizados forman parte de un modelo que arrastra décadas de abandono. Dicho de otro modo: antes de buscar agua nueva, la prioridad debería ser no perder la que ya existe.
DESALACIÓN: ¿SOLUCIÓN RÁPIDA O NEGOCIO ASEGURADO?
Las plantas desaladoras suelen presentarse como símbolo de modernidad y respuesta inmediata ante crisis hídricas. Sin embargo, también implican fuertes inversiones públicas, altos costes de mantenimiento y gran consumo energético.
En territorios insulares esto añade un factor decisivo: la dependencia exterior. Si el precio de la electricidad sube o si el combustible encarece la producción energética, el coste del agua también se dispara. Eso convierte un derecho básico en una mercancía cada vez más cara.
Por eso crecen las voces críticas que advierten de que la desalación puede ser una herramienta complementaria en casos extremos, como en las islas con escasos recursos hídricos, pero no el eje central de la política hidráulica cuando existen alternativas locales más baratas y sostenibles.
¿QUIÉN GANA CUANDO EL AGUA SE ENCARECE?
Toda infraestructura pública mueve intereses privados. Esa es una ley habitual de la economía capitalista. Grandes contratos de obra, mantenimiento técnico, compra de maquinaria, consumo energético y distribución posterior del agua generan un circuito de beneficios para empresas concretas.
Desde esa perspectiva, la discusión en La Palma no enfrenta simplemente dos tecnologías, sino dos modelos sociales. Uno apuesta por reforzar el patrimonio hidráulico común: galerías, túneles, redes públicas y aprovechamiento racional del acuífero. El otro desplaza recursos públicos hacia sistemas industrializados donde la rentabilidad empresarial tiene más peso.
Cuando una sociedad invierte millones en producir agua cara mientras deja deteriorarse el agua barata ya disponible, la pregunta es inevitable: ¿se planifica para la población o para determinados intereses económicos?
El agua no es solo un recurso natural. Es poder. Quien controla el agua condiciona la agricultura, la vivienda, el turismo y la vida cotidiana. Por eso el verdadero debate en La Palma es si la isla quiere apoyarse en sus propios recursos, modernizados y gestionados con criterios públicos, o quedar atada a un modelo industrial dependiente de energía cara y financiación constante.
La Palma se encuentra ante una decisión histórica. Puede rehabilitar su patrimonio hidráulico, reducir pérdidas, proteger sus acuíferos y fortalecer su autonomía. O puede profundizar un modelo donde cada litro de agua dependa cada vez más de inversiones costosas, energía importada y tarifas crecientes.
Cuando el agua pasa de bien común a negocio estratégico, la ciudadanía siempre termina pagando dos veces: con impuestos y con recibos.
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