PARAR CUNA DEL ALMA Y SALVAR LA COSTA: LLAMAMIENTO A SALIR A LA CALLE EN TENERIFE
La movilización del 26 de abril busca convertir el conflicto de El Puertito de Adeje en un símbolo de la defensa del territorio
La nueva protesta contra Cuna del Alma reabre en Canarias un debate de fondo: si las islas deben seguir al servicio del negocio turístico o ponerse al servicio de quienes las habitan. En juego no está solo una urbanización de lujo, sino el modelo de futuro del archipiélago.
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
![[Img #91117]](https://canarias-semanal.org/upload/images/04_2026/7427_4758_7773_9624_4072_carlos-serna.jpg)
En el mapa atlántico, frente a las costas africanas, las Islas Canarias viven desde hace décadas una contradicción cada vez más visible: una economía fuertemente dependiente del turismo masivo convive con una creciente precariedad social, una vivienda inaccesible para miles de residentes y una presión urbanística constante sobre un territorio limitado y frágil. Esa tensión ha estallado de nuevo en Tenerife, la isla más poblada del archipiélago, donde colectivos vecinales, ecologistas y organizaciones sociales han convocado una movilización para exigir la paralización definitiva del macroproyecto turístico conocido como Cuna del Alma.
La manifestación tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril, a las once de la mañana, en Santa Cruz de Tenerife. La marcha partirá de la Plaza Weyler, pasará ante el Parlamento de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y concluirá frente a la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico. El mensaje de los convocantes es diáfano y directo: Es imperativo frenar una urbanización de lujo que consideran símbolo de un modelo económico agotado y destructivo.
¿QUÉ ES “CUNA DEL ALMA”?
El proyecto Cuna del Alma se impulsa en El Puertito de Adeje, una pequeña zona costera del sur de Tenerife y uno de los epicentros del negocio turístico de la isla. Allí, donde todavía subsisten espacios naturales sin urbanizar junto al mar, se pretende levantar una gran urbanización turística y residencial de alta gama.
Para los promotores, se trata de una inversión de lujo vinculada al turismo internacional. Para sus detractores, representa justo lo contrario de lo que necesita Canarias: más cemento, más especulación y más dependencia de un turismo orientado a grandes rentas externas mientras la población local soporta salarios bajos y precios disparados.
El llamamiento a la movilización llega después de que, el 9 de abril de 2026, una jueza acordara la paralización cautelar de parte de las obras en una parcela afectada por la servidumbre de protección costera, unos 2.500 metros cuadrados dentro del conjunto del proyecto, según los denunciantes.
Además, el auto judicial prevé la citación como investigados de responsables de la promotora y de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, según sostienen los colectivos convocantes. Para las plataformas ciudadanas, la resolución supone un avance importante, aunque insuficiente, porque las obras continúan en otras zonas del complejo.
Los movimientos sociales que rechazan este proyecto sostienen que no está en juego solo una promoción inmobiliaria, sino uno de los últimos tramos costeros no masificados del sur de Tenerife. Denuncian la amenaza sobre valores patrimoniales, históricos y ambientales difíciles de recuperar una vez destruidos.
En la zona existen restos arqueológicos vinculados a la cultura guanche —la población indígena de Canarias anterior a la conquista castellana—, flora endémica propia de ecosistemas insulares, fondos marinos sensibles y antiguas construcciones ligadas a la historia económica local, como una nave de empaquetado agrícola considerada patrimonio industrial. El conflicto, por tanto, enfrenta dos concepciones del territorio: la del suelo como mercancía y la del territorio como bien común.
MÁS ALLÁ DE UNA URBANIZACIÓN: EL DEBATE SOBRE EL MODELO CANARIO
La movilización enlaza con las protestas masivas del 20 de abril de 2024 (20A), cuando decenas de miles de personas salieron a las calles de varias islas para denunciar los efectos del turismo masivo. Aquella jornada abrió una grieta política que sigue vigente.
Desde entonces, muchos colectivos sostienen que apenas ha cambiado nada. Señalan una inflación superior a los salarios, dificultades extremas de acceso a la vivienda, carreteras colapsadas, deterioro ambiental y servicios públicos tensionados. En este contexto, Cuna del Alma no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema donde la rentabilidad privada pesa más que las necesidades sociales.
Desde una perspectiva económica más amplia, la crítica apunta a un fenómeno clásico de las economías dependientes: gran parte del valor generado sale del territorio mediante cadenas empresariales externas, fondos de inversión, touroperadores y grandes propietarios, mientras los costes sociales y ecológicos quedan localizados en la población residente.
EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES
Los convocantes dirigen sus críticas al Gobierno canario, al Ayuntamiento de Adeje y a otras administraciones implicadas en autorizaciones urbanísticas y ambientales. Acusan a las instituciones de priorizar intereses empresariales frente al interés colectivo.
El conflicto, por supuesto, tiene una dimensión política de fondo: quién decide sobre el territorio canario y en beneficio de quién. La protesta del próximo domingo busca convertir el caso Cuna del Alma en un punto de inflexión. Los colectivos esperan que la presión social acompañe el proceso judicial abierto y fuerce una paralización total del proyecto. No se trata solo de un litigio local en una costa del Atlántico. Para muchos canarios, lo que ocurre en El Puertito de Adeje resume una pregunta más profunda: si las islas seguirán siendo un espacio ordenado para la vida de su población o una plataforma de negocio permanente para capitales ajenos.
En una región ultraperiférica, con suelo escaso y elevada dependencia exterior, cada gran operación urbanística se convierte también en una discusión sobre soberanía económica.
Por CARLOS SERNA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En el mapa atlántico, frente a las costas africanas, las Islas Canarias viven desde hace décadas una contradicción cada vez más visible: una economía fuertemente dependiente del turismo masivo convive con una creciente precariedad social, una vivienda inaccesible para miles de residentes y una presión urbanística constante sobre un territorio limitado y frágil. Esa tensión ha estallado de nuevo en Tenerife, la isla más poblada del archipiélago, donde colectivos vecinales, ecologistas y organizaciones sociales han convocado una movilización para exigir la paralización definitiva del macroproyecto turístico conocido como Cuna del Alma.
La manifestación tendrá lugar el próximo domingo 26 de abril, a las once de la mañana, en Santa Cruz de Tenerife. La marcha partirá de la Plaza Weyler, pasará ante el Parlamento de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y concluirá frente a la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico. El mensaje de los convocantes es diáfano y directo: Es imperativo frenar una urbanización de lujo que consideran símbolo de un modelo económico agotado y destructivo.
¿QUÉ ES “CUNA DEL ALMA”?
El proyecto Cuna del Alma se impulsa en El Puertito de Adeje, una pequeña zona costera del sur de Tenerife y uno de los epicentros del negocio turístico de la isla. Allí, donde todavía subsisten espacios naturales sin urbanizar junto al mar, se pretende levantar una gran urbanización turística y residencial de alta gama.
Para los promotores, se trata de una inversión de lujo vinculada al turismo internacional. Para sus detractores, representa justo lo contrario de lo que necesita Canarias: más cemento, más especulación y más dependencia de un turismo orientado a grandes rentas externas mientras la población local soporta salarios bajos y precios disparados.
El llamamiento a la movilización llega después de que, el 9 de abril de 2026, una jueza acordara la paralización cautelar de parte de las obras en una parcela afectada por la servidumbre de protección costera, unos 2.500 metros cuadrados dentro del conjunto del proyecto, según los denunciantes.
Además, el auto judicial prevé la citación como investigados de responsables de la promotora y de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, según sostienen los colectivos convocantes. Para las plataformas ciudadanas, la resolución supone un avance importante, aunque insuficiente, porque las obras continúan en otras zonas del complejo.
Los movimientos sociales que rechazan este proyecto sostienen que no está en juego solo una promoción inmobiliaria, sino uno de los últimos tramos costeros no masificados del sur de Tenerife. Denuncian la amenaza sobre valores patrimoniales, históricos y ambientales difíciles de recuperar una vez destruidos.
En la zona existen restos arqueológicos vinculados a la cultura guanche —la población indígena de Canarias anterior a la conquista castellana—, flora endémica propia de ecosistemas insulares, fondos marinos sensibles y antiguas construcciones ligadas a la historia económica local, como una nave de empaquetado agrícola considerada patrimonio industrial. El conflicto, por tanto, enfrenta dos concepciones del territorio: la del suelo como mercancía y la del territorio como bien común.
MÁS ALLÁ DE UNA URBANIZACIÓN: EL DEBATE SOBRE EL MODELO CANARIO
La movilización enlaza con las protestas masivas del 20 de abril de 2024 (20A), cuando decenas de miles de personas salieron a las calles de varias islas para denunciar los efectos del turismo masivo. Aquella jornada abrió una grieta política que sigue vigente.
Desde entonces, muchos colectivos sostienen que apenas ha cambiado nada. Señalan una inflación superior a los salarios, dificultades extremas de acceso a la vivienda, carreteras colapsadas, deterioro ambiental y servicios públicos tensionados. En este contexto, Cuna del Alma no es una excepción, sino la consecuencia lógica de un sistema donde la rentabilidad privada pesa más que las necesidades sociales.
Desde una perspectiva económica más amplia, la crítica apunta a un fenómeno clásico de las economías dependientes: gran parte del valor generado sale del territorio mediante cadenas empresariales externas, fondos de inversión, touroperadores y grandes propietarios, mientras los costes sociales y ecológicos quedan localizados en la población residente.
EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES
Los convocantes dirigen sus críticas al Gobierno canario, al Ayuntamiento de Adeje y a otras administraciones implicadas en autorizaciones urbanísticas y ambientales. Acusan a las instituciones de priorizar intereses empresariales frente al interés colectivo.
El conflicto, por supuesto, tiene una dimensión política de fondo: quién decide sobre el territorio canario y en beneficio de quién. La protesta del próximo domingo busca convertir el caso Cuna del Alma en un punto de inflexión. Los colectivos esperan que la presión social acompañe el proceso judicial abierto y fuerce una paralización total del proyecto. No se trata solo de un litigio local en una costa del Atlántico. Para muchos canarios, lo que ocurre en El Puertito de Adeje resume una pregunta más profunda: si las islas seguirán siendo un espacio ordenado para la vida de su población o una plataforma de negocio permanente para capitales ajenos.
En una región ultraperiférica, con suelo escaso y elevada dependencia exterior, cada gran operación urbanística se convierte también en una discusión sobre soberanía económica.
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