LA NASA ATERRIZA EN CANARIAS: EL ESPEJISMO CIENTÍFICO QUE OCULTA LA MILITARIZACIÓN

Por JOSÉ MANUEL RIVERO PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

     La  visita anunciada de una delegación de la NASA al Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, ha sido presentada por la prensa oligárquica local con el habitual servilismo informativo: un envoltorio de prestigio científico y progreso tecnológico que apenas disimula su fondo geoestratégico. Bajo la aparente neutralidad del programa Artemis y la supuesta evaluación de nuestras capacidades sanitarias para el rescate de astronautas en el Atlántico, se oculta una operación de calado militar que merece ser diseccionada con rigor analítico y conciencia política.

    Si atendemos a la realidad material de la carrera espacial, los amerizajes de las misiones tripuladas estadounidenses se concentran sistemáticamente en el océano Pacífico. ¿Qué razón operativa justifica entonces auditar infraestructuras civiles en Tenerife? La respuesta es clara: ninguna, salvo que interpretemos esta visita como una maniobra de distracción, una pantalla destinada a legitimar la integración de Canarias en la arquitectura logística del bloque militar euroatlántico. Lo que se nos presenta como cooperación científica no es sino el caballo de Troya de una ocupación encubierta.

     No nos hallamos ante un hecho aislado, sino ante una ofensiva orquestada que sigue un guion ya ensayado en otros archipiélagos y territorios insulares. En las Azores, la base de Lajes fue presentada durante décadas como un centro meteorológico y de apoyo a la navegación civil, cuando en realidad operaba como nodo esencial del despliegue antisubmarino de la OTAN. En el archipiélago de Chagos, el Reino Unido expulsó por la fuerza a toda la población indígena para ceder el territorio a Estados Unidos, y después se declararon reservas marinas con coartada científica para impedir el retorno de los nativos mientras Diego García funciona como plataforma de bombardeos y vigilancia global. En Guam, la investigación oceanográfica y meteorológica ha servido de cortina de humo para expandir instalaciones militares hasta convertir la isla en el portaviones no hundible del Pacífico, con almacenamiento de armas nucleares. En las Islas Marshall, los ensayos nucleares fueron justificados como experimentación científica para la humanidad, y hoy la base de Kwajalein se presenta como centro de seguimiento de cohetes espaciales mientras forma parte del escudo antimisiles estadounidense. En Vieques, Puerto Rico, la Marina de Estados Unidos ocupó durante más de sesenta años dos tercios de la isla para realizar ejercicios de bombardeo, causando una cascada de enfermedades y muerte entre la población civil. Cuando la resistencia popular logró la expulsión de los militares en 2003, el gobierno estadounidense y las instituciones científicas locales justificaron la demora en la descontaminación con el pretexto de «estudios ambientales» que se prolongaron durante años, mientras los habitantes seguían expuestos a metales pesados y radiación. La ciencia, una vez más, actuó como coartada para dilatar responsabilidades y ocultar el rastro del colonialismo militar. Canarias sigue exactamente el mismo guion: una infraestructura científica como el Centro Espacial de Maspalomas, operado por el INTA —organismo bajo dependencia orgánica del Ministerio de Defensa y dirigido por mandos militares— es presentado sistemáticamente como un hito de la ciencia civil, ocultando su función dual y su carácter castrense.

   Mientras la NASA ejerce de avanzadilla diplomática y científica, el verdadero entramado se articula en el terreno económico: la creación del denominado Clúster Canario de la Industria de Defensa, promovido por la CEOE de Tenerife y bendecido institucionalmente a través de la Zona Especial Canaria. Este proyecto evidencia la voluntad de la burguesía intermediaria local de subordinar nuestro tejido productivo a las necesidades del complejo militar-industrial estadounidense y sionista. Bajo el eufemismo de la diversificación económica, se pretende convertir las islas en un laboratorio y centro de servicios para tecnologías de guerra electrónica, sistemas no tripulados y plataformas de vigilancia masiva, aprovechando incentivos fiscales concebidos originariamente para el bienestar social, no para el lucro armamentístico. La contradicción es palmaria: se nos promete ciencia mientras se audita logística de guerra; se nos vende desarrollo económico mientras se hipoteca nuestra seguridad, convirtiendo el archipiélago en un objetivo estratégico de primer orden. La militarización de Canarias no se anuncia con tambores de guerra, sino con visitas hospitalarias y convenios empresariales de alto valor añadido. La coartada científica funciona como un mecanismo de despolitización: vacía de contenido crítico la presencia militar y la sustituye por un relato aséptico de innovación y progreso.

   Frente a esta estrategia de ocupación encubierta, resulta imperativo desenmascarar los intereses de clase que subyacen al discurso oficial. Pero la denuncia no basta: es necesario articular una propuesta política concreta. Por eso defendemos la necesidad de impulsar un Estatuto de Neutralidad de Canarias, inspirado en dos referentes insulares exitosos. Por un lado, Malta, cuya neutralidad permanente fue incorporada a su Constitución en 1987 con el compromiso de no permitir bases militares extranjeras ni utilizar su territorio para operaciones bélicas de terceros. Por otro lado, las Islas Åland, archipiélago finlandés desmilitarizado y neutralizado desde 1921 por decisión de la Sociedad de Naciones, que sigue vigente hoy como ejemplo de cómo un territorio puede sustraerse a las lógicas de confrontación entre grandes bloques. Un Estatuto semejante para Canarias implicaría, al menos, el rechazo a la instalación de bases militares extranjeras o uso de las existentes por tropas extranjeras, la prohibición del uso del territorio canario para operaciones de guerra de agresión y ocupación, desnuclearización,la auditoría y desmantelamiento progresivo de infraestructuras de doble uso que operan bajo apariencia civil, y la reconversión de los incentivos fiscales de la ZEC hacia políticas sociales y para sectores realmente sostenibles y pacíficos. La defensa de la neutralidad activa de Canarias y el rechazo a convertirnos en el portaviones no declarado del Atlántico medio no son solo una cuestión ética, sino una exigencia de supervivencia política frente a un bloque de poder que no duda en instrumentalizar la ciencia como coartada de sus ambiciones belicistas. O construimos colectivamente ese Estatuto de Neutralidad, siguiendo la estela de Malta y Åland, o seguiremos siendo el laboratorio de pruebas de una guerra que no nos pertenece.

(*) José Manuel Rivero. Abogado y analista político.