TENERIFE: LA JUSTICIA CERCA CUNA DEL ALMA Y ABRE LA PUERTA A RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Los colectivos denunciantes logran llevar el caso la vía penal
La paralización judicial parcial de las obras de Cuna del Alma abre una nueva fase en el conflicto contra el polémico macroproyecto turístico de Adeje. Las denuncias impulsadas por colectivos sociales y vecinales han llevado el caso a la vía penal y ponen bajo sospecha todo el desarrollo urbanístico.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cuna del Alma, el macroproyecto turístico de lujo que prevé levantar más de 400 villas y apartamentos en el litoral de El Puertito de Adeje -en Tenerife - y que desde hace años concentra una fuerte contestación social y ambiental, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la decisión judicial de paralizar parte de sus obras en la zona de servidumbre marítimo-terrestre. La medida, adoptada en el marco de un procedimiento penal, supone un giro de enorme trascendencia en uno de los proyectos urbanísticos y medioambientales más controvertidos de Canarias durante los últimos años.
Hasta ahora, las distintas paralizaciones sufridas por el proyecto habían tenido carácter administrativo y dependían de decisiones políticas o técnicas que podían ser revertidas por las propias administraciones que autorizaron las obras. Sin embargo, la nueva resolución cambia por completo el escenario: el asunto deja de ser una disputa administrativa para pasar a investigarse judicialmente por la posible comisión de delitos relacionados con la ejecución del proyecto en suelo sometido a protección costera.
La decisión judicial llega después de las denuncias presentadas el pasado verano por los colectivos Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A, Rebelión Científica Canarias, la Asociación de Taxistas Asalariados de Adeje (ATACA), la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) y por el afectado directo Juan Francisco Galindo, organizaciones y personas que han mantenido una presión sostenida contra el desarrollo urbanístico desde distintos frentes sociales, vecinales y ambientales. En el comunicado remitido a Canarias Semanal, los denunciantes valoran el auto como “un paso firme hacia el esclarecimiento de los hechos y la protección efectiva del territorio”.
UN PROYECTO RODEADO DE POLÉMICAS Y BAJO SOSPECHA CRECIENTE
El proyecto Cuna del Alma se ha convertido desde su presentación en uno de los principales símbolos del modelo de expansión turística que numerosos colectivos cuestionan en Canarias. Sus detractores denuncian que representa una nueva vuelta de tuerca en la transformación intensiva del litoral insular en beneficio de grandes intereses inmobiliarios, en un contexto marcado por la saturación territorial, la crisis habitacional y el deterioro ambiental.
Pero más allá del debate político sobre el modelo turístico, la relevancia de este nuevo auto reside en que la Justicia aprecia indicios suficientes de posible ilegalidad como para intervenir cautelarmente. El juzgado considera que existen riesgos de daños irreparables sobre el territorio y que las obras ejecutadas en la zona afectada podrían no ajustarse a la legalidad vigente en materia de costas.
Eso implica que el procedimiento entra ahora en una fase de investigación mucho más profunda. Se abren diligencias, se prevén nuevas periciales técnicas, puede intervenir el SEPRONA y se consolida un marco probatorio que podría terminar señalando no solo a la promotora, sino también a quienes autorizaron administrativa o políticamente el proyecto.
No resulta casual, subrayan los denunciantes, que una de las primeras reacciones de la empresa promotora haya sido deslindar responsabilidades apuntando hacia las administraciones que aprobaron la actuación.
LO QUE SE JUEGA CANARIAS EN EL CASO CUNA DEL ALMA
Si la investigación concluyera que parte de las autorizaciones concedidas vulneraron la normativa aplicable o ignoraron informes técnicos y advertencias previas, el foco dejaría de situarse únicamente sobre la empresa promotora para proyectarse también sobre cargos públicos y funcionarios responsables de la tramitación.
No es la primera vez que Cuna del Alma se ve envuelto en controversias graves. El proyecto ya había sido objeto de denuncias por afección a especies protegidas, por movimientos de tierras sobre espacios de valor ecológico y por daños sobre patrimonio arqueológico guanche, hechos por los que la promotora fue sancionada con más de 229.000 euros tras acreditarse daños irreversibles sobre un yacimiento prehispánico de alto valor patrimonial.
Por eso, la resolución judicial conocida ahora no es interpretada por los colectivos denunciantes como una simple suspensión cautelar parcial, sino como el inicio de una posible impugnación integral del proyecto. En el comunicado remitido a Canarias Semanal, los firmantes sostienen que la decisión judicial “pone bajo sospecha el conjunto del proyecto” y anuncian que seguirán trabajando para que se analice la totalidad de su tramitación, así como los mecanismos políticos y administrativos que permitieron su ejecución.
Si el procedimiento avanza en esa dirección, Cuna del Alma podría convertirse en uno de los mayores escándalos urbanísticos recientes de Canarias y en un precedente judicial sobre los límites legales y políticos de la expansión turística en el archipiélago. Lo que está en juego ya no es solo una obra concreta en el municipio de Adeje. Lo que se debate de fondo es hasta qué punto las instituciones canarias pueden seguir avalando megaproyectos sobre territorios frágiles sin que existan consecuencias cuando la legalidad o el interés general quedan en entredicho.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cuna del Alma, el macroproyecto turístico de lujo que prevé levantar más de 400 villas y apartamentos en el litoral de El Puertito de Adeje -en Tenerife - y que desde hace años concentra una fuerte contestación social y ambiental, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras la decisión judicial de paralizar parte de sus obras en la zona de servidumbre marítimo-terrestre. La medida, adoptada en el marco de un procedimiento penal, supone un giro de enorme trascendencia en uno de los proyectos urbanísticos y medioambientales más controvertidos de Canarias durante los últimos años.
Hasta ahora, las distintas paralizaciones sufridas por el proyecto habían tenido carácter administrativo y dependían de decisiones políticas o técnicas que podían ser revertidas por las propias administraciones que autorizaron las obras. Sin embargo, la nueva resolución cambia por completo el escenario: el asunto deja de ser una disputa administrativa para pasar a investigarse judicialmente por la posible comisión de delitos relacionados con la ejecución del proyecto en suelo sometido a protección costera.
La decisión judicial llega después de las denuncias presentadas el pasado verano por los colectivos Tagoror Permanente Rotativo, La Gaveta 20A, Rebelión Científica Canarias, la Asociación de Taxistas Asalariados de Adeje (ATACA), la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) y por el afectado directo Juan Francisco Galindo, organizaciones y personas que han mantenido una presión sostenida contra el desarrollo urbanístico desde distintos frentes sociales, vecinales y ambientales. En el comunicado remitido a Canarias Semanal, los denunciantes valoran el auto como “un paso firme hacia el esclarecimiento de los hechos y la protección efectiva del territorio”.
UN PROYECTO RODEADO DE POLÉMICAS Y BAJO SOSPECHA CRECIENTE
El proyecto Cuna del Alma se ha convertido desde su presentación en uno de los principales símbolos del modelo de expansión turística que numerosos colectivos cuestionan en Canarias. Sus detractores denuncian que representa una nueva vuelta de tuerca en la transformación intensiva del litoral insular en beneficio de grandes intereses inmobiliarios, en un contexto marcado por la saturación territorial, la crisis habitacional y el deterioro ambiental.
Pero más allá del debate político sobre el modelo turístico, la relevancia de este nuevo auto reside en que la Justicia aprecia indicios suficientes de posible ilegalidad como para intervenir cautelarmente. El juzgado considera que existen riesgos de daños irreparables sobre el territorio y que las obras ejecutadas en la zona afectada podrían no ajustarse a la legalidad vigente en materia de costas.
Eso implica que el procedimiento entra ahora en una fase de investigación mucho más profunda. Se abren diligencias, se prevén nuevas periciales técnicas, puede intervenir el SEPRONA y se consolida un marco probatorio que podría terminar señalando no solo a la promotora, sino también a quienes autorizaron administrativa o políticamente el proyecto.
No resulta casual, subrayan los denunciantes, que una de las primeras reacciones de la empresa promotora haya sido deslindar responsabilidades apuntando hacia las administraciones que aprobaron la actuación.
LO QUE SE JUEGA CANARIAS EN EL CASO CUNA DEL ALMA
Si la investigación concluyera que parte de las autorizaciones concedidas vulneraron la normativa aplicable o ignoraron informes técnicos y advertencias previas, el foco dejaría de situarse únicamente sobre la empresa promotora para proyectarse también sobre cargos públicos y funcionarios responsables de la tramitación.
No es la primera vez que Cuna del Alma se ve envuelto en controversias graves. El proyecto ya había sido objeto de denuncias por afección a especies protegidas, por movimientos de tierras sobre espacios de valor ecológico y por daños sobre patrimonio arqueológico guanche, hechos por los que la promotora fue sancionada con más de 229.000 euros tras acreditarse daños irreversibles sobre un yacimiento prehispánico de alto valor patrimonial.
Por eso, la resolución judicial conocida ahora no es interpretada por los colectivos denunciantes como una simple suspensión cautelar parcial, sino como el inicio de una posible impugnación integral del proyecto. En el comunicado remitido a Canarias Semanal, los firmantes sostienen que la decisión judicial “pone bajo sospecha el conjunto del proyecto” y anuncian que seguirán trabajando para que se analice la totalidad de su tramitación, así como los mecanismos políticos y administrativos que permitieron su ejecución.
Si el procedimiento avanza en esa dirección, Cuna del Alma podría convertirse en uno de los mayores escándalos urbanísticos recientes de Canarias y en un precedente judicial sobre los límites legales y políticos de la expansión turística en el archipiélago. Lo que está en juego ya no es solo una obra concreta en el municipio de Adeje. Lo que se debate de fondo es hasta qué punto las instituciones canarias pueden seguir avalando megaproyectos sobre territorios frágiles sin que existan consecuencias cuando la legalidad o el interés general quedan en entredicho.



























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