EL GOBIERNO CANARIO REACTIVA LA RIC COMO INSTRUMENTO DE ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  El uso de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) ha vuelto al centro del debate político tras el último Debate del Estado de la Nacionalidad, en el que el presidente Fernando Clavijo defendió la gestión del Ejecutivo autonómico, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, pese al deterioro de los indicadores sociales.  La polémica se centra en la reforma aprobada en 2025, que abre la puerta a destinar este incentivo fiscal a la compra, promoción o rehabilitación de viviendas para alquiler en el mercado libre. En un territorio donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, esta medida permite que recursos que dejan de ingresar las arcas públicas puedan terminar financiando operaciones inmobiliarias orientadas a la mera especulación.

  El Gobierno justifica esta decisión como una supuesta "vía para aumentar la oferta de vivienda en alquiler". Sin embargo, los críticos advierten que, en un mercado tensionado, incrementar la inversión privada sin mecanismos de control no solo reduce los precios sino que puede contribuir a consolidar su escalada.

Una crítica con memoria selectiva

   Aunque el enfrentamiento político presenta  el debate sobre la Reserva para Inversiones en Canarias como un conflicto actual, lo cierto es que el uso de la RIC en vivienda tiene un largo recorrido en Canarias. Durante los primeros años de aplicación del instrumento, especialmente entre 1994 y 2003, aproximadamente la mitad de los fondos se destinaron justamente a inversiones inmobiliarias, fundamentalmente suelo y vivienda, según reconoció posteriormente la propia administración autonómica.

  Ese periodo incluye la etapa en la que Román Rodríguez, hoy líder de Nueva Canarias, fue presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003 dentro de Coalición Canaria. En aquellos años, la utilización de la RIC como palanca del negocio inmobiliario no fue una excepción, sino una práctica dominante que más tarde sería calificada como ineficaz y especulativa. Quienes hoy denuncia el carácter especulativo del modelo lo hacen "olvidando", selectivamente, que esta dinámica  ya operaba con normalidad durante su etapa en el poder. Más que un problema nuevo, lo que revela el debate actual es la continuidad de una lógica que atraviesa distintas fases políticas.

 El origen de la RIC y una paradoja política

  Para comprender por qué esta dinámica se repite es necesario recordar al origen de este instrumento fiscal. La RIC fue creada en 1994, dentro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, como un mecanismo que permite a las empresas reducir hasta el 90 % del impuesto de sociedades sobre sus beneficios no distribuidos, siempre que esos beneficios se destinen posteriormente a inversiones en el archipiélago bajo determinados conceptos recogidos en la norma entre los que se encuentran la adquisición de activos, incluidos los inmobiliarios.

   El "padre  intelectual" de la RIC fue el economista Antonio González Viéitez. Paradójicamente,  un economista situado en el ámbito de la socialdemocracia promovió un instrumento basado en la lógica de las políticas de oferta, propias del enfoque neoclásico y del paradigma neoliberal. La RIC se construye sobre la idea de que reducir impuestos a las empresas y permitirles decidir dónde invertir esos recursos generará desarrollo económico que, de forma indirecta, beneficiará al conjunto de la sociedad. Un planteamiento que choca con la tradición socialdemócrata, que históricamente había defendido, hasta asumir plenamente los nuevos dogmas del periodo neoliberal, el papel más activo del sector público en la redistribución y en la orientación de la inversión hacia objetivos sociales. La RIC desplaza esa función hacia el "mercado", confiando en que la rentabilidad privada produzca efectos positivos colectivos. La puesta en práctica del instrumento no tardó en dejar en evidencia esa premisa. 

La lógica del mercado: la vivienda como destino preferente

  Cuando se deja en manos del capital la decisión sobre dónde invertir, la inversión no se dirige hacia donde existe mayor necesidad social, sino hacia donde la rentabilidad es más alta y el riesgo más bajo. En Canarias, ese espacio ha sido de forma reiterada el sector inmobiliario.  Por eso, el hecho de que una parte tan significativa de la RIC se haya canalizado hacia la vivienda no puede entenderse como una desviación puntual, sino como el resultado lógico de su diseño. La herramienta no ha sido utilizada "de forma incorrecta", como sostienen  quienes se empeñan en continuar defendiéndola, sino conforme a la lógica que realmente la sustenta.

  En el año 2006, un informe del Gobierno de Canarias concluyó que el uso de la RIC en vivienda libre había tenido un carácter "ineficaz y especulativo", aunque en realidad sí había sido ampliamente eficaz para quienes se enriquecierton con esa especulación.  A partir de ese diagnóstico, se decidió eliminar esa posibilidad y limitar su aplicación a la vivienda protegida, en un intento de "corregir" la deriva inmobiliaria del instrumento.

La reforma de 2025: vuelta a un modelo conocido

  La modificación normativa aprobada en 2025 rompe con esa etapa de contención y reabre el uso de la RIC en vivienda sin establecer límites de precio ni condiciones sociales estrictas. Bajo el argumento de la "emergencia habitacional", se recupera así un modelo que ya ha demostrado su impacto especulativo.

 La medida permite canalizar importantes volúmenes de capital hacia la compra y promoción de viviendas destinadas al alquiler en el mercado libre, en un contexto en el que los precios ya se encuentran en niveles tan elevados que resultan inaccesibles para la inmensa mayoría de las familias trabajadoras del Archipiélago.   Además, el hecho de que las viviendas solo deban mantenerse en alquiler durante un periodo limitado refuerza su carácter de activo financiero destinado a la especulación. 

  La decisión política del gobierno regional resulta especialmente grave precisamente por el momento en el que se produce. Canarias atraviesa una de las mayores crisis de acceso a la vivienda de su historia reciente, con precios de alquiler disparados, salarios que no acompañan y una creciente expulsión de población trabajadora del mercado residencial.  En este contexto, permitir que un instrumento como la RIC se utilice sin límites para financiar inversión en vivienda libre, lejos de mejorar el acceso a la vivienda, refuerza su condición de activo de inversión en un momento en el que para muchos ha dejado de ser un derecho efectivo.

Más allá del enfrentamiento político

  El cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición, encabezada por el PSOE y Nueva Canarias, puede dar la impresión de un conflicto entre modelos distintos. Sin embargo, la trayectoria de la RIC apunta a un problema más profundo.  Durante los sucesivos gobiernoes regionales, este instrumento fiscal ha operado bajo una misma lógica neoliberal: reducir la carga fiscal de las empresas y confiar en el mercado como mecanismo de "asignación de recursos".

  La experiencia acumulada durante décadas no deja mucho margen para la duda. La RIC no ha servido para corregir desequilibrios, sino para permitir que grandes empresas reduzcan su carga fiscal y orienten esos recursos hacia sectores rentables como el inmobiliario. En ese proceso, lo que se pierde no es solo recaudación, sino capacidad pública para intervenir sobre problemas tan importantes como la falta de vivienda o la pobreza cronificada en una parte importante de la población.