EL FUJIMORISMO REGRESA AL PODER EN UN PERÚ MARCADO POR LA CRISIS Y LAS DIFERENCIAS SOCIALES
La hija de Alberto Fujimori tomó posesión de su cargo el pasado 28 de julio
Keiko Fujimori ha llegado finalmente a la presidencia de Perú reivindicando el legado de su padre y prometiendo seguridad, prosperidad y unidad. Pero su victoria por un margen mínimo devuelve al poder un proyecto inseparable de la represión, la corrupción y las heridas todavía abiertas en la sociedad peruana.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Veintiséis años después de que el dictador Alberto Fujimori abandonara la presidencia mediante una renuncia enviada por fax desde Japón, mientras su Gobierno se desmoronaba tras conocerse la extensa red de corrupción organizada en torno a Vladimiro Montesinos, el fujimorismo ha vuelto a ocupar el Palacio de Gobierno. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente, juró el pasado 28 de julio como presidenta de Perú, coincidiendo con la celebración de la independencia nacional. Fujimori recibió la banda presidencial entre aplausos después de jurar el cargo con la promesa de construir un Perú “seguro, próspero y unido”.
Una victoria estrecha sobre un país fracturado
La lideresa de Fuerza Popular llega a la presidencia después de imponerse por menos de 50.000 votos al candidato Roberto Sánchez. La exigua diferencia refleja una sociedad profundamente dividida.
Keiko Fujimori no ha trado de ocultar la continuidad dinástica de su proyecto. Durante la mañana de su investidura recordó públicamente a su padre:
“Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”.
La apelación posee una función política evidente: presentar el retorno del fujimorismo como una "reparación histórica" y recuperar la imagen de Alberto Fujimori como gobernante capaz de imponer "orden y estabilidad".
Pero ese legado es inseparable de la condena del exmandatario por delitos de lesa humanidad y corrupción. Fallecido en libertad en 2024, Alberto Fujimori continúa siendo reivindicado por sectores derechistas que atribuyen a su Gobierno la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización económica, mientras que para víctimas de la represión recuerdan que el suyo fue régimen autoritario que utilizó el aparato estatal para perseguir, encarcelar y eliminar adversarios.
El orden fujimorista y la función del Estado
El fujimorismo surgió históricamente como una forma autoritaria de reorganización del poder estatal durante una crisis profunda. Su discurso contrapuso la eficacia del Ejecutivo a la supuesta inutilidad de la representación política, presentando la concentración del poder como una necesidad técnica y no como una decisión vinculada a intereses sociales concretos.
Un fenómeno que puede aproximarse a lo que Marx analizó como formas bonapartistas del poder: situaciones en las que el Ejecutivo aparenta elevarse por encima de las clases enfrentadas y presentarse como árbitro de toda la nación, aunque finalmente preserve las relaciones sociales fundamentales sobre las que descansa el dominio de las clases propietarias.
La promesa de Keiko Fujimori de conseguir un país “unido” puede cumplir esa misma función ideológica. La unidad nacional no elimina la lucha por la distribución de la riqueza ni las diferencias entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes controlan los recursos productivos. Cuando estas contradicciones son expulsadas del lenguaje político, los intereses particulares de los grupos dominantes pueden presentarse como si fueran los intereses generales de toda la sociedad.
El retorno de Fuerza Popular tampoco puede separarse de la inestabilidad institucional de la última década. Desde 2016, Perú ha acumulado nueve presidentes, muchos de ellos interinos, con escaso respaldo ciudadano o atrapados en conflictos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso. Los detractores de Keiko Fujimori consideran que su partido desempeñó un papel central en esa crisis mediante el uso de su poder parlamentario contra sucesivos gobiernos.
Esta sucesión de mandatarios revela una crisis en la dirección política del Estado. Las distintas fracciones de las clases dominantes han sido incapaces de construir una autoridad estable, mientras las mayorías populares han permanecido alejadas de los centros efectivos de decisión. La inestabilidad gubernamental ha coexistido así con la continuidad de las relaciones de propiedad y del orden social.
Fujimori inicia su mandato con Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba al frente de Economía y Finanzas y Carlos Espá en Relaciones Exteriores. La composición definitiva del gabinete permitirá comprobar si la presidenta incorpora a sectores ajenos a su organización o concentra las decisiones en el núcleo dirigente de Fuerza Popular.
Respaldo internacional y legitimación exterior
![[Img #93486]](https://canarias-semanal.org/upload/images/07_2026/1829_peru2.jpg)
La ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori contó con una amplia representación internacional. A Lima acudieron el rey Felipe VI de España, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, el ministro chino de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, y el canciller japonés, Horii Iwao.
También estuvieron presentes los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá, y Nasry Asfura, de Honduras, además del primer ministro de Aruba, Mike Eman. México, Brasil y Venezuela, en cambio, no enviaron representantes al máximo nivel.
La presencia de Washington, China, España y Japón muestra la importancia geopolítica y económica de Perú. La política exterior del nuevo Gobierno se desenvolverá entre potencias con intereses comerciales y estratégicos propios. La asistencia de sus delegaciones no constituye un gesto puramente protocolario: expresa el reconocimiento internacional del nuevo poder y anticipa la competencia por influir en sus decisiones.
Las víctimas rechazan la reconciliación sin justicia
Mientras las autoridades celebraban la transmisión del mando, colectivos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y familiares de víctimas convocaron una movilización nacional bajo el lema “Keiko no me representa. Por justicia, memoria y verdad”.
Entre los participantes destacaron los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dos casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
“Nosotros no nos vamos a sentar a conversar con ella y jamás la vamos a reconocer públicamente como presidenta”, declaró Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta y exministra de Cultura.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Veintiséis años después de que el dictador Alberto Fujimori abandonara la presidencia mediante una renuncia enviada por fax desde Japón, mientras su Gobierno se desmoronaba tras conocerse la extensa red de corrupción organizada en torno a Vladimiro Montesinos, el fujimorismo ha vuelto a ocupar el Palacio de Gobierno. Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente, juró el pasado 28 de julio como presidenta de Perú, coincidiendo con la celebración de la independencia nacional. Fujimori recibió la banda presidencial entre aplausos después de jurar el cargo con la promesa de construir un Perú “seguro, próspero y unido”.
Una victoria estrecha sobre un país fracturado
La lideresa de Fuerza Popular llega a la presidencia después de imponerse por menos de 50.000 votos al candidato Roberto Sánchez. La exigua diferencia refleja una sociedad profundamente dividida.
Keiko Fujimori no ha trado de ocultar la continuidad dinástica de su proyecto. Durante la mañana de su investidura recordó públicamente a su padre:
“Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”.
La apelación posee una función política evidente: presentar el retorno del fujimorismo como una "reparación histórica" y recuperar la imagen de Alberto Fujimori como gobernante capaz de imponer "orden y estabilidad".
Pero ese legado es inseparable de la condena del exmandatario por delitos de lesa humanidad y corrupción. Fallecido en libertad en 2024, Alberto Fujimori continúa siendo reivindicado por sectores derechistas que atribuyen a su Gobierno la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización económica, mientras que para víctimas de la represión recuerdan que el suyo fue régimen autoritario que utilizó el aparato estatal para perseguir, encarcelar y eliminar adversarios.
El orden fujimorista y la función del Estado
El fujimorismo surgió históricamente como una forma autoritaria de reorganización del poder estatal durante una crisis profunda. Su discurso contrapuso la eficacia del Ejecutivo a la supuesta inutilidad de la representación política, presentando la concentración del poder como una necesidad técnica y no como una decisión vinculada a intereses sociales concretos.
Un fenómeno que puede aproximarse a lo que Marx analizó como formas bonapartistas del poder: situaciones en las que el Ejecutivo aparenta elevarse por encima de las clases enfrentadas y presentarse como árbitro de toda la nación, aunque finalmente preserve las relaciones sociales fundamentales sobre las que descansa el dominio de las clases propietarias.
La promesa de Keiko Fujimori de conseguir un país “unido” puede cumplir esa misma función ideológica. La unidad nacional no elimina la lucha por la distribución de la riqueza ni las diferencias entre quienes venden su fuerza de trabajo y quienes controlan los recursos productivos. Cuando estas contradicciones son expulsadas del lenguaje político, los intereses particulares de los grupos dominantes pueden presentarse como si fueran los intereses generales de toda la sociedad.
El retorno de Fuerza Popular tampoco puede separarse de la inestabilidad institucional de la última década. Desde 2016, Perú ha acumulado nueve presidentes, muchos de ellos interinos, con escaso respaldo ciudadano o atrapados en conflictos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso. Los detractores de Keiko Fujimori consideran que su partido desempeñó un papel central en esa crisis mediante el uso de su poder parlamentario contra sucesivos gobiernos.
Esta sucesión de mandatarios revela una crisis en la dirección política del Estado. Las distintas fracciones de las clases dominantes han sido incapaces de construir una autoridad estable, mientras las mayorías populares han permanecido alejadas de los centros efectivos de decisión. La inestabilidad gubernamental ha coexistido así con la continuidad de las relaciones de propiedad y del orden social.
Fujimori inicia su mandato con Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba al frente de Economía y Finanzas y Carlos Espá en Relaciones Exteriores. La composición definitiva del gabinete permitirá comprobar si la presidenta incorpora a sectores ajenos a su organización o concentra las decisiones en el núcleo dirigente de Fuerza Popular.
Respaldo internacional y legitimación exterior
La ceremonia de toma de posesión de Keiko Fujimori contó con una amplia representación internacional. A Lima acudieron el rey Felipe VI de España, el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, el ministro chino de Ciencia y Tecnología, Yin Hejun, y el canciller japonés, Horii Iwao.
También estuvieron presentes los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Yamandú Orsi, de Uruguay; José Raúl Mulino, de Panamá, y Nasry Asfura, de Honduras, además del primer ministro de Aruba, Mike Eman. México, Brasil y Venezuela, en cambio, no enviaron representantes al máximo nivel.
La presencia de Washington, China, España y Japón muestra la importancia geopolítica y económica de Perú. La política exterior del nuevo Gobierno se desenvolverá entre potencias con intereses comerciales y estratégicos propios. La asistencia de sus delegaciones no constituye un gesto puramente protocolario: expresa el reconocimiento internacional del nuevo poder y anticipa la competencia por influir en sus decisiones.
Las víctimas rechazan la reconciliación sin justicia
Mientras las autoridades celebraban la transmisión del mando, colectivos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles y familiares de víctimas convocaron una movilización nacional bajo el lema “Keiko no me representa. Por justicia, memoria y verdad”.
Entre los participantes destacaron los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dos casos emblemáticos de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el Gobierno de Alberto Fujimori.
“Nosotros no nos vamos a sentar a conversar con ella y jamás la vamos a reconocer públicamente como presidenta”, declaró Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta y exministra de Cultura.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.130