LA ONU RECONOCE EL FRACASO: EL CALENTAMIENTO GLOBAL SUPERARÁ LOS 1.5º C
El planeta supera su línea roja mientras el dinero sigue fluyendo hacia los combustibles fósiles
La ONU da por prácticamente inevitable superar temporalmente los 1,5 °C de calentamiento. Su nuevo “plan B” pretende limitar el rebasamiento y hacer descender después la temperatura. Pero conseguirlo exige algo más que nuevas tecnologías: obliga a decidir qué actividades se abandonan, quién paga la transformación y quién soporta los daños.
REDACCIÓN CS
Durante una década, los 1,5° C ha funcionado como una especie de línea roja de la política climática mundial.
El Acuerdo de París de 2015 pidió “esfuerzos” para no superar ese calentamiento respecto a la era preindustrial.
Conviene aclarar qué significa esto: no hablamos de que todos los lugares del planeta vayan a calentarse exactamente 1,5 grados, sino de un aumento de la temperatura media global. Y tampoco basta un año aislado para declarar definitivamente roto el objetivo. Pero la señal es cada vez más clara: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) admite ya que superar temporalmente ese umbral es prácticamente inevitable.
Eso cambia el debate. Hasta ahora, la pregunta era cómo evitar el rebasamiento. Ahora la ONU propone un “plan B”: superar 1,5 °C durante el menor tiempo posible, impedir que la temperatura suba demasiado y hacerla descender después. El PNUMA llama a esta trayectoria “rebasamiento, pico y descenso”. Su escenario más optimista sitúa el máximo alrededor de 1,8 °C. Otros escenarios superan los 2 °C.
¿Por qué importa una diferencia de unas décimas? Porque el clima no funciona como un interruptor que pasa de seguro a peligroso al llegar a 1,5. Cada décima adicional aumenta los riesgos. Más calor significa olas de calor más intensas, sequías más duras, lluvias extremas, pérdida de cosechas, presión sobre el agua, deterioro de ecosistemas y mayores daños en ciudades e infraestructuras. Además, cuanto más alto sea el pico y más tiempo permanezcamos por encima de 1,5 °C, mayor será la posibilidad de provocar cambios difíciles o imposibles de revertir.
La Organización Meteorológica Mundial refuerza la advertencia: calcula un 91% de probabilidad de que al menos uno de los años entre 2026 y 2030 supere temporalmente 1,5 °C respecto a 1850-1900. En 2024 ya ocurrió durante un año, con alrededor de 1,55 °C. El problema, por tanto, no es una hipótesis lejana.
Pero aquí empieza la parte política. La crisis climática suele presentarse como si “la humanidad” hubiera tomado colectivamente malas decisiones. Pero esa fórmula oculta algo esencial: no todos contaminan lo mismo, no todos se benefician igual del sistema energético y no todos tienen el mismo poder para decidir qué se produce, cómo se transporta o dónde se invierte.
El IPCC calcula que el 10% de los hogares con mayores emisiones genera entre el 34% y el 45% de las emisiones mundiales asociadas al consumo. La mitad más pobre aporta solo entre el 13% y el 15%. Dicho de forma sencilla: quien menos ha contribuido al problema suele ser también quien tiene menos recursos para protegerse de sus consecuencias.
Hay además una contradicción económica evidente. La Agencia Internacional de la Energía prevé para 2026 unos 2,2 billones de dólares de inversión en tecnologías limpias, pero todavía alrededor de 1,2 billones en petróleo, gas y carbón. Es decir, el mismo sistema que financia la transición continúa financiando a gran escala las actividades que obligan a esa transición.
Por eso el “plan B” no puede reducirse a plantar árboles, instalar máquinas para capturar CO₂ o pedir cambios individuales de consumo. El propio PNUMA insiste en que retirar carbono de la atmósfera debe complementar, no sustituir, recortes rápidos y sostenidos de emisiones. Y eso implica cerrar antes infraestructuras fósiles, transformar industrias, cambiar transportes y dirigir enormes inversiones hacia energía, vivienda y servicios públicos resistentes al nuevo clima.
La cuestión decisiva es quién paga. Si se protege la rentabilidad de los grandes activos fósiles mientras los costes de incendios, inundaciones, seguros, alimentos caros o adaptación recaen sobre la población, la transición reproducirá la misma desigualdad que ha acompañado al calentamiento.
Superar 1,5 °C sería un fracaso político, no el final de la lucha climática. Al contrario: desde ese momento cada décima evitada contará más. La ciencia explica cuánto riesgo aumenta. Los poderosos deciden quién debe reducir primero, quién debe financiar la transformación y quién soportará las pérdidas.
Es ahi donde se encuentra el verdadero conflicto del planeta.
REDACCIÓN CS
Durante una década, los 1,5° C ha funcionado como una especie de línea roja de la política climática mundial.
El Acuerdo de París de 2015 pidió “esfuerzos” para no superar ese calentamiento respecto a la era preindustrial.
Conviene aclarar qué significa esto: no hablamos de que todos los lugares del planeta vayan a calentarse exactamente 1,5 grados, sino de un aumento de la temperatura media global. Y tampoco basta un año aislado para declarar definitivamente roto el objetivo. Pero la señal es cada vez más clara: el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) admite ya que superar temporalmente ese umbral es prácticamente inevitable.
Eso cambia el debate. Hasta ahora, la pregunta era cómo evitar el rebasamiento. Ahora la ONU propone un “plan B”: superar 1,5 °C durante el menor tiempo posible, impedir que la temperatura suba demasiado y hacerla descender después. El PNUMA llama a esta trayectoria “rebasamiento, pico y descenso”. Su escenario más optimista sitúa el máximo alrededor de 1,8 °C. Otros escenarios superan los 2 °C.
¿Por qué importa una diferencia de unas décimas? Porque el clima no funciona como un interruptor que pasa de seguro a peligroso al llegar a 1,5. Cada décima adicional aumenta los riesgos. Más calor significa olas de calor más intensas, sequías más duras, lluvias extremas, pérdida de cosechas, presión sobre el agua, deterioro de ecosistemas y mayores daños en ciudades e infraestructuras. Además, cuanto más alto sea el pico y más tiempo permanezcamos por encima de 1,5 °C, mayor será la posibilidad de provocar cambios difíciles o imposibles de revertir.
La Organización Meteorológica Mundial refuerza la advertencia: calcula un 91% de probabilidad de que al menos uno de los años entre 2026 y 2030 supere temporalmente 1,5 °C respecto a 1850-1900. En 2024 ya ocurrió durante un año, con alrededor de 1,55 °C. El problema, por tanto, no es una hipótesis lejana.
Pero aquí empieza la parte política. La crisis climática suele presentarse como si “la humanidad” hubiera tomado colectivamente malas decisiones. Pero esa fórmula oculta algo esencial: no todos contaminan lo mismo, no todos se benefician igual del sistema energético y no todos tienen el mismo poder para decidir qué se produce, cómo se transporta o dónde se invierte.
El IPCC calcula que el 10% de los hogares con mayores emisiones genera entre el 34% y el 45% de las emisiones mundiales asociadas al consumo. La mitad más pobre aporta solo entre el 13% y el 15%. Dicho de forma sencilla: quien menos ha contribuido al problema suele ser también quien tiene menos recursos para protegerse de sus consecuencias.
Hay además una contradicción económica evidente. La Agencia Internacional de la Energía prevé para 2026 unos 2,2 billones de dólares de inversión en tecnologías limpias, pero todavía alrededor de 1,2 billones en petróleo, gas y carbón. Es decir, el mismo sistema que financia la transición continúa financiando a gran escala las actividades que obligan a esa transición.
Por eso el “plan B” no puede reducirse a plantar árboles, instalar máquinas para capturar CO₂ o pedir cambios individuales de consumo. El propio PNUMA insiste en que retirar carbono de la atmósfera debe complementar, no sustituir, recortes rápidos y sostenidos de emisiones. Y eso implica cerrar antes infraestructuras fósiles, transformar industrias, cambiar transportes y dirigir enormes inversiones hacia energía, vivienda y servicios públicos resistentes al nuevo clima.
La cuestión decisiva es quién paga. Si se protege la rentabilidad de los grandes activos fósiles mientras los costes de incendios, inundaciones, seguros, alimentos caros o adaptación recaen sobre la población, la transición reproducirá la misma desigualdad que ha acompañado al calentamiento.
Superar 1,5 °C sería un fracaso político, no el final de la lucha climática. Al contrario: desde ese momento cada décima evitada contará más. La ciencia explica cuánto riesgo aumenta. Los poderosos deciden quién debe reducir primero, quién debe financiar la transformación y quién soportará las pérdidas.
Es ahi donde se encuentra el verdadero conflicto del planeta.
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