CHILE: LA "MEGARREFORMA" Y LAS ILUSIONES DEMOCRÁTICAS
La lucha contra Kast y el problema del partido
Además de organizar fiestas en La Moneda y regalarles rebajas tributarias a los poderosos, Kast ha dispuesto impúdicamente -escribe Gustavo Burgos - atacar las becas alimentarias de la JUNAEB, urgentes planes de salud y todo beneficio en favor de los más explotados.
Por GUSTAVO BURGOS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Además de organizar fiestas en La Moneda y regalarles rebajas tributarias a los poderosos, Kast ha dispuesto impúdicamente atacar las becas alimentarias de la JUNAEB, urgentes planes de salud y todo beneficio en favor de los más explotados. Esto no es un accidente, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda constituye la expresión coherente de uno de los polos de la articulación política del régimen surgido del Acuerdo por la Paz. Lejos de representar una ruptura, su gobierno se inscribe en la lógica de alternancia que ha estructurado la dominación en Chile durante las últimas décadas: una oscilación entre variantes políticas que administran, con distintos lenguajes, un mismo programa de preservación del orden capitalista. En ese sentido, Kast no viene a desmantelar lo realizado por el progresismo, sino a llevarlo a su forma más descarnada, del mismo modo que el progresismo preparó las condiciones políticas y sociales para su ascenso. Como se ha observado en otros procesos —donde la extrema derecha emerge como resultado de derrotas previas de la clase trabajadora y de la descomposición del progresismo—, no se trata de accidentes, sino de momentos de una misma secuencia histórica .
Desde esta perspectiva, la llamada “megareforma”, cristalizada en el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional —por más caótica y destartalada que se presente— no puede leerse como un paquete técnico de medidas económicas. Se trata de un violento reordenamiento integral del papel del Estado, que en convergencia con las directrices presupuestarias del Ministerio de Hacienda configura un ataque sistemático contra los derechos sociales. La contrarreforma tributaria —que implica una merma inmediata de alrededor de 3 mil millones de dólares en la recaudación fiscal— no es otra cosa que una transferencia directa de riqueza desde el trabajo hacia el capital financiero. Incluso desde el propio campo burgués, múltiples analistas han advertido la improbabilidad de que rebajas tributarias a grandes empresas o esquemas de integración tributaria se traduzcan en mejoras reales para las condiciones de vida de la población trabajadora. El argumento del “derrame” vuelve a exhibir su carácter ideológico: un dispositivo de legitimación de la apropiación privada de recursos públicos.
Sin embargo, lo más significativo no es solo el contenido de estas medidas, sino su recepción política. Figuras relevantes de la oposición burguesa, como Jeannette Jara o Mario Marcel, han encuadrado este programa como “debatible”, es decir, como parte legítima del juego democrático. En ello reside una de las claves del régimen: la democracia no aparece como un campo de confrontación de proyectos antagónicos, sino como un mecanismo de administración consensuada de los límites del capital. La alternancia entre progresismo y derecha no expresa caminos divergentes, sino ritmos distintos de una misma orientación estratégica.
En este marco, el propio Kast prefigura su destino político. La aludida violencia social de su programa, sumada a la incapacidad estructural del capitalismo chileno para ofrecer mejoras sostenidas a las mayorías, tiende a incubar las condiciones de su propia crisis. Y es precisamente en ese punto donde el progresismo reaparece, no como superación del problema, sino como su válvula de contención: una “medicina democrática” destinada a recomponer la legitimidad del régimen tras la experiencia de la derecha dura. La secuencia se repite: ajuste, desgaste, recambio, estabilización precaria.
El problema central, por tanto, no reside únicamente en el contenido de la “megareforma” ni en la figura de Kast, sino en la estructura política que hace posible su emergencia y su reproducción. Esa estructura descansa, en última instancia, en la ausencia de una dirección política independiente de la clase trabajadora. Allí donde no existe un partido obrero revolucionario capaz de organizar, unificar y proyectar las luchas, el descontento social es capturado, desviado o reciclado por las distintas variantes del régimen.
La cuestión estratégica vuelve así a su núcleo: la construcción de una dirección política de los trabajadores no como consigna abstracta, sino como tarea histórica concreta. Sin esa mediación, la alternancia seguirá operando como mecanismo de dominación, y cada crisis abrirá paso no a una superación del orden existente, sino a su recomposición bajo nuevas formas. El desafío no es elegir entre Kast o su relevo progresista, sino romper el círculo que los produce.
El problema de la construcción del partido no es un dilema organizativo separado de la vida real de la clase trabajadora; es, por el contrario, la forma política en que se expresa su propio desarrollo histórico. No hay partido sin clase en movimiento, pero tampoco hay movimiento que supere sus límites sin cristalizar en una organización consciente, estable y orientada estratégicamente. La experiencia histórica demuestra que el potencial revolucionario concreto de una sociedad no se mide por estallidos episódicos ni por la intensidad del descontento, sino por la capacidad sostenida de una fracción significativa de la clase para organizarse en torno a una estructura militante que arranque conquistas que, de otro modo, no existirían, y que proyecte esas conquistas hacia la superación del orden capitalista en términos de revolución social.
La ausencia de esa forma no es un accidente ni un déficit puramente subjetivo: delata un estado determinado del contenido mismo de las luchas. Allí donde las movilizaciones no logran consolidarse en una práctica militante permanente, donde no se traducen en organización ni en dirección, lo que se revela es su carácter limitado, fragmentario, aún inmaduro. La idea de cuño anarquista de que la espontaneidad puede, por sí sola, rehacer desde la nada una dirección política capaz de disputar el poder al Estado no resiste el menor contraste con la realidad. Es una ilusión que confunde irrupción con transformación, y protesta con estrategia.
Pensar que la clase trabajadora chilena luego de múltiples experiencias tras las que no ha logrado estructurarse en un partido real pueda, en un salto inmediato, enfrentarse con éxito a las formas concentradas del poder —el aparato estatal, el ejército, la gran propiedad— no es solo un error analítico, sino una renuncia encubierta a plantear el problema en sus términos verdaderos. La forma política —un nuevo partido— no es un añadido externo al contenido de la lucha: es su condición de desarrollo superior. Cuando esa forma falta, no hay una potencia latente lista para desplegarse automáticamente, sino una limitación efectiva que se expresa en la repetición de ciclos de descontento sin acumulación estratégica.
Ese límite se manifiesta hoy con claridad. La clase trabajadora irrumpe, periódicamente, en la escena política a través de reacciones de rechazo generalizado, a menudo dirigidas contra gobiernos específicos, pero incapaces de trascender ese horizonte inmediato. Falta continuidad, falta organización, falta una perspectiva que ordene la experiencia y la proyecte más allá de lo dado. En esas condiciones, las energías sociales terminan siendo absorbidas o desviadas por las opciones políticas que ya detentan autoridad dentro del régimen, reproduciendo así el mismo marco que se pretendía cuestionar.
Negar este estado de cosas no fortalece a la clase: la desarma. La tarea de la construcción del partido, en consecuencia, no puede plantearse como una consigna abstracta ni como un gesto voluntarista. Es una tarea histórica que exige intervenir en las luchas reales para transformarlas, elevar su nivel de organización y dotarlas de una dirección consciente. Solo allí donde esa mediación se construye de manera persistente puede comenzar a resolverse la brecha entre el descontento social existente y la posibilidad efectiva de disputar el poder.
El partido, entonces, no es la proclamación de una voluntad, sino la síntesis organizada de una práctica de clase que ha logrado reconocerse a sí misma como fuerza histórica. Sin esa síntesis, toda perspectiva revolucionaria queda reducida a una expectativa sin base material. Con ella, en cambio, la lucha deja de ser una reacción y comienza a convertirse en proyecto. Esta definición adquiere hoy un contenido inmediato y concreto: la lucha contra la llamada “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast no puede limitarse a la denuncia ni al rechazo disperso. Debe transformarse en una práctica organizada, sostenida y orientada estratégicamente, capaz de elevar el nivel de intervención de la clase trabajadora.
En efecto, el enfrentamiento a este programa —que condensa un ataque integral a los derechos sociales— plantea la necesidad de recuperar la calle como espacio de acción política de masas. No se trata de episodios aislados de protesta, sino de la construcción de un plan de movilización que articule sectores, unifique demandas y proyecte una salida común. Allí comienza a delinearse el tránsito desde la reacción inmediata hacia una práctica consciente. La lucha deja de ser un estallido episódico y empieza a adquirir forma, continuidad y dirección.
En ese marco, la perspectiva de un paro nacional no es una consigna retórica, sino el punto de condensación de ese proceso. La preparación de una huelga de alcance general supone niveles superiores de organización, coordinación y claridad política. Obliga a estructurar fuerzas, a intervenir en los lugares de trabajo, a disputar direcciones sindicales y a construir vínculos efectivos entre distintos sectores de la clase. Es, en sí misma, una escuela práctica de organización colectiva.
Y es precisamente en ese terreno donde se juega la cuestión del partido. No como una declaración previa ni como una construcción al margen de la lucha real, sino como el resultado de ese proceso de organización y combate. La síntesis política de la clase no surge por fuera de su experiencia, sino que se forja en ella. Un plan de movilización que culmine en un paro nacional, sostenido en el tiempo y orientado contra el programa del gobierno, constituye el laboratorio concreto donde puede comenzar a emerger una dirección distinta, independiente del régimen y sus variantes.
En este sentido, la lucha contra la “megarreforma” no es solo una resistencia defensiva. Es el terreno en que puede empezar a resolverse el problema estratégico de la clase trabajadora: su incapacidad actual para constituirse como fuerza política autónoma. Allí donde esa lucha logre organizarse, extenderse y dotarse de objetivos claros, comenzará a esbozarse la forma de ese partido necesario. No como una consigna proclamada desde afuera, sino como la expresión organizada de una clase que, en el curso de su propia acción, empieza a reconocerse como sujeto histórico.
La alternativa es conocida: sin esa mediación, el descontento vuelve a dispersarse, la protesta se agota en sí misma y el régimen recompone su equilibrio mediante la alternancia. Con ella, en cambio, la lucha puede romper ese círculo. Convertirse en proyecto significa, precisamente, que la acción de la clase deja de girar en torno a lo que combate y empieza a orientarse hacia lo que quiere construir: su propia dirección, su propio poder, su propia salida histórica.
(*) Gustavo Burgos es abogado, militante marxista chileno y editor de elporteno.cl
Por GUSTAVO BURGOS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Además de organizar fiestas en La Moneda y regalarles rebajas tributarias a los poderosos, Kast ha dispuesto impúdicamente atacar las becas alimentarias de la JUNAEB, urgentes planes de salud y todo beneficio en favor de los más explotados. Esto no es un accidente, la llegada de José Antonio Kast a La Moneda constituye la expresión coherente de uno de los polos de la articulación política del régimen surgido del Acuerdo por la Paz. Lejos de representar una ruptura, su gobierno se inscribe en la lógica de alternancia que ha estructurado la dominación en Chile durante las últimas décadas: una oscilación entre variantes políticas que administran, con distintos lenguajes, un mismo programa de preservación del orden capitalista. En ese sentido, Kast no viene a desmantelar lo realizado por el progresismo, sino a llevarlo a su forma más descarnada, del mismo modo que el progresismo preparó las condiciones políticas y sociales para su ascenso. Como se ha observado en otros procesos —donde la extrema derecha emerge como resultado de derrotas previas de la clase trabajadora y de la descomposición del progresismo—, no se trata de accidentes, sino de momentos de una misma secuencia histórica .
Desde esta perspectiva, la llamada “megareforma”, cristalizada en el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional —por más caótica y destartalada que se presente— no puede leerse como un paquete técnico de medidas económicas. Se trata de un violento reordenamiento integral del papel del Estado, que en convergencia con las directrices presupuestarias del Ministerio de Hacienda configura un ataque sistemático contra los derechos sociales. La contrarreforma tributaria —que implica una merma inmediata de alrededor de 3 mil millones de dólares en la recaudación fiscal— no es otra cosa que una transferencia directa de riqueza desde el trabajo hacia el capital financiero. Incluso desde el propio campo burgués, múltiples analistas han advertido la improbabilidad de que rebajas tributarias a grandes empresas o esquemas de integración tributaria se traduzcan en mejoras reales para las condiciones de vida de la población trabajadora. El argumento del “derrame” vuelve a exhibir su carácter ideológico: un dispositivo de legitimación de la apropiación privada de recursos públicos.
Sin embargo, lo más significativo no es solo el contenido de estas medidas, sino su recepción política. Figuras relevantes de la oposición burguesa, como Jeannette Jara o Mario Marcel, han encuadrado este programa como “debatible”, es decir, como parte legítima del juego democrático. En ello reside una de las claves del régimen: la democracia no aparece como un campo de confrontación de proyectos antagónicos, sino como un mecanismo de administración consensuada de los límites del capital. La alternancia entre progresismo y derecha no expresa caminos divergentes, sino ritmos distintos de una misma orientación estratégica.
En este marco, el propio Kast prefigura su destino político. La aludida violencia social de su programa, sumada a la incapacidad estructural del capitalismo chileno para ofrecer mejoras sostenidas a las mayorías, tiende a incubar las condiciones de su propia crisis. Y es precisamente en ese punto donde el progresismo reaparece, no como superación del problema, sino como su válvula de contención: una “medicina democrática” destinada a recomponer la legitimidad del régimen tras la experiencia de la derecha dura. La secuencia se repite: ajuste, desgaste, recambio, estabilización precaria.
El problema central, por tanto, no reside únicamente en el contenido de la “megareforma” ni en la figura de Kast, sino en la estructura política que hace posible su emergencia y su reproducción. Esa estructura descansa, en última instancia, en la ausencia de una dirección política independiente de la clase trabajadora. Allí donde no existe un partido obrero revolucionario capaz de organizar, unificar y proyectar las luchas, el descontento social es capturado, desviado o reciclado por las distintas variantes del régimen.
La cuestión estratégica vuelve así a su núcleo: la construcción de una dirección política de los trabajadores no como consigna abstracta, sino como tarea histórica concreta. Sin esa mediación, la alternancia seguirá operando como mecanismo de dominación, y cada crisis abrirá paso no a una superación del orden existente, sino a su recomposición bajo nuevas formas. El desafío no es elegir entre Kast o su relevo progresista, sino romper el círculo que los produce.
El problema de la construcción del partido no es un dilema organizativo separado de la vida real de la clase trabajadora; es, por el contrario, la forma política en que se expresa su propio desarrollo histórico. No hay partido sin clase en movimiento, pero tampoco hay movimiento que supere sus límites sin cristalizar en una organización consciente, estable y orientada estratégicamente. La experiencia histórica demuestra que el potencial revolucionario concreto de una sociedad no se mide por estallidos episódicos ni por la intensidad del descontento, sino por la capacidad sostenida de una fracción significativa de la clase para organizarse en torno a una estructura militante que arranque conquistas que, de otro modo, no existirían, y que proyecte esas conquistas hacia la superación del orden capitalista en términos de revolución social.
La ausencia de esa forma no es un accidente ni un déficit puramente subjetivo: delata un estado determinado del contenido mismo de las luchas. Allí donde las movilizaciones no logran consolidarse en una práctica militante permanente, donde no se traducen en organización ni en dirección, lo que se revela es su carácter limitado, fragmentario, aún inmaduro. La idea de cuño anarquista de que la espontaneidad puede, por sí sola, rehacer desde la nada una dirección política capaz de disputar el poder al Estado no resiste el menor contraste con la realidad. Es una ilusión que confunde irrupción con transformación, y protesta con estrategia.
Pensar que la clase trabajadora chilena luego de múltiples experiencias tras las que no ha logrado estructurarse en un partido real pueda, en un salto inmediato, enfrentarse con éxito a las formas concentradas del poder —el aparato estatal, el ejército, la gran propiedad— no es solo un error analítico, sino una renuncia encubierta a plantear el problema en sus términos verdaderos. La forma política —un nuevo partido— no es un añadido externo al contenido de la lucha: es su condición de desarrollo superior. Cuando esa forma falta, no hay una potencia latente lista para desplegarse automáticamente, sino una limitación efectiva que se expresa en la repetición de ciclos de descontento sin acumulación estratégica.
Ese límite se manifiesta hoy con claridad. La clase trabajadora irrumpe, periódicamente, en la escena política a través de reacciones de rechazo generalizado, a menudo dirigidas contra gobiernos específicos, pero incapaces de trascender ese horizonte inmediato. Falta continuidad, falta organización, falta una perspectiva que ordene la experiencia y la proyecte más allá de lo dado. En esas condiciones, las energías sociales terminan siendo absorbidas o desviadas por las opciones políticas que ya detentan autoridad dentro del régimen, reproduciendo así el mismo marco que se pretendía cuestionar.
Negar este estado de cosas no fortalece a la clase: la desarma. La tarea de la construcción del partido, en consecuencia, no puede plantearse como una consigna abstracta ni como un gesto voluntarista. Es una tarea histórica que exige intervenir en las luchas reales para transformarlas, elevar su nivel de organización y dotarlas de una dirección consciente. Solo allí donde esa mediación se construye de manera persistente puede comenzar a resolverse la brecha entre el descontento social existente y la posibilidad efectiva de disputar el poder.
El partido, entonces, no es la proclamación de una voluntad, sino la síntesis organizada de una práctica de clase que ha logrado reconocerse a sí misma como fuerza histórica. Sin esa síntesis, toda perspectiva revolucionaria queda reducida a una expectativa sin base material. Con ella, en cambio, la lucha deja de ser una reacción y comienza a convertirse en proyecto. Esta definición adquiere hoy un contenido inmediato y concreto: la lucha contra la llamada “megarreforma” del gobierno de José Antonio Kast no puede limitarse a la denuncia ni al rechazo disperso. Debe transformarse en una práctica organizada, sostenida y orientada estratégicamente, capaz de elevar el nivel de intervención de la clase trabajadora.
En efecto, el enfrentamiento a este programa —que condensa un ataque integral a los derechos sociales— plantea la necesidad de recuperar la calle como espacio de acción política de masas. No se trata de episodios aislados de protesta, sino de la construcción de un plan de movilización que articule sectores, unifique demandas y proyecte una salida común. Allí comienza a delinearse el tránsito desde la reacción inmediata hacia una práctica consciente. La lucha deja de ser un estallido episódico y empieza a adquirir forma, continuidad y dirección.
En ese marco, la perspectiva de un paro nacional no es una consigna retórica, sino el punto de condensación de ese proceso. La preparación de una huelga de alcance general supone niveles superiores de organización, coordinación y claridad política. Obliga a estructurar fuerzas, a intervenir en los lugares de trabajo, a disputar direcciones sindicales y a construir vínculos efectivos entre distintos sectores de la clase. Es, en sí misma, una escuela práctica de organización colectiva.
Y es precisamente en ese terreno donde se juega la cuestión del partido. No como una declaración previa ni como una construcción al margen de la lucha real, sino como el resultado de ese proceso de organización y combate. La síntesis política de la clase no surge por fuera de su experiencia, sino que se forja en ella. Un plan de movilización que culmine en un paro nacional, sostenido en el tiempo y orientado contra el programa del gobierno, constituye el laboratorio concreto donde puede comenzar a emerger una dirección distinta, independiente del régimen y sus variantes.
En este sentido, la lucha contra la “megarreforma” no es solo una resistencia defensiva. Es el terreno en que puede empezar a resolverse el problema estratégico de la clase trabajadora: su incapacidad actual para constituirse como fuerza política autónoma. Allí donde esa lucha logre organizarse, extenderse y dotarse de objetivos claros, comenzará a esbozarse la forma de ese partido necesario. No como una consigna proclamada desde afuera, sino como la expresión organizada de una clase que, en el curso de su propia acción, empieza a reconocerse como sujeto histórico.
La alternativa es conocida: sin esa mediación, el descontento vuelve a dispersarse, la protesta se agota en sí misma y el régimen recompone su equilibrio mediante la alternancia. Con ella, en cambio, la lucha puede romper ese círculo. Convertirse en proyecto significa, precisamente, que la acción de la clase deja de girar en torno a lo que combate y empieza a orientarse hacia lo que quiere construir: su propia dirección, su propio poder, su propia salida histórica.
(*) Gustavo Burgos es abogado, militante marxista chileno y editor de elporteno.cl






























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