LA “TRANSICIÓN VERDE” EN CANARIAS BAJO SOSPECHA: DENUNCIAN UN NUEVO MODELO DE DESTRUCCIÓN TERRITORIAL

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En un artículo conjunto publicado bajo el título “La falsa transición energética en Canarias: acelera el mismo modelo destructivo”, Pedro Hernández Camacho y Julio Cuenca Sanabria, miembros de la plataforma Salvar Chira-Soria, plantean una dura crítica al actual modelo de implantación de energías renovables en el archipiélago canario.

   Según afirman los autores, bajo el discurso institucional de la “transición ecológica” se estaría desarrollando en realidad un proceso de ocupación intensiva del territorio al servicio de grandes empresas energéticas y fondos de inversión.

  El texto sostiene que en Canarias se ha construido un relato político y mediático que identifica cualquier crítica al despliegue masivo de infraestructuras renovables con una supuesta oposición a la lucha contra el cambio climático. De acuerdo a lo expresado por los autores, esta simplificación pretende impedir un debate más profundo sobre el verdadero modelo económico y territorial que se está consolidando en las islas.

El cuestionamiento al llamado “capitalismo verde”

   Los autores apoyan parte de su argumentación en las tesis desarrolladas por pensadores como Carlos Taibo y Antonio Turiel en el libro La falsa transición energética y ecológica. Según afirman, el problema no reside únicamente en sustituir combustibles fósiles por energías renovables, sino en que el sistema económico sigue basado en el crecimiento ilimitado, el consumo creciente y la explotación continua del territorio. Desde esta perspectiva, la llamada “transición energética” no modificaría las causas estructurales del deterioro ambiental, sino que simplemente cambiaría las fuentes de energía manteniendo intacta la lógica económica dominante.

  El comentario de los autores subraya, asimismo, lo que consideran una contradicción evidente en Canarias: mientras se habla constantemente de sostenibilidad y emergencia climática, continúan ampliándose aeropuertos, carreteras, puertos, urbanizaciones y proyectos turísticos. Según sostienen, resulta incoherente presentar como ecológico un modelo económico que sigue aumentando permanentemente el consumo energético y la presión sobre un territorio limitado y frágil como el canario.

El artículo 6bis y la concentración de poder sobre el territorio

  Una parte central del artículo gira en torno al denominado artículo 6bis, al que los autores califican como la “columna central” del proceso de imposición territorial de los megaproyectos energéticos. Según explican, este mecanismo legal habría servido durante años para acelerar autorizaciones, reducir controles ambientales y desplazar competencias de ayuntamientos y cabildos en beneficio de grandes operadores energéticos. Los autores consideran que tanto gobiernos autonómicos de diferentes signos políticos como diversas instituciones han favorecido un modelo que prioriza los intereses empresariales sobre la planificación democrática del territorio.

  De acuerdo a lo expresado en el texto, el uso continuado de figuras excepcionales vinculadas a la “urgencia energética” habría permitido simplificar evaluaciones ambientales y declarar proyectos privados como de “interés general”. Los autores denuncian que esta dinámica habría facilitado la ocupación de suelo agrícola, la fragmentación del paisaje y el deterioro de espacios naturales ya sometidos a una enorme presión por el turismo y la urbanización intensiva.

  El artículo también cuestiona el papel de determinadas instituciones, sectores académicos y organizaciones ecologistas, a las que acusa de actuar como legitimadores del actual modelo energético. Según afirman los autores, el discurso oficial presentaría cualquier oposición ciudadana como una actitud egoísta o antiecologista, evitando así discutir quién controla realmente la energía y quién obtiene los beneficios económicos del proceso.

  Frente a ese modelo, los autores defienden alternativas basadas en el autoconsumo distribuido, las comunidades energéticas locales, la reducción del consumo, la soberanía energética y alimentaria y una planificación territorial más participativa. Según sostienen, Canarias necesita asumir sus límites ecológicos y físicos como territorio insular, evitando convertirse en un gran polígono industrial energético subordinado a intereses empresariales externos.

   En la parte final del texto, los autores plantean que el verdadero debate no es únicamente tecnológico ni energético, sino profundamente político y social. Según expresan, la cuestión central consiste en determinar si la transición energética servirá para transformar realmente el modelo económico que ha llevado al archipiélago a una situación de saturación territorial y dependencia, o si simplemente se convertirá en un nuevo discurso “verde” para continuar profundizando las mismas dinámicas destructivas de las últimas décadas.