A CUARENTA AÑOS DEL ATENTADO A PINOCHET: LA REVOLUCIÓN QUE LA TRANSICIÓN QUISO BORRAR

Por GUSTAVO BURGOS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   A la memoria de José Carrasco Tapia, Gastón Vidaurrázaga Manríquez, Felipe Rivera Gajardo y Abraham Muskatblit Eidelstein, secuestrados y asesinados por agentes de la dictadura en una operación de terror de Estado desplegada inmediatamente después del atentado y que acompañó la declaración del Estado de Sitio ordenada por el régimen de Pinochet.

   El 7 de septiembre de 1986, hace exactamente cuarenta años, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez emboscó la comitiva de Augusto Pinochet en la cuesta Las Achupallas, en el Cajón del Maipo. La llamada Operación Siglo XX movilizó a una veintena de combatientes, armas automáticas, explosivos y lanzacohetes contra el núcleo material del poder dictatorial. Pinochet sobrevivió; cinco integrantes de su escolta murieron y otros resultaron heridos. La operación fracasó en su objetivo inmediato, pero consiguió algo que la reconstrucción posterior de aquellos años se ha empeñado sistemáticamente en disminuir: demostrar materialmente que la dictadura podía ser golpeada, que su jefe no era intocable y que, en el Chile de 1986, la cuestión del poder no se planteaba exclusivamente —ni siquiera principalmente— en los términos electorales mediante los cuales posteriormente sería narrado el final del régimen. La Operación Siglo XX se produjo, además, en el punto culminante de un ciclo de movilización iniciado con las protestas nacionales de 1983 y desarrollado mediante paros, barricadas, enfrentamientos poblacionales, movilizaciones estudiantiles, huelgas y formas crecientes de autodefensa popular. No fue un meteorito militar caído desde fuera de la lucha de clases, sino una de sus expresiones más extremas.

  Volver sobre el atentado cuarenta años después exige, por eso, algo bastante más serio que reconstruir sus detalles militares. No se trata solamente de saber cuántos fusileros participaron, por qué falló un cohete LAW, qué recorrido siguió el Mercedes blindado de Pinochet o cuáles fueron las circunstancias tácticas que permitieron escapar al dictador. Todo ello pertenece a la historia necesaria de la operación, pero no constituye todavía su balance político. El verdadero problema es otro: ¿qué significaba intentar destruir físicamente la jefatura de una dictadura cuando millones de trabajadores, pobladores y estudiantes venían enfrentándola en las calles? ¿Qué relación existía entre aquella acción militar y la movilización popular? ¿Qué poder debía sustituir al régimen si Pinochet caía? ¿Qué clase debía dirigir ese proceso? ¿Qué instituciones debían ser destruidas y cuáles preservadas? Estas preguntas —las verdaderamente decisivas— permanecen extraordinariamente ausentes del debate contemporáneo de la izquierda chilena. Ese silencio no es casual: constituye uno de los productos ideológicos más acabados de la transición.

La insurgencia, la lucha de masas y el problema del poder

   Una consideración materialista obliga a comenzar por un hecho elemental: la violencia política chilena de 1986 no comenzó en Las Achupallas. Cuando los combatientes del Frente dispararon contra la caravana presidencial habían transcurrido trece años desde el bombardeo de La Moneda, la clausura del Congreso, la proscripción de los partidos obreros, los campos de concentración, los fusilamientos, las desapariciones, la tortura sistemática y el exilio de cientos de miles de personas. La dictadura había surgido precisamente de una gigantesca operación de violencia contrarrevolucionaria destinada a destruir físicamente las organizaciones mediante las cuales la clase trabajadora había alcanzado durante la Unidad Popular un grado extraordinario de movilización independiente. Esta constatación resulta fundamental porque buena parte del debate liberal sobre la Operación Siglo XX comienza invirtiendo históricamente la relación entre violencia y resistencia: se pregunta si era legítimo que una organización insurgente empleara las armas contra Pinochet antes de preguntarse por la naturaleza del poder contra el cual esas armas fueron levantadas. Incluso desde una perspectiva filosófica ajena al marxismo, se ha observado que cualquier juicio moral sobre el atentado debe comenzar por la ilegitimidad de origen de la dictadura y por el carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos ejecutadas desde el aparato estatal. Su discusión de la tradición del derecho de resistencia —desde Tomás de Aquino hasta las teorías contemporáneas de la guerra justa— resulta particularmente significativa porque muestra hasta qué punto la identificación automática entre insurgencia y criminalidad carece incluso de sustento dentro de tradiciones políticas burguesas mucho más conservadoras que el socialismo revolucionario.

   El problema de fondo no consiste, por consiguiente, en determinar abstractamente si la violencia es buena o mala. Ninguna revolución histórica, ninguna guerra de independencia y, en rigor, ningún Estado puede ser comprendido mediante semejante puerilidad. El Estado mismo concentra institucionalmente la coerción de una clase sobre otra. La pregunta de clase es siempre concreta: qué clase ejerce la violencia, contra quién, mediante qué organizaciones y para alcanzar qué objetivo histórico. La misma acción material puede poseer significados políticos completamente distintos según la estrategia de poder en la cual se encuentre inscrita. Por eso resulta igualmente insuficiente despachar el atentado mediante la categoría de “terrorismo individual”. La Operación Siglo XX no fue el gesto desesperado de un individuo aislado ni una conspiración separada de la lucha social. Se produjo en el punto culminante del ciclo iniciado con las protestas nacionales de 1983. El año 1986 había sido definido como “el año decisivo”; la Asamblea de la Civilidad había articulado amplios sectores sociales y el paro del 2 y 3 de julio mostró nuevamente la profundidad de la confrontación. El FPMR fue una expresión político-militar de ese proceso, no un cuerpo extraño introducido artificialmente en él.

  Reconocer aquello no resuelve, sin embargo, la cuestión principal, porque la legitimidad de combatir militarmente una dictadura genocida no demuestra la suficiencia de la estrategia política que dirigía ese combate. Allí reside precisamente el problema que una parte de la izquierda evita discutir cuando convierte la Operación Siglo XX exclusivamente en una epopeya y que la historiografía liberal oculta cuando la reduce a una desviación violenta afortunadamente reemplazada por el plebiscito. El atentado estaba inscrito en la Política de Rebelión Popular de Masas desarrollada por el Partido Comunista y en su posterior formulación de la Sublevación Nacional. El FPMR debía aportar el componente militar de una acumulación popular capaz de provocar la caída de la dictadura. No era una concepción simplemente foquista: suponía una relación entre movilización social, organización política y acción armada. Pero justamente allí aparece su límite histórico. La cuestión decisiva nunca fue solamente cómo derribar a Pinochet, sino qué poder debía reemplazarlo. La política del PC y del Frente no culminaba en la constitución de un gobierno obrero asentado en organismos independientes de la clase trabajadora ni planteaba la destrucción revolucionaria del Estado burgués y la expropiación de la gran propiedad capitalista. El horizonte seguía siendo una salida democrático burguesa amplia que reuniera al movimiento popular con sectores patronales opositores a Pinochet. La lucha armada aparecía así como un método radical colocado al servicio de un programa democrático que no rompía necesariamente con las relaciones sociales que la propia dictadura había reorganizado mediante el terror.

  Esta contradicción resulta esencial para cualquier balance revolucionario. Puede existir un método revolucionario dentro de una estrategia que no lo sea. La validez del método se define por la estrategia de la que es su instrumento. Puede haber combatientes dispuestos a arriesgarlo todo mientras el programa político que orienta su sacrificio permanece encerrado dentro de los límites de una reorganización del Estado existente. Por eso la discusión sobre la Operación Siglo XX no puede reducirse a la alternativa entre condenar o glorificar las armas. El problema no consiste en elegir entre fusil y urna como si fueran principios morales contrapuestos. Consiste en establecer qué programa de poder organiza cada forma concreta de lucha. La grandeza del Atentado y, simultáneamente, su límite estratégico deben ser examinados desde allí.

Del atentado al lápiz y el papel: la victoria política de la transición

   Las reacciones posteriores al atentado revelaron con extraordinaria nitidez la confrontación estratégica que recorría a la oposición. La Democracia Cristiana rechazó inequívocamente la vía armada. Gabriel Valdés sostuvo que esa estrategia sólo podía fortalecer a Pinochet e insistió en que considerar al dictador un obstáculo para la democracia no equivalía a reclamar su muerte. El socialismo, entretanto, estaba profundamente dividido. El sector renovado incorporado a la Alianza Democrática, al cual pertenecía Ricardo Lagos, rechazó junto a la DC la lucha armada como camino de salida, mientras que el PS dirigido por Clodomiro Almeyda, integrado al MDP y aliado del PC, defendió expresamente el derecho a la rebelión. Almeyda llegó a declarar en octubre de 1986 que consideraba moral y políticamente legítimo ese derecho y lamentó que el atentado no hubiese tenido éxito, aunque insistió simultáneamente en que la movilización social debía constituir el elemento fundamental para terminar con la dictadura. El Partido Comunista, por su parte, negó inicialmente haber preparado directamente la operación, pero reivindicó políticamente a quienes arriesgaban la vida combatiendo con las armas al régimen. Volodia Teitelboim sostuvo posteriormente que el atentado había demostrado que Pinochet no era intocable y defendió el derecho a la legítima defensa frente a la tiranía.

  Estas diferencias no constituían una mera discusión táctica acerca de la oportunidad de emplear determinadas formas de lucha. Expresaban dos perspectivas políticas crecientemente incompatibles. Una comenzaba a orientarse hacia una negociación que aceptara progresivamente el marco institucional establecido por la Constitución de 1980; la otra apostaba todavía por una ruptura provocada por la movilización popular combinada con formas de lucha armada. El desenlace histórico es conocido: triunfó la primera. Carrizal Bajo y el fracaso del atentado no fueron simplemente dos derrotas operativas, sino acontecimientos que contribuyeron a modificar la correlación política dentro de la oposición. El régimen recuperó iniciativa represiva, la oposición moderada profundizó su ruptura con la estrategia comunista y la salida pactada comenzó a presentarse crecientemente como la única alternativa “realista”. El propio PC inició después una revisión de su política militar, mientras la fractura con el FPMR-Autónomo terminó expresando la crisis de la estrategia desarrollada durante los años anteriores. Dos años después, el partido se incorporaría finalmente al itinerario plebiscitario.

  Sería, sin embargo, una simplificación monumental concluir de aquello que 1986 demostró el “fracaso de la vía armada” y 1988 el triunfo de la “vía pacífica”. Esa oposición, convertida después en dogma por la historiografía de la transición, oculta el verdadero problema. Lo que fracasó fue una perspectiva política que no consiguió transformar el formidable ascenso de masas de 1983-1986 en organismos independientes capaces de disputar el poder estatal. La movilización existió. La disposición al combate existió. Existieron organizaciones clandestinas, cuadros militares y armas. Lo que no llegó a constituirse fue una dirección revolucionaria capaz de reunir esos elementos alrededor de un programa independiente de la clase trabajadora. La derrota de aquella perspectiva abrió el espacio para que la oposición burguesa asumiera la dirección política del proceso y subordinara la movilización popular al itinerario institucional previsto por la propia dictadura.

  La transición necesitó después construir su propia mitología. Como todo régimen surgido de una derrota histórica parcial de las masas, tuvo que reescribir las condiciones de su nacimiento. La movilización popular fue convertida en acompañamiento cívico; las protestas, en antecedentes; los enfrentamientos callejeros, en excesos; la resistencia armada, en algo indebido; y el plebiscito del 5 de octubre de 1988 pasó retrospectivamente a ocupar todo el escenario. Ricardo Lagos condensó esta gigantesca operación ideológica en la fórmula según la cual “con un lápiz y un papel se derrotó a Pinochet”. La frase es políticamente infame no porque el plebiscito careciera de importancia ni porque millones de personas no hubiesen protagonizado allí una verdadera derrota electoral de Pinochet, sino porque transforma el desenlace institucional de un proceso en explicación de todo el proceso. El lápiz de octubre de 1988 aparece separado de las barricadas de 1983, de los paros nacionales, de las huelgas, de las poblaciones sitiadas, de los estudiantes enfrentando a Carabineros, de los trabajadores asesinados, de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, de los clandestinos, de los presos, de los exiliados y también de quienes empuñaron las armas contra la dictadura.

   No fue un lápiz aislado el que hizo posible octubre de 1988. Ese lápiz fue sostenido por una sociedad que llevaba años enfrentándose materialmente con el régimen. La fórmula de Lagos, además, transforma en virtud precisamente aquello que debería ser objeto de discusión: Pinochet terminó siendo derrotado electoralmente dentro del itinerario constitucional diseñado por la propia dictadura. La oposición que hegemonizó la transición terminó aceptando la fecha, el mecanismo y buena parte de las condiciones institucionales previstas por la Constitución de 1980. El cambio debía producirse según el itinerario concebido por los constructores jurídicos del régimen: no antes de que las instituciones estuvieran preparadas para absorberlo ni después de que el propio mecanismo plebiscitario lo hiciera inevitable. La transición convirtió así una gigantesca movilización contra la dictadura en el fundamento social de una salida realizada dentro de la estructura institucional levantada por ella.

   El resultado fue extraordinariamente favorable para la clase dominante y el imperialismo, que monitoreó minuciosamente el proceso. Pinochet dejó la Presidencia, pero siguió siendo comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y posteriormente senador vitalicio. Las Fuerzas Armadas conservaron su estructura; el aparato económico privatizado permaneció fundamentalmente intacto; sobrevivieron las AFP, los fundamentos del Código del Trabajo, la mercantilización de los derechos sociales y la gran propiedad minera, financiera y comercial. La institucionalidad constitucional impuso senadores designados, Tribunal Constitucional, quórums supramayoritarios y una maquinaria jurídica destinada precisamente a impedir que una mayoría electoral pudiera modificar los fundamentos del orden social. La transición no destruyó el régimen construido por la dictadura: transformó su forma política y lo dotó de una administración civil. Para realizar esa operación era indispensable despojar retrospectivamente de contenido a la lucha popular anterior a 1988. Admitir que millones habían salido a las calles reclamando la caída inmediata de Pinochet habría obligado a preguntar por qué la dictadura terminó según su calendario; reconocer el papel de las organizaciones populares habría llevado a preguntar por qué fueron desmovilizadas; reconocer la existencia de una perspectiva de ruptura habría obligado a explicar quién y cómo la derrotó políticamente. La memoria oficial necesitaba entonces un milagro secular: el lápiz de Lagos.

Cuarenta años después: el debate que la izquierda todavía debe hacer

   Lo verdaderamente sorprendente es que cuatro décadas después la izquierda chilena siga sin haber realizado una discusión proporcional a la importancia histórica de la Operación Siglo XX. Existe una abundante memoria testimonial, investigaciones periodísticas, libros sobre los fusileros, reconstrucciones militares, entrevistas con protagonistas, documentales, películas de ficción, homenajes y condenas. Sabemos mucho más acerca de cómo se preparó la operación que acerca de qué estrategia revolucionaria habría sido necesaria para convertir aquella disposición al combate en una alternativa efectiva de poder. La ausencia de este balance programático no es accidental. La mayor parte de la izquierda que sobrevivió políticamente a la dictadura terminó adaptándose, de una u otra forma, al régimen surgido de la transición. El socialismo renovado se convirtió en uno de sus administradores fundamentales. El Partido Comunista, después de largos años de exclusión parlamentaria, terminó incorporándose plenamente al sistema institucional y posteriormente a gobiernos construidos sobre aquella misma arquitectura estatal. La discusión estratégica sobre 1986 se volvió entonces peligrosa porque obligaría a examinar no solamente el pasado del Frente, sino el presente de esas organizaciones. Preguntar qué faltó en 1986 conduce inevitablemente a preguntar qué falta hoy.

    Y allí aparece la cuestión que atraviesa toda la historia de la izquierda chilena desde 1973: la ausencia de una concepción insurreccional del poder. No hablamos de la caricatura según la cual una insurrección consistiría en reunir armas, formar comandos y atacar edificios públicos. Una concepción insurreccional marxista es, antes que nada, una concepción política acerca del Estado, las clases y el poder. Parte de comprender que ninguna clase dominante abandona voluntariamente sus posiciones fundamentales y que, llegado un momento determinado de la lucha social, la cuestión del gobierno deja de poder resolverse simplemente mediante la administración de las instituciones existentes. La insurrección supone masas organizadas, organismos de poder propios, dirección política, programa, preparación y una crisis estatal en la cual la clase trabajadora pueda disputar efectivamente la dirección de la sociedad. Sin esos elementos, la acción militar puede alcanzar grados extraordinarios de audacia y seguir siendo estratégicamente insuficiente. Precisamente por eso corresponde reivindicar la Operación Siglo XX sin convertirla en una pieza de museo ni en una leyenda romántica. Los combatientes que esperaron la caravana de Pinochet en Las Achupallas realizaron una acción de extraordinaria audacia política y personal. No actuaron contra un gobierno legitimado socialmente ni contra una población indefensa. Atacaron la comitiva del jefe de una dictadura responsable de asesinatos, desapariciones, torturas y persecución sistemática. Pero el respeto debido al coraje de aquellos militantes exige precisamente evitar la hagiografía: la lección revolucionaria de una derrota nunca consiste en declarar perfecta la estrategia derrotada, sino en descubrir sus contradicciones para que las generaciones posteriores puedan avanzar más lejos.

     La Operación Siglo XX demostró que el problema chileno no era la supuesta pasividad congénita de sus trabajadores, ni una imaginaria tradición nacional esencialmente pacífica, ni la imposibilidad absoluta de desarrollar formas armadas de resistencia. Hubo masas movilizadas, organizaciones clandestinas, combatientes, armas y una enorme disposición al sacrificio. Hubo incluso capacidad para colocar bajo fuego al hombre más protegido del país. Durante algunos minutos, toda la maquinaria monumental del terror estatal quedó reducida a una caravana detenida en una quebrada bajo el fuego insurgente. El dictador que había ordenado perseguir, encarcelar, torturar y matar descubrió súbitamente que también él podía sentir miedo. Ese vértigo forma parte de nuestra historia y no corresponde entregárselo ni a la historiografía militar de la derecha ni a la memoria domesticada de la transición. Tampoco corresponde convertirlo en fetiche de una izquierda nostálgica incapaz de extraer consecuencias políticas de sus propias derrotas. La Operación Siglo XX pertenece a la historia de la lucha de clases en Chile y debe ser estudiada con la misma seriedad con que los revolucionarios estudian las huelgas generales, las masacres, las insurrecciones, la Unidad Popular, los Cordones Industriales, el glorioso levantamiento popular de Octubre de 2019 o el patético fracaso de los dos proceso constitucionales del 2022 y 2024.

   Porque la pregunta que dejó abierta aquella emboscada continúa sin respuesta. No consiste en determinar si los combatientes debieron utilizar un RPG, un fusil M-16 o una carga explosiva, ni simplemente en imaginar qué habría ocurrido si el proyectil que alcanzó el Mercedes de Pinochet hubiese detonado correctamente. La pregunta es mucho mayor: ¿qué poder debía levantarse sobre las ruinas de la dictadura? La transición respondió preservando el Estado, la propiedad y el orden social reorganizados bajo Pinochet. Una parte sustancial de la izquierda terminó aceptando esa respuesta y contribuyó después a administrarla. Por eso ha resultado mucho más sencillo recordar el atentado como aventura militar que discutirlo como problema estratégico.

   A cuarenta años del vértigo de Las Achupallas, precisamente cuando vuelven a fortalecerse las tendencias autoritarias del Estado, cuando la militarización, la legislación de excepción y la ampliación del aparato represivo se presentan nuevamente como respuestas normales frente a las contradicciones sociales, recuperar esta discusión deja de ser un ejercicio historiográfico. La ausencia de una concepción insurreccional transforma el balance de la Operación Siglo XX en un problema rigurosamente contemporáneo. Aquella operación obliga a volver sobre una cuestión que la transición consiguió postergar, pero nunca resolver: cómo transformar la resistencia de los explotados en una estrategia independiente de poder. Sin responderla, toda heroicidad corre el riesgo de terminar políticamente administrada por otros. Y quizás esa sea, cuarenta años después, la lección más dura de Las Achupallas: el coraje puede abrir una situación histórica; solamente un programa revolucionario puede resolverla.