CINCO AÑOS DE DENUNCIA EN ESPAÑA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS SAHARAUIS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El próximo lunes 2 de marzo se cumplirán cinco años de concentraciones semanales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid, convocadas por el Movimiento por los presos políticos saharauis para denunciar la situación de decenas de saharauis encarcelados en Marruecos y  exigir al Gobierno español que asuma su responsabilidad política y jurídica ante esta prolongada vulneración de derechos fundamentales.

   Desde hace medio lustro, cada semana sin interrupción, activistas y ciudadanos han recordado que presos saharauis permanecen encarcelados tras procesos marcados por denuncias de falta de garantías judiciales, aislamiento, torturas y confesiones obtenidas bajo coacción, según han señalado diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

  Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del denominado grupo de Gdeim Izik, compuesto por activistas que fueron detenidos tras la desarticulación en noviembre de 2010 de un gran campamento de protesta pacífica en el Sáhara Occidental, conocido como campamento de la Dignidad o de Gdeim Izik. Este campamento, con miles de tiendas de campaña, fue levantado por saharauis para denunciar discriminación social y económica en el territorio bajo control marroquí.

   Los tribunales marroquíes condenaron a los miembros del grupo —junto a otros activistas— por su supuesta responsabilidad en los enfrentamientos violentos ocurridos durante el desmantelamiento del campamento. Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que estos juicios estuvieron empañados por la gran dependencia en confesiones que los acusados alegan haber firmado bajo tortura, y el Comité contra la Tortura de la ONU ha señalado que Marruecos violó sus obligaciones internacionales en algunos de estos casos.

  Además de los procesos judiciales cuestionados, según informes y testimonios, las condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos políticos saharauis han sido descritas como degradantes, con limitado acceso médico y restricciones severas a las visitas de sus familias, lo que prolonga el sufrimiento de ellos y de sus allegados.

   Este conflicto no es únicamente una cuestión interna marroquí. Desde hace décadas, el Sáhara Occidental —ex colonia española hasta 1975— es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización, y la disputa política entre Marruecos y el Frente Polisario ha generado tensiones internacionales continuadas. España, como antigua potencia administradora, sigue siendo llamada a asumir responsabilidades en foros jurídicos y políticos, especialmente en lo que respecta a la protección de derechos humanos.

   Mientras tanto, las relaciones diplomáticas y los acuerdos económicos entre España y Marruecos han seguido su curso, a menudo sin referencia explícita a las demandas de justicia y libertad para los saharauis presos. Ante esta situación, las movilizaciones en Madrid y en otras ciudades europeas buscan mantener visible este reclamo, recordando que la estabilidad y la cooperación entre estados no pueden edificarse sobre la indiferencia ante injusticias sistemáticas.

   En los últimos años, iniciativas internacionales de apoyo —como marchas desde Francia hasta Marruecos o manifestaciones en ciudades españolas— han acompañado a las concentraciones semanales, intentando reforzar la presión sobre gobiernos e instituciones para que actúen frente a las violaciones de derechos humanos denunciadas.

   Cinco años después, la exigencia del colectivo de solidaridad sigue siendo la misma: libertad para los presos políticos saharauis y justicia para sus familias, un reclamo que continúa resonando frente al silencio institucional y las complejidades geopolíticas que rodean al conflicto del Sáhara Occidental.