POR VICTORIA MARTÍNEZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    Para comprender la polémica que ha estallado en Argentina alrededor de una inquietante reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei, conviene empezar por una pregunta básica que muchos lectores de fuera del país probablemente se hagan: ¿qué es exactamente la Ley de Tierras y por qué ha adquirido tanta importancia?

    La Ley 26.737, aprobada en 2011, regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

   A diferencia de lo que algunos han querido presentar, nunca prohibió la inversión internacional ni impidió que ciudadanos de otros países compraran terrenos en Argentina. Lo que hizo fue establecer límites para evitar que una parte sustancial del territorio nacional acabara concentrándose en manos de grandes capitales extranjeros.

  La norma habia fijado un máximo del 15 % de propiedad extranjera sobre el total de las tierras rurales del país, porcentaje que también debía respetarse en cada provincia y en cada departamento. Además, impedía que una sola nacionalidad monopolizara ese límite y restringía la venta de terrenos situados junto a grandes reservas de agua, ríos, lagos o zonas consideradas estratégicas.

    La filosofía de la ley era sencilla: la tierra constituye un recurso limitado y estratégico. Sobre ella descansan la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, los minerales críticos, los hidrocarburos, la biodiversidad y buena parte de la seguridad territorial de un Estado.  

La desregulación elevada a principio absoluto

    Ese es precisamente el modelo que el Gobierno de Javier Milei pretende modificar. El proyecto impulsado por el Ejecutivo elimina varios de los artículos fundamentales de la Ley de Tierras, es decir, justo aquellos que establecen los límites a la propiedad extranjera del suelo rural. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia basada en la desregulación económica, uno de los pilares ideológicos del actual Gobierno.

   El argumento oficial resulta aparentemente sencillo: si desaparecen las restricciones, llegarán nuevas inversiones, aumentará la actividad económica y el mercado asignará de forma más eficiente los recursos disponibles. Bajo esa lógica, cualquier regulación constituye una traba al crecimiento y cualquier intervención del Estado representa un obstáculo para la libertad económica.

Cuando los porcentajes engañan

     Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la reforma consiste en señalar que la propiedad extranjera apenas supera actualmente el cinco por ciento del territorio rural argentino, muy lejos del límite legal del quince por ciento. Sobre el papel, la afirmación pudiera parecer razonable. Si todavía queda un amplio margen disponible, ¿qué sentido tiene mantener restricciones?

    La respuesta aparece cuando se abandona el promedio nacional y se observa la distribución real de esas propiedades.

    Los estudios realizados sobre la composición del territorio muestran que la concentración de tierras extranjerizadas no se reparte de forma homogénea. Existen decenas de departamentos donde la propiedad extranjera ya supera ampliamente el límite previsto por la legislación, mientras otras regiones apenas registran presencia de inversores internacionales.

   Pero el dato verdaderamente relevante no es únicamente la concentración, sino su localización. Esas grandes extensiones coinciden, en buena medida, con zonas fronterizas, áreas cordilleranas, reservas hídricas, regiones ricas en litio, hidrocarburos y otros minerales estratégicos, además de espacios atravesados por importantes corredores fluviales. Dicho de otra manera, no se trata simplemente de hectáreas agrícolas, sino de territorios cuyo valor económico y geopolítico aumenta cada año en un mundo donde el agua, la energía y las materias primas críticas se han convertido en recursos cada vez más disputados.

La soberanía no cotiza en bolsa

   Resulta llamativo que mientras numerosos países considerados referentes del libre mercado mantienen mecanismos para controlar la compra extranjera de activos estratégicos, Argentina avance justamente en la dirección contraria.

   Estados Unidos, Canadá, Australia o varios países europeos someten determinadas inversiones a procesos de revisión cuando afectan a infraestructuras críticas, recursos naturales o sectores vinculados con la seguridad nacional.

   No lo hacen porque hayan descubierto de repente las virtudes del intervencionismo, sino porque comprenden algo bastante elemental: existen bienes cuya importancia trasciende su valor económico inmediato.

Mucho más que una reforma agraria

    El debate abierto en Argentina trasciende ampliamente la discusión sobre una ley concreta. Lo que realmente enfrenta son dos formas muy distintas de entender el territorio nacional.

   Una sostiene que la tierra constituye un activo económico más y que, como cualquier otro bien, debe quedar sometida a las reglas del mercado internacional.

   La otra, en cambio,  considera que determinados recursos —el suelo, el agua, los minerales estratégicos o las zonas fronterizas— forman parte del patrimonio permanente de una nación y requieren mecanismos específicos de protección.

    La diferencia no es menor. Atraer inversiones productivas para algunos constituye una necesidad para cualquier economía. Muy distinto, sin embargo,  es renunciar a instrumentos que permiten decidir quién controla los recursos estratégicos sobre los que se asentará el desarrollo futuro del país.

   Porque la tierra posee una característica que ningún economista ha conseguido modificar: no puede reproducirse. Cada hectárea que cambia definitivamente de manos reduce también el margen de decisión colectiva sobre el futuro. Y quizá ahí resida la verdadera cuestión que plantea la reforma impulsada por Javier Milei.

   No se trata, pues, de  únicamente de liberalizar el mercado de la tierra. Se trata también de decidir si la soberanía nacional seguirá considerándose un patrimonio político o pasará a cotizar, como cualquier otro activo, en el gran mercado global.