LA FACTURA OCULTA DEL REARME ESPAÑOL: HASTA 66.000 MILLONES EN UN SOLO AÑO

POR JORDI RUIZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     El gasto militar español alcanzó en 2025 niveles desconocidos durante las últimas décadas. La cifra exacta cambia según qué partidas se incluyan:

-23.333 millones de euros según la ejecución de determinados programas presupuestarios;

-33.123 millones conforme al cálculo comunicado por el Gobierno a la OTAN;

-39.476 millones según el Centre Delàs,

-y 66.078 millones en la estimación mucho más amplia del Grup Antimilitarista Tortuga.

Son cálculos diferentes, pero todos muestran la misma tendencia: España ha entrado en un proceso acelerado de rearme.

UN AUMENTO DEL 46,5% EN UN AÑO

     Según los datos de ejecución de la Administración General del Estado recogidos en el artículo original, durante 2025 se gastaron 23.333 millones de euros en programas relacionados con la defensa y su industria. Son 7.411 millones más que en 2024, un incremento del 46,5%. La comparación histórica resulta todavía más significativa: en 2018 se habían ejecutado 9.469 millones y en 2016, 7.365 millones.

    En menos de una década, el gasto calculado con este criterio se ha más que triplicado.

    Además, el presupuesto inicialmente disponible era de 14.306 millones. Durante el año se añadieron 9.602 millones mediante modificaciones presupuestarias, hasta disponer de 23.908 millones, de los que finalmente se gastó el 97,6%. Esto muestra una de las claves del rearme: para conocer su dimensión real ya no basta con observar el presupuesto aprobado al comenzar el ejercicio.

DEFENSA TAMBIÉN SE PAGA DESDE OTROS MINISTERIOS

    Otra cuestión fundamental es que una parte del gasto militar no aparece directamente en el Ministerio de Defensa. De los 23.333 millones ejecutados, 17.789 fueron gestionados por Defensa y otros 5.544 millones se canalizaron mediante Industria.

   Ese dinero sirve, entre otras cosas, para financiar grandes programas militares y conceder préstamos y ayudas a compañías aeronáuticas, navales y tecnológicas. Las inversiones para modernizar las Fuerzas Armadas alcanzaron 9.203 millones; el gasto de personal, 6.241 millones, y los activos financieros, principalmente préstamos industriales, 5.558 millones. La investigación y desarrollo vinculada a defensa llegó a 6.002 millones, diecisiete veces más que en 2018.

   El rearme es así también una política industrial. El Estado proporciona financiación y asume una parte importante del riesgo económico mientras garantiza una demanda creciente a las empresas relacionadas con la producción militar.

DEL 1,4% AL 2% DEL PIB

     En abril de 2025, el Gobierno aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, dotado con 10.471 millones adicionales. El objetivo era elevar en un solo ejercicio el gasto computable del 1,4% al 2% del PIB, adelantando el compromiso asumido con la OTAN.

     El Ejecutivo situó entonces la inversión total en seguridad y defensa en 33.123 millones. Entre los nuevos recursos figuraban 3.260 millones para telecomunicaciones, satélites, radares, ciberseguridad, inteligencia artificial y computación cuántica. La OTAN consideró que España había alcanzado así el 2%, aunque esta cifra incluía conceptos más amplios que los contabilizados como ejecución presupuestaria estrictamente militar.

    Ahí comienza el baile de cifras. El Centre Delàs eleva el gasto de 2025 hasta 39.476 millones, equivalentes al 2,42% del PIB, al incorporar operaciones exteriores, investigación, créditos industriales, organismos militares, aportaciones internacionales y otros conceptos. Tortuga amplía todavía más el perímetro y calcula 66.078 millones, el 3,92% del PIB. No son cantidades directamente comparables porque utilizan criterios diferentes, pero la distancia entre ellas revela hasta qué punto el gasto aparece repartido por numerosos capítulos de las cuentas públicas.

LA FACTURA CONTINUARÁ DURANTE AÑOS

     El problema no termina en lo gastado en 2025. Los grandes sistemas militares se pagan mediante compromisos que pueden extenderse durante décadas. Durante ese año fueron aprobados 31 Programas Especiales de Modernización relacionados con vehículos de combate, helicópteros, radares, comunicaciones, artillería, satélites y otros sistemas.

   Las autorizaciones permiten movilizar cerca de 34.000 millones de euros hasta 2037. Una parte se adelanta desde Industria mediante préstamos a las empresas adjudicatarias. Posteriormente, Defensa paga los contratos y las compañías devuelven esos créditos. El sistema permite poner en marcha enormes programas sin que todo su coste aparezca inicialmente en el presupuesto ordinario de Defensa.

   Por eso, incluso si en los próximos años dejara de aprobarse nuevo armamento, seguirían llegando facturas correspondientes a decisiones ya adoptadas.

UN NEGOCIO CADA VEZ MÁS CONCENTRADO

    El crecimiento del gasto está transformando también la industria militar española. Según los datos recogidos en el artículo, las quince mayores empresas concentran el 43% del importe contratado. Entre las principales beneficiarias aparecen Indra, Airbus, Navantia, Santa Bárbara Sistemas y Escribano.

    El efecto ya se refleja en las cuentas empresariales. Indra cerró 2025 con 436 millones de beneficio neto, un 57% más, mientras su cartera de pedidos superaba los 16.000 millones. El Gobierno sostiene que esta política genera empleo cualificado y reduce la dependencia tecnológica exterior. Pero también consolida un modelo en el que la industria militar depende enormemente de contratos y financiación pública: el Estado garantiza buena parte de la demanda y asume riesgos mientras las compañías obtienen los beneficios.

LA CUESTIÓN DE FONDO: QUÉ SE DEJA DE FINANCIAR

     El Gobierno asegura que este incremento puede realizarse sin recortar sanidad, educación u otras políticas sociales. Sin embargo, existe un coste de oportunidad evidente. Cada recurso destinado durante años a programas militares es dinero y capacidad de endeudamiento que no puede emplearse simultáneamente en vivienda pública, sanidad, educación, cuidados o transición ecológica.

    A esto se añade el problema del control democrático. Si un presupuesto inicialmente situado en 14.306 millones termina convirtiéndose en una ejecución de 23.333 millones mediante modificaciones posteriores, una parte sustancial del crecimiento militar queda fuera del debate presupuestario inicial.

    Y el horizonte puede ser todavía más exigente. En la cumbre de La Haya de junio de 2025, la OTAN acordó un objetivo general del 5% del PIB para defensa y seguridad en 2035: un 3,5% para gasto militar directo y hasta otro 1,5% para infraestructuras, ciberseguridad y otras actividades relacionadas.

    España rechazó asumir automáticamente ese porcentaje. Pedro Sánchez sostuvo que las capacidades exigidas podrían cumplirse manteniendo el gasto alrededor del 2,1% y afirmó que alcanzar el 5% supondría movilizar unos 350.000 millones adicionales durante una década.

    Pero el proceso iniciado en 2025 tiene vocación de permanencia. Los contratos llegan hasta 2037, crecen las inversiones industriales y miles de empleos empiezan a depender de la producción militar. El rearme crea así intereses económicos que presionarán para mantener el flujo de recursos públicos.

    Por eso, la discusión no consiste únicamente en decidir cuál es la cifra correcta: 23.333,  33.123,  39.476  o  66.078 millones. Cada una mide cosas distintas. Lo verdaderamente importante es la transformación que todas ellas reflejan: la preparación militar y el sostenimiento de la industria armamentística están ocupando un lugar cada vez mayor entre las prioridades económicas del Estado. Y buena parte de la factura de las decisiones tomadas hoy tendrá que pagarse durante muchos años.