¿TRANSICIÓN ENERGÉTICA O DESTRUCCIÓN DEL TERRITORIO? UNA MIRADA CRÍTICA AL MODELO CANARIO

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En un artículo firmado de forma conjunta por  Julio Cuenca y Pedro Hernández, bajo el título "Canarias: Bienvenidos a la realidad ¿se llega muy tarde?", los autores realizan una severa crítica al modelo de implantación de las energías renovables en el Archipiélago.

   A lo largo del texto, Cuenca y Hernándea - miembros de la Plataforma Salvar-Chira Soria-  sostienen que el problema no radica en las energías limpias como tales, sino en la forma en que, según afirman, se ha desarrollado la transición energética en Canarias, subordinando la protección del territorio a intereses económicos de grandes operadores energéticos.

   Según expresan los autores, durante años se ha presentado la transición energética como una cuestión exclusivamente técnica, dejando fuera del debate a la ciudadanía y reduciendo el margen de participación democrática. En su opinión, cualquier cuestionamiento sobre la ubicación o el modelo de implantación de parques eólicos y fotovoltaicos fue interpretado como una oposición al progreso o como una negación de la emergencia climática, cuando, sostienen, la verdadera discusión debía centrarse en la planificación territorial y en la distribución de los beneficios derivados de la producción energética.

  De acuerdo con lo expuesto por los autores, Canarias carece de una estrategia integral para desarrollar la transición energética de forma ordenada. Consideran que, en lugar de existir una planificación adaptada a las características de cada isla, se ha favorecido un proceso de ocupación territorial que ha permitido la instalación de grandes infraestructuras energéticas mediante procedimientos acelerados y con una participación ciudadana insuficiente.

  Uno de los elementos centrales del artículo es la crítica al denominado artículo 6 bis, al que los autores atribuyen un papel decisivo en la flexibilización de los procedimientos administrativos relacionados con estos proyectos. Según afirman, dicha normativa habría facilitado la utilización del territorio como un recurso económico al servicio de intereses privados, debilitando al mismo tiempo los mecanismos de protección del paisaje, de los espacios naturales y de los suelos agrícolas.

  Los autores insisten en que una verdadera transición ecológica no puede sustentarse sobre actuaciones que, en su opinión, ocasionan daños significativos sobre barrancos, ecosistemas, patrimonio cultural, espacios rurales o zonas de elevado valor ambiental. En ese sentido, sostienen que la lucha contra el cambio climático no debería convertirse en una justificación para desarrollar proyectos que puedan provocar nuevas formas de deterioro territorial.

  Uno de los aspectos que reciben mayor atención en el artículo es la referencia a diferentes islas del Archipiélago. Según explican los autores, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera y Lanzarote habrían experimentado distintos grados de presión derivados de la implantación de parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas, líneas eléctricas e infraestructuras asociadas. En su análisis consideran que estos proyectos, en numerosos casos, no habrían respondido a una visión global del territorio insular.

   Especial relevancia concede el artículo al caso de Lanzarote y a la contestación social generada frente a las denominadas Zonas de Aceleración de las Renovables (ZAR). Los autores interpretan esa movilización ciudadana como una muestra de que una parte importante de la sociedad reclama participar activamente en las decisiones que afectan al futuro territorial de la isla. Desde su punto de vista, la paralización de esta iniciativa no representa el final del conflicto, sino el inicio de un proceso de revisión del modelo seguido hasta ahora.

   En otro de los apartados del texto, Julio Cuenca y Pedro Hernández atribuyen responsabilidades políticas e institucionales al conjunto de administraciones que, según sostienen, han impulsado o respaldado este modelo durante los últimos años. Según afirman, distintos gobiernos autonómicos y diversas fuerzas políticas habrían contribuido, en mayor o menor medida, a consolidar un sistema que prioriza la rapidez administrativa y la rentabilidad económica sobre la protección territorial y el interés general.

  Asimismo, los autores consideran que también existe una responsabilidad administrativa derivada de la actuación de determinados órganos técnicos encargados de tramitar autorizaciones y evaluaciones ambientales. A su juicio, estos procedimientos habrían favorecido la implantación de proyectos cuya repercusión territorial merece un análisis mucho más profundo.

   El artículo no limita su contenido a la crítica, sino que plantea una serie de propuestas orientadas a redefinir la política energética del Archipiélago. Según indican los autores, el objetivo debería ser construir una transición energética basada en la soberanía, la participación democrática y la generación distribuida.

  Entre las medidas que consideran prioritarias destacan la derogación del artículo 6 bis, la revisión de aquellos proyectos que puedan afectar gravemente al patrimonio natural y agrícola, la elaboración de planes específicos para cada isla con participación de las instituciones locales y de la ciudadanía, el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas, así como la creación de mecanismos públicos que permitan que una mayor parte de los beneficios económicos permanezcan en Canarias y contribuyan a reducir la pobreza energética y mejorar los servicios públicos.

  La reflexión final del artículo sitúa el debate en un plano eminentemente político. Según expresan sus autores, la cuestión principal no consiste únicamente en valorar el impacto ambiental de un aerogenerador o de una planta fotovoltaica, sino en decidir qué modelo económico y territorial desea desarrollar Canarias. En ese contexto, plantean la necesidad de que el aprovechamiento del viento y del sol contribuya al fortalecimiento de la economía local y a la protección del territorio, evitando que los beneficios generados se concentren fuera del Archipiélago.

   En conjunto, el texto de Julio Cuenca y Pedro Hernández constituye una llamada a replantear las políticas energéticas desarrolladas hasta ahora. Más allá de compartir o no todas sus conclusiones, el artículo introduce cuestiones relacionadas con la planificación territorial, la participación ciudadana, la gestión de los recursos naturales y el equilibrio entre desarrollo energético y conservación ambiental, asuntos que previsiblemente seguirán ocupando un lugar destacado en el debate público sobre el futuro de Canarias.