ENTREVISTA: LA VENEZUELA POST GOLPISTA. LA IZQUIERDA ANTE UN RETO POLÍTICO

 

¿QUIÉN ES FEDERICO FUENTES?

   Federico Fuentes es un periodista, investigador y activista internacionalista, especializado en procesos políticos latinoamericanos, particularmente en Venezuela y el llamado ciclo progresista de comienzos del siglo XXI.

    Durante varios años residió en Caracas en la etapa del gobierno de Hugo Chávez, donde trabajó como corresponsal para el medio australiano Green Left Weekly y como investigador en el Centro Internacional Miranda, un espacio de reflexión vinculado al proceso bolivariano.

   Fuentes ha sido una voz activa en los debates de la izquierda internacional sobre el carácter de la Revolución Bolivariana, el impacto de las sanciones estadounidenses y la evolución política del gobierno de Nicolás Maduro.

   Sus análisis suelen centrarse en la relación entre antiimperialismo, democracia y lucha de clases, y en la necesidad de mantener una perspectiva crítica tanto frente a las intervenciones extranjeras como ante las derivas autoritarias internas.

    La entrevista que aquí reproducimos fue realizada por Ashley Smith, de la revista Tempest, que conversa con Federico Fuentes sobre el golpe trumpista del 3 de Enero, el carácter y naturaleza del gobierno de Maduro y la urgencia de construir una resistencia antiimperialista frente al nuevo imperialismo agresivo de Trump.    

 

 

ENTREVISTA:

 

      Ashley Smith: El golpe de Trump en Venezuela conmocionó al mundo. Es claramente el primer disparo de su nueva Doctrina Monroe, declarando el hemisferio occidental como esfera exclusiva de Washington. Eso pone en la mira a cualquier gobierno que se oponga a Estados Unidos o que simplemente resista sus imposiciones. Pero hay algo que sorprende. Antes del golpe, Maduro estaba ofreciendo todo tipo de concesiones y acuerdos a Estados Unidos. Y aun así Trump decidió secuestrarlo. ¿Por qué?

 

    Federico Fuentes: Las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro se remontan al inicio del segundo mandato de Trump, cuando envió a su emisario especial, Richard Grenell, a reunirse con Maduro en Caracas. Durante un tiempo, al menos, Trump parecía dispuesto a replantear las relaciones con la Venezuela de Maduro.

 

    Esto partía de un reconocimiento claro: los aliados tradicionales de Washington en la oposición de derecha eran demasiado débiles para sacar a Maduro del poder o garantizar un gobierno estable. En cambio, el gobierno de Maduro sí podía satisfacer las necesidades de Trump, especialmente en lo referente a deportaciones y acceso al petróleo.

 

     Y, en efecto, Trump tenía razón en eso. El gobierno de Maduro aceptó vuelos de deportación, liberó a varios ciudadanos estadounidenses detenidos y ofreció públicamente acceso al petróleo venezolano. Lo único que no estaba dispuesto a entregar… era a uno de los suyos.

 

    Trump advirtió varias veces que, si Maduro no dejaba el cargo y abandonaba el país, habría algún tipo de acción militar. Maduro pensó que Trump estaba fanfarroneando. Pero al final lo que vimos fue un asalto militar dramático sobre territorio venezolano.

 

    Ese operativo no solo terminó con el secuestro de Maduro y de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, sino también con la muerte de un número aún no determinado de ciudadanos venezolanos y 32 cubanos. Fue una intervención imperialista que debe ser claramente  denunciada.

 

   La razón de fondo es que Trump comprendió que era inviable lanzar su nuevo “corolario Trump” a la Doctrina Monroe —que, según su Estrategia de Seguridad Nacional, busca “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”— mientras permitía que Maduro siguiera en el poder y negociando.

 

   Así que vimos una operación que removió a Maduro pero dejó intacto su gobierno. El asalto militar fue el acto inaugural oficial de la aplicación de ese “corolario Trump”.

 

   Ahora, con ese objetivo cumplido, el gobierno estadounidense está tratando con el nuevo gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez desde una posición completamente distinta: una en la que todas las cartas las tiene Trump.

 

    Su plan es usar esa ventaja para humillar al gobierno venezolano y convertir al país, en la práctica, en un protectorado del siglo XXI.

 

    Ashley Smith: El golpe de Trump no fue exactamente un cambio de régimen. Dejó intacto el aparato del Estado, pero sin Maduro ni su esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no instalar directamente a Machado y a la oposición de derecha?

 

    Federico Fuentes: Por dos razones fundamentales. La primera es que Washington entendía que Machado y la oposición de derechas no estaban en condiciones de gobernar el país de manera estable. Principalmente porque no tienen influencia real dentro de las Fuerzas Armadas ni en los cuerpos de seguridad.

 

   Además, aunque el apoyo al gobierno es minoritario, sigue representando a un sector importante de la sociedad que se habría movilizado contra la imposición de un gobierno de ese tipo. El escenario más probable habría sido una explosión de protestas callejeras e incluso el riesgo de guerra civil.

 

   La segunda razón es que el gobierno de Trump evaluó que cualquier nuevo gobierno sin Maduro mantendría la misma línea de buscar un entendimiento con Estados Unidos. El gobierno ya estaba muy debilitado tras las elecciones presidenciales de 2024, donde se negó a publicar resultados verificables, lo que dejó fuertes indicios de fraude.

 

    Un nuevo gobierno sería, por tanto, altamente dependiente de Washington para sostenerse en el poder. Dado que el madurismo controla el aparato militar y que fue el propio gobierno de Maduro el que terminó desmantelando el proceso radical iniciado por Chávez —lo que se conoció como la Revolución Bolivariana—, los funcionarios de Trump concluyeron que un “madurismo sin Maduro” era la fórmula más estable para asegurar sus intereses.

 

    Hay dos puntos más que vale la pena mencionar. Primero, durante mucho tiempo yo pensé que las distintas administraciones estadounidenses preferían sustituir a los gobiernos de Chávez y luego de Maduro por una autoridad de  transición no democrática. En parte porque la oposición no lograba ganar elecciones, pero sobre todo porque una autoridad no electa estaría en mejores condiciones de revertir completamente las conquistas que aún quedaban de la Revolución Bolivariana.

 

    Un gobierno sin mandato popular no tendría que preocuparse por la opinión pública y podría aplicar rápidamente el programa que Estados Unidos busca imponer, incluida la represión necesaria. Para cuando llegaran elecciones, las decisiones centrales ya estarían tomadas.

 

   Lo que yo no preví es que esa autoridad de transición podría estar encabezada por figuras que conservaran la retórica bolivariana —aunque hubieran vaciado de contenido el proceso— y no necesariamente por la oposición. Irónicamente, el gobierno de Rodríguez tiene incluso una ventaja frente a uno encabezado por Machado: un gobierno de Machado probablemente estaría sometido a mayor presión popular, dado el alto número de votos que aparentemente obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, según las actas recopiladas por la oposición.

 

    El segundo punto es que debemos mirar el contenido y no solo la forma. Algunos, tanto en la derecha como en la izquierda, dicen que como el gobierno sigue siendo prácticamente el mismo, nada ha cambiado en lo fundamental. Pero eso es no entender algo clave: la correlación de fuerzas sobre la que se sostiene ese gobierno ha cambiado radicalmente.

 

     Cuando Chávez fue elegido en 1998, llegó con un programa progresista, pero al principio le costó mucho aplicar reformas profundas. La vieja clase capitalista —encabezada por Fedecámaras— mantenía un peso decisivo, especialmente a través de su influencia sobre las Fuerzas Armadas y la empresa petrolera estatal PDVSA. Esos mismos sectores intentaron derrocarlo en 2002-2003.

 

    Pero la derrota del golpe militar de abril de 2002 y del paro petrolero de diciembre de 2002-enero de 2003, gracias a la movilización masiva de los sectores populares, la clase trabajadora (sobre todo petrolera) y sectores patrióticos del ejército, alteró profundamente la correlación de fuerzas.En apariencia, el gobierno era el mismo antes y después. Pero en contenido, era completamente distinto.

 

    Hoy ocurre algo similar, pero en sentido inverso. La correlación de fuerzas no ha girado hacia la clase trabajadora ni hacia los sectores populares, que ya habían sido desplazados y reprimidos por el gobierno de Maduro. Lo que ha cambiado es que el gobierno perdió incluso la base que había construido entre la cúpula militar, las fuerzas de seguridad y la nueva clase capitalista que se benefició del acceso a fondos estatales.

 

   Hoy, el principal sostén del gobierno es Estados Unidos. Las elecciones de 2024 ya habían dejado en evidencia su debilidad. Pero el asalto militar del 3 de enero terminó de retirar el suelo bajo sus pies. El resultado es una autoridad transitoria sin mandato popular, cuya permanencia en el poder depende, en última instancia, de Washington. Y eso es una situación extremadamente peligrosa para el pueblo venezolano y para su soberanía.

 

   Ashley Smith: Muchos han señalado la evidente colaboración entre el gobierno de Rodríguez y Estados Unidos después del golpe. Algunos sostienen que hubo un acuerdo: que entregó a Maduro y ofreció concesiones petroleras para preservar el régimen. ¿Es así? ¿Cómo encaja eso con su discurso antiimperialista? ¿Qué intentará hacer ahora?

 

    Federico Fuentes: No se puede descartar que haya habido algún tipo de acuerdo, pero hasta ahora no hay pruebas concluyentes. De hecho, hay dos argumentos fuertes en contra de esa hipótesis.

 

       Primero, es más probable que dentro del gobierno pensaran que Trump estaba exagerando y que no llegaría tan lejos, o que finalmente aceptaría un acuerdo que dejara a Maduro en el poder. Eso explicaría por qué las Fuerzas Armadas venezolanas estaban tan poco preparadas para el asalto del 3 de enero, pese a que hubo advertencias durante meses.

 

     Segundo —y esto es clave—, uno de los pilares del poder de Maduro (y ahora de Delcy Rodríguez) ha sido mantener cohesionadas las distintas facciones internas del oficialismo. Entregar a un líder habría generado una enorme desconfianza entre todos los sectores, preguntándose quién sería el siguiente. Eso podría haber fracturado la unidad que hasta ahora les resultaba vital. Ahora bien, haya habido pacto o no, en términos políticos y discursivos no cambia demasiado.

 

    El gobierno de Maduro ya venía bajando el tono de su retórica antiimperialista, sobre todo desde la reelección de Trump. Utilizaba ese discurso en foros internacionales con sectores de izquierda o en actos con su base militante, donde esa narrativa sirve de pegamento ideológico. Pero mientras Estados Unidos incrementaba su despliegue militar en el Caribe, Maduro evitaba confrontar directamente a Trump.

 

    Primero dijo que los vídeos de barcos bombardeados eran producto de inteligencia artificial. Después culpó al secretario de Estado, Marco Rubio, de estar malinformando a Trump. Luego le envió una carta privada elogiando sus “esfuerzos por terminar con guerras heredadas en otras regiones” y expresando su esperanza de “superar los malentendidos que han ensuciado nuestra relación”.

 

    Y apenas días antes de ser secuestrado, volvió a ofrecer públicamente a los Estados Unidos acceso al petróleo venezolano.

 

    Rodríguez ha seguido exactamente esa línea. Menos de dos semanas después del secuestro de Maduro, se reunió con el director de la CIA y habló en redes sociales de una “larga y cordial” conversación telefónica con Trump sobre una “agenda bilateral de trabajo en beneficio de nuestros pueblos”. Ha tratado de justificar el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas como una vía para "conseguir la liberación de Maduro y Flores".

 

    Pero aquí el problema no es tanto lo que Rodríguez quiera hacer, sino lo que le permitan hacer. Ahora es Washington quien dicta las reglas. Tomemos el caso del petróleo. Trump confiscó grandes reservas de crudo venezolano, las vendió a través de intermediarios extranjeros, depositó los ingresos en bancos de Qatar y le indicó al gobierno venezolano cómo debía utilizar su parte: entregándola a bancos privados para que la vendieran como divisas.

 

  En otras palabras, una combinación de saqueo y tutela financiera. El gobierno de Rodríguez ha intentado presentar esto como una especie de victoria, en lugar de denunciarlo como lo que es: pura piratería internacional y una violación extrema de la soberanía.

 

     Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional votó una reforma parcial de la ley de hidrocarburos que había sido impulsada por Chávez, que legaliza los planes de Trump para el sector, incluyendo la cesión del control de extracción, producción y venta de petróleo a empresas extranjeras.

 

    En última instancia, Rodríguez tiene poco margen. Aunque también puede argumentarse que tanto ella como Maduro estaban predispuestos a avanzar en esa dirección… solo que no bajo condiciones de presión tan extrema.

 

 

   Ashley Smith: ¿Cómo han reaccionado las distintas clases sociales y fuerzas políticas, tanto dentro del país como en la diáspora?

 

Federico Fuentes: La reacción más general ha sido de shock, duelo e incertidumbre. Dirigentes de derecha como Machado apoyaron abiertamente el asalto militar y el secuestro. En algunos sectores de la diáspora hubo pequeñas manifestaciones celebrando la intervención del 3 de enero.

 

     Pero hay que ponerlo en perspectiva: millones de venezolanos han emigrado forzados por la crisis, mientras que esas concentraciones fueron pequeñas. Esas movilizaciones reflejan principalmente a los sectores más derechizados de la diáspora, que no viven el impacto directo de los bombardeos ni la realidad cotidiana del país. Muchos habían depositado todas sus esperanzas en una intervención estadounidense que les permitiera regresar.

 

    Pero el entusiasmo duró poco, sobre todo cuando vieron que el mismo aparato de gobierno seguía en pie y que Trump marginaba a Machado. Dentro del país, el gobierno se aseguró de impedir movilizaciones similares. Algunos políticos moderados de derecha condenaron el ataque. Pero tampoco hubo estallidos espontáneos masivos en rechazo al asalto.

 

    El gobierno tardó varios días en recuperarse del golpe inicial y organizar manifestaciones. Las concentraciones que logró convocar fueron relativamente pequeñas, limitadas sobre todo a su base partidaria. ¿Por qué?

 

   Pues porque desde hace años la mayoría de los venezolanos se ha distanciado de toda la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición. Muchos votaron por la oposición en 2024 no por entusiasmo, sino para sacar al gobierno. No necesariamente apoyaban su programa. Y aquí hay algo importante: esto demuestra el error de cierta izquierda que sostiene que debemos apoyar políticamente a cualquier gobierno que esté en conflicto con el imperialismo.

 

    Claro que debemos oponernos a las intervenciones imperialistas. Pero no podemos cerrar los ojos ante las políticas de esos gobiernos cuando esas políticas debilitan el propio sentimiento antiimperialista dentro de su país. La escasa respuesta popular al asalto del 3 de enero es consecuencia directa de las políticas antiobreras y antidemocráticas del gobierno de Maduro, que alienaron precisamente a la base social necesaria para resistir una intervención extranjera.

 

   Hoy muchos venezolanos sienten que la situación no podía seguir igual. Eso explica tanto la falta de movilización como una especie de esperanza ansiosa de que, quizá, algo cambie… aunque la intervención imperialista solo pueda empeorar las cosas.

 

    Ashley Smith: La falta de respuesta popular contrasta mucho con el intento de golpe contra Chávez en 2002. En aquel momento el pueblo salió masivamente a la calle y lo restituyó en el poder. ¿Por qué ahora fue diferente?

 

     Federico Fuentes: La diferencia refleja cómo la clase trabajadora y los sectores populares veían al gobierno de Chávez en 2002 frente a cómo perciben ahora en 2026 al gobierno de Maduro .

    Cuando Chávez fue derrocado temporalmente, había una sensación real de que estaban arrebatando “su” gobierno y “sus” derechos. Eso desató movilizaciones organizadas y espontáneas a gran escala.  En cambio, en 2026, la mayoría considera —con razón o sin ella— que el gobierno de Maduro es parte central del problema.

 

    Eso no significa que apoyaran el ataque militar. Muchos sintieron una profunda oposición o una gran desmoralización frente a esa agresión imperialista. Pero no se movilizaron. Prefirieron quedarse al margen, como han hecho durante gran parte de la última década, esperando ver qué ocurre y con la esperanza de que algo positivo pueda salir de esta tragedia.

 

 

    Ashley Smith: Es evidente que el sistema político ya no es el mismo que en tiempos de Chávez, cuando parecía ofrecer esperanza no solo a Venezuela sino a América Latina y a buena parte de la izquierda internacional. ¿Qué cambió y por qué? ¿Cuánto influyó la caída de los precios del petróleo? ¿Cuánto las sanciones? ¿Cuánto las propias decisiones del gobierno?

 

   Federico Fuentes: Es resultado de todo eso. Y añadiría un cuarto factor: las acciones antidemocráticas y violentas de la oposición de derecha —sobre todo figuras como Machado— que también contribuyeron a la crisis política y a la profunda despolitización del país.

 

   Determinar el peso exacto de cada factor es parte del debate dentro de la izquierda venezolana e internacional. Pero cualquier análisis que ignore alguno de estos elementos lleva a conclusiones erróneas.

 

    Lo más importante es entender que lo que cambió fue el carácter del gobierno. En algún momento entre 2015 y 2017 quedó claro que el sector social al que respondía el gobierno estaba cambiando. Una combinación de circunstancias y decisiones llevó al gobierno de Maduro a romper con la mayoría trabajadora y popular que había sostenido al chavismo y constituido la columna vertebral de la Revolución Bolivariana.

 

    En su lugar, consolidó una nueva base entre la cúpula militar, las fuerzas de seguridad y una nueva clase capitalista surgida al amparo del Estado. Se inició así un proceso de contrarrevolución.

 

   Por eso sostengo que, aunque las sanciones no lograron un cambio de régimen en términos de reemplazar a quienes ocupaban el poder, sí tuvieron éxito en modificar la base social y el proyecto político del régimen existente.

 

    Ashley Smith: ¿Cómo definirías el régimen de Maduro antes de su secuestro? ¿Qué intereses de clase representaba? ¿Hasta qué punto se había vuelto represivo y dictatorial?

 

    Federico Fuentes:  A diferencia del gobierno de Chávez, el de Maduro fue claramente procapitalista. Representó tanto a la nueva clase capitalista que se enriqueció gracias a sus vínculos con el Estado bolivariano —la llamada “burguesía bolivariana”, que el propio Chávez había denunciado— como a la vieja clase capitalista tradicional.

 

   El gobierno logró incluso ganarse el respaldo de Fedecámaras. Después de las elecciones de 2024, el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas afirmó que el gobierno, no la oposición, garantizaba mejor la estabilidad económica. Además, fue un gobierno abiertamente antiobrero.

 

    Algunos sectores de izquierda intentan justificar sus políticas alegando que estaban forzadas por las sanciones. Pero eso ignora que las políticas gubernamentales ya habían producido una enorme redistribución regresiva de la riqueza incluso antes de las sanciones.  Y aun bajo sanciones, el gobierno tenía opciones. Desde 2018 decidió deliberadamente trasladar el peso de la crisis sobre la clase trabajadora.

 

   La izquierda pro-Maduro suele argumentar que el gobierno no privatizó servicios públicos, que mantuvo subsidios y promovió comunas, y que por tanto seguía siendo progresista.

 

     Pero eso ignora las privatizaciones —totales o parciales— que sí se produjeron en varios sectores, especialmente en agricultura y, de forma encubierta, incluso en el estratégico sector petrolero mediante la llamada Ley Antibloqueo.

 

    También se crearon empresas estatales, especialmente en el sector minero. Pero en muchos casos funcionaron como mecanismos para integrar a la cúpula militar en circuitos de acumulación de capital, generando además destrucción ambiental y despojo de tierras indígenas, no redistribución de riqueza.

 

    La historia está llena de empresas estatales que benefician a capitalistas —PDVSA durante el período neoliberal es un ejemplo claro de ello. En cuanto a subsidios como los de alimentos, transporte o combustible, incluso gobiernos reaccionarios como los de Egipto o Indonesia los mantienen.  Con frecuencia funcionan como mecanismos clientelares para mantener cierto apoyo social, como ocurre con las cajas de alimentos distribuidas por estructuras del partido gobernante. En otros casos, simplemente son demasiado costosos políticamente de eliminar.

 

    En conjunto, el impacto de estos subsidios quedó ampliamente superado por la política deliberada de pulverización salarial aplicada para enfrentar la hiperinflación. 

 

Respecto a las comunas, los propios datos oficiales muestran un declive pronunciado. El número de Consejos comunales que reeligieron autoridades cayó drásticamente en los últimos años. Y de las casi 4.000 comunas registradas en más de una década, menos del 20% mantiene al menos una instancia operativa real.  En gran medida, esto se debe a los intentos del gobierno de subordinarlas al control del aparato partidario.

 

   En resumen, muchas de las políticas que la izquierda oficialista presenta como logros progresistas son herencias del período de Chávez que fueron vaciadas de contenido, convertidas en canales de corrupción o neutralizadas por el desplome salarial.

 

   Y lo que ayer era considerado intocable hoy ya no lo es, como demuestra la reforma petrolera. Pero este giro económico fue acompañado necesariamente por un aumento de la represión. Fuera de Venezuela se habla sobre todo de la represión contra la oposición de derecha. Pero la izquierda y el movimiento obrero la han sufrido incluso más.  Hay cientos de sindicalistas presos por protestar. No se permite registrar nuevos sindicatos. Las huelgas son ilegales. La negociación colectiva está prácticamente prohibida.

 

    Todos los partidos de izquierda han sido despojados de su registro electoral o impedidos de inscribirse. La última elección presidencial fue la primera desde 1958 en la que la izquierda no pudo presentar candidato propio.  A esto se suma que el pueblo venezolano fue privado de su derecho a que sus votos fueran contados y verificados en 2024, uno de los derechos democráticos más básicos.

 

   Y hay otro elemento clave: la utilización de fuerzas de seguridad para aterrorizar barrios obreros y populares. A través de la llamada “Operación Liberación del Pueblo” y la creación del cuerpo élite FAES, se produjo un aumento dramático de muertes a manos de la policía.

 

   Entre 2016 y 2018 hubo entre 5.000 y 5.500 muertes anuales, lo que convirtió a las fuerzas de seguridad venezolanas en las más letales de la región en términos per cápita. Aunque no fuera una operación estrictamente política, tuvo el efecto de disciplinar y aterrorizar a comunidades que comenzaban a distanciarse del gobierno.  Con este panorama, no sorprende que incluso bastiones tradicionales del chavismo no salieran a defender a Maduro tras su secuestro.

 

    Ashley Smith: Está claro que Trump no se detendrá con Venezuela. ¿Qué intentará hacer en Colombia, Cuba o incluso Groenlandia? ¿Cómo responderán esos países? ¿Qué harán China y Rusia, que tienen grandes inversiones en el hemisferio? ¿Estamos entrando en una nueva etapa de rivalidades interimperialistas?

 

   Federico Fuentes: Es una pregunta enorme, pero intentemos resumirlo. Por un lado, el mensaje para los países más pequeños es claro: si se salen de la línea marcada por Washington, pueden ser los siguientes. Por eso, lo más probable es que gobiernos como los de Colombia o México intenten negociar las mejores condiciones posibles con Estados Unidos para evitar un escenario peor.

 

   La probabilidad de intervenciones imperialistas estadounidenses contra países pequeños ha aumentado considerablemente. Por otro lado, el mensaje para grandes potencias como China y Rusia es igualmente claro: así es como funcionará el mundo a partir de ahora.

 

   Eso puede empujarlas a actuar con la misma lógica en sus propias áreas de influencia. Rusia ya lo ha hecho en Ucrania. China podría sentirse incentivada a hacer algo similar respecto a Taiwán.

 

    En ese sentido, sí, el riesgo de una intensificación de rivalidades interimperialistas es real, incluso en un mundo donde las economías están profundamente interconectadas.

 

    Ashley Smith: Quisiera concluir con los posicionamientos de la izquierda internacional. Una parte significativa ha defendido a Maduro como antiimperialista e incluso socialista, pese a su carácter represivo y antiobrero. Pero esa postura puede alejar tanto a trabajadores de otros países como a venezolanos que han sido víctimas del régimen de Maduro. Entonces, ¿qué posición debería adoptar la izquierda internacional? ¿Cuál debería ser la consigna central del movimiento contra la guerra?

 

    Federico Fuentes: Aquí hay dos peligros. El primero es perder de vista el cuadro general y concluir que, como Maduro era un mal gobierno y muchos venezolanos no lo defendieron, debemos adoptar una postura neutral frente a su secuestro. Ese  sería un craso error.

 

    Los antiimperialistas deben reconocer que las acciones de Trump han hecho el mundo más peligroso y representan una amenaza grave contra los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia y la soberanía.

 

    Además, no han restaurado ningún derecho democrático en Venezuela. Trump ya ha dicho que las elecciones quedarán pospuestas hasta una “tercera fase” de su proyecto de recolonización, en algún momento indefinido del futuro. Por tanto, debemos condenar el asalto militar del 3 de enero y exigir la liberación inmediata de Maduro y Flores. Si cometieron delitos —por ejemplo, fraude electoral— debe ser el pueblo venezolano quien los juzgue.

 

    Pero un movimiento que se limite a exigir su liberación difícilmente logrará construir la amplia movilización necesaria para frenar a Trump. Muy pocos trabajadores, dentro o fuera de Venezuela, consideran que simplemente volver al statu quo sea un gran avance.

 

     Por eso hay otros ejes fundamentales. Es evidente que Venezuela está perdiendo rápidamente soberanía sobre sus recursos naturales. Debemos denunciar esa violación de soberanía y el saqueo abierto de sus riquezas. También debemos hacer campaña contra las sanciones y el bloqueo naval estadounidense, que están siendo utilizados para forzar al gobierno de Rodríguez a una sumisión total.

 

     Y debemos exigir el fin del despliegue militar estadounidense en el Caribe, que no solo presiona a Venezuela sino tambien a otros gobiernos de la región. La izquierda, en su conjunto, debería poder unirse en torno a estas demandas, independientemente de su posición respecto al gobierno de Maduro o de Rodríguez.

 

    Pero es fundamental separar la defensa de la soberanía nacional de cualquier apoyo político al gobierno de Rodríguez. No hacerlo sería el segundo gran error. Cuando hablamos de derechos democráticos básicos en Venezuela, no podemos ser neutrales ni minimizar el retroceso que han sufrido. No podemos fingir que todo es únicamente culpa de Estados Unidos. Eso no es cierto, y los trabajadores en nuestros propios países no lo creerán.

 

   Además, como expliqué antes, las políticas antiobreras y antidemocráticas del gobierno debilitaron el propio sentimiento antiimperialista dentro de Venezuela. Defender esos derechos no solo ayuda a construir un movimiento más amplio en nuestros países; también crea espacio para que surja una movilización antiimperialista genuina desde la clase trabajadora venezolana. Por último, la solidaridad real implica vincularnos con trabajadores venezolanos y con la izquierda venezolana, coordinando luchas comunes.

 

    Con demasiada frecuencia el debate se reduce al gobierno y a la oposición de derecha. Quedan fuera las voces de la izquierda independiente y de la mayoría de la población que no se identifica ni con Maduro/Rodríguez ni con Machado.

 

  En lugar de negar su existencia o descalificarlas, deberíamos amplificar esas voces, para que los trabajadores en otros países conozcan sus luchas y puedan actuar en solidaridad. Si realmente creemos que solo los venezolanos deben decidir su destino, entonces debemos apoyar sus luchas por los derechos que hacen posible esa decisión: el derecho a elegir su propio gobierno, sin interferencia extranjera y sin fraude.