DE VENEGUERA A ARGUINEGUÍN: BATALLA POR EL AGUA, EL TERRITORIO Y LA MEMORIA EN GRAN CANARIA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En un artículo publicado bajo el título “Canarias Veneguera y Arguineguín: La lucha continúa. El Oeste de Gran Canaria no se rinde”, Julio Cuenca Sanabria, presidente de la Plataforma Salvar Chira-Soria Barranco de Arguineguín, y Pedro Hernández Camacho, portavoz de la misma plataforma, plantean una dura crítica a la política territorial desarrollada en Gran Canaria y sitúan los barrancos de Veneguera y Arguineguín en el centro de un conflicto que, según sostienen, va mucho más allá de dos actuaciones concretas. Para ambos autores, turismo y transición energética aparecen como expresiones diferentes de un mismo modelo de utilización del territorio, en el que los intereses económicos pueden terminar imponiéndose sobre la conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico.

VENEGUERA: UNA CONQUISTA CIUDADANA QUE VUELVE A ESTAR EN DISPUTA

   Una parte central de la crítica de Cuenca y Hernández se dirige hacia la gestión realizada durante la presidencia de Antonio Morales al frente del Cabildo de Gran Canaria y hacia las responsabilidades que atribuyen también al Consejo Insular de Aguas. Según los autores, durante este periodo se habrían permitido importantes transformaciones en espacios de extraordinario valor ambiental, paisajístico, arqueológico y cultural. Una responsabilidad política que extienden igualmente a quienes hayan respaldado estas decisiones o hayan evitado cuestionarlas.

  Especial importancia adquiere en su argumentación la situación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Veneguera. Cuenca y Hernández consideran grave que, después de más de una década de gobierno insular encabezado por Morales, este instrumento continúe sin aprobarse. No se trata de un simple trámite administrativo: el PRUG debe establecer las normas concretas para gestionar un espacio protegido, determinar las actividades permitidas y fijar los límites necesarios para garantizar su conservación.

  De ahí uno de los interrogantes centrales planteados por los autores: ¿ha podido favorecer la ausencia de este instrumento que determinadas actuaciones se desarrollasen sin estar sometidas a una regulación específica más exigente? Cuenca y Hernández consideran que esta cuestión debería ser públicamente esclarecida.

   Pero Veneguera significa mucho más que un barranco. Su defensa pertenece a la historia de las grandes movilizaciones ciudadanas desarrolladas en Canarias contra la urbanización y transformación de determinados espacios naturales. Los autores recuerdan luchas como las del Malpaís de la Corona y Papagayo, en Lanzarote; las Dunas de Corralejo y la isla de Lobos, en Fuerteventura; o El Rincón, en Tenerife.

  En ese contexto adquiere todo su significado la histórica consigna “Veneguera no se toca”. Según Cuenca y Hernández, no expresaba solamente el rechazo circunstancial a un proyecto urbanístico, sino un mandato ciudadano destinado a preservar el territorio para el futuro. Y plantean una pregunta inevitable: si otros espacios protegidos gracias a grandes movilizaciones populares continúan siendo considerados conquistas que deben respetarse, ¿por qué Veneguera habría de convertirse en una excepción?

QUÉ SE HIZO, QUIÉN LO AUTORIZÓ Y QUÉ ACUERDOS PUDIERON EXISTIR

  Cuenca y Hernández reclaman también explicaciones sobre las reuniones celebradas al comienzo de la legislatura 2015-2019 y sobre los posibles compromisos alcanzados con Lopesan respecto al futuro de Veneguera. Si existieron acuerdos capaces de condicionar posteriormente las decisiones adoptadas sobre este espacio, argumentan, la ciudadanía tiene derecho a conocerlos.

  Los autores recuerdan asimismo las denuncias realizadas durante años sobre movimientos de tierra, modificaciones del cauce, alteraciones del paisaje, posibles afecciones al patrimonio arqueológico y limitaciones al acceso ciudadano. Ante la naturaleza de estas acusaciones, reclaman una investigación pública e independiente que establezca exactamente qué actuaciones se han desarrollado y determine si se aplicaron correctamente las legislaciones ambiental, patrimonial y de costas.

  Para Cuenca y Hernández, Veneguera representa mucho más que una determinada extensión de terreno. Se convirtió en símbolo de una resistencia ciudadana capaz de impedir un gigantesco proceso urbanizador. Sin embargo, advierten de que las amenazas territoriales no tienen necesariamente que regresar bajo las mismas formas. Pueden cambiar los proyectos y las justificaciones mientras permanece una misma lógica de ocupación y transformación del suelo, los cauces, el agua y el paisaje.

  Es precisamente aquí donde establecen la relación con Arguineguín. Los dos barrancos serían, en palabras de los autores, “las dos caras de una misma moneda”. No porque las intervenciones sean idénticas, sino porque obligan a formular una cuestión fundamental: quién decide sobre el territorio de Gran Canaria y atendiendo a qué intereses.