23F: OPERACIÓN DE RELEVO EN LA CRISIS DE HEGEMONÍA MONÁRQUICA

  Por JOSÉ MANUEL RIVERO (*) PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    En el 45.º aniversario del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno español ha procedido a la desclasificación de una colección acotada de documentos, aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero de 2026 y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado.

    Ciento cincuenta y tres unidades documentales, procedentes de los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, pretenden presentarse como un ejercicio de transparencia histórica. Un análisis riguroso, sin embargo, revela su naturaleza efectiva: una operación calculada para rearticular la legitimidad de una monarquía en crisis terminal, en el momento preciso en que los escándalos de corrupción patrimonial y las redes clientelares de Juan Carlos de Borbón amenazan con socavar no solo la Corona española, sino la viabilidad misma del modelo monárquico como forma política en el capitalismo europeo avanzado.

    Este esfuerzo de rehabilitación adquiere su sentido más profundo al situarse en un contexto continental devastador para las monarquías europeas: la reciente desclasificación de más de tres millones de páginas de los archivos de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 30 de enero de 2026, ha revelado la trama de relaciones entre el financiero pederasta y las principales casas reales del continente, dejando a la institución monárquica herida de muerte en su credibilidad .

    La operación posee una lógica interna impecable en su factura, aunque políticamente transparente en sus fines. Los documentos liberados, accesibles en el portal de La Moncloa, refuerzan la narrativa oficial de un rey resueltamente constitucionalista que desactivó la intentona con órdenes tajantes, interponiéndose entre la democracia formal y los conspiradores.

    Ahora bien, lo que los propios archivos revelan —entre líneas y a pesar de su selección tendenciosa— resulta más elocuente que lo explícitamente exhibido. Las comunicaciones desde La Zarzuela con Alfonso Armada, alguna descrita en un documento del CESID como «muy tensa», y las cinco conversaciones con Jaime Milans del Bosch acreditan una densidad de contactos palaciegos que el relato oficial ha minimizado durante décadas, reduciéndolos a la función de un árbitro imparcial. Los sublevados, según estos mismos papeles, «tenían algún contacto en Zarzuela» y estaban dispuestos a personarse en ella. Esta información no constituye un detalle menor; representa una fisura estructural en el relato fundacional de la Transición, evidenciando las contradicciones internas del bloque histórico que emergió del franquismo.

     Aún más revelador resulta el contenido de un informe interno del CESID fechado el 5 de febrero de 1982, apenas semanas antes del inicio del juicio contra los golpistas el 19 de febrero de ese año. Este documento, ahora desclasificado, otorga verosimilitud a informaciones procedentes de círculos militares según las cuales Juan Carlos I se entrevistó confidencialmente con Milans del Bosch para garantizar que la Corona no resultara lesionada en el proceso. De manera similar, se menciona que «alguien muy importante de la Casa Real» se reunió con Armada para matizar comportamientos relativos a la vista oral, aunque Milans del Bosch exigió explícitamente una entrevista directa con el monarca, rechazando intermediarios.

     El objetivo explícito de estos contactos era proteger la institución monárquica de cualquier implicación perjudicial, lo que subraya no solo la proximidad entre la Corona y los implicados, sino también un esfuerzo deliberado por influir en el desarrollo jurisdiccional del caso, esto es, por intervenir desde la superestructura política en la administración de justicia.

   Meses después del golpe, en diciembre de 1981, Juan Carlos I convocó al Gobierno y a la cúpula militar para transmitirles, a través de su secretario general Sabino Fernández Campo, una advertencia que los documentos ahora desclasificados recogen sin ambages: las Fuerzas Armadas —aquellas que habían sido «vencedoras en una triste guerra civil»— merecían «consideración y protección» de los poderes públicos frente al «revanchismo» de la prensa y la opinión pública. El rey se lamentaba de que los medios de comunicación, «en la mayoría de los casos inadvertidamente», servían de «eco a esos propósitos desestabilizadores y de elemento de irritación» para el Ejército. En otros términos: el monarca que supuestamente había salvado la democracia reclamaba, pocas semanas después, amparo institucional para el ejército del franquismo frente a la libertad de expresión democrática. No se trata de un lapsus; es la sutura que articula la dictadura con la Transición, y la Transición con el presente. Es la continuidad del bloque de poder que el relato oficial ha mistificado durante cuatro décadas bajo las categorías impostadas de ruptura y modernización.

       Esta desclasificación, amparada todavía en una ley de secretos oficiales heredada del franquismo —la Ley 9/1968, promulgada bajo la dictadura y que hasta hoy regula qué puede conocerse y qué debe permanecer sustraído al escrutinio público—, no libera la historia: la administra. No se trata de verdad, sino de dirección político-cultural. El mecanismo habilitado para solicitar la apertura de más archivos constituye una ficción burocrática que confirma la naturaleza del gesto: una apertura tutelada, quirúrgicamente dosificada para producir el efecto deseado sin comprometer lo que aún conviene ocultar. Agravando esta selectividad, los documentos desclasificados confirman indicios de destrucción y encubrimiento sistemático de materiales relacionados con el 23F, particularmente aquellos concernientes al CESID (predecesor del CNI). Seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CESID participaron activamente en la intentona y activaron una «Operación Míster» interna para borrar huellas, lo que incluyó la eliminación de pruebas documentales. La ausencia de grabaciones de audio en los archivos liberados —solo transcripciones parciales— y las referencias a informes judiciales remitidos pero no preservados integralmente apuntan a una cultura de destrucción de archivos públicos que ha privatizado y sustraído informaciones clave, perpetuando la opacidad sobre la implicación en la trama golpista de servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, de otros actores militares, civiles, políticos e institucionales.

   Que el Gobierno del PSOE, heredero político de quienes gestionaron aquella Transición, sea el promotor de esta operación no encierra paradoja alguna; es perfectamente coherente con la función histórica que esa fuerza política ha desempeñado como gestor del orden constitucional surgido del franquismo y garante de los intereses fundamentales del bloque dominante, así como de la  subordinación del Estado español a los EEUU y a la OTAN.

    La cuestión fundamental que estos 153 documentos eluden es, precisamente, la más pertinente: lo que permanece todavía clasificado constituye el verdadero núcleo de la historia. Los archivos que siguen bajo custodia reservada, invocando una «seguridad nacional» que en España ha operado históricamente como coartada para la defensa del régimen de acumulación capitalista y de las instituciones que garantizan la dominación de clase —pero también, y de manera específica, para el encubrimiento del terrorismo de Estado ejercido desde los aparatos policiales y militares, así como para la protección de los verdaderos arquitectos y financiadores de las tramas golpistas que han jalonado nuestra historia reciente—, contienen precisamente aquello que desmontaría por completo el relato oficial. La propia selectividad de la apertura constituye su condena: quien desclasifica parcialmente reconoce que existe un plus de información sustraída. Quien libera lo que exonera y retiene lo que compromete no practica transparencia, sino propaganda documental, dirección ideológica.

   El contexto lo explica todo. La monarquía española atraviesa la crisis de legitimidad más profunda de su historia reciente. Las fortunas ilícitas de Juan Carlos I, edificadas mediante comisiones opacas en contratos internacionales multimillonarios, y sus relaciones privadas análogas con redes de poder que los archivos Epstein han comenzado a documentar de forma paralela en otras casas reales, han convertido a la institución en un escándalo que trasciende las fronteras.

    En el Reino Unido, el príncipe Andrés ha sido despojado de sus títulos y apartado de la vida pública tras revelarse nuevos y más comprometedores detalles de su relación con Epstein, incluyendo correos electrónicos en los que manifestaba «desear seguir siendo una mascota en tu familia», además de ser detenido policialmente. En Noruega, la princesa Mette-Marit ha tenido que disculparse públicamente después de que los archivos mostraran cientos de intercambios con el pederasta posteriores a su condena, en los que utilizaba su residencia de Palm Beach y mantenía una correspondencia personal intimista. La princesa Sofia de Suecia aparece también en los documentos, con fotografías enviadas a Epstein a través de intermediarios . La Casa Real Saudí, a través de uno de sus asesores, queda igualmente retratada en conversaciones de explícita crudeza .

   La Corona española no constituye, por tanto, un caso aislado en el contexto europeo: diversas monarquías del continente ven cómo su credibilidad se erosiona en un ciclo de opacidad, privilegio y ausencia de rendición de cuentas que el ciudadano del siglo XXI soporta con creciente impaciencia. Sin embargo, a diferencia de las monarquías noruega, sueca o británica —que han visto cómo sus instituciones se resquebrajaban bajo el peso de las revelaciones—, la española intenta ahora un movimiento preventivo: rehabilitar al Juan Carlos de 1981, convertirlo retrospectivamente en el guardián de la democracia, constituye el último recurso simbólico para contrarrestar al Juan Carlos del exilio dorado en Abu Dhabi, justo cuando el espectro de Epstein recorre Europa derribando tronos. Esta operación de relevo simbólico, sin embargo, está condenada al fracaso por las propias contradicciones que pretende ocultar y por la naturaleza estructural de la crisis de legitimidad que atraviesa la institución monárquica a escala continental.

   El destino, con su habitual sentido de la ironía histórica, ha querido añadir al cuadro un último trazo. Antonio Tejero Molina ha fallecido este mismo 25 de febrero de 2026, a los 93 años, el mismo día en que se abren estos archivos. El oficial que asaltó con una fuerza armada el hemiciclo del Congreso al grito de «¡quieto todo el mundo!» y con disparos desaparece sin haber enfrentado jamás un juicio histórico completo sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde, reducido a un mero instrumento ejecutor en una trama superior que nunca se investigó en profundidad. Desaparece mientras el Estado gestiona, con calculada parsimonia, los papeles que deberían haber sido públicos hace décadas. Tejero muere el día en que se desclasifica lo que conviene desclasificar, y este paralelismo no es casual: constituye la metáfora perfecta de cómo España ha gestionado su pasado, permitiendo que figuras como Tejero desaparezcan sin que se desentrañe el entramado superior de poder que las impulsó. Esta gestión del pasado ha perpetuado la impunidad de los verdaderos arquitectos del golpe y ha clausurado cualquier posibilidad de elaboración crítica de aquel proceso histórico, manteniendo intactas las bases materiales y simbólicas del bloque de poder surgido de la Transición.

    La historia española, atravesada por transiciones fraudulentas y elites que han convertido el Estado en instrumento de preservación de sus propios privilegios, no se salda con 153 documentos. La exigencia de una desclasificación total de los archivos sobre la gestación que llevó al  golpe militar del 23F y de los acontecimientos relacionados que sucedieron con posterioridad  al mismo, incluidos los del juicio contra los golpistas, y  un acceso irrestricto a los archivos del Estado referidos a la dictadura franquista, al terrorismo de estado y, principalmente, de los GAL,  así como la derogación definitiva de una ley de secretos que lleva la firma moral de la dictadura, constituye una reivindicación política ineludible.

   Mientras eso no ocurra, toda apertura será mistificación, y la sociedad española tendrá el derecho —y la responsabilidad— de desvelarla como tal en el proceso de construcción de una nueva hegemonía republicana y democrática que rompa definitivamente con las continuidades del franquismo.

(*) José Manuel Rivero, Abogado-Analista Político.