GUANARTEME EN PIE: UN BARRIO QUE DEFIENDE SU DERECHO A EXISTIR

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En Las Palmas de Gran Canaria, un antiguo barrio costero se encuentra inmerso en una lucha desigual. Guanarteme, enclave popular con décadas de historia obrera, presencia marinera y vida de calle, está viendo cómo su estructura social se deshace al ritmo vertiginoso del ladrillo. Lo que en otros tiempos fue una comunidad de viviendas modestas, vecindad estrecha y economía de subsistencia, se convierte hoy en escaparate del negocio inmobiliario más agresivo.

  El próximo sábado, los residentes se han convocado, una vez más, para visibilizar su oposición al modelo urbanístico que, bajo la retórica del "progreso", ha desencadenado una transformación que amenaza con expulsarlos. No es la primera vez que salen a protestar, ni será la última. Lo que ocurre en sus calles ya no es una disputa puntual: es un conflicto estructural entre quienes defienden el derecho a permanecer, y dar continuidad a la historia y la idiosincrasia del barrio, y quienes ven en la ciudad un simple espacio de inversión.

LOS SIGNOS DE UNA TRANSFORMACIÓN DESTRUCTIVA

   La situación que denuncia el movimiento vecinal Guanarteme se mueve es tan concreta como el precio del metro cuadrado. En apenas un año, la vivienda en esta zona ha experimentado un incremento de más del 13%, lo que no solo dificulta el acceso a un hogar, sino que convierte a quienes llevan toda la vida en el barrio en una suerte de "anomalía" cada vez menos sostenible.

   Las nuevas promociones inmobiliarias no respetan ni las dimensiones del lugar ni su carácter social. Elevadas torres residenciales emergen donde antes había casas terreras, y con ellas llegan los problemas ya conocidos en tantas otras ciudades: saturación del tráfico, contaminación acústica, carencia de zonas verdes, y un ambiente en el que la vida cotidiana cede espacio a la lógica del capital.

  Pero lo más grave no es lo que se construye, sino lo que desaparece: las relaciones de proximidad, los servicios básicos, los negocios de toda la vida, y, sobre todo, las personas, que no pueden seguir costeando el precio de vivir donde nacieron. Guanarteme ya no es un lugar donde uno decide quedarse, sino un territorio del que se le obliga a salir.

LA VIVIENDA COMO NEGOCIO Y NO COMO DERECHO

   Lo que sucede en Guanarteme, por supuesto, no es una excepción. Forma parte de una lógica extendida en todo el Estado español. El fenómeno es conocido: las ciudades se convierten en objetos de especulación, y la vivienda —necesidad humana fundamental— se transforma en un activo financiero más. Quien compra, lo hace para obtener rentabilidad; quien necesita vivir, queda sometido a condiciones de mercado que no puede controlar ni negociar.

  Esta es una de las contradicciones más evidentes del sistema capitalista en su fase actual: la producción de bienes esenciales como la vivienda no está guiada por las necesidades sociales, sino por el afán de ganancia. La propiedad del suelo, los permisos de construcción y los incentivos fiscales no están orientados a garantizar hogares dignos, sino a atraer capital inversor, muchas veces extranjero, interesado únicamente en rentabilizar su capital.

  La consecuencia directa es la expulsión paulatina de la clase trabajadora de los espacios urbanos centrales. Lo que los urbanistas llaman “regeneración” no es otra cosa que sustitución: donde antes vivían obreros, hoy se planifican apartamentos turísticos; donde había plazas con bancos, se colocan cafeterías de diseño; donde había barrios, se instalan los grandes negocios. 

UNA RESPUESTA VECINAL QUE PONE EL CUERPO

  En este contexto, la movilización popular no es solo un acto de protesta, sino una forma de defender la vida cotidiana. La plataforma vecinal Guanarteme se mueve ha documentado cómo las nuevas construcciones incumplen las obligaciones mínimas de accesibilidad y cómo las administraciones públicas permiten que se consolide un modelo sin participación vecinal y cómo incluso acudir a la justicia implica barreras insalvables para las familias trabajadoras.

  El caso del edificio en la Plaza de América es paradigmático: con más de 400 viviendas proyectadas, simboliza no solo la escala del problema, sino la impotencia institucional. Cuando los vecinos intentaron recurrir su construcción, el juzgado les exigió una fianza millonaria para que su conflicto fuera siquiera anotado en los registros. No hay mayor prueba del desequilibrio de fuerzas: el capital entra por la puerta grande, la ciudadanía choca contra muros de silencio y burocracia.

   Frente a ello, las acciones organizadas por los colectivos del barrio, con marchas, exposiciones fotográficas y encuentros intergeneracionales, tratan de sostener la memoria viva del lugar. Esa memoria no es un lujo nostálgico: es un anclaje material, un sentido de pertenencia que se resiste a ser borrado por la maquinaria del mercado.

EL MARCO MÁS AMPLIO DE UNA CRISIS SOCIAL

  La situación de Canarias es especialmente crítica, aunque no sea en absoluto excepcional. En lo que va de 2025, el precio de la vivienda en todo el Archipiélago ha crecido casi un 18%, situándolo como uno de los territorios más caros del Estado para adquirir una vivienda. A nivel nacional, el fenómeno se repite: incremento sostenido de precios, reducción del parque público, desaparición de vivienda protegida y aumento de la inversión especulativa.

  Esta evolución no es fortuita. Es el resultado de decisiones políticas que han favorecido sistemáticamente la mercantilización del suelo, la liberalización del alquiler y la privatización del espacio urbano. Lo que se presenta como “dinamización económica” es, en realidad, un proceso de exclusión social disfrazado de modernización.

   Las políticas de vivienda pública son simbólicas o directamente inexistentes. Las promesas de regulación se anuncian tarde, mal y sin ambición. Mientras tanto, los barrios como Guanarteme se enfrentan solos a una transformación que amenaza su existencia misma.

    La batalla que hoy se libra en Guanarteme es también una discusión colectiva sobre el futuro de nuestras ciudades. ¿Queremos espacios pensados para el capital o para la vida? ¿Debemos aceptar que el precio de la vivienda sea fijado por quienes buscan rentabilidad y no por quienes necesitan un techo? ¿Vamos a permitir que lo común se privatice a través de grúas y promotoras, mientras los vecinos se ven obligados a marcharse?

     Frente a estas preguntas, las movilizaciones ciudadanas no son solo legítimas, sino imprescindibles. Porque lo que está en juego no es únicamente la estética urbana sino el mismo el derecho a existir y  a formar parte de  una comunidad.