LA ACTUALIDAD DE LA REVOLUCIÓN: INSURRECCIÓN, PODER OBRERO Y BALANCE DE UNA DERROTA CONTINENTAL

Por GUSTAVO BURGOS, DESDE CHILE,  PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 La historia de las organizaciones revolucionarias latinoamericanas de las décadas de 1960 y 1970 suele ser presentada bajo dos formas igualmente incapaces de comprenderla. La primera es la demonización construida por las clases dominantes y patrimonio de reformistas y no pocos grupos que atrevidamente se reclaman revolucionarios: una narración en la cual la insurgencia aparece como obra de grupos irracionales, separados de la sociedad y en algunos casos responsables de haber provocado la represión que posteriormente los aniquiló. La segunda es una reivindicación puramente sentimental, limitada a la heroicidad de los combatientes, que conserva sus nombres y símbolos, pero evita discutir críticamente sus concepciones estratégicas, sus aciertos y sus errores como los de Neltume y Monte Chingolo. Ambas operaciones terminan coincidiendo en algo fundamental: impiden que aquellas experiencias sean apropiadas políticamente por las nuevas generaciones.

  Los valiosos trabajos de Igor Goicovic sobre la relación entre el MIR chileno y el PRT-ERP argentino, y de Néstor Kohan acerca del pensamiento político de Mario Roberto Santucho, permiten romper con esa falsa alternativa. No se trata de levantar monumentos ni de organizar ceremonias nostálgicas. Se trata de restituir la racionalidad política de una generación que se propuso conscientemente resolver el problema central de toda revolución: la conquista del poder por la clase trabajadora.

  El MIR y el PRT-ERP no surgieron como expresiones espontáneas de una fascinación juvenil por las armas. Se formaron durante un ciclo continental de ascenso de la lucha de clases, bajo el impacto de la Revolución cubana, de las luchas de liberación nacional y del agotamiento de las estrategias reformistas de los partidos comunistas y socialdemócratas. Ambas organizaciones se constituyeron como una ruptura con el etapismo, con la subordinación a las burguesías nacionales y con la ilusión de que el Estado capitalista podía ser ocupado gradualmente hasta convertirlo en instrumento de transformación socialista.

   Esta ruptura vuelve a poner en primer plano la concepción insurreccional del marxismo. Desde Marx y Engels hasta Lenin, la revolución nunca fue pensada como una lenta acumulación de reformas dentro del orden existente. Tampoco como el resultado automático de una crisis económica. La revolución supone una crisis del poder estatal, la desorganización de la dominación burguesa, la irrupción independiente de las masas y la existencia de una dirección capaz de conducir esa fuerza hacia la destrucción del viejo aparato de Estado y la formación de un poder nuevo.

  La insurrección, en este sentido, no es sinónimo de conspiración minoritaria. Es el momento culminante de una lucha de clases que ha alcanzado una intensidad tal que la cuestión de quién gobierna deja de ser una discusión parlamentaria y pasa a resolverse en el terreno material de la fuerza. La política revolucionaria consiste precisamente en preparar a la clase trabajadora para ese momento, construyendo sus organizaciones, su programa, su conciencia, sus instrumentos de defensa y, sobre todo, su capacidad para constituirse como poder.

  Aquí radica la actualidad de la experiencia del MIR y del PRT-ERP. Su mérito fundamental consistió en haber comprendido que el socialismo no podía alcanzarse sin enfrentar la cuestión del poder estatal. Para el MIR, durante la Unidad Popular, la consigna del poder popular no era una metáfora participativa ni una fórmula destinada a complementar las instituciones existentes. Expresaba la posibilidad de construir una legalidad paralela, asentada en organizaciones autónomas de trabajadores, pobladores y campesinos, capaz de enfrentar al Estado burgués y de transformarse en fundamento de un gobierno de trabajadores.

  Los cordones industriales, las ocupaciones de fábricas, las organizaciones campesinas, los comandos comunales y las distintas expresiones de autoorganización popular contenían, aunque de manera embrionaria y desigual, una tendencia al doble poder. Por un lado, subsistía el aparato estatal burgués, con sus Fuerzas Armadas, tribunales, burocracia y Parlamento. Por otro, comenzaban a desarrollarse organismos surgidos directamente de la movilización de las masas. La cuestión decisiva era cuál de esas dos legalidades prevalecería.

  La dirección reformista de la Unidad Popular —sobre esta cuestión no hay debate— procuró mantener ese proceso dentro de los límites institucionales. El MIR sostuvo, en cambio, que la resistencia burguesa conduciría inevitablemente a un enfrentamiento. Su error no consistió en haber advertido esta perspectiva, que fue confirmada trágicamente por el golpe de Estado, sino en no haber logrado transformar esa previsión general en una política capaz de preparar efectiva y oportunamente a la clase trabajadora para la lucha por el poder. La estentórea y trágica Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende tiene la virtud de dejar testimonio de esta profunda cuestión.

  El golpe del 11 de septiembre de 1973 demostró que la burguesía no renuncia pacíficamente a sus privilegios. Cuando su dominación se encuentra amenazada, las instituciones democráticas revelan su carácter subordinado y las Fuerzas Armadas aparecen como el núcleo decisivo del Estado. El propio Santucho, retomando el análisis de Marx sobre el bonapartismo, comprendió a las instituciones militares como un verdadero “partido del orden”: no como un cuerpo neutral ni como una simple asociación de hombres armados, sino como una fuerza política llamada a garantizar, en última instancia, la reproducción del dominio burgués.

  Esta conclusión conserva una importancia decisiva. El Estado no es una suma indiferenciada de instituciones que puedan ser orientadas hacia cualquier finalidad según quién gane una elección. Sus órganos fundamentales están constituidos para preservar las relaciones capitalistas de propiedad. Por eso el marxismo insurreccional no reduce su estrategia a la obtención de una mayoría electoral ni identifica el acceso al gobierno con la conquista del poder.

  El gobierno administra temporalmente el Estado; el poder —algo dialécticamente diverso— reside en las relaciones sociales, en la propiedad de los medios de producción y en las instituciones que garantizan esa propiedad. Mientras la burguesía conserve el mando económico, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la alta burocracia y los tribunales, el triunfo electoral de partidos obreros o populares no resuelve la cuestión del poder. Puede, en determinadas condiciones, abrir una crisis revolucionaria; pero esa crisis debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias.

  Reivindicar esta concepción no significa convertir la acción militar en sustituto de la política. Kohan demuestra que la identificación de Santucho con el foquismo constituye una simplificación histórica. En los documentos fundacionales del ERP aparece, precisamente, una crítica a la teoría del foco concebido como un pequeño núcleo armado capaz de producir por sí solo las condiciones revolucionarias. Inclusive para Santucho, como para el Che, la lucha político-militar debía permanecer vinculada a la lucha de masas y subordinada a una estrategia política general.

  La diferencia no es secundaria. El foquismo transforma la voluntad de una minoría en motor exclusivo de la revolución. La concepción marxista de la insurrección, por el contrario, parte del movimiento real de las clases, de sus experiencias, organizaciones y niveles de conciencia. La organización revolucionaria no reemplaza a la clase trabajadora, pero tampoco se limita a «acompañarla». Interviene para desarrollar sus tendencias más avanzadas, combatir las direcciones conciliadoras, formular un programa de poder y preparar conscientemente la lucha decisiva.

  Hablemos con total claridad sobre este problema: la acción armada, separada de este proceso, puede degenerar en militarismo. Pero una política de masas que se niega sistemáticamente a discutir el enfrentamiento con el Estado termina inevitablemente en electoralismo o sindicalismo. La historia del movimiento obrero demuestra que ambos desvíos pueden coexistir: el aventurerismo de pequeños grupos que actúan al margen de las masas y el pacifismo de grandes aparatos que subordinan las masas a la legalidad burguesa. La tarea revolucionaria consiste en superar esta oposición falsa, voto fusil— mediante una estrategia en la cual la lucha política, la organización obrera, la autodefensa y la preparación insurreccional formen parte de un mismo proceso.

  La relación establecida entre el MIR, el PRT-ERP, los Tupamaros uruguayos y el ELN boliviano a través de la Junta de Coordinación Revolucionaria expresó, además, una comprensión internacionalista del problema. La revolución no podía circunscribirse a las fronteras nacionales porque tampoco el capital ni la contrarrevolución actuaban dentro de ellas. El intercambio de cuadros, recursos, documentación, experiencias y análisis respondía a la necesidad de construir una estrategia continental frente al imperialismo y las burguesías latinoamericanas.

  Ese internacionalismo no fue una declaración ceremonial. Después del golpe chileno, el PRT-ERP proporcionó al MIR recursos materiales, casas de seguridad, documentación y apoyo político. Militantes de distintas nacionalidades combatieron conjuntamente, mientras los aparatos represivos del Cono Sur coordinaban su persecución. La internacionalización de la represión tuvo como contraparte un intento, todavía insuficiente, de internacionalización de la revolución.

  Sin embargo, el valor extraordinario de estas experiencias no elimina la necesidad de someterlas a un balance. Por el contrario, la exige. Un homenaje que no examine críticamente las derrotas convierte la memoria revolucionaria en una religión de los muertos. El balance no puede limitarse a constatar la superioridad militar del enemigo ni a atribuir toda responsabilidad a la represión. Debe abordar la relación entre partido y masas, entre lucha legal e ilegal, entre acción militar y coyuntura política, entre acumulación de fuerzas y ofensiva, entre organización clandestina y organismos de poder popular.

  El propio intercambio entre Miguel Enríquez y la dirección del PRT-ERP muestra que esas discusiones existieron. En 1974, Enríquez advirtió a los revolucionarios argentinos sobre el peligro de adelantarse militarmente respecto del desarrollo del movimiento de masas. Señaló también la necesidad de elaborar plataformas para los distintos frentes sociales, ampliar la inserción obrera y ajustar las acciones militares al nivel real de la lucha política.

  Esta observación permite identificar una contradicción decisiva. Las organizaciones revolucionarias habían comprendido teóricamente que la lucha militar debía estar subordinada a la política, pero no siempre consiguieron resolver esa relación en la práctica. En determinadas coyunturas, el crecimiento de los aparatos especializados avanzó más rápidamente que la construcción de organismos de poder obrero. La represión destruyó cuadros insustituibles y obligó a concentrar recursos en la supervivencia clandestina, debilitando todavía más la inserción en las masas.

  El balance debe preguntarse también por qué, en Chile, los organismos de poder popular no lograron constituirse en una dirección nacional alternativa a la Unidad Popular; por qué la clase trabajadora permaneció políticamente subordinada a los partidos reformistas; por qué los sectores dispuestos a resistir el golpe no contaron con armas, coordinación ni mando; y por qué la certeza acerca de la inevitabilidad del enfrentamiento no se tradujo en una preparación material suficiente.

  Pero ese balance nunca puede realizarse desde el punto de vista de quienes sostienen que el error habría sido intentar la revolución. La conclusión no puede ser que se debió confiar más en el Parlamento, en los mandos constitucionalistas o en la capacidad autorreguladora de la democracia burguesa. La derrota de 1973 no demostró la inviabilidad de la estrategia revolucionaria. Demostró las consecuencias catastróficas de dejar la resolución de la crisis en manos del reformismo. De alguna forma la totalidad del trabajo historiográfico de Jorge Magasich referido al papel de la marinería durante la Unidad Popular gira en torno a esta exclusiva cuestión.

  En efecto, la ausencia de un balance marxista de aquella experiencia tuvo efectos profundos en la lucha contra la dictadura. Las protestas iniciadas en 1983 expresaron una recuperación extraordinaria de la movilización obrera, poblacional y juvenil. El llamado de los trabajadores del cobre abrió un ciclo de jornadas nacionales, paros y levantamientos territoriales que desafió materialmente al régimen y volvió a plantear la posibilidad de su derrocamiento mediante la acción de masas.

  Sin embargo, la experiencia revolucionaria anterior no fue asimilada bajo la forma de una estrategia consciente de poder. El MIR se encontraba debilitado y fragmentado por la represión y por sus crisis internas. El Partido Comunista, coherente con su concepción institucionalista, avanzó hacia la política de rebelión popular de masas y promovió formas de acción armada, pero sin romper estratégicamente con la búsqueda de una alianza con sectores burgueses opositores. La movilización popular fue concebida crecientemente como un medio de presión para abrir una salida negociada, no como el proceso de constitución de un poder obrero capaz de derribar la dictadura y destruir su Estado.

  La derrota política del levantamiento contra Pinochet expresada en la salida pactada, no consistió en que las masas hubieran sido incapaces de luchar. Consistió en que esa lucha no encontró una dirección revolucionaria preparada para conducirla hacia la conquista del poder. Desde 1986, la iniciativa fue desplazándose desde las calles y las organizaciones populares hacia las negociaciones entre la oposición burguesa, la dictadura y el imperialismo. La movilización que había puesto en crisis al régimen terminó subordinada al itinerario institucional establecido por la Constitución de 1980. La historia registra cómo la dictadura, presionada por las protestas y por la recomposición de la oposición, abrió un proceso de negociaciones en el cual la la Democracia Cristiana y el socialismo renovado se constituyó en interlocutora principal.

   La transición no fue, por tanto, la culminación victoriosa de la movilización popular, sino su expropiación política. La dictadura fue reemplazada por gobiernos civiles, pero permanecieron las bases económicas, institucionales y represivas del régimen construido por ella. La clase trabajadora, que había sostenido las protestas, no conquistó el poder ni constituyó órganos propios de gobierno. Fue devuelta a la condición de electorado y sometida a una democracia tutelada por las mismas fuerzas sociales que habían respaldado el golpe.

  Algo semejante ocurrió, bajo condiciones distintas, con el Estallido de octubre de 2019. Millones de personas ocuparon las calles, desafiaron el estado de emergencia, quebraron durante semanas la normalidad institucional e impusieron una crisis política de alcance nacional. La represión produjo graves y múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de trauma ocular, mientras el aparato estatal intentaba recuperar el control de las calles.

  La potencia del Estallido volvió a mostrar que las masas pueden irrumpir por fuera de los calendarios electorales y alterar abruptamente las relaciones de fuerza. Pero volvió a revelar también la ausencia de una dirección revolucionaria y de organismos nacionales de poder obrero. Hubo asambleas territoriales, coordinadoras, cabildos, primeras líneas, huelgas y experiencias locales de organización. No existió, sin embargo, una instancia capaz de centralizar esas formas, vincularlas orgánicamente con la clase trabajadora, formular un programa de ruptura y disputar la conducción del país.

  En ese vacío intervino la dirección política del régimen. El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 por partidos de gobierno y oposición, encauzó la crisis hacia un proceso institucional sometido a las reglas del propio Estado que las masas habían puesto en cuestión.

  El problema no fue que se planteara una demanda constitucional. Toda revolución debe resolver la forma jurídica del nuevo poder. El problema fue que la elaboración de una nueva Constitución quedó separada de la conquista del poder por los trabajadores. El proceso constituyente fue presentado como sustituto de la organización revolucionaria, mientras el Parlamento recuperaba la iniciativa, las calles eran desmovilizadas y las fuerzas represivas permanecían intactas.

  Sin órganos de poder popular, sin dirección revolucionaria y sin una estrategia insurreccional, la movilización fue reducida a presión electoral. La energía desplegada desde octubre terminó canalizada hacia convenciones, plebiscitos y elecciones organizadas por las instituciones cuestionadas. La crisis que pudo abrir una discusión acerca de quién debía gobernar se transformó en una disputa sobre cómo reformar el mismo Estado.

   Así, la falta de balance de las experiencias del MIR, del PRT-ERP y del ciclo revolucionario latinoamericano no constituye una carencia académica. Ha tenido consecuencias políticas concretas. Al no comprenderse la diferencia entre insurrección y foquismo, se abandonó la preparación revolucionaria bajo el pretexto de evitar el militarismo. Al no estudiarse la relación entre organismos de masas y partido, se celebró la espontaneidad como si pudiera reemplazar a la dirección. Al no analizarse la derrota de 1973, se repitió la confianza en salidas institucionales administradas por representantes políticos de la burguesía.

  El balance necesario debe rechazar tanto la adaptación reformista y pacifista como la reproducción mecánica de las formas de lucha del pasado. No se trata de repetir las guerrillas de los años sesenta ni de imitar estructuras construidas para condiciones históricas diferentes. Se trata de recuperar su núcleo estratégico: la independencia política de la clase trabajadora, la construcción de un partido revolucionario, la organización de un poder alternativo, el internacionalismo y la preparación consciente para la crisis del Estado.

   La lucha armada no puede ser convertida en principio abstracto ni en identidad política permanente. Sus formas dependen de las condiciones concretas de la lucha de clases. Pero tampoco puede proclamarse anticipadamente que toda transformación deberá permanecer dentro de la legalidad establecida por la burguesía. Una organización que renuncia de antemano a preparar el enfrentamiento decisivo entrega al enemigo el monopolio de la fuerza y condena a las masas a ser derrotadas cada vez que su movilización amenaza realmente el orden existente.

   El poder obrero no surge automáticamente de la protesta. Debe organizarse. Necesita organismos democráticos de trabajadores, asambleas territoriales, comités de fábrica, coordinaciones nacionales y estructuras de autodefensa. Necesita, además, un programa que unifique las demandas inmediatas con la expropiación de los grandes grupos económicos, el control obrero de la producción, la ruptura con el imperialismo y la disolución del aparato represivo. Sobre todo, necesita una dirección que se haya preparado antes de que la crisis estalle.

   Esta es la principal enseñanza que puede extraerse de las experiencias extraordinarias del MIR y del PRT-ERP. Su grandeza no reside únicamente en el sacrificio de sus militantes, sino en haber intentado construir organizaciones para la revolución en una época en que la posibilidad del poder obrero se encontraba planteada materialmente. Sus derrotas no autorizan a abandonar ese propósito. Exigen abordarlo con mayor rigor.

   Recordar a Miguel Enríquez, Mario Roberto Santucho y a los miles de militantes caídos significa continuar críticamente su lucha. Significa estudiarlos sin convertirlos en figuras intocables, reconocer sus errores sin adoptar el lenguaje de sus verdugos y recuperar aquello que la democracia burguesa necesita mantener sepultado: la convicción de que los explotados pueden gobernar por sí mismos.

   El balance de aquellas experiencias debe servir para impedir que una nueva irrupción popular sea nuevamente desarmada por las direcciones del régimen. Chile ha conocido, al menos en dos ocasiones posteriores al golpe, movimientos capaces de poner en cuestión el orden político: las protestas populares contra la dictadura y el Estallido de 2019. Ambos fueron derrotados políticamente, no por falta de combatividad de las masas, sino porque su fuerza no llegó a constituirse como poder independiente.

   Preparar la próxima crisis exige romper ese ciclo. La cuestión no es saber si habrá nuevas explosiones sociales, sino qué dirección encontrarán cuando se produzcan. Sin partido revolucionario, sin programa socialista y sin organismos de poder obrero, incluso las movilizaciones más heroicas pueden ser desviadas, negociadas y finalmente derrotadas. Con esos instrumentos, en cambio, la insurrección deja de ser una evocación del pasado y vuelve a convertirse en una posibilidad histórica concreta.

(*) Gustavo Burgos,  abogado,  militante marxista chileno, director de el Porteño y conductor del canal deYoutube «Mate al Rey».