ERIC TOUSSAINT: "ANTES DE DECIDIR CUÁNTO DEBE PAGAR VENEZUELA HAY QUE SABER CUÁNTO DEBE REALMENTE"

REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La autoría del artículo que desde aquí presentamos y enlazamos ( Deuda de Venezuela: ¿Quién debe qué a quién bajo la tutela neocolonial de Estados Unidos?) corresponde a Éric Toussaint, doctor en Ciencias Políticas por las universidades de Lieja y París VIII, portavoz internacional del CADTM (*) y miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.

   Buena parte de su trayectoria intelectual y política está dedicada al estudio de la deuda pública, los bancos y las crisis financieras. También ha participado directamente en procesos de auditoría: formó parte de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito de Ecuador y coordinó en 2015 los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda creada por el Parlamento griego. Entre sus numerosos libros figuran Banco Mundial. Una historia crítica, Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Bancocracia, La Deuda o la Vida y La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos.

    Desde esa experiencia y perspectiva, Toussaint analiza la posible reestructuración de la deuda venezolana y plantea una idea central: Venezuela no debería aceptar como indiscutible la cifra de 240.000 millones de dólares que actualmente se presenta como deuda.

   Según el autor, antes de comprometer durante décadas los ingresos del país, hay que averiguar cuánto se debe realmente, a quién y por qué. Es importante insistir en que estas son las conclusiones y propuestas de Toussaint, expuestas y argumentadas por él en el artículo.

   La cuestión que plantea Toussaint  puede entenderse  a través de un ejemplo sencillo. Si alguien nos presenta una factura enorme que mezcla dinero prestado, intereses, antiguas reclamaciones y cantidades que quizá ya fueron pagadas, lo razonable sería revisar cada concepto antes de firmar un acuerdo.

   Eso es precisamente lo que Toussaint propone en las presentes  para Venezuela. Los 240.000 millones mezclan bonos del Estado y de PDVSA, préstamos, facturas comerciales, intereses y compensaciones reclamadas por empresas tras las nacionalizaciones de los gobiernos de Chavez. Algunas de estas cantidades, sostiene, podrían ser discutibles o estar infladas.

   El autor añade otro elemento fundamental: Venezuela llega a esta negociación después de años de sanciones, con activos bloqueados en el extranjero y en unas condiciones extraordinariamente difíciles. Además, los terremotos de junio de 2026 habrían causado enormes pérdidas humanas y materiales. Para Toussaint, esta emergencia cambia las prioridades: reconstruir viviendas, hospitales, carreteras, redes de agua y demás servicios esenciales debe estar por delante del pago a los acreedores.

   De ahí nace su primera propuesta concreta: establecer una moratoria del servicio de la deuda, sin nuevos intereses de demora ni penalizaciones. No plantea simplemente dejar de pagar para siempre, sino detener temporalmente los pagos mientras se determina qué obligaciones son realmente válidas y qué recursos necesita antes la población.

   Su segunda gran propuesta  consiste en realizar una auditoría ciudadana, independiente y exhaustiva.

  Toussaint considera que deberían participar organizaciones sociales, sindicatos, universidades y colectivos ciudadanos, con acceso a las cuentas de PDVSA, contratos petroleros, préstamos, garantías, pagos realizados y activos venezolanos en el extranjero. La investigación también debería determinar quién posee actualmente los bonos y cuánto pagó realmente por ellos, pues algunos fondos compraron deuda venezolana muy depreciada y podrían obtener grandes beneficios incluso aceptando importantes reducciones de su valor nominal.
 

    Toussaint propone, asimismo, revisar las indemnizaciones reclamadas por multinacionales y valorar los posibles daños sociales y ambientales causados por empresas petroleras y mineras.

   Finalmente, sostiene que Venezuela debe recuperar el control efectivo de sus recursos, de sus activos exteriores y especialmente de sus ingresos petroleros.

    Desde el punto de vista del autor, ese dinero debería utilizarse prioritariamente para reconstruir el país y financiar sanidad, educación, vivienda, alimentación e infraestructuras, en vez de garantizar durante décadas los beneficios de los acreedores.

    Su conclusión puede resumirse así: primero averiguar qué deuda es realmente legítima y exigible; después decidir qué pagar, pero colocando las necesidades de la población y la soberanía económica venezolana en el centro de cualquier acuerdo.