MONTES ABANDONADOS, INCENDIOS DESCONTROLADOS: EL PARTIDO FEMINISTA SEÑALA AL ESTADO
¿Por qué continúan faltando inversiones, personal estable y planes de autoprotección en las zonas amenazadas?
El Partido Feminista de España atribuye la gravedad de los incendios al abandono rural, la desinversión preventiva y la privatización de la gestión forestal. La organización reclama un cuerpo público permanente, apoyo a la ganadería extensiva y mayor protección sanitaria frente al humo.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Partido Feminista de España (PFE) ha responsabilizado de la gravedad alcanzada por los incendios forestales en el Estado español a las políticas de abandono del medio rural, la insuficiente inversión preventiva y la progresiva privatización de los servicios relacionados con el cuidado de los montes. Para esta organización, la devastación no puede explicarse únicamente por las temperaturas extremas o por otros factores meteorológicos, sino también por una ordenación territorial subordinada a intereses económicos.
Según recordó la formación política, en un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, más de 150.000 hectáreas han ardido desde comienzos de 2026 y se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a un promedio de nueve durante la última década. La formación añade que más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas en distintas provincias.
MENOS MEDIOS PARA COMBATIR EL FUEGO
Entre las deficiencias denunciadas, el PFE destaca la inmovilización de ocho helicópteros Kamov Ka-32, capaces de descargar unos 4.500 litros de agua. Estos aparatos permanecen en tierra desde 2024 debido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que dificultan la obtención de repuestos y el mantenimiento técnico.
La organización considera que el Gobierno debe encontrar soluciones que garanticen la disponibilidad de los medios necesarios, con independencia de los conflictos geopolíticos. También reclama la adquisición de aeronaves de gran capacidad y una planificación que no dependa de decisiones adoptadas cuando los incendios ya se encuentran fuera de control.
El PFE deuncia, además, "una respuesta pública desigual dependiendo de los territorios y de los bienes amenazados".
A juicio del PFE, la movilización de recursos es mucho más rápida cuando el fuego se aproxima a urbanizaciones costosas, segundas residencias o áreas con elevados intereses inmobiliarios. Mientras tanto, sostiene, numerosas poblaciones rurales continúan sin planes de autoprotección ni franjas de seguridad adecuadas entre las viviendas y el monte.
PREVENCIÓN DURANTE TODO EL AÑO
La principal propuesta del Partido Feminista consiste en devolver íntegramente la gestión forestal al sector público. La formación rechaza las externalizaciones y las contratas privadas porque, según afirma, reducen costes a expensas de las condiciones laborales y de la eficacia del servicio.
Para superar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción, propone crear un Cuerpo Público de Prevención y Mantenimiento Forestal. Su personal tendría contratos estables, salarios dignos y condiciones de trabajo seguras. Las labores de limpieza, retirada de biomasa y construcción de franjas de protección se realizarían durante todo el año y recibirían la mayor parte de los recursos disponibles.
El PFE defiende asimismo la incorporación de las mujeres rurales a estos empleos, tradicionalmente considerados masculinos. Recuerda que ellas soportan buena parte de las tareas de cuidado durante las evacuaciones y sufren especialmente el deterioro de los servicios públicos, el empleo y las economías locales.
La organización también reclama ayudas suficientes para la ganadería extensiva. El pastoreo de cabras y ovejas puede reducir la acumulación de vegetación combustible, pero este sector, advierte, permanece precarizado y sometido a normas que favorecen al agronegocio intensivo.
SALUD, ECOSISTEMAS Y GASTO MILITAR
El PFE subraya que los incendios no solo destruyen árboles, explotaciones agrícolas y viviendas. El fuego arrasa ecosistemas completos y causa graves daños a la fauna, mientras el humo y las partículas en suspensión afectan especialmente a menores, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.
Por ello, el Partido Feminista demanda protocolos sanitarios vinculados a la calidad del aire, redes de medición de partículas, distribución de mascarillas y asistencia gratuita para las personas expuestas. También exige responsabilidades a las promotoras que hayan construido en áreas de riesgo sin garantizar las medidas obligatorias de autoprotección.
Finalmente, el PFE relaciona la crisis ecológica con el gasto militar y la industria armamentística. Propone retirar las inversiones públicas destinadas a este sector, gravar sus costes ambientales y promover su reconversión hacia actividades civiles. Frente a la actual gestión reactiva de los incendios, la organización sostiene que la protección del mundo rural debe convertirse en una política pública permanente basada en la prevención, el empleo estable y el cuidado integral del territorio.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Partido Feminista de España (PFE) ha responsabilizado de la gravedad alcanzada por los incendios forestales en el Estado español a las políticas de abandono del medio rural, la insuficiente inversión preventiva y la progresiva privatización de los servicios relacionados con el cuidado de los montes. Para esta organización, la devastación no puede explicarse únicamente por las temperaturas extremas o por otros factores meteorológicos, sino también por una ordenación territorial subordinada a intereses económicos.
Según recordó la formación política, en un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, más de 150.000 hectáreas han ardido desde comienzos de 2026 y se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a un promedio de nueve durante la última década. La formación añade que más de 200.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas en distintas provincias.
MENOS MEDIOS PARA COMBATIR EL FUEGO
Entre las deficiencias denunciadas, el PFE destaca la inmovilización de ocho helicópteros Kamov Ka-32, capaces de descargar unos 4.500 litros de agua. Estos aparatos permanecen en tierra desde 2024 debido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que dificultan la obtención de repuestos y el mantenimiento técnico.
La organización considera que el Gobierno debe encontrar soluciones que garanticen la disponibilidad de los medios necesarios, con independencia de los conflictos geopolíticos. También reclama la adquisición de aeronaves de gran capacidad y una planificación que no dependa de decisiones adoptadas cuando los incendios ya se encuentran fuera de control.
El PFE deuncia, además, "una respuesta pública desigual dependiendo de los territorios y de los bienes amenazados".
A juicio del PFE, la movilización de recursos es mucho más rápida cuando el fuego se aproxima a urbanizaciones costosas, segundas residencias o áreas con elevados intereses inmobiliarios. Mientras tanto, sostiene, numerosas poblaciones rurales continúan sin planes de autoprotección ni franjas de seguridad adecuadas entre las viviendas y el monte.
PREVENCIÓN DURANTE TODO EL AÑO
La principal propuesta del Partido Feminista consiste en devolver íntegramente la gestión forestal al sector público. La formación rechaza las externalizaciones y las contratas privadas porque, según afirma, reducen costes a expensas de las condiciones laborales y de la eficacia del servicio.
Para superar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción, propone crear un Cuerpo Público de Prevención y Mantenimiento Forestal. Su personal tendría contratos estables, salarios dignos y condiciones de trabajo seguras. Las labores de limpieza, retirada de biomasa y construcción de franjas de protección se realizarían durante todo el año y recibirían la mayor parte de los recursos disponibles.
El PFE defiende asimismo la incorporación de las mujeres rurales a estos empleos, tradicionalmente considerados masculinos. Recuerda que ellas soportan buena parte de las tareas de cuidado durante las evacuaciones y sufren especialmente el deterioro de los servicios públicos, el empleo y las economías locales.
La organización también reclama ayudas suficientes para la ganadería extensiva. El pastoreo de cabras y ovejas puede reducir la acumulación de vegetación combustible, pero este sector, advierte, permanece precarizado y sometido a normas que favorecen al agronegocio intensivo.
SALUD, ECOSISTEMAS Y GASTO MILITAR
El PFE subraya que los incendios no solo destruyen árboles, explotaciones agrícolas y viviendas. El fuego arrasa ecosistemas completos y causa graves daños a la fauna, mientras el humo y las partículas en suspensión afectan especialmente a menores, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.
Por ello, el Partido Feminista demanda protocolos sanitarios vinculados a la calidad del aire, redes de medición de partículas, distribución de mascarillas y asistencia gratuita para las personas expuestas. También exige responsabilidades a las promotoras que hayan construido en áreas de riesgo sin garantizar las medidas obligatorias de autoprotección.
Finalmente, el PFE relaciona la crisis ecológica con el gasto militar y la industria armamentística. Propone retirar las inversiones públicas destinadas a este sector, gravar sus costes ambientales y promover su reconversión hacia actividades civiles. Frente a la actual gestión reactiva de los incendios, la organización sostiene que la protección del mundo rural debe convertirse en una política pública permanente basada en la prevención, el empleo estable y el cuidado integral del territorio.
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