SE AGOTA LA PACIENCIA CON LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA: EL MALESTAR DESBORDA LA CALLE
La crisis habitacional alimenta un nuevo ciclo de movilización social
La crisis de la vivienda ha dejado de ser un problema individual para convertirse en un conflicto social que moviliza cada vez a más personas. Las últimas protestas evidencian el creciente rechazo a la especulación inmobiliaria.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Miles de personas recorrieron el pasado sábado las calles del municipio tinerfeño de La Laguna para reclamar medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda que atraviesa Canarias. Convocada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y respaldada por más de medio centenar de organizaciones sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles y ecologistas, la movilización reunió, según sus organizadores, a más de 3.000 personas en una protesta que volvió a situar el acceso a una vivienda digna en el centro del debate político y social del archipiélago.
La marcha transcurrió en un ambiente reivindicativo y familiar. A lo largo del recorrido se escucharon consignas contra la especulación inmobiliaria, el incremento constante de los alquileres y la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico. Al término de la manifestación se leyó un manifiesto en el que los convocantes responsabilizaron de la situación a los fondos de inversión, las grandes empresas propietarias y un modelo económico que, a su juicio, ha convertido la vivienda en un activo financiero antes que en un derecho.
La vivienda, en el centro del conflicto social
Los datos ayudan a comprender el alcance del problema. Mientras el precio del alquiler se ha disparado durante los últimos años hasta superar en muchos casos los mil euros mensuales, en Canarias continúan existiendo más de doscientas mil viviendas vacías. En municipios como La Laguna, el precio del metro cuadrado sigue marcando máximos históricos al mismo tiempo que la oferta de viviendas destinadas al alquiler residencial disminuye frente al crecimiento del alquiler vacacional.
Los organizadores sostienen que esta situación no responde a una falta real de viviendas, sino a un mercado condicionado por la especulación y por la creciente concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores. A ello se suma un modelo económico profundamente dependiente del turismo, que ha favorecido la transformación de miles de viviendas en alojamientos turísticos mientras numerosos trabajadores encuentran cada vez mayores dificultades para permanecer en los barrios donde han vivido siempre.
Durante la lectura del manifiesto también se lanzó un mensaje de carácter social y político al rechazar los discursos que responsabilizan a la inmigración de la crisis habitacional. Los convocantes defendieron que las personas migrantes comparten los mismos problemas para acceder a una vivienda y al empleo que el resto de la población trabajadora y reclamaron centrar el debate en las causas estructurales del encarecimiento de la vivienda.
Un malestar que se extiende por Canarias y el resto del Estado
La movilización de La Laguna forma parte de un proceso mucho más amplio. Durante los últimos meses se han sucedido manifestaciones por el derecho a la vivienda en Gran Canaria, La Palma y otros puntos del archipiélago, reflejando un creciente malestar ante una situación que afecta especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas.
Al mismo tiempo, protestas similares se han desarrollado en numerosas ciudades españolas, donde plataformas ciudadanas y sindicatos de inquilinos denuncian el aumento constante de los alquileres, la escasez de vivienda pública y la expansión de los pisos turísticos. Aunque cada territorio presenta características propias, todas estas movilizaciones coinciden en una idea central: la vivienda se está convirtiendo progresivamente en un negocio sometido a la rentabilidad económica mientras pierde su función social como derecho básico.
En este contexto, la manifestación celebrada en La Laguna trasciende el ámbito local. Expresa el creciente rechazo de una parte de la sociedad a un modelo que expulsa a miles de personas de sus barrios y dificulta el acceso a una vivienda estable para amplios sectores de la población. La elevada participación y la diversidad de colectivos presentes apuntan a que el movimiento por el derecho a la vivienda continuará ganando protagonismo en Canarias durante los próximos meses, en un escenario donde las soluciones reclaman cada vez mayor urgencia.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Miles de personas recorrieron el pasado sábado las calles del municipio tinerfeño de La Laguna para reclamar medidas urgentes frente a la crisis de la vivienda que atraviesa Canarias. Convocada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y respaldada por más de medio centenar de organizaciones sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles y ecologistas, la movilización reunió, según sus organizadores, a más de 3.000 personas en una protesta que volvió a situar el acceso a una vivienda digna en el centro del debate político y social del archipiélago.
La marcha transcurrió en un ambiente reivindicativo y familiar. A lo largo del recorrido se escucharon consignas contra la especulación inmobiliaria, el incremento constante de los alquileres y la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico. Al término de la manifestación se leyó un manifiesto en el que los convocantes responsabilizaron de la situación a los fondos de inversión, las grandes empresas propietarias y un modelo económico que, a su juicio, ha convertido la vivienda en un activo financiero antes que en un derecho.
La vivienda, en el centro del conflicto social
Los datos ayudan a comprender el alcance del problema. Mientras el precio del alquiler se ha disparado durante los últimos años hasta superar en muchos casos los mil euros mensuales, en Canarias continúan existiendo más de doscientas mil viviendas vacías. En municipios como La Laguna, el precio del metro cuadrado sigue marcando máximos históricos al mismo tiempo que la oferta de viviendas destinadas al alquiler residencial disminuye frente al crecimiento del alquiler vacacional.
Los organizadores sostienen que esta situación no responde a una falta real de viviendas, sino a un mercado condicionado por la especulación y por la creciente concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores. A ello se suma un modelo económico profundamente dependiente del turismo, que ha favorecido la transformación de miles de viviendas en alojamientos turísticos mientras numerosos trabajadores encuentran cada vez mayores dificultades para permanecer en los barrios donde han vivido siempre.
Durante la lectura del manifiesto también se lanzó un mensaje de carácter social y político al rechazar los discursos que responsabilizan a la inmigración de la crisis habitacional. Los convocantes defendieron que las personas migrantes comparten los mismos problemas para acceder a una vivienda y al empleo que el resto de la población trabajadora y reclamaron centrar el debate en las causas estructurales del encarecimiento de la vivienda.
Un malestar que se extiende por Canarias y el resto del Estado
La movilización de La Laguna forma parte de un proceso mucho más amplio. Durante los últimos meses se han sucedido manifestaciones por el derecho a la vivienda en Gran Canaria, La Palma y otros puntos del archipiélago, reflejando un creciente malestar ante una situación que afecta especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y pensionistas.
Al mismo tiempo, protestas similares se han desarrollado en numerosas ciudades españolas, donde plataformas ciudadanas y sindicatos de inquilinos denuncian el aumento constante de los alquileres, la escasez de vivienda pública y la expansión de los pisos turísticos. Aunque cada territorio presenta características propias, todas estas movilizaciones coinciden en una idea central: la vivienda se está convirtiendo progresivamente en un negocio sometido a la rentabilidad económica mientras pierde su función social como derecho básico.
En este contexto, la manifestación celebrada en La Laguna trasciende el ámbito local. Expresa el creciente rechazo de una parte de la sociedad a un modelo que expulsa a miles de personas de sus barrios y dificulta el acceso a una vivienda estable para amplios sectores de la población. La elevada participación y la diversidad de colectivos presentes apuntan a que el movimiento por el derecho a la vivienda continuará ganando protagonismo en Canarias durante los próximos meses, en un escenario donde las soluciones reclaman cada vez mayor urgencia.
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