LA BATALLA POR EL CONTROL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Mientras el mundo debate sobre cuántos millones de empleos destruirá la inteligencia artificial, sobre si sustituirá médicos o decidirá guerras, hay una pregunta mucho más decisiva que permanece prácticamente ausente del debate público.

   No se trata de cuánto podrá hacer esta tecnología ni de cuánto dinero generará. La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿de quién es la inteligencia artificial?

   La respuesta a este interrogante condicionará buena parte del futuro. Determinará quién controla una de las herramientas más poderosas jamás creadas, quién obtiene los beneficios que produzca, quién establece las reglas de su funcionamiento y quién soportará sus costes. Sin embargo, esa discusión apenas ha comenzado. Se habla de regulación, de seguridad o de competencia empresarial, pero casi nadie parece dispuesto a abordar la cuestión esencial: cuál es la verdadera naturaleza económica de la inteligencia artificial.

   No es una discusión académica. De ella depende saber si resulta legítimo que unas pocas empresas privadas acumulen un poder sin precedentes sobre un recurso construido gracias a la aportación de millones de personas.

   La actualidad ofrece un ejemplo revelador. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, lleva meses defendiendo en Washington la creación de un fondo público destinado a que los ciudadanos estadounidenses participen en los beneficios de la inteligencia artificial. Donald Trump no tardó en aplaudir la propuesta asegurando que así «el pueblo americano se hará muy rico».

   La iniciativa puede parecer atractiva. Promete compartir riqueza en lugar de concentrarla. Sin embargo, basta observar el contexto para comprender que encierra una lógica muy distinta. OpenAI acumula pérdidas multimillonarias y sus propias previsiones contemplan cifras extraordinarias durante los próximos años. Resulta inevitable preguntarse si ese fondo acabaría funcionando como un mecanismo para trasladar al sector público los riesgos de un negocio privado que todavía no ha demostrado ser sostenible.

  Pero incluso esa sospecha deja intacto el verdadero problema.   La cuestión no consiste en decidir cómo repartir unos beneficios futuros. Antes habría que responder por qué esos beneficios deberían pertenecer, en primer lugar, a quienes hoy controlan los grandes modelos de inteligencia artificial. Responder obliga a revisar las categorías con las que la economía analiza esta nueva realidad. La inteligencia artificial suele presentarse como una tecnología más, comparable a cualquier innovación anterior. Sin embargo, basta observar cómo funciona para descubrir que esa comparación resulta insuficiente.

   No estamos ante una simple máquina ni ante un programa informático convencional. Tampoco puede describirse únicamente como capital productivo o como una mercancía cualquiera. Su arquitectura reúne elementos profundamente diferentes.

    Los algoritmos constituyen conocimiento formalizado que puede reproducirse infinitamente sin agotarse. Los datos empleados para entrenarlos proceden de una inmensa creación colectiva formada por libros, investigaciones, artículos, conversaciones, imágenes, música y millones de documentos generados durante siglos por personas de todo el planeta. Los centros de datos y los procesadores representan enormes inversiones de capital físico. La energía necesaria para alimentarlos genera impactos ambientales cuyos costes rara vez asumen quienes obtienen los beneficios. A todo ello se añade el trabajo de ingenieros, programadores y miles de trabajadores invisibles que corrigen respuestas, clasifican información y entrenan continuamente los sistemas.

    Pero ninguno de esos componentes explica por sí solo lo que finalmente aparece.  La inteligencia artificial constituye una realidad nueva cuya capacidad surge precisamente de la interacción permanente entre todos esos elementos. Y posee una característica que la diferencia radicalmente de cualquier otro recurso económico conocido: aprende mientras se utiliza.

  Cada conversación, cada corrección y cada nueva interacción amplían sus capacidades. Su valor no permanece inmóvil. Evoluciona constantemente gracias a la participación continua de millones de usuarios que alimentan el sistema sin convertirse por ello en propietarios de la riqueza adicional que ayudan a generar.

    Ahí reside el verdadero núcleo del problema. Quien controla hoy un gran modelo de inteligencia artificial no posee únicamente una tecnología. También concentra la capacidad de apropiarse de todo el conocimiento futuro que ese sistema seguirá acumulando gracias a la actividad colectiva de la sociedad. Nunca antes un recurso había combinado semejante capacidad para aprender, mejorar y multiplicar su valor utilizando como combustible la inteligencia distribuida de millones de seres humanos. Por eso resulta insuficiente considerar la inteligencia artificial como una simple propiedad privada. Las empresas pueden ser dueñas de los edificios donde alojan sus servidores, de los procesadores que compran o de las inversiones necesarias para desarrollar sus plataformas. Todo eso forma parte de sus activos. Pero ninguna de esas inversiones explica el origen de aquello que convierte a la inteligencia artificial en un instrumento extraordinario. Su verdadera materia prima no son los ordenadores. Es el patrimonio intelectual acumulado por la humanidad.

     Cada libro, cada descubrimiento científico, cada obra artística, cada artículo periodístico, cada conversación pública y cada conocimiento compartido durante generaciones forman parte del gigantesco depósito del que aprenden estos sistemas. Sin esa herencia colectiva, la inteligencia artificial carecería de contenido y, sencillamente, dejaría de existir. Nadie pidió autorización para apropiarse de ese patrimonio común. Tampoco existe una compensación para quienes continúan ampliándolo todos los días con su trabajo, sus investigaciones o su creatividad. Desde esa perspectiva, la conclusión resulta difícil de evitar. La inteligencia artificial no puede entenderse únicamente como una propiedad privada porque su propio funcionamiento depende de una creación colectiva permanente que ningún propietario individual podría producir por sí solo.

    Convertirla en patrimonio exclusivo de unas pocas corporaciones significa apropiarse de un recurso cuya riqueza nace precisamente de la contribución continua de toda la sociedad. Las consecuencias de aceptar esa apropiación serían enormes. No solo consolidarían un poder económico sin precedentes en manos de un reducido número de empresas tecnológicas. También permitirían que las decisiones sobre una herramienta llamada a transformar el empleo, la producción, la educación, la ciencia o la cultura quedaran subordinadas a intereses privados.

    Ese es el verdadero debate que debería ocupar hoy a gobiernos y ciudadanos. No cómo rescatar financieramente a empresas que todavía buscan un modelo de negocio rentable. Ni cómo repartir una pequeña parte de unos beneficios futuros cuyo origen pertenece a todos. La discusión consiste en decidir si aceptaremos que el mayor patrimonio intelectual construido por la humanidad termine convertido en la propiedad exclusiva de quienes llegaron primero a explotarlo. Porque quizá la pregunta decisiva de nuestro tiempo ya no sea qué podrá hacer la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es si permitiremos que una inteligencia construida por todos acabe perteneciendo únicamente a unos pocos.